28 DE AGOSTO DE 1978. SANTIAGO DE COMPOSTELA. GUARDIA CIVIL MANUEL VÁZQUEZ CACHARRÓN.
Guardia Civil Manuel Vázquez Cacharrón.
A las once menos cuarto de la mañana del 28 de agosto de 1978 un comando de los Grapo compuesto por dos jóvenes asesinaba a tiros en el mercado central de Abastos de Santiago de Compostela al Guardia Civil MANUEL VÁZQUEZ CACHARRÓN.
En la nave de la Plaza de Abastos, donde fue asesinado el guardia civil se encontraban en aquel momento unas treinta personas. La mayor parte de ellas pudieron ver a dos jóvenes que, pistolas en la mano y a cara descubierta, huyeron hacia la calle de Altamira y Plaza de la Universidad, hasta donde fueron perseguidos por un hombre y una mujer.
Manuel Vázquez Cacharrón acudió como lo hacía todos los días a saludar a su hermana Palmira, vendedora de carne en la caseta número 69 de la plaza. Vestía de uniforme y se puso a conversar con su hermana cuando uno de los jóvenes terroristas se acercó por detrás de Manuel, que se hallaba frente al puesto. Seguidamente le colocó la pistola en la sien y disparó. Mientras Miguel caía al suelo, el terrorista siguió disparándole.
De inmediato, los dos jóvenes, uno con pantalón y chaqueta vaquera, y otro con larga melena de color castaño, se dirigieron a lo largo de la nave, con paso ligero, pero sin correr, mostrando sus pistolas y, cuando llegaron a la salida iniciaron una veloz carrera.
Al escuchar “cogedlos, cogedlos. Son los asesinos”, gritos que lanzaron los presentes en la nave, el guardia de la plaza, que se encontraba sin pistola, quiso saber de qué se trataba, pero en ese instante recibió un golpe de uno de los jóvenes que le impidió seguir a los autores del asesinato.
Una de las placeras se quitó el delantal y cubrió el rostro ensangrentado del Guardia Civil asesinado, a quien muchos de los clientes habituales del mercado conocían y apreciaban.
Palmira Vázquez Cacharrón, hermana del guardia civil asesinado, sufrió un shock nervioso y tuvo que ser atendida. Posteriormente fue trasladada en un coche de la Policía hasta el Puesto de Socorro donde recibió atención médica. Algunas mujeres comenzaron a llorar, mientras otras se acercaron hasta el lugar donde el cadáver de la víctima se encontraba envuelto en sangre Manuel Vázquez Cacharrón presentaba un orificio que le entró por la parte izquierda de la cabeza siéndole por la parte derecha. El disparo alcanzó el tricornio del servidor del Orden.
Personado el juez de guardia, ordenó el levantamiento del cadáver hacia las doce menos veinte, trasladando el cadáver de Manuel en una ambulancia hasta el Hospital General de Galicia donde se le practicaría la autopsia.
Posteriormente, la capilla ardiente quedó instalada en la casa cuartel de la Guardia Civil de Santiago de Compostela. Hasta ella se acercaron las primeras autoridades de la provincia, como el Gobernador Civil, Pedro Gómez Aguirre; coronel Ángel García Suárez, jefe del Tercio de la Guardia Civil en Santiago de Compostela; general Alfonso Armada, el coronel jefe de la octava circunscripción de la Policía Armada, Manso Pedrosa; gobernador militar de la plaza, Vázquez Molezún; jefe superior de Policía de Galicia, Gómez Margarida, y numerosos compañeros de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ejercito.
Fuerzas de la Policía Armada y Guardia Civil, establecieron unos férreos controles a la salida de las carreteras de Santiago de Compostela.
A las cinco de la tarde, una voz anónima que se expresó en gallego comunicó a Radio Popular de Galicia la reivindicación del atentado por parte de la Liga Armada Gallega, una coordinadora nacional, según dijo el comunicante que trataba de llevar a cabo acciones desestabilizadoras en todo el estado para conseguir la liberación de los pueblos colonizados.
Con posterioridad el asesinato de Manuel Vázquez Cacharrón sería reivindicado por el GRAPO “como represalia por la situación en que se encontraban los presos políticos de las cárceles de Soria y Yeserías, para protestar por las arbitrarias excarcelaciones de presos por la policía política y para exigir la retirada de las cárceles de las brigadas antidisturbios”.
