12 DE JUNIO DE 1985 .MADRID. CORONEL AUDITOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA VICENTE ROMERO GONZÁLEZ-CALATAYUD. JUAN GARCÍA JÍMENEZ FUNCIONARIO CIVIL CONTRATADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA. POLICÍA NACIONAL ESTEBAN DEL AMO GARCÍA
Coronel Auditor del Ejercito de Tierra Vicente Romero González-Calatayud
Poco antes de las diez de la mañana, del 12 de junio, en torno a las 9.55 horas, dos jóvenes de unos treinta años, uno de ellos una mujer, disparaban contra el CORONEL AUDITOR DEL EJÉRCITO DE TIERRA VICENTE ROMERO GONZÁLEZ-CALATAYUD, cuando se disponía a subirse a su automóvil, un “Simca 1200”, a la altura del número 78 de la calle General Oraa, en el barrio de Salamanca. Testigos presenciales aseguraron que los disparos —unos quince— fueron realizados por pistolas, tiro a tiro, cuando el chófer del Coronel, el funcionario civil contratado por el Ministerio de Defensa JUAN GARCÍA JIMÉNEZ le abría las puertas del automóvil con matrícula del Ejército de Tierra. El coronel iba vestido de uniforme y se dirigía a su despacho jurídico del Servicio Militar de Construcciones. Nada más producirse los disparos, la viuda del coronel presintió que su marido podría haber sido víctima de un atentado y se dirigió a la calle. En las cercanías de la calle General Oraá se encontraban varios trabajadores con una máquina perforadora, que fueron testigos del atentado, al igual que varios viandantes y personas que se hallaban en un bar cercano. Precisamente, el chófer había estado tomando un café en el citado establecimiento, esperando al coronel.
Juan García Jiménez funcionario civil contratado por el Ministerio de Defensa.
Los autores del atentado descendieron de un vehículo “Renault 12” de color blanco, matrícula M-8l61--CY, aparcado delante del “Simca 1200”. Dispararon el joven y la chica unas diez veces cada uno. Todo fue muy rápido. Al volante del “R-12” se hallaba un tercer individuo que emprendió la huida hacia la calle Francisco Silvela.
En el suelo quedaron una quincena de casquillos del calibre 9 mm parabellum, de marca checa. Segundos después de producirse los disparos, apareció en las inmediaciones un vehículo Zeta” de la Policía Nacional. En ese vehículo policial se trasladó al coronel al hospital de la Princesa, de la calle Diego de León, a un centenar de metros del lugar del atentado, mientras el chófer era trasladado al hospital San Francisco de Asís. En los edificios próximos, donde se encontraban situadas varias viviendas militares, fueron colocadas numerosas banderas españolas con crespones negros, mientras decenas de personas se situaban en las cercanías del número 78 de la calle General Oraá, junto a los cines “Dúplex”, donde dieron gritos contra los asesinos etarras y vivas a España y a la Policía, en una ambiente de enorme tensión, rabia y dolor contenidos.
Tanto el coronel como su chófer ingresaron cadáveres en los dos centros hospitalarios. Vicente Romero resultó muerto por los impactos de dos balas que le penetraron por la nuca, mientras que al conductor las balas le interesaron el pecho. El doctor Goizueta, sub director del hospital de la Princesa, informó que los disparos contra el coronel le habían penetrado por la región occipital y le habían salido por la región frontal, provocándole estallido craneal y otras lesiones irreversibles.
El coronel Vicente Romero tenía 55 años de edad y había sido el número uno de la promoción de 1953. Era natural de La Puebla de Montalbán (Toledo). Casado con María Josefa García-Tenorio Valmaseda, tenía cuatro hijos, dos chicas y dos varones, con edades comprendidas entre los diecisiete y los veintisiete años. El coronel era diplomado en Derecho Administrativo Militar, y realizaba funciones de asesor jurídico en la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa.
Juan García Jiménez tenía 27 años y estaba adscrito como civil, al Servicio Militar de Construcciones. Había nacido el 6 de julio de 1958 en San Pablo de los Montes (Toledo) y residía en Coslada (Madrid). Estaba casado con Rosario García Caro Díaz y tenía una hija de dos años. Con anterioridad había trabajado en un taller de carpintería y desde febrero desempeñaba el puesto de chófer.
