10 de septiembre de 1987. Borjas Blancas Lérida. Emilia Aldomà Sans.
El 10 de septiembre de 1987, víspera del día once de septiembre, la organizcion terrorista separatista Terra Lliure colocó una bombona de cámping gas cargada con tres kilos de pólvora prensada en la mesa de un juez de los juzgados de Borjas Blancas (Lérida). Como consecuencia de la explosión, una pared de una vivienda colindante se derrumbó, sepultando a EMILIA ALDOMÀ SANS que se hallaba durmiendo en su cama.
Terra Lliure reivindicó el atentado mediante un comunicado enviado a TV32 en donde una voz anónima afirmaba que el atentado iba dirigido contra el "opresor" Estado español, y lamentaba que un "accidente" hubiera causado "la pérdida de la vida a una persona inocente".
En abril de 1988 la Guardia Civil arrestó a dos miembros del Comando Manresa de la banda, Marcel Canet Serra y Sebastián Datzira Massip, cuando pretendían atentar contra la casa cuartel de la Guardia Civil de San Justo Desvern con una bombona de cámping cargada con nueve kilos de cloratita y dos mechas. Las declaraciones de Canet durante el interrogatorio posterior permitieron la detención de Carlos Castellanos, profesor de la UAB, acusado de haber suministrado a los terroristas 15 kilos de pólvora tres meses antes del atentado de Borjas; sin embargo, no se pudo probar su vinculación con la banda terrorista. Canet confesó su participación en el atentado de Borjas, pero posteriormente alegó que lo hizo bajo tortura. Datzira, por su parte, negó haber participado en los hechos.
En 1990, la Audiencia Nacional condenó a ambos a 18 años de cárcel por homicidio y daños materiales. Tras recurrir la sentencia, el Tribunal Supremo ordenó un nuevo juicio y la Audiencia les condenó finalmente a 10 años de cárcel por daños e imprudencia temeraria con resultado de muerte, al dar por válidos los argumentos de la defensa que alegó que los terroristas no tenían intención de matar a la mujer. Una vez disuelta la banda, Datzira y Canet fueron indultados al renunciar a la violencia. Ambos ingresaron posteriormente en Esquerra Republicana de Cataluña.
Emilia había vivido durante 15 años en Vascongadas. Más de 1.500 personas asistieron a su funeral en Borjas Blancas (Lérida),
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
10 DE SEPTIEMBRE DE 1988 IZURZA, VIZCAYA. INSPECTOR DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, MARTÍN MARTÍNEZ DE VELASCO. POLICÍA NACIONAL PEDRO ANTONIO FONTE SALIDO.
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Martín Martínez de Velasco.
Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, MARTÍN MARTÍNEZ DE VELASCO y un Policía Nacional PEDRO ANTONIO FONTE SALIDO, eran asesinados el sábado día 10 de septiembre en la pequeña localidad vizcaína de Izurza, muy próxima a Durango, por tres individuos que les dispararon a bocajarro. Los dos policías estaban adscritos a la Unidad de información Antiterrorista de la Jefatura Superior de Bilbao y sus cuerpos quedaron acribillados por siete impactos de bala cada uno de ellos.
Policía Nacional Antonio Fonte Salido.
Los hechos sucedieron hacia las 5, 15 de la tarde cuando el inspector se encontraba en el interior del bar Ozaeta, en el barrio de Elizalde, llamando por teléfono y el otro compañero le aguardaba en el interior de un automóvil Opel Corsa de color azul, camuflado, que estaba estacionado cerca del establecimiento.
Los asesinatos fueron cometidos por tres individuos que seguían a los dos policías y que aprovecharon la parada de éstos en el bar para realizar el atentado. Uno de los terroristas entró en el local y disparó por la espalda sobre el inspector Martínez de Velasco que se encontraba telefoneando, produciéndole la muerte instantánea. Por su parte, los otros dos terroristas se dirigieron directamente al Opel Corsa y dispararon al Policía Pedro Antonio Fonte que esperaba en su interior por la ventanilla del vehículo, provocándole también la muerte en el acto. Una vez cometido el atentado, los terroristas, que actuaron a cara descubierta, exigieron a punta de pistola las llaves de un Peugeot 505 de color gris a su propietario, un vecino de Izurza que se dirigía al bar, y huyeron en este automóvil en dirección a Durango.