Al día siguiente, martes 29 de agosto se celebró el funeral por el alma de Manuel Vázquez Cacharrón presidido por el titular de la Xunta de Galicia Antonio Rosón y otras autoridades civiles y militares y con la presencia de más de cuatro mil personas. Tres guardias civiles y tres policías armados cargaron sobre sus hombros con el féretro envuelto en la bandera Nacional, dejándolo ante el altar mayor, tras el cual se habían colocado varias coronas de flores enviadas entre otros por la policía de Santiago, del Ayuntamiento compostelano, Guardia Civil del cuartel de Santiago, Jefe Superiro de Policia de Galicia comisarios y funcionarios de Policía de Galicia, Policia Armada, Ejercito de Tierra, Policía Municipal de Santiago, Xunta de Galicia, Gobierno Civil, Ministerio del Interior y parroquia de San Lázaro.
Antes de comenzar la misa concelebrada le fueron impuestas a Manuel Vázquez Cacharrón y a título póstumo las cruces al Mérito Militar, Policial y de la Guardia Civil, con distintivos blanco y rojo respectivamente, concedidas la primera por el Vicepresidente ministro de defensa , Teniente General Gutiérrez Mellado y por el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa.
En la homilía, el párroco se refirió exclusivamente a las lecturas bíblicas escuchadas hacía unos minutos, aludiendo a la esperanza en la vida, cuya manifestación total tendrá lugar con la resurrección cristiana.
Una vez concluida la Santa Misa el féretro de Manuel Vázquez fue sacado de nuevo a hombros por tres Guardias Civiles y tres Policías Armados hasta un furgón que lo conduciría hasta el cementerio de Boisaca donde recibió cristiana sepultura.
En el momento de salir el féretro del recinto acuartelado, un numeroso grupo de jóvenes entonó brazo en alto el “Cara al sol”, y profirió gritos de “asesinos al paredón”, “Gobierno atiende, España no se vende”, dando vivas a España, la Guardia Civil y a la Policía Armada y varias veces “Ejército al poder”. Los jóvenes, algunos portando brazaletes e insignias con los colores de la bandera Nacional, entonaron también el “Yo tenía un camarada”.
Manuel Vázquez Cacharrón, de 40 años y natural de Arzúa, estaba casado, tenía cuatro hijos, el menor de cinco años, y era hermano de la expendedora con quien un minuto antes estaba conversando. Manuel trabajaba en el servicio de informes de la Guardia Civil de Santiago de Compostela y llevaba unos ocho años destinado en esta ciudad gallega, donde siempre se dedicó a realizar servicios de tipo administrativo.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
28 DE AGOSTO DE 1978 MONDRAGÓN (GUIPÚZCOA). CABO PRIMERO DE LA GUARDIA CIVIL AURELIO SALGUEIRO LÓPEZ.
Cabo primero de la Guardia Civil Aurelio Salgueiro López.
A las once y veinte minutos del lunes 28 de agosto de 1978, dos miembros de los comandos autónomos anticapitalistas asesinaban en Mondragón (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil AURELIO SALGUEIRO LÓPEZ perteneciente al Servicio de Información (SIGC) cuando, vestido de paisano, se dirigía al cuartel después de haber recogido la correspondencia en la estafeta de correos.
En mitad del recorrido entre Correos y el cuartel, en una pequeña plazoleta donde confluían las calles Zarugalde, Toribio Aguirre e Ignacio Zuloaga, el cabo primero fue abordado por dos miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que le dispararon varios tiros por la espalda con una pistola. Aurelio Salgueiro cayó al suelo boca arriba, quedando la correspondencia desparramada junto a su cuerpo, y fue rematado en el suelo delante de uno de sus hijos, de 14 años, con el que se acababa de encontrar.
Una vez cometido el asesinato, los pistoleros emprendieron veloz fuga en un vehículo un vehículo Renault 5 TL de color amarillo en el que les esperaba un tercer individuo. El coche había sido robado a punta de pistola en Éibar a las nueve y media de la mañana del mismo día. Los terroristas obligaron a su propietario a subir al mismo y posteriormente lo dejaron atado y abandonado en Arrate. El vehículo fue encontrado a las cinco y media de la tarde en las cercanías de Éibar.
Aurelio Salgueiro recibió cuatro balazos en cabeza y tórax. Nadie acudió a socorrerlo, desangrándose lentamente en el suelo, en tanto su hijo corrió a dar aviso al cuartel. Con la llegada de compañeros Aurelio Salgueiro fue evacuado en un vehículo particular al centro asistencial de Mondragón, donde ingresó cadáver.
La capilla ardiente por el guardia civil se instaló a las cinco de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil y el funeral tuvo lugar al día siguiente, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Mondragón.Asistieron al oficioreligioso, además de los familiares de servidor del orden asesinado, el general jefe de la sexta zona de la Guardia Civil, general Hermosilla, coronel del 52 tercio, gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, comandante militar de Marina, consejero del interior del Consejo general Vasco, Txiki Benegas, teniente coronel jefe de la comandancia de San Sebastián y numerosos miembros de la Guardia Civil, de la Policía Armada y el Ejército. El féretro, que iba envuelto en la Bandera Nacional, fue trasladado desde el cuartel hasta la iglesia parroquial a hombros de compañeros, llevando las tres condecoraciones que le habían sido concedidas: cruz al mérito militar de cuarta clase, cruz al mérito del cuerpo de la Guardia civil con distintivo rojo y cruz al mérito policial, también con distintivo rojo. Tras el féretro iban varias coronas con cintas de los colores de la Bandera Nacional.