Nada más tener conocimiento del atentado, se personaron en el hospital de la Princesa el ministro de Defensa, Narcís Serra, el jefe de Estado Mayor, General Sáenz de Tejada, y el alcalde de Madrid, Tierno Galván.
Pocos minutos después de haber asesinado al coronel Romero González-Calatayud los terroristas abandonaron el vehículo, cargado de explosivos, en la segunda planta del aparcamiento de El Corte Inglés de la avenida de Felipe II. A partir de este momento daba comienzo la segunda parte de la tragedia desencadenada por los terroristas en la capital de España, con el saldo de un policía muerto y varios agentes más heridos.
Tres jóvenes, uno de ellos bastante calvo, según algunos testigos, abandonaron el automóvil dejando las puertas abiertas. El vigilante del aparcamiento sospechó de ellos y avisó a la dirección de los grandes almacenes, quien dio parte a la policía.
Policía Nacional Esteban del Amo García.
Inspeccionado el vehículo, por parte de los artificieros de la Policía Nacional, ESTEBAN DEL AMO GARCÍA Y GERARDO PUENTE BALDERA, estos pudieron observar que en el asiento delantero había una especie de bomba. Tras un minucioso reconocimiento comprobaron que era falso. Pero al abrir el capó trasero observaron que allí había dos cargas, de unos 12 kilogramos de ‘goma-2”. A las 11.30 horas se ordenó el desalojo de El Corte Inglés, cuando se encontraban en su interior unas 8.000 personas, lo que se produjo con rapidez y tras ponerse en marcha automáticamente el dispositivo previsto por la empresa para casos de evacuación.
En esos momentos el caos circulatorio por el casco de Madrid era prácticamente total y la noticia del atentado ya se había extendido. Se cortaron a la circulación las calles Narváez, Goya y Felipe II, mientras el equipo de desactivación procedía a desmontar las bombas. Allí, en la segunda planta del aparcamiento, los Policías Nacionales desactivaron una, con sistema de pinza y un cebo. A las 12.27 el segundo artefacto, que contaba con un temporizador, hizo explosión y provocó la muerte del artificiero especialista Esteban del Amo García, así como heridas de diferente consideración al otro policía Gerardo Puente. Este servidor del orden contaría posteriormente que su compañero Esteban le advirtió de que había notado algo extrañó: ”Gerardo, quítate un momento que he visto algo, echándome hacia atrás”. “Yo estaba agachado observado el vehículo por debajo de las piernas de Esteban. En el momento de levantarme sentí un enorme resplandor que me dejó ciego, Ni oí ni sentí la enorme explosión”.
Una fotografía que conmovió a la sociedad española. El miembro del TEDAX de la Policía Nacional Gerardo Puente Baldera, ensangrentado, con múltiples quemaduras y su brazo izquierdo destrozado logró salir de aquel infierno que provocó la onda expansiva de la enorme bomba.
La terrible deflagración de la onda expansiva cogió de lleno a Esteban del Amo que quedó destrozado, haciendo de parapeto y salvando la vida de su compañero Gerardo Puente, que cayó de forma violenta al suelo gravísimamente herido. El Policía Nacional logró levantarse y escapar del infernal lugar, mientras el coche quedaba envuelto en llamas. La imagen de Gerardo saliendo del aparcamiento, totalmente ensangrentado, descamisado y con el brazo izquierdo destrozado, fue portada al día siguiente en todos los medios de comunicación.
Nada más producirse la explosión comenzó a incendiarse el coche, y el humo llegó a ser insoportable en el aparcamiento. Uno de los policías municipales que ayudaba en labores de socorro, tuvo que ser evacuado con síntomas de asfixia. Rápidamente llegó un helicóptero, que tomó tierra muy cerca del Palacio de Deportes y trasladó a los heridos a un centro hospitalario.
Gerardo Puente Baldera, el otro TEDAX herido, presentaba, gravísimas heridas en uno de sus brazos, de las que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Provincial, donde fueron internados otros cinco policías y un guardia municipal, con heridas leves.