Los dos policías asesinados llevaban a cabo una labor de investigación en diferentes bares de la pequeña localidad, que podían estar siendo utilizados por miembros o simpatizantes de ETA para contactar telefónicamente entre ellos. La Brigada de Información Antiterrorista de Bilbao seguía, en las semanas previas al doble asesinato, una serie de indicios sobre la presencia de un grupo de ETA en el área de Durango, dentro de la cual se encontraba la localidad de Izurza. Martín Martínez de Velasco y Pedro Antonio Fonte Salido habían estado ya en varias ocasiones en el Bar Ozaeta, donde fueron asesinados, por lo que es probable que fueran detectados por alguien cercano a la banda, en alguna ocasión anterior, e informase de sus visitas.
El hecho de que los terroristas no acudiesen con un coche propio sino que huyesen en un vehículo robado a uno de los clientes del bar, indicó a las claras que controlaban perfectamente el área del atentado y que habían descubierto la labor investigadora iniciada por los agentes. Izurza, era una pequeña localidad de unos cuatrocientos habitantes, lo que habría facilitado la detección de unos forasteros, según señalaron medios de la lucha antiterrorista.
A mayor abundamiento tres meses antes del atentado que le costó la vida, el inspector Martín Martínez había formado parte de una rueda de reconocimiento en un Juzgado de Bilbao. Debido a que la legislación procesal de la época no garantizaba el anonimato de los agentes de la lucha antiterrorista, era probable que Martín hubiese sido identificado en dicha rueda por miembros de la organización terrorista y sus cómplices.
De la instrucción de las diligencias se hizo cargo la policía autónoma vasca, que llevó a cabo un amplio despliegue en la zona. Los miembros de la Ertzantza recogieron en el lugar de los hechos varios casquillos del tipo nueve milímetros parabellum, munición empleada por la organización terrorista ETA. Muchos vecinos de Izurza que oyeron los disparos efectuados por los desconocidos creyeron, en principio, que las detonaciones provenían de los cohetes lanzados con motivo de celebrarse las fiestas patronales.
Pasadas las seis de la tarde, el Peugeot 505 fue localizado junto al ambulatorio de Durango, a unos dos kilómetros del barrio de Elizalde de Izurza, situado en la carretera que unía Durango con Vitoria. El juez titular de Durango, se personó en compañía del forense en el bar Ozaeta, procediendo al levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al depósito del Hospital Civil de Basurto, en Bilbao. Según la descripción de los terroristas de que disponía la policía, dos de ellos eran morenos, de unos 30 a 35 años de edad y una altura aproximada de 1,75 metros, mientras que el tercero era rubio y vestía camiseta amarilla y pantalones vaqueros.
La capilla ardiente con los restos mortales de los dos policías asesinados fue instalada en el Gobierno Civil de Vizcaya.
El ministro de Interior, José Luis Corcuera, presidía al día siguiente en la parroquia de San José de Bilbao, los funerales por los dos policías asesinados.
La ceremonia fúnebre se inició poco después de las diez de la mañana, cuando los féretros que contenían los restos mortales del inspector Martín Martínez Velasco y del agente Antonio Fonte Salido, cubiertos con sendas banderas españolas, fueron sacados del Gobierno Civil de Vizcaya, muy próximo al lugar donde debían oficiarse los funerales.
Los féretros fueron llevados a hombros de Policías Nacionales y Guardias Civiles, que estaban flanqueados por otros compañeros de las víctimas, que portaban numerosas coronas de flores. En medio del más absoluto y respetuoso silencio, sólo roto por los sones de una marcha fúnebre interpretada por la unidad de música del Cuerpo Nacional de Policía, los ataúdes que contenían los cuerpos de los policías brutalmente asesinados por la banda marxista ETA, fueron introducidos en el templo. Junto a los familiares, que protagonizaron escenas de dramático dolor, asistieron al acto, además del ministro del Interior, José Luis Corcuera, numerosas personalidades civiles y militares, así como un numeroso público que quiso testimoniar su condolencia a los familiares y a la Policía Nacional.