Concluida la Misa, el féretro fue conducido de nuevo a hombros hasta el cuartel, donde lo introdujeron en un furgón que poco después emprendió viaje hacia Monforte de Lemos, de donde era natural el cabo asesinado.
Al día siguiente 29 de agosto una voz anónima reivindicaba de forma telefónica al diario Egin, el asesinato de Aurelio Salgueiro en nombre de un Comando Autónomo, Independentista y Anticapitalista quien "lo había sido sentenciado a muerte por las asambleas populares por ser miembro de las fuerzas represivas españolas".
El 15 de noviembre de ese año, un etarra que había ametrallado la Casa Cuartel del cuerpo en Arechavaleta (Guipúzcoa), José María Iturrioz Garmendia, moría en el enfrentamiento con efectivos de la Guardia Civil que custodiaban el cuartel. Entre sus pertenecías se encontró una pistola Browning GP-35, la misma con la que habían asesinado al Cabo primero Salgueiro. En aquella acción encontraría también la muerte un segundo terrorista miembro de los CAA, Roberto Aramburu Uribarren.
Aurelio Salgueiro López, tenía 46 años y era natural de Monforte de Lemos (Lugo), localidad donde fue cristianamente sepultado. Estaba casado y tenía siete hijos de edades comprendidas entre los 18 años, el mayor, y 11 meses la pequeña. Llevaba desde agosto de 1970 destinado en el acuartelamiento de Mondragón.
A día de hoy en Monforte no existe ninguna calle o plaza que lleve el nombre de Aurelio Salgueiro, ni hay placa o monolito que le recuerde. Es un perfecto desconocido como la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo. Por eso su recuerdo es un inexcusable deber. Ni olvido ni perdón.
Hasta la fecha el asesinato de Aurelio Salgueiro sigue sin esclarecerse ni juzgarse.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
28 DE AGOSTO DE 1978. BARCELONA. POLICÍA ARMADA, LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Policía Armado Luis Antonio Rodríguez García.
A las doce menos cuarto de la mañana del lunes 28 de agosto de 1978, un comando del Grapo asesinaba a tiros en Barcelona al Policía Armada, LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA, cuando se encontraba de guardia en la sucursal de Correos ubicada entre las calles Roger de Flor y Diputación de la ciudad condal.
Mientras que uno de los miembros del comando, compuesto por tres jóvenes, disparaba contra el Policía Armado que se hallaba junto a la puerta acristalada de Correos, varios disparos, echándose el agente rápidamente al suelo y respondiendo a la agresión haciendo uso de su arma reglamentaria, los otros dos individuos se aproximaron al automóvil ocupado por el agente Rodríguez García, que se había dirigido a su coche para coger un bocadillo que tenía en la guantera, y dispararon contra él sus armas, escopetas de cañones recortados, provocando su muerte en el acto al ser alcanzado en distintas partes del rostro y la cabeza, sin darle tiempo a salir del vehículo.
Rápidamente, los agresores emprendieron la huida, a pie, por la calle Roger de Flor, en dirección hacia el mar, mientras el policía armada que había resultado ileso y otros agentes salían en su persecución, uniéndoseles la dotación de los servicios del 091, así como patrullas de la policía armada, que acordonaron la zona y patrullaron por la misma, en busca de los autores del atentado. “Fruto de esta labor” —indicaba una nota de la Jefatura Superior de Policía— “fue la localización en el Parque de la Ciudadela de tres individuos que les Infundieron sospechas, ya que uno de ellos vestía una camisa de las mismas características de uno de los autores del hecho, por lo que se procedió a su identificación. En ese preciso instante, los tres individuos intentaron sacar sus armas, siendo reducidos inmediatamente dos de ellos y emprendiendo veloz huida el tercero, no sin antes disparar contra las fuerzas del orden, por las que fue perseguido en dirección a la Avenida de los Tilos. En el curso de esta persecución se dio la circunstancia de que un vehículo ocupado por dos guardias civiles transitaba casualmente por dicho lugar colaborando con los miembros de la Policía Armada y viéndose sus ocupantes obligados a disparar ante las amenazas de que eran objeto por el que huía, con su pistola, hiriéndole en una pierna por lo que fue trasladado primeramente a la Casa de Socorro y después fue hospitalizado. Ese individuo fue trasladado al Hospital Clínico y, tras ser curado de sus heridas, conducido a esta Jefatura, donde fue identificado como Manuel Cruz Cabaleiro, de 26 años de edad, a pesar de la documentación falsa de que era portador. Los otros dos sujetos eran identificados como José Juan Martínez Gómez, de 22 años y Pedro Sánchez Coca, de 33 años A cada uno de ellos les fueron ocupadas, respectivamente, una pistola Jolobart calibre 7,65 con el número borrado y cuatro cartuchos en el cargador, un revolver calibre 32, sin número ni marca, con cinco cartuchos, y una pistola del calibre 22, marca Bernardelli Gerdone W. T, con dos cargadores de 10 y 8 cartuchos”.