Otro herido fue conducido al Hospital Gómez Ulla. Con la llegada de los bomberos para sofocar el incendio en el aparcamiento y la progresiva apertura del tráfico rodado, fue disminuyendo la fuerte tensión. No obstante, un nutrido grupo de personas que se instalaron frente al aparcamiento de la calle Felipe II entonaron el “Cara al Sol” y dieron vivas a España, a Franco y a la Policía Nacional.
Desde el pasado 5 de junio, hacía exactamente una semana antes de los atentados, la policía y el Gobierno tenían noticias de la presencia de un comando de ETA en Madrid. Como consecuencia, se reforzaron las medidas preventivas ante la posibilidad de que ETA preparase una acción terrorista coincidiendo con la firma de la adhesión de España a la CEE. El Ministerio del Interior dispuso de un plan especial de alerta, denominado “Eslabón”, que se complementaba con especiales medidas de protección de aquellas personas, civiles o militares, que pudieran ser objetivo terrorista. Se cursaron instrucciones a los mandos militares, jefes y empleos intermedios para que velasen por su seguridad personal, se les proporcionó escolta especial, se les instó, especialmente a los militares, a que siguiesen esas instrucciones al pie de la letra, dado que el estamento castrense era, en ocasiones, poco sensible a esas amenazas. Según fuentes policiales era muy factible que el comando de ETA, “comando España”, antes denominado “comando Madrid”, hubiese visto la imposibilidad de asesinar a un alto cargo militar o a un general y optase por atacar a un coronel auditor, en una operación que no revestía grandes riesgos para sus autores, como había ocurrido en otras ocasiones.
Numerosos edificios de Madrid ocupados por militares formaban parte del escalón de seguridad previsto por los ministerios de Defensa e interior. En esos casos, la protección policial se realizaba sólo durante unas pocas horas por la mañana y otras por la tarde. En este escalón estaban incluidos el edificio de la calle General Oraá y otro próximo. En ambos vivían unos 50 militares, entre ellos un teniente coronel de la Policía Nacional. Las horas elegidas eran las habitualmente utilizadas por los mandos militares para salir de sus domicilios y para regresar a ellos. Las horas de la mañana eran aproximadamente las comprendidas entre las 7.30 y las 9.15. Sin embargo, el coronel Romero solía salir de casa, más tarde, por lo que en ese momento ya no había protección policial.
El ministro de Defensa, Narcís Serra, comentó la existencia de ese dispositivo de seguridad y dijo que había sido "muy estudiado y es efectivo", si bien agregó que "los terroristas, como siempre, han buscado el atentado con mínimo riesgo para ellos". Serra agregó que, frente a estos asesinatos, hay que reaccionar "con serenidad y con la firme convicción de que vamos a acabar con ellos".
Pocas horas después de que ETA hubiese sembrado el terror y la muerte en Madrid, la banda asesinaba en Portugalete al brigada de la Armada José Millarengo de Bernardo. La banda extorsionadora y asesina reivindicaría los tres asesinatos cometidos ese día 12 de junio.
La capilla ardiente del Policía Nacional Esteban del Amo, una vez que le fue practicada la autopsia en el instituto anatómico forense, fue instalada en la Academia Especial de la Policía Nacional en Canillas, donde en la tarde del día siguiente, en un ambiente tenso, de enorme emoción, envuelto por el sufrimiento de la viuda y demás familiares de la víctima y el pesar de sus compañeros el ministro del Interior. José Barrionuevo Peña, presidiría el solemne funeral por el policía muerto. Le acompañaron el director de la Policía Rafael del Río; el director General de la Guardia Civil, el General Inspector de la Policía Nacional Félix Alcalá-Galiano; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el delegado del Gobierno en Madrid José María Rodríguez Colorado, así como otras autoridades civiles militares y policiales.
En su homilía el sacerdote teniente vicario de la I Región Militar, Jaime Tovar, manifestó que quería plantear a las autoridades, no unas quejas sino el eco del sentimiento del Ejército y la Policía Nacional y preguntó: “¿Es tan difícil buscar hasta el final las raíces del terrorismo? ¿Quién mueve los hilos de ese mundo satánico que no tiene corazón y asesina dejando a familias deshechas, hijos sin padres y mujeres sin esposas. ¿Por qué no ser más comprensivos con los excesos que puedan haber cometido aquellos cuya misión es hacer frente a este fenómeno asesino y despiadado que es el terrorismo”.
