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EL ASESINATO DEL CAPITÁN DE SEGURIDAD Y ASALTO GUMERSINDO DE LA GÁNDARA, LEAL A LA II REPÜBLICA.



Ahora que tanto se habla de memoria histórica o “democrática”, como le gusta llamarla a ese cáncer que ha tenido y tiene España en el Partido Socialista Obrero Español, es bueno de recordatorio para unos y conocimiento de otros, víctimas estos de la incultura, propiciada por las leyes educativas españolas de estos ultimos cuarenta años, que la “idílica” II república, por la quien suspiran y eyaculan personajes tan siniestros como el de la coleta, su coima, el matón fraudulento y mentiroso, la que hablaba en bragas a los gobernadores civiles,la que bebe de la copa del gordo ex juez prevaricador, el cabezón enfermizo malvado, mentiroso y desagradecido y otros de igual o peor ralea, que en aquel “paraíso”, una vez iniciado el salvador Alzamiento Nacional de 18 de Julio, en aquella zona “deliciosa, edificante y sobre todo apacible”, durante las primeras semanas de la guerra civil, teniendo como siniestro referente a Madrid, se cometieron miles de asesinatos con víctimas de toda clase y condición. A los que consideraron enemigos de aquella república, en manos de los frente populistas, es decir militares, sacerdotes, nobles, burgueses, pequeños y medianos empresarios, gentes de bien que su único delito era ser católicos, ir a Misa y amar profundamente a España. Incluso, en su orgía de sangre y terror, hubo víctimas de probada lealtad a la república y otros asesinados únicamente por tener rencillas personales con aquellos pérfidos, diabólicos y patibularios seres salidos del légamo más inmundo de la sociedad, llenos de maldad, odio y complejos, que se convirtieron en jueces y parte, en las llamadas chekas, puestas en marcha, a primeros del mes de agosto de 1936, por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, miembro de Izquierda Republicana y masón grado 33 y por otro siniestro individuo, miembro del partido republicano radical socialista e igualmente masón, Ángel Galarza, a la sazón ministro de la Gobernación del gabinete del Frente Popular que presidía el boticario de Izquierda republicana, José Giral.



Cheka de la calle de Fomento 9. Madrid.


Se crea así el comité de Provincial de Investigación publica que va a hacer funcionar su trágico y avieso cubil de crimen y odio, primero en el Circulo de Bellas Artes, para pasar posteriormente a un edificio en la calle de Fomento nº 9. Todos los miembros de la Checa de Fomento, son provistos de carnets de agentes gubernamentales, algo que será posteriormente extendido a otras organizaciones criminales como los Linces de la república, que dependerán exclusivamente de la Dirección General de Seguridad, formado ese grupo con gente socialista y que sería agregada al cuartel general del teniente coronel, el comunista Julio Mangada; la Escuadrilla de Amanecer, con el socialista Valero Serrano al frente; las Milicias Populares de Investigación del ladrón socialista y asesino Agapito García Atadell, apoyado por la Agrupación Socialista Madrileña, o las chekas de la calles del Marqués de Riscal nº1, perteneciente a la 1ª Compañía de Enlace de la Inspección General de Milicia Populares, bajo la directa dependencia del ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, al que prestará servicios de escolta; la del Marqués de Cubas nº 19, cheka comandada por el subdirector de seguridad, el también socialista Carlos de Juan; la Checa de la Agrupación Socialista Madrileña, en la Calle Fuencarral, 103, creada por el diputado socialista Enrique de Francisco; las de la calle de la Montera, Juan Bravo, Cinema Europa, Porlier, Ventas, San Bernardo, Arenal, Mayor, entre otras y en la que nos detendremos en próximos trabajos.


La forma tan siniestra, para asesinar a inocentes e indefensos españoles, partirá siempre del Ministerio de la Gobernación, que entregará a los prisioneros para que sean asesinados con órdenes tan “eufemisticas” como la de “Pasad a recoger dos paquetes que son para vosotros”, o la de puesta en libertad, que si llevaba una L mayúscula con un punto, supondrá asesinato.


Uno de aquellos asesinados de acrisolada lealtad a la II república fue el Capitán de Infantería, destinado en las fuerzas de Seguridad y Asalto, Gumersindo de la Gándara, y los también oficiales Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito. Investigados por organismos judiciales, quedaría probado que De la Gándara jefe de la 3ª Compañía de Asalto, fue uno de los oficiales del Cuerpo, que más se distinguieron en Madrid, por su lealtad y decisión, durante los sucesos del 10 de agosto de 1932, cuando el general José Sanjurjo, quiso dar un golpe de estado,en Sevilla, contra el poder de la II república. Sin embargo otro suceso de más calado, sería recordado, lo que le valdría al capitán De la Gándara ser entregado a los esbirros socialistas de la cheka de la calle de Fomento, que le asesinarían junto a sus otros dos compañeros.


¿Y que delito había cometido el capitán de la Gándara para tener ese final?