Al tener conocimiento del atentado sufrido por el policía armada. Luís Antonio Rodríguez García, el Presidente de la Generalidad, José Tarradellas, hacía las siguientes manifestaciones; “Somos un pueblo de paz y de libertad, y si hay alguien que enloquecido o llevado por el odio, quiere sembrar la violencia y el crimen, sepa que no lo conseguirá, pues nuestra voluntad es firme y a la vez irreversible en oponernos a toda acción encaminada a destruir Cataluña y los otros pueblos de España”. “Mi protesta, pues, indignada y dolorida ante la violencia que ha costado la' vida del señor Luis Antonio Rodríguez García, ejemplar agente de los servicios de Orden Público”.
El capitán genera! de Cataluña, teniente general Antonio Ibáñez Freire, acompañado del jefe de la IV Circunscripción de la Policía Armada, coronel Rubio, acudieron inmediatamente al Hospital Clínico, donde había, sido trasladado el cuerpo del policía armada asesinado. Otras autoridades barcelonesas, jefes, oficiales y compañeros del agente muerto, estuvieron también en el Clínico.
Los Grapo (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) reivindicaron al día siguiente -29 de agosto- en tres comunicados recogidos por redactores de El País en dos puntos distintos de Madrid, la autoría de los atentados cometidos el lunes 28 de agosto en Santiago de Compostela y Barcelona, en los que perdieron la vida el guardia civil Manuel Vázquez Cacharrón y el policía Luis Antonio Rodríguez, así como la responsabilidad de la colocación de una bomba que estalló en el Gobierno Civil de Soria sin que causara víctimas. También reivindicaban los Grapo otras acciones terroristas llevadas a cabo en Vigo, Madrid y Tarrasa.
Según los comunicados recogidos por El País y otros recibidos en el diario Informaciones, de Madrid, y Mundo Diario, de Barcelona, los Grapo decían haber llevado a cabo estas acciones “como represalia por la situación en que se encontraban los presos políticos de las cárceles de Soria y Yeserías, para protestar por las arbitrarias excarcelaciones de presos por la policía política y para exigir la retirada de las cárceles de las brigadas antidisturbios”.
En un ambiente de gran emotividad, con la presencia de miles de personas y una gran tensión, se celebraron al día siguiente, miércoles 29 de agosto de 1978, en el acuartelamiento de la Policía Armada en el barrio barcelonés de la Verneda, las exequias fúnebres por el policía armado Luis Antonio Rodríguez García. En el duelo de autoridades figuraron el Capitán General de la IV Región Militar, Teniente General Antonio Ibáñez Freire, el presidente de la Generalidad José Tarradellas, gobernador civil, gobernador militar y un gran número de jefes y oficiales de todas las Armas y Cuerpos de las Fuerzas Armadas y de orden público.
Fuerzas de la Policía Armada que se encontraban en el patio del cuartel saludaron el paso del féretro con gritos de ¡Presente! y vivas a España y al Cuerpo, Depositado ante el altar, se montó de inmediato un turno de guardia de Policía Armada y Guardia Civil, mientras la capilla iba llenándose de otros miembros del Cuerpo, militares y guardias civiles, que se desplazaron para asistir al solemne acto de despedida del compañero asesinado. En los rostros de muchos de los presentes se reflejaba la emoción y no eran pocos los que lloraban sin ocultar sus lágrimas, en especial en el momento en que la viuda del policía, María Dolores Hermosa Guirado, acompañada por miembros del -Cuerpo, llegó hasta el ataúd, que fue abierto para que pudiera ver el cuerpo de su esposo, momento en que la emoción creció al máximo, y la viuda, que iba acompañada de sus padres, se derrumbaba materialmente sobre el cuerpo de su esposo muerto.
Antes de iniciarse el funeral se le concedieron a Luis Antonio, tres condecoraciones de recompensa, la medalla de oro al Mérito Policial, la Cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Gran cantidad de coronas, enviadas por el capitán general, gobernador civil, Guardia Civil y compañeros del extinto, se habían colocado en la capilla, siendo concelebrantes de la Santa Misa el teniente vicario castrense, coronel capellán Gaspar Cardona; el capitán capellán de la IV Circunscripción, Santiago Castejón, y los capellanes Valentín García Rodríguez y Tomás Alarcón.