En el momento de dar la paz, el ministro del Interior abrazó a los familiares del policía asesinado y uno de ellos gritó en alta voz: “ministro hay que hacer algo más”.
Una vez finalizada la Santa Misa la unidad de Música de la Policía Nacional interpretó “La Muerte no es el Final”, el toque de oración y el Himno de la Policía Nacional que fue entonado por todos los presentes y por las dos compañías de la Policía Nacional que rindieron honores y que estaban formadas en el gran patio central del la Academia policial.
A la salida del acto, el inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano manifestó: “He llegado a tener odio, a pesar de ser católico; tengo odio, odio al terrorista”.
Esteban del Amo García tenía 35 años. Era natural de Segovia, estaba casado y tenía dos hijas de corta edad. Desde cinco años antes de su asesinato pertenecía al equipo de artificieros de la Policía Nacional. Sus restos fueron inhumados en la intimidad en el cementerio de Carabanchel en Madrid.
La capilla ardiente con los restos mortales del coronel Romero y del conductor Juan Carlos Jiménez, fue instalada a media tarde del mismo día 12 en el Cuartel General del Ejército. Al lugar acudieron numerosos mandos de las Fuerzas Armadas y familiares de las víctimas.
Los funerales por el coronel Vicente Romero y el conductor Juan García Jiménez, , se celebraron a media mañana del día 13 en el patio de armas del Cuartel General del Ejército, con asistencia de todos los principales altos cargos del Ministerio de Defensa y de los tres ejércitos. Estuvieron presentes las esposas y los familiares más directos de las dos víctimas, así como un centenar de miembros de las Fuerzas Armadas.
Rindió honores la Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército. La ceremonia religiosa, oficiada por el vicario general castrense, José Manuel Estepa, se celebró sin incidentes de ningún tipo. María Josefa García-Tenorio, esposa del coronel, siguió todo el acto de pie acompañada por tres de sus cuatro hijos. Rosario García-Caro, la esposa del conductor, permaneció durante toda la ceremonia sentada, y sólo en escasas ocasiones rompió en sollozos. La madre del conductor, igualmente sentada durante el acto, lloró a lo largo de toda la misa, y especialmente cuando el féretro, a hombros de miembros de la Policía Militar, fue introducido en el patio de armas.
Los actos comenzaron a las 11.05, con la llegada al patio de armas del ministro de Defensa, Narcís Serra; el secretario de Estado del departamento y los cuatro miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, así como el subsecretario de Defensa, los presidentes de la Comunidad Autónoma y de la Asamblea de Madrid, y el secretario de organización del PSOE, José María Benegas. En filas posteriores se situaron el secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, los ex ministros de Defensa Alberto Oliart y Agustín Rodríguez Sahagún, y el ex presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Álvaro Lacalle.
A las 11.13 horas fueron introducidos en el patio los féretros de las dos víctimas, envueltos en la Bandera Nacional que fueron colocados frente al altar, rodeados por una escuadra de gastadores. Sobre ambos ataúdes habían sido depositados ramos de flores, y sobre el del coronel figuraba su gorra de plato.
Durante la homilía, el vicario general castrense señaló que todos los ciudadanos que aman la vida se conturban al ver nuevamente "la irrupción por nuestras calles de los seres inhumanos que se han convertido en máquinas crueles al servicio de la estrategia internacional de la muerte". Según el oficiante, los terroristas disponen "del máximo de publicidad en una sociedad de libre información".
Durante la consagración, la unidad de música del Cuartel General del Ejército interpretó el Himno Nacional, mientras las dos compañías que rendían honores presentaron armas. En ese momento la viuda del coronel asesinado, que había mantenido una enorme entereza, se quebró y rompió a llorar desconsoladamente.
