A las tres y media de la tarde del 18 de diciembre la banda terrorista ETA hacía explotar un potente coche-bomba al paso de un convoy policial que se dirigía al campo de fútbol de Ipurúa, en Éibar (Guipúzcoa), para prestar el servicio de vigilancia habitual en días de espectáculos deportivos, en este caso el encuentro de Segunda División entre la Sociedad Deportiva Éibar y el Centro de Deportes Sabadell.
Oficial de la Policía Nacional José Antonio Barrado Recio
Los Policías Nacionales pertenecían a la 1ª Compañía de la Reserva General con base en Logroño. Hacia las 15:20 horas, cuando quedaban dos para que se iniciase el partido, uno de los terroristas accionó el mando a distancia que provocó la explosión del coche-bomba. La deflagración alcanzó de lleno al último de los coches que formaban el convoy –cuatro furgonetas Avia con veinte agentes a bordo– que en ese momento circulaban por la avenida Otaloa. La furgoneta blindada, fue desplazada por la explosión a unos veinte metros, quedando subida en la acera opuesta y prácticamente destrozada, en especial su parte delantera. Como consecuencia de la detonación resultó gravemente herido el Oficial de la Policía Nacional José Antonio Barrado Recio. Fue sacado aún con vida del amasijo de hierros en que quedó convertido el furgón policial pero falleció mientras era trasladado a un centro sanitario de la propia localidad. Otros tres policías y un civil, resultaron gravemente heridos. Los componentes de las dotaciones policiales respondieron al atentado, abriendo fuego contra los autores del mismo.
La explosión, potentísima, produjo también lesiones de menor consideración a media docena más de personas, además de provocar importantes destrozos en varias fábricas, Sigma y Talleres Guisasola entre ellas, situadas en el polígono industrial del barrio de Amaña. Los tres Policías que tuvieron que ser hospitalizados en distintos centros sanitarios de Vizcaya y Guipúzcoa eran Miguel Ruiz Ruiz, Francisco de la Mata García y Francisco Zaragoza Lluch. Otro de los heridos en el atentado, el agente Ángel Lozano de Priego, fue dado de alta posteriormente
El coche-bomba que causó la muerte al policía nacional era un automóvil Renault, modelo R-4, con matrícula falsa, que había sido robado a punta de pistola en el Paseo Nuevo de San Sebastián en octubre de ese año. El artefacto estaba compuesto de 50 kilogramos de amonal y 100 de metralla, en su mayoría tornillos. Del coche bomba sólo quedó en el lugar del atentado el eje y las ruedas delanteras,
Tras el atentado, la Policía rastreó intensamente la zona, preferentemente en el punto desde el que se suponía había sido accionado el coche bomba, a la búsqueda de pistas del comando de ETA que, desde hacía un año y medio, operaba esporádicamente en Éibar y que contaba en su haber con acciones particularmente sangrientas.
El civil que resultaría gravemente herido era el sacristán de la parroquia de Arrate, José Aldeolea Abaitua, que fallecería con posterioridad a la sentencia por la que se condenó a los autores del atentado, dictada en diciembre de 1990, en la que figura como uno de los asesinatos frustrados. Sin embargo, Aldaolea Abaitua sí figura como víctima mortal en el listado del Ministerio del Interior, con fecha 18 de diciembre de 1988 junto al agente Barrado Recio.
Estado del vehículo policial tras el criminal atentado
La Policía no llegó a averiguar el motivo y origen de las heridas del sacristán de Éibar, quedando el hecho envuelto en una nebulosa de confusión y misterio, pues algunos medios de comunicación se hicieron eco de que había sido víctima de un tiroteo posterior al atentado entre los policías de los demás furgones del convoy y uno de los integrantes del comando terrorista.