El teniente vicario castrense hizo una glosa del Evangelio según San Juan, sobre el pasaje de la resurrección de Lázaro. “Cuando llegan estos momentos de dolor” —dijo— “hace falta una palabra de consuelo, pero somos torpes para encontrarla, aunque Jesucristo la pronunció: "Todo el que vive y cree en Mí no morirá para siempre". “Luis Antonio Rodríguez” —agregó— “murió en acto de servicio para defender la paz y el orden de nuestra ciudad, murió amando, porque amando se cumple la plenitud de la Ley”. “Murió” —dijo finalmente— “como un cristiano ejemplar y como un español, orgullo de los españoles bien nacidos”.
Al salir el féretro, envuelto en la Bandera Nacional, del cuartel de la Verneda, donde se ofició el acto, numerosas personas, en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas, prorrumpieron en grandes aplausos y gritos de viva a España, a la Policía y consignas en contra del señor Tarradellas, así como otras invocando la toma del poder por parte del Ejército.
Finalizadas las honras fúnebres, y ya fuera del cuartel, donde se encontraban, varios miles de personas, se produjeron varios incidentes. Al salir el coche del presidente de la Generalidad, Jose Tarradellas, se escucharon algunas voces y varias personas, rompiendo e! cordón policial y dando muestras de gran agitación se precipitaron sobre el vehículo, en cuya capota y carrocería dieron varios golpes con las manos, repitiendo sus gritos contra el presidente. Retirados los citados individuos por los agentes de la Policía Armada, el incidente no volvió a repetirse con las restantes autoridades que habían asistido al funeral. Una vez colocado el féretro en una ambulancia del Cuerpo, esta partió con destino al cementerio de Valencia, donde el cadáver del policía armada Luis Antonio Rodríguez García recibiría cristiana sepultura, los miembros de las fuerzas armadas y público presente prorrumpieron en una larga ovación. La ambulancia iba custodiada por policía motorizada y cuatro coches patrulla.
A las 19 horas del mismo día 29 de agosto era enterrado en el cementerio general de Valencia el cuerpo del policía armada Luis Antonio Rodríguez García, asesinado el día anterior en Barcelona. Sus restos mortales fueron trasladados desde la Ciudad Condal en una ambulancia de la policía. Llegó acompañado por sus familiares y funcionarios del Cuerpo. En la puerta del acuartelamiento de La Alameda, fue recibido el furgón funerario por unas cinco mil personas, entre las que se encontraban compañeros la Policía Armada, Guardia Civil y representaciones de los Ejércitos y que guardaron un respetuoso silencio, interrumpido en numerosos momentos por gritos de vivas a España y a la Policía. Presidió el acto el capitán general de la III Región Militar, teniente general Jaime Milans de Bosch y Ussia, quien expresó su pésame a los familiares y mandos de la Policía Armada. El capitán general estaba acompañado en la presidencia del duelo por el gobernador civil accidental, gobernador militar, padre del fallecido, alcalde de Valencia y presidente de la Diputación.
Luis Antonio Rodríguez García, había nacido en Valdepeñas (Ciudad Real}, el 15 de mayo de 1955. Tenía, por tanto, 23 años, estaba casado con María Dolores Hermosa Guirado y era padre de un niño de pocos meses. Llevaba tres años de servicio en el Cuerpo. Según manifestó uno de sus compañeros, tenía la intención de abandonar el servicio al cumplirse el término reglamentario de su enganche y a tal fin realizaba estudios como mecánico dentista, enseñanzas que tenía muy adelantadas, al extremo de realizar prácticas en sus horas libres.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
28 DE AGOSTO DE 1978. FUENTERRABÍA (GUIPÚZCOA). INSPECTOR DE POLICÍA ALFONSO ESTEVAS-GILMAIN MUÑOZ. JEFE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA COMISARÍA DE IRÚN.
Inspector del Cuerpo General de Policía Alfonso Estevas Gilmain-Muñoz.
A las nueve y media de la noche del lunes 28 de agosto de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Fuenterrabía (Guipúzcoa) al jefe del Servicio de Información de la Comisaría de Irún, el inspector del Cuerpo General de Policía, ALFONSO ESTEVAS GILMAIN-MUÑOZ, cuando se disponía a aparcar su coche cerca del edificio Miramar de Fuenterrabía, junto al Bidasoa, donde tenía su domicilio. Los terroristas, que utilizaron un Seat de color blanco para huir del lugar del suceso, dispararon dos ráfagas de metralleta, desde un lateral del vehículo y desde la parte trasera, provocándole la muerte en el acto. Su mujer y uno de sus tres hijos, que llegaban en ese momento a casa, fueron testigos del asesinato. En el lugar de los hechos se recogieron diecinueve casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.