Concluida la ceremonia religiosa, sonó “La Muerte no es el Final” y el toque de oración. Seguidamente, a las 11.45 horas, las dos compañías de la Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército realizaron una salva de fusilería. Al término del funeral el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general José María Sáenz de Tejada, declaró que la jornada de 12 de junio constituía "un día muy duro", pero que "el Ejército sentía un dolor sereno, aunque profundo".
El coronel Romero Calatayud fue enterrado en la localidad toledana de La Puebla de Montalbán, mientras el conductor recibió sepultura en el cementerio madrileño de Coslada.
Los autores del asesinato del coronel y su chófer, y del Tedax de la Policía Nacional, eran los miembros del grupo Madrid de ETA compuesto por José Ignacio de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Belén González Peñalva, Inés del Río Prada y Esteban Esteban Nieto. Los tres primeros fueron los ejecutores directos de los atentados. En 1989 la Audiencia Nacional condenó a 58 años de cárcel por el doble asesinato del coronel y de su chófer a la etarra Del Río Prada. En el mismo fallo, De Juana Chaos fue condenado por el mismo delito, y por el asesinato del artificiero Esteban del Amo, a 251 años de cárcel. En 1996 fueron condenados por los tres asesinatos Esteban Nieto, a 226 años de cárcel, y Soares Gamboa, a 129, que vio rebajada su pena al haberse arrepentido de su actividad terrorista dentro de la banda ETA y colaborar con la justicia. Por último, en 2006 fue condenada a 187 años como coautora del triple asesinato la etarra González Peñalba.
De Juan Chaos detenido en 1987, fue condenado judicialmente por su participación en 25 asesinatos a casi 3.000 años de prisión, de los que cumplió poco más de 18 años en aplicación de la legislación española entonces vigente. El 7 de agosto de 2006, De Juana inició una huelga de hambre de 63 días contra lo que consideraba una "cadena perpetua", refiriéndose a la aplicación de la doctrina Parot por parte de los jueces de la Audiencia Nacional. El 27 de octubre de 2006 la Audiencia Nacional juzgó nuevamente a De Juana Chaos por un delito relativo a la publicación de dos artículos suyos en el diario "Gara". La sentencia fue emitida el 6 de noviembre, y en ella se le condenaba a doce años y siete meses por un delito de amenazas terroristas, con la agravante de reincidencia.
El día anterior a la recepción oficial de su condena y ante la noticia no oficial de la misma, comenzó una nueva huelga de hambre porque en su opinión ya había cumplido su condena. El 16 de noviembre la Audiencia autorizó controles médicos del preso para velar por su salud y su integridad física. Al negarse a alimentarse, el 24 de noviembre, la Audiencia ordenó su traslado a la Unidad de Nutrición del Hospital 12 de Octubre de Madrid. El 12 de diciembre, De Juana comenzó a ser alimentado, en contra de su voluntad, con una sonda nasogástrica. Las víctimas de ETA calificaron de absolutamente vergonzoso que De Juana Chaos, que había sido condenado a más de tres mil años de prisión por más de una veintena de asesinatos, continuase desafianzo a la Justicia y al Estado de Derecho, y advertían que esa falsa huelga de hambre serviría de excusa para aumentar la presión en la calle, con más actos de terrorismo callejero y era una nueva afrenta a las víctimas del terrorismo.
El 2 de agosto de 2008 salió en libertad. Su puesta en libertad vino acompañada de enorme polémica, al conocerse que De Juana iba a vivir en la misma calle del barrio de Amara de San Sebastián donde vivían varias víctimas de ETA, una de ella justo debajo del piso de De Juana. Otra de las víctimas era la madre de Joseba Pagazaurtundua.
El 4 de agosto de 2008, dos días después de su puesta en libertad, la Audiencia Nacional hizo público que había acordado la apertura de una investigación por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, a causa de una supuesta carta del excarcelado que fue leída en un acto, al que De Juana no asistió, convocado por los movimientos del entorno de la izquierda abertzale para homenajearle. De Juana negó, por medio de su abogado, ser el autor de dicha carta
En el texto de la carta publicado en Gara, se definía a De Juana como "una víctima del estado de excepción no democrático" creado por Francia y España y denunciaba la "dura lucha" de estos Estados con "ilegalizaciones, presión policial y torturas". En el homenaje se recordó a los presos de ETA y se criticó la política penitenciaria del Gobierno, finalizando profiriendo algunos asistentes gritos de enaltecimiento a ETA.