Incluso se llegó a asegurar por parte de testigos que se había producido una persecución por parte de varios vecinos del barrio eibarrés de Amaña, contra el terrorista que accionó la bomba, y que habían salido, en actitud muy valiente, en su persecución al grito de "¡es ese, es ese!" pero, cuando estaban a punto de alcanzarle, el terrorista esgrimió una pistola de forma amenazadora, encañonándoles, teniendo que desistir los vecinos en su intento de detenerlo. Sin embargo el parte médico del Hospital de Galdácano señalaba que José Aldaolea había sufrido un grave desgarro femoral y choque traumático, lo que hacía suponer que había sido alcanzado directamente por la explosión del coche-bomba.
Otros vecinos afirmaron haber escuchado un tiroteo que se habría producido instantes después del estallido del coche bomba y se hacían eco de los rumores que daban por sentado que uno de los terroristas había resultado alcanzado en el intercambio de disparos. Un portavoz del Gobierno Civil de Guipúzcoa se mostró muy escéptico ante tales suposiciones, manifestando, sin asegurarlo, que los disparos que siguieron a la explosión pudieron haber sido efectuados, al aire, por los policías que salieron ilesos del atentado, previsiblemente con el propósito de amedrentar a los terroristas y evitar un segundo ataque.
El encuentro de futbol Éibar-Sabadell se jugó, lamentablemente con toda normalidad, aunque sufrió un retraso debido precisamente a la ausencia de Fuerzas de Policía Nacional. Por supuesto no se guardó un minuto de silencio por el policía asesinado momentos antes del inicio del encuentro, lo que hizo que el presidente de la Sociedad Deportiva Éibar. Juan Luis Mardaras, pidiese perdón por no haber guardado de forma respetuosa el minuto de silencio al inicio del encuentro.
La capilla ardiente, con los restos mortales de José Antonio Barrado Recio, quedó instalada la misma tarde del atentado en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa.
El funeral por el Oficial del Cuerpo Nacional de Policía José Antonio Barrado Recio, se celebró al día siguiente en la iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián. Las inmediaciones del Gobierno Civil y la iglesia donde se celebró el funeral se encontraban custodiadas por un importante número de efectivos policiales, pues en julio de ese año fueron incautados diversos documentos de la organización terrorista en los que se describía un atentado al paso de una comitiva fúnebre en dicho lugar.
Al funeral al que asistieron centenares de personas que llenaron la Iglesia y sus inmediaciones, estuvo presidido por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, a quien acompañaban el director general de la policía, José María Rodríguez Colorado; el delegado del Gobierno, Julen Elgorriaga; gobernador civil, José Ramón Goñi Tirapu; Gobernador Militar; mandos y miembros de la Policía Nacional, del Ejercito y Guardia Civil, representantes del departamento de Interior del Gobierno vasco y familiares de la víctima.
Pasadas las doce del mediodía, el féretro con los restos mortales del Policía Nacional era sacado de la sede del Gobierno Civil. Doce policías, portando coronas de flores, precedían al ataúd que realizó el corto recorrido que separaba el Gobierno Civil de la parroquia a hombros de compañeros, cubierto por la bandera Nacional y seguido por la viuda, visiblemente afectada y que no pudo ocultar las lágrimas durante toda la ceremonia religiosa.
No se permitió la entrada al templo de máquinas de fotografiar y magnetófonos al templo, y los periodistas fueron registrados por policías de paisano.
El oficiante de la ceremonia señaló en la homilía: "Con este atentado terrorista se demuestra que el respeto, la paz y la libertad están más lejos de lo que pensábamos, esperábamos y queríamos".
El sacerdote de seguido leyó una carta del obispo de San Sebastián José María Setién, en la que, “en nombre de Dios y de los hombres” exijo a ETA que no mate más. “A los autores del atentado” —señalaba la carta “quiero decirles que ni tienen derecho a matar ni son esos los caminos que han de llevar la paz a nuestro pueblo”.
El féretro salió de la iglesia a los acordes del Himno Nacional, interpretado por la banda de música de la Dirección General de la Policía Nacional, llegada expresamente desde Madrid, mientras una compañía de la Policía Nacional y dos secciones de la Guardia Civil, rendían honores, entre gritos a favor de la Policía, vivas a España, y consignas contra ETA y sus cómplices. Compañeros de la victima habían, minutos antes, ya en el atrio, cubierto de nuevo el ataúd de José Antonio con la Sacrosanta Bandera de la Patria, que por ordenes del obispo de San Sebastián no podía cubrir, dentro de los templos de la diócesis, los féretros de los asesinados por el terrorismo de ETA.