El coche utilizado en el atentado contra el inspector Estevas, había sido robado a punta de pistola a las 19,40 de la tarde, en la calle Prim, de San Sebastián. Cuando la propietaria del «R-6», matrícula SS-7124-f, color crema, María del Coro Álvarez Zelis, se disponía a entrar en su vehículo, un individuo de unos 25 años, 1,70 de estatura aproximadamente, de cabello más bien rubio y con gafas graduadas de montura metálica, la intimidó y la hizo pasar al asiento de acompañante, ocupando él el del conductor. Inmediatamente llegaron dos individuos que ocuparon la parte trasera del coche, y se dirigieron hacia el monte Igueldo, donde los dos ocupantes se quedaron custodiando a la propietaria, mientras el primer individuo se llevaba el vehículo. Hacia las 22 horas, uno de los que custodiaban a María del Coro Álvarez se marchó andando y regresó quince minutos después con el vehículo y el primer sujeto. Posteriormente, los tres individuos se fueron con el vehículo, abandonando a su propietaria.
Unas trescientas personas asistieron al funeral del inspector Estevas-Gilmain celebrado en la capilla de la Policía Armada en Irún, presidido por la viuda, el padre e hijos del malogrado funcionario de policía y al que asistió el gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Oyarzabal. El lugar del funeral fue elegido por la familia de la víctima, que expresó el deseo de que tuviera carácter privado, por lo que no se permitió la entrada de fotógrafos y redactores de los medios de comunicación. La mayoría de los asistentes eran miembros del Cuerpo General de Policía, Policía Armada y de la Guardia Civil. Así mismo estaban presentes algunas autoridades locales.
En el funeral no se registro ningún grito o protesta, Durante la homilía el oficiante repitió varias veces que la paz era un deber de todos. A las tres de la madrugada, en horario inusual para que no hubiese muchas personas presentes, los restos mortales del inspector Estevas fueron trasladados por carretera a Madrid, su ciudad natal, donde fue enterrado por expreso deseo de sus familiares.
Frente al circuito del Jarama, se fueron concentrando numerosos vehículos particulares pertenecientes a miembros del Cuerpo General de Policía, cuyos ocupantes en un ambiente de dolor y tensión, esperaron la llegada de la caravana automovilística que procedente de Irún, trasladaba el féretro conteniendo los restos mortales del inspector asesinado, llegada que se produjo alrededor de las siete de la mañana.
La caravana se detuvo durante unos momentos en el arcén de la autopista, produciéndose escenas de indignación y dolor entre los muchos comisarios, subcomisarios, inspectores, Policías Armados y Guardias Civiles, la mayoría vestidos de paisano que rodearon el furgón donde venían los restos del inspector Estevas-Gilmain, envueltos en la Bandera Nacional.
De seguido ya en multitudinaria caravana automovilística, a la que, a la altura de la M-30 de la capital de España, se fueron agregando coches K y Z de la Policía con sus correspondientes dotaciones al completo, el cuerpo sin vida de Alfonso Estevas fue trasladado al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, produciéndose un intento por parte de los policías madrileños de trasladarlo a las dependencias de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, lugar en que según los funcionarios, debía de albergar el féretro del inspector asesinado por el terrorismo a fin de que en el salón de Canalejas del histórico edificio, pudiese recibir el último adiós y homenaje de su compañeros y ciudadanos de Madrid. Sin embargo se impondría el criterio de la familia que solicitó ir directo al camposanto madrileño.
A las nueve y media de la mañana y tras celebrarse una Misa de corpore insepulto en la capilla de la sacramental de las Ventas, los restos mortales del inspector Estevas-Gilmain, recibieron cristiana sepultura entre la emoción, afecto y rabia contenidas de centenares de compañeros y familiares en un sencillo acto que fue presidido por el Director General de Seguridad a quien acompañaban el Inspector General de la Policía Armada, subdirector y secretario de la Dirección General de Seguridad, comisarios, subcomisarios, jefes de servicios, inspectores y policías Armados.
El Director General de Seguridad hizo entrega a la viuda del inspector Estevas-Gilmain, de la medalla de oro al mérito policial, así como de la Cruz Roja de la Guardia Civil que le habían sido concedidas a título póstumo.
El día 30 de agosto, ETA-pm reivindicó el asesinato del inspector Alfonso Estevas-Gilmain en un largo comunicado de cuatro folios enviado a los diarios Egin y Deia en el que se vertían diversas acusaciones. La banda terrorista justificó su asesinato acusando a la víctima de estar relacionada con el atentado sufrido en el sur de Francia por el exdirigente de ETA Juan José Echabe, dato desmentido por la familia en otro comunicado enviado por su viuda el 6 de septiembre.