El 11 de noviembre de 2008, la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de De Juana, ordenando su busca y captura internacional por no comparecer para ser interrogado como imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo, puesto que no pudo ser localizado en diversos domicilios. De eses momento huyo de España y de la justicia. En 2015, fue localizado en la localidad venezolana de Chichiriviche, en donde actualmente reside y regenta una licorería y Tasca llamada Jock's.
Juan Manuel Soares Gamboa, considerado como uno de los mayores arrepentidos de la banda terrorista ETA y condenado a más de 1.500 años de prisión. En 2003 obtuvo el tercer grado.
Esteban Esteban Nieto, falleció en la madrugada del 26 de septiembre de 1999 en su domicilio de Tolosa (Guipúzcoa) a causa de un cáncer. Condenado a más de 3.000 años de prisión por diversos atentados, había sido excarcelado el 7 de abril de ese año 1999 por la Audiencia Nacional debido a la gravedad de su enfermedad. Esteban Nieto estuvo, entre 1982 y 1984, en el comando Ardatza, del que pasó al comando Madrid. Fue detenido en 1987. Condenado por pertenencia a banda armada; por atentar, entre otros delitos, contra Antonio Hernández Gil, ex presidente del Consejo General del Poder Judicial; por el atentado de la plaza de la República Dominicana, de Madrid, en el que murieron 12 guardias civiles, por participar en el asesinato del vicealmirante Fausto Escrigas, del coronel Romero Calatayud, su chofer y el artificiero de la Policía Nacional Esteban del Amo.
Inés del Río Prada fue condenada a 58 años de cárcel por el doble asesinato del coronel y de su chófer y el asesinato del TEDAX de la Policía Nacional Esteban del Amo, Tras cumplir veinte años de prisión, beneficiada por el código penal de 1973, que le permitía ahorrarse diez años por beneficios penitenciarios, estaba previsto que abandonase la cárcel el 2 de julio de 2008. Casi dos meses antes de su excarcelación, la Audiencia Nacional le aplicó la doctrina Parot y retrasó su salida de prisión hasta el 27 de julio de 2017. Inés del Río recurrió la revisión de su condena a los tribunales Supremo y Constitucional, que rechazaron sus recursos. Del Río y sus abogados apelaron en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronunció de manera definitiva el 21 de octubre de 2013, fallando a favor de Inés del Río y ordenando su puesta en libertad de manera inmediata, Uno de los magistrados miembros de ese tribunal europeo de Derechos Humanos era el militante socialista Luis López Guerra, elegido en el año 2007 a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y suya fue la mano que hizo posible que esa sentencia a favor de la etarra Inés del Río Prada declararse la llamada ‘doctrina Parot’ contraria a los convenios europeos y a la propia Constitución española y la derogase. Gracias a ello a mediados de enero de 2014 ya habían sido puestos en libertad, sobre la base de esta derogación, un total de 63 miembros de ETA y nueve de otras organizaciones, entre ellos el GRAPO. López Guerra había sido secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007 con los gobiernos de Rodríguez Zapatero.
Belén González Peñalba fue condenada en el año 2006 por la audiencia nacional a 187 año de prisión por el asesinato del Coronel Romero, su chófer Juan García y del Policía Nacional Esteban del Amo Tras pasar seis años en cárceles francesas, fue extraditada a España en 2005. Cumplía varias condenas que sumaban más de 700 años de cárcel. Estuvo encarcelada hasta que en 2009, víctima del cáncer, se le permitió seguir cumpliendo la condena en su casa en régimen de prisión atenuada. El 16 de noviembre de 2017 fallecía en el Hospital Oncológico de San Sebastián a causa del cáncer que padecía.