Tras el funeral el ministro del interior José Luis Corcuera afirmó que “Hoy es un buen día para que Tasio Erquicia, miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, justifique esta Salvajada” Todos los partidos político a excepción de Herri Batasuna condenaron el bárbaro atentado.
Unas semanas después Herri Batasuna quedaría retratada de nuevo en su catadura y miseria moral, El día 8 de enero de 1989, la Sociedad Deportiva Éibar iba a jugar su primer partido como local después del atentado en el campo de Ipurúa. Por ese motivo, la directiva del club propuso guardar un minuto de silencio en memoria del cabo asesinado José Antonio Barrado. Sin embargo, mientras duró el homenaje se pudieron oír silbidos y gritos de protesta y a favor a ETA. El motivo: que en los prolegómenos del encuentro militantes de Herri Batasuna repartieron octavillas en las que se pedía que se boicotease el minuto de silencio en recuerdo del policía asesinado.
Las autoridades, lamentablemente, se desentendieron de las víctimas del atentado. El Policía Nacional Francisco Zaragoza Lluch tuvo que pasar un autentico calvario al tener que demostrar ante organismos gubernamentales y sus desesperantes e injustas trabas burocráticas, que las heridas recibidas eran consecuencia de un atentado terrorista. Lucia Valverde, su esposa, y Francisco estuvieron siete meses viviendo de las ayudas familiares al no recibir ningún tipo de indemnización. El policía Nacional Zaragoza ni siquiera percibió la dieta que le correspondía por el servicio que tenía que haber prestado el día del atentado: “Como no fue al campo y no lo hizo debido al atentado, no cobró", diría su esposa en una entrevista publicada en 2007 en el diario El Correo. Lucía tuvo que trabajar de limpiadora en un hipermercado y en la feria de muestras de Valencia. Todo seguido, desde las tres de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente.
En diciembre de 1990 la Audiencia Nacional condenó a Fermín Javier Urdiain Ciriza, Jesús María Ciganda Sarratea, y Juan Carlos Balerdi Iturralde a sendas penas de 134 años de cárcel por un delito de atentado con resultado de muerte y cuatro delitos de asesinatos frustrados, entre los que se incluía el del sacristán José Aldaolea.
Fermín Urdiain, natural de Pamplona, quedó en libertad en la mañana del 24 de enero de 2006 al salir de la prisión de Burgos tras cumplir 17 año de prisión por diversos atentados. Formó parte de un comando "legal" de ETA denominado "Mendaur", hasta la desarticulación de este grupo en 1984, año en el que huyó a Francia.
Posteriormente, ya como miembro "liberado" de ETA se integró en el 'comando Éibar' y formó parte de esta célula terrorista desde 1986 hasta su detención por la Guardia Civil el 16 de abril de 1989, tras la ruptura de la tregua por parte de la organización terrorista. Por las actividades realizadas como miembro de estos dos grupos de ETA fue condenado en catorce sentencias diferentes a penas que rondaban los 800 años de cárcel de los que cumplió 16 años y nueve meses. Entre las condenas recaídas se encontraban las correspondientes a ocho asesinatos. Los jueces sentenciaron que Urdiain Ciriza había intervenido en el asesinato del camarero de Zumaya José Ignacio Arrizabalaga, el 20 de marzo de 1985; en el del sargento de la Guardia Civil José Gómez Solís, el 11 de diciembre de 1987, en Soraluce, y en el de Engraciano Rodríguez, propietario de un bar de Zarautz, en 1988.También a tiros, como los anteriores, fue asesinado el vecino de Elgoibar Patxi Zabaleta, el 6 de julio de 1988. También fue condenado por un atentado con coche bomba cometido en Éibar el 18 de diciembre de 1988, en el que resultó muerto el cabo de la Policía Nacional José Antonio Barrado Recio.