La Junta Nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía facilitaba a los medios informativos la siguiente nota: “Ante los recientes asesinatos de los que han sido víctimas miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado, la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, quiere comparecer ante la opinión pública y hacer las siguientes manifestaciones: 1. Estamos dolorosamente hartos de huecas declaraciones públicas de condena por parte de grupos, políticos o sindicales, que no pretenden con ellas otra cosa que hacer política, sin que ninguno de ellos tome la iniciativa para que cese tal estado de cosas, ni exija seriamente al Gobierno la adopción de las medidas oportunas a tal fin. 2. Estamos dolorosamente hartos de que las fuerzas políticas hagan de estos Cuerpos de Seguridad objeto de sus pactos, cuya existencia tal vez impida la adopción de las medidas de autoridad y gobierno necesarias para terminar —o, al menos, intentarlo— con el terrorismo, como ocurre en cualquier país democrático y civilizado. 3. Estamos dolorosamente hartos de ver morir impunemente a nuestros compañeros, servidores de la sociedad, mientras se repite machaconamente que "el Gobierno está dispuesto a ejercer su autoridad", al tiempo que se adoptan indiscriminadas medidas de gracia. 4. Estamos dolorosamente hartos de contemplar la alarmante desprotección que padece la sociedad y cuya defensa nos está encomendada, pues tal defensa no es posible cuando la debilidad de los poderes públicos y el desprecio de la ley alcanzan las cotas actuales en España. 5. Ante tales circunstancias, esta asociación profesional hace un llamamiento a las conciencias de los ciudadanos —pues carece de otros medios de defensa— para que éstos, víctimas últimas de este estado de cosas, expresen públicamente su exigencia de orden, seguridad y justicia”.
Los autores de la nota firmada por la Asociación de Profesionales del Cuerpo General de Policía serían sancionados, según se acordaba tras la reunión mantenida entre el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa; el director general de Seguridad, altos mandos de su Departamento y los jefes superiores de Policía de toda España. Al final de la reunión, la Dirección General de Seguridad facilitaba a los medios informativos el comunicado siguiente: “En relación con la nota elaborada por algunos miembros de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, hecha pública en el día de ayer, esta Dirección General manifiesta:
1. Que el Gobierno viene prestando a los cuerpos de seguridad del Estado todo el apoyo necesario en medios materiales, operativos y legales para facilitar sin reserva la más alta eficacia policial.
2. Que los acuerdos políticos en materia de orden público no han propiciado otra cosa que facilidades de toda índole para que los cuerpos policiales puedan desarrollar la alta misión que la sociedad les tiene encomendada y que se han traducido en el respaldo legal, material y moral a la recta actuación de los servidores de la seguridad ciudadana.
3. En relación con el carácter de discriminadas, con que los autores de la nota califican las medidas de gracia adoptadas por el Parlamento, es obvio que la aprobación de la amnistía, como la de todas las leyes, corresponde al Parlamento, y su interpretación y aplicación a los Tribunales de Justicia. La principal obligación de los Cuerpos de Seguridad del Estado es respetar y obedecer esas leyes y velar por su cumplimiento. En todo caso, y como es sabido, el Ministerio del Interior recurrió en su día contra aquellas aplicaciones de la Ley de la Amnistía que individualmente consideró improcedentes.
4. La D.G.S., en consonancia con la política del Gobierno, y cumpliendo las órdenes e instrucciones del ministro del Interior, viene exigiendo constantemente, por parte de los medios a su alcance, el máximo rigor y eficacia profesional de la policía. Pese al carácter evasivo que se desprende de dicha nota, desplazando las propias y estrictas responsabilidades policiales a otros estamentos e instituciones, que como el Parlamento, los partidos políticos y centrales sindicales, no han hecho sino brindarles su apoyo y los instrumentos legales adecuados para poder cumplir con eficacia su misión.
5. — Ni por esta Dirección General ni por el Ministerio del Interior, ni por ninguna autoridad gubernativa han sido impartidas órdenes o instrucciones que directa o indirectamente pudieran justificar inhibición o disminución alguna de la actuación policial.