Entre los presentes destacaba la presencia del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y del comisario general de Información, Jesús Martínez Torres. La representación del Gobierno autónomo vasco en el funeral corrió a cargo del vice lendakari, Ramón Jáuregui, y del consejero de Interior, Juan Lasa. También se personaron en la parroquia los gobernadores civiles de Vizcaya, Daniel Vega, y Álava, César Milano.
Durante la homilía, el capellán de la Guardia Civil manifestó a los familiares y amigos de las víctimas la necesidad de “contener la rabia ante actos de este tipo”, y pidió “firmeza” a la sociedad vasca y “serenidad ante las ansias de venganza” a las Fuerzas de Seguridad.
La ceremonia se desarrolló en un ambiente cargado de emoción por las escenas de dolor protagonizadas por los familiares, amigos y compañeros de las víctimas. Concluida la ceremonia y tras interpretar la unidad de música del Cuerpo Nacional de Policía la marcha "La Muerte no es el Final" y el toque de Oración, un grupo de personas dio gritos de "ETA asesina" y "Gobierno culpable", junto con vítores a España, la Policía Nacional, y a la Guardia Civil.
Terminada la ceremonia en la parroquia bilbaína de San José, los restos mortales de Pedro Antonio Fonte Salido fueron trasladados al aeropuerto de Vitoria y desde allí, en un avión “CASA-C212” de la Fuerza Aérea, hasta La Coruña. Tras la celebración de los funerales, el ministro de Interior manifestó que “atentados como el del sábado en Izurza conducen a la ruina moral del País Vasco”.
Durante el viaje a La Coruña el féretro de Fonte Salido estuvo acompañado por el padre y la novia del policía vilmente asesinado. En el aeropuerto coruñés de Alvedro, donde esperaba el gobernador civil de la provincia, Andrés Moreno Aguilar, el ataúd, cubierto con la bandera española, fue retirado del avión por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y trasladado a un furgón en el que siguió viaje hasta Ferrol, ciudad en la que residía su familia y donde se instaló la capilla ardiente, en el Hospital General de Carranza. El entierro, se llevó a cabo en el panteón familiar del cementerio de la localidad coruñesa de Vilachá, en el municipio de Monfero. Pedro Antonio Fonte había nacido hacía 27 años en la localidad ferrolana de Neda.
Martín Martínez Velasco tenía 33 años de edad. Era natural de San Andrés de Montejos, en el Bierzo leonés, y se había casado menos de un año antes de ser asesinado. Sus restos mortales se enterraron en el cementerio de Derio (Vizcaya) por expreso deseo de su familia. Una semana después, unos dos mil ciudadanos se manifestaron en Ponferrada (León), convocados por los familiares y amigos de la víctima, dando vivas a España y gritos contra el gobierno y los asesinos de ETA.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, a 30 años de reclusión por cada uno de los dos asesinatos. Gracias a la aplicación de la doctrina Parot por la Audiencia Nacional en febrero de 2010, la excarcelación de este asesino, con condenas que sumaban 403 años por diferentes atentados, se vio aplazada hasta el año 2019. Sin embargo, al aplicar la fiscalía la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anulaba la aplicación de la doctrina Parot Arruiti Azpitarte saldría libre en diciembre de 2013 del penal de Alcolea en Córdoba.
El fiscal en sus conclusiones determinó que los otros dos autores materiales del atentado contra Martín Martínez de Velasco y Pedro Fonte Salido, fueron Juan Ignacio Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, y Manuel Urionabarrenechea Betanzos, alias Manu, fallecidos en Irún durante un enfrentamiento con la Guardia Civil en septiembre de 1989 en el que fue detenido Arruti Azpitarte “Paterra”. También fue condenada a 12 años como encubridora María Begoña Arroyo Pérez Nanclares, quien escondió durante cinco días a los asesinos en su domicilio de Abadiano (Vizcaya).
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Martin Martínez de Velasco y a Pedro Antonio Fonte Salido la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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