El histórico etarra Josu Ciganda Sarretea condenado a un total de 822 años de prisión por nueve asesinatos, quedaba en libertad por orden de la Audiencia Nacional, tras pasar 24 años entre rejas, el día 21 de mayo de 2013. El pleno de la Sala de lo Penal decretó el licenciamiento definitivo de Ciganda, por la no aplicación de la llamada doctrina Parot. La excarcelación provocó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Ciganda fue detenido el 27 de abril de 1989 junto sus compañeros en el comando Éibar de ETA Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, y Fermín Urdiain Cirizar, Txiki. Este comando fue el autor de los asesinatos de Sebastián Aizpiri y Francisco Zabaleta, quienes fueron señalados como narcotraficantes por lo que entonces se denominaba como el entorno de ETA. Por estos hechos Ziganda fue condenado a 60 años. También colocaron la bomba que causó la muerte al ertzaina Juan José Pacheco, por lo que fue condenado a otros 42 años.
En 1989 fue condenado a una pena de 29 años de cárcel por el asesinato del camarero José Ignacio Agirrezabalaga en el Bar Nikol de Zumaya (Guipúzcoa). La banda terrorista le acusaba sin pruebas de estar vinculado a los GAL. Un año después la Audiencia Nacional le condenó a otros 29 años de cárcel por el asesinato en Guipúzcoa del sargento de la Guardia Civil, José Luis Gómez Solís. Fue tiroteado en presencia de su mujer pocas horas después del atentado en la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987.
En 1990 Ciganda fue condenado a 134 años de cárcel por la colocación de un coche bomba ante el paso de un convoy policial que iba a prestar protección en el partido de fútbol entre el Éibar y el Sabadell. En este atentado falleció el agente Barrado Recio y resultaron heridas graves otras cuatro personas.
Su siguiente condena se produjo en 1994 cuando se le impusieron otros 52 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles de ellos de 22 y 29 años con un coche bomba en Guernica (Vizcaya). También participó en 1988 en Zarauz en el asesinato del hostelero Engraciano González Macho por lo que fue condenado a otros 30 años. La Audiencia Nacional, el día 27 de enero de 1997, le impuso otros 220 años de cárcel por un atentado cometido en junio de 1987 contra la Casa Cuartel de Éibar (Guipúzcoa), en el que ocho agentes y otros tantos civiles resultaron heridos.
Juan Carlos Balerdi fue otro activo pistolero de ETA a finales de la década de los ochenta en las filas de “comando Éibar” hasta que fue detenido por agentes de la Guardia Civil en abril de 1989. En total sumaba ocho asesinatos por los que fue condenado a 362 años de prisión. Sus primeras víctimas mortales databan del año 1987. Fueron los guardias civiles Manuel Ávila y Federico Carro quienes la noche del 9 de septiembre de ese año se acercaron a inspeccionar un coche que los terroristas habían dejado aparcado en Guernica (Vizcaya). Su siguiente víctima fue el sargento de la Guardia Civil José Luis Gómez Solís. Otro de los atentados que más se recuerdan de este sanguinario terrorista fue el que ocurrió el 18 de diciembre de 1988, cuando Balerdi accionó un coche bomba colocado en los aledaños del estadio de la Sociedad Deportiva Éibar con el objetivo de alcanzar un convoy de la Policía Nacional. El atentado causó la muerte al cabo de la Policía Nacional José Antonio Barrado y otros tres agentes resultaron heridos. Por estos hechos el etarra fue condenado en 1990 a 134 años de prisión. Balerdi salió de la prisión de Huelva en abril de 2015 al admitir la Audiencia Nacional en un auto que obligaba a descontarle unas redenciones que no se le habían contabilizado por una serie de sanciones y que aplazaban su liberación hasta 2019.
José Antonio Barrado Recio, Oficial de la Policía Nacional de 30 años, era natural de Madroñera (Cáceres). Estaba casado y tenía tres hijos. No tuvo la misma suerte que sus asesinos y fue enterrado en el cementerio de Alcalá de Henares (Madrid).
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió a José Antonio Barrado la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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