6. — Los encargados de velar por la seguridad ciudadana, y de prevenir y reprimir la delincuencia .y el terrorismo son exclusivamente, y con carácter profesional, los' Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos resultados positivos en el campo de la delincuencia y la delincuencia callejera son apreciables. En cuanto al terrorismo, el Gobierno y el Parlamento han dotado a los Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios precisos para una más eficaz lucha frente a este fenómeno de alcance mundial y cuya difícil solución no autoriza a endosar responsabilidades propias del ámbito profesional. En consecuencia, esta Dirección General, al propio tiempo que resalta lo inoportuno de dicha nota en un momento en que la sociedad demanda más autoridad y eficacia policial, confía firmemente en que esa misma sociedad no juzgue al Cuerpo General de Policía, cuyas virtudes y espíritu de servicio tiene suficientemente acreditados, por la actitud de los autores de la nota a que se refiere esta comunicación y por el contenido de. la misma. En la seguridad de que el apoyo social a la misión y cometidos de los Cuerpos de Seguridad del Estado ha de seguir siendo el mejor estímulo al servicio de la comunidad nacional que tenemos encomendada, esta Dirección reafirma su confianza en la abnegación, disciplina, lealtad, y elevada moral de los funcionarios del Cuerpo General de Policía”.
La desafortunada nota del gobierno ponía a las claras de manifiesto la cobardía y el entreguismo del gobierno de la UCD, incapaz de frenar el terrorismo. Los españoles de cierta edad aún recuerdan aquellos funerales y entierros casi clandestinos en los que los familiares de las personas asesinadas eran ignorados, maltratados, despreciados, sin apenas ayudas, teniendo que pasar años antes de que las administraciones públicas mostraran sensibilidad hacia los problemas de las familias de los asesinados por el terrorismo marxista y separatista. En muchas ocasiones, -sobre todo cuando las víctimas eran miembros del Ejército, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional-, sus funerales en Vascongadas y Navarra eran casi clandestinos y una vez acabada la ceremonia religiosa, el féretro era sacado casi por la puerta de atrás, montado con rapidez en el coche fúnebre y enviado a su lugar de origen, fuese este Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia o cualquier otro punto de España.
Alfonso Estevas-Gilmain Muñoz, de 41 años, era natural de Madrid, aunque residía en Fuenterrabía desde que tenía 18 años. Estaba casado y tenía tres hijos varones de 12, 11 y 6 años de edad. Estaba destinado en Irún, donde llevaba doce años, dos de ellos como jefe del Servicio de Información del Cuerpo General de Policía. Además, él y su mujer regentaban el Hostal Álvarez Quintero en Fuenterrabía. Alfonso era una persona muy conocida en la localidad en la que vivía, donde compaginaba su profesión de policía con el estudio de la carrera de Derecho.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
28 DE AGOSTO DE 1980 IRÚN (GUIPÚZCOA) A JESÚS MARÍA ECHEVESTE TOLEDO.
Jesús María Echeveste Toledo.
A las 8:45 horas del 28 de agosto de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) a JESÚS MARÍA ECHEVESTE TOLEDO cuando se dirigía andando desde su domicilio a su trabajo como apoderado en la agencia de aduanas Sucesores de Echeandía, de la que era copropietario con su hermano, un negocio que habían heredado de su padre.
Tras salir de su casa Jesús se paró en un kiosco de periódicos donde adquirió un diario y paquete de tabaco. Mientras caminaba por la calle Berrocarán, un terrorista que portaba una escopeta de cañones recortados se interpuso en su camino y sin mediar palabra, le disparó dos veces, yéndose a empotrar de bruces contra un vehículo aparcado en la calle cayendo posteriormente al suelo.
El asesino, acompañado por otro miembro del comando, que le guarda las espaldas, huyendo ambos con rapidez y montándose en un Ford Fiesta donde les esperaba un tercer terrorista, según testigos una mujer. Los asesinos se habían hecho con el Ford Fiesta tras robárselo en el barrio de Amara en San Sebastián a su propietario al cual dejarían atado a un árbol en la localidad de Oyarzun.
Gravísimamente herido tras recibir varios impactos de posta en el brazo izquierdo, en la zona abdominal y en la columna Jesús María pidió ayuda a unos viandantes, los cuales avisaron a una ambulancia de la Cruz Roja que lo trasladó a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu en estado crítico. Desde la residencia se solicitó donaciones de sangre de su grupo sanguíneo. La respuesta de la ciudadanía fue masiva y ejemplar, pero cuando estaba siendo intervenido fallecería en la mesa de operaciones.
Jesús María Echeveste Toledo tenía 46 años y era ingeniero industrial. Estaba casado y no tenía hijos. La víctima carecía de vinculaciones políticas conocidas, aunque era simpatizante del PNV, partido al que, según informó el diario ABC (19/08/1980), estaban afiliados su mujer y su hermano.
Circularon varias versiones sobre su asesinato. Una que si había negado a pagar el llamado impuesto revolucionario y otra la de una supuesta equivocación por parte de la banda terrorista, al confundir a Jesús María con un miembro de la ejecutiva de UCD, que vivía en el mismo edificio que Echeveste, pero que había abandonado Guipúzcoa tres meses antes al conocer que estaba en una lista de ETA.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
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