Para ello hay que retrotraerse a la acción brutal e indiscriminada que efectivos de la Guardia de Asalto protagonizaron en el pueblo gaditano de Casa Viejas, en enero de 1933, donde cayeron a manos de los guardias 24 campesinos, muriendo tambien tres agentes del orden, algo que a la postre llevaría a la caída del gobierno presidido por Manuel Azaña.


El primero que denunciaría, en sede judicial, aquella desmesurada acción de la Guardia de Asalto, fue el capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba Hernández, quien se hallaba de servicio la noche del 11 de enero de 1933 en las dependencias del Ministerio de la Guerra, cuyo titular era el propio Manuel Azaña. Barba, quien desde ese instante lo jurará odio eterno a Azaña y a la II república, pues no en vano sería el promotor de la Union Militar Española, que tanto tendría que ver en el alzamiento organizado por el general Emilio Mola Vidal, en aquellos tres días de julio de 1936, manifestaría de forma textual, en su declaración que recibió directamente, del presidente Azaña, la siguiente orden:”Ahora diga usted al general de la división que esté prevenido y nada de coger prisioneros y meterlos en los cuarteles, porque luego resultan inocentes y hay que liberarlos. ¡Tiros a la barriga! ¡A la barriga!”.


Tras aquella explosiva declaración, apareció, el día 26 de febrero de 1933, un acta firmada por los capitanes del Ejército Felix Fernández Prieto, Gumersindo de la Gándara Marsella, José Hernández Labarga, Jesús Loma Arce y Faustino Rivas Artal, destinados en la Guardia de Asalto, en la que decía: “Que por el prestigio y la dignidad del cuerpo al que se honran en pertenecer, manifiestan que en la citada fecha les fueron transmitidas desde la Dirección General de Seguridad, por conducto de sus jefes, las instrucciones verbales de que en los encuentros que hubiera con los revoltosos con motivo de los sucesos que se avecinaban en aquellos días, el Gobierno no quería heridos, dándoles el sentido manifiesto de que únicamente entregáramos muertos a aquellos que se encontrasen haciendo frente a la fuerza pública o con muestras evidentes de haber hecho fuego sobre ellas. Y para que conste firman por duplicado el presente documento”. Félix Fernández Prieto, Gumersindo de la Gándara Marsella, José Hernández Labarga, Jesús Loma Arce y Faustino Rivas Artal, serían acusados de indisciplina y separados del Servicio del Cuerpo de Seguirida y Aslato. Sin embargo, por aquella declaración de los capitanes, tanto Azaña como Largo Caballero, tuvieron que declarar ante tribunales. La acusación no prosperó, pero el daño a la popularidad de Azaña fue enorme. Tan grande que tuvo que dimitir. Algo que no le perdonarían a De la Gándara, cuyo “delito”, que le costaría la vida, fue revelar que las órdenes para aplastar el alzamiento anarquista de Casas Viejas habían procedido del Gobierno republicano presidido por Azaña, siendo responsables además de él, otros individuos como, Santiago Casares Quiroga y los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero.


Al fracasar el Alzamiento Militar en Madrid, el día 20 de julio de 1936, De la Gándara, pese a no participar en él, sería detenido y enviado a la cárcel de San Antón, donde también se hallaban presos los oficiales de Asalto, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito.


De allí, por orden del Comité de Investigación Publica, que dependía de la Dirección General de Seguridad y dirigía la checa de la calle de Fomento, emitió un oficio en papel timbrando, fechado el dia 26 de septiembre, dirigido al Director General de Seguridad, para que diese orden al director de la carcel de San Antón, de entregar a los detenidos Gumersindo de la Gándara, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito, afin de realaizr con ellos unas diligencias. Textualmente el oficio decía asi:“Teniendo este comité que realizar unas diligencias con relación a los detenidos Gumersindo de la Gándara, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito, que están a disposición de la Dirección General de Seguridad en la prisión de San Antón, se interesa sean entregados al portados de la presente para realizar dichas gestiones”.



1936. Oficio de entrega del capitán de la Gándara al comité de investigación pública.


Tras ello, fueron conducidos a la checa de la calle de Fomento y tras un interrogatorio superficial y banal, tras decirles que al no hallar ningún cargo contra ellos serían puestos en libertad, emitieron un papel donde figuraba una L mayúscula, seguida de un punto, contraseña utilizada, en aquel siniestro lugar, para que las milicias represoras supiesen que aquello significaba muerte. Arrancados a empujones, De la Gándara, Cordoncillo y López Benito, fueran vilmente asesinados, en los arrabales del Madrid rojo y sangriento, esa misma noche.


Así pagó, el demonio republicano, a quien le sirvió, con entrega y lealtad. Evidentemente, con el asesinato de Gumersindo De la Gándara, desaparecía para siempre un testigo incómodo para los intereses del entonces presidente de la II república, el alcalaíno Manuel Azaña Díaz.

Carlos Fernández Barallobre.

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