En el año 2016 con motivo de cumplirse el 192 años desde que, en 1894, el rey Fernando VII dictase la Real Cédula en la que se creaba la Policía General de Reino, la comisaría de Segovia quiso rendir también un sentido homenaje a los agentes fallecidos en acto de servicio y, para que estén siempre en la memoria colectiva, se instaló un monolito en la entrada de la misma. En el recuerdo, especialmente, los cuatro policías segovianos asesinados por los terroristas, cuyos nombres ilustran una placa adosada en el monolito. Inspector Jesús María González Ituero, natural de Madrona, secuestrado y maltratado durante casi un año y, finalmente, asesinado por ETA en el sur de Francia en 1976; el Policía Nacional Emilio López de la Peña, asesinado el 28 de julio de 1979 en Bilbao; el inspector Moisés Cosme Herrero Luengo, asesinado en 1985 y el Policía Nacional Esteban del Amo García, quien murió en 1985, desactivando una bomba trampa.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió al artificiero de la Policía Nacional Esteban del Amo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió también el ascenso en el empleo, con carácter honorífico y a título póstumo
12 DE JUNIO DE 1985 PORTUGALETE (VIZCAYA). BRIGADA DE LA ARMADA JOSÉ MILLARENGO BERNARDO.
Brigada de la Armada Española José Millarengo de Bernardo.
El 12 de junio de 1985, en Portugalete (Vizcaya) la banda terrorista ETA acababa con la vida de JOSÉ MILLARENGO DE BERNARDO, Brigada de la Armada Española Un etarra lo abordó por la espalda cuando el brigada volvía a su domicilio, después de acabar su jornada laboral en la Comandancia de Marina de Bilbao. Eran aproximadamente las 15:00 horas y Millarengo caminaba a pie por el barrio de Repelaga de la localidad vizcaína cuando el etarra le pegó un tiro en la nuca que acabó con su vida. En el lugar del atentado la Policía encontró un único casquillo 9 milímetros parabellum.
El brigada de la Armada llegaba cada día a casa a la misma hora, por lo que resultó un blanco fácil para el autor del atentado, que huyó a pie tranquilamente según contaron testigos presenciales. A la hora en la que se produjo el atentado la calle de Buenos Aires donde vivía la víctima -un callejón de unos ochenta metros con un solo edificio de cuatro portales y cinco plantas-, estaba casi desierta. Únicamente dos niños de corta edad, y algunos vecinos que estaban en la ventana, fueron testigos del asesinato. El brigada estaba aún con vida cuando se le trasladó al Hospital de Cruces en Baracaldo, pero ingresó cadáver.
José Millarengo de Bernardo, de 42 años de edad, era natural de Villamayor (La Coruña) y llevaba siete años en Bilbao. Estaba casado y tenía dos hijos, de 15 y 16 años.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió al Brigada José Millarengo de Bernardo la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
12 DE JUNIO DE 199: MADRID. ANDRÉS MUÑOZ PÉREZ SUBINSPECTOR DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. POLICÍA VALENTÍN MARTIN SÁNCHEZ DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.
Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Muñoz Pérez.
El día 12 de junio el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía ANDRÉS MUÑOZ PÉREZ y el agente VALENTÍN MARTÍN SÁNCHEZ, ambos artificieros, pertenecientes al equipo de técnicos en desactivación de explosivos del Cuerpo (Tedax) resultaban muertos cuando trataban de desactivar un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA, localizado en un almacén de la empresa Servitrans en el número 6 de la calle de San Toribio, del barrio madrileño de Vallecas. El paquete-bomba iba inicialmente destinado al presidente de Construcciones Atocha S.A., Jesús Gallego. La empresa era una de las adjudicatarias de la autovía de Leizarán, a cuyo trazado se oponía ETA por su supuesto impacto medioambiental.
Policía Nacional Valentín Martín Sánchez.
El paquete-bomba fue remitido desde Toledo al número 77 de la calle Ortega y Gasset de Madrid a través de la empresa de mensajería Servitrans. La empresa había intentado entregar el paquete durante toda la mañana del día anterior, pero no pudo llevar a cabo su misión, debido a que no había nadie en la dirección a la que iba destinado, pues la sede de Construcciones Atocha S.A. se había trasladado a la calle Núñez de Balboa.
Al ser devuelto el paquete, personal de Servitrans trató de ponerse en contacto con el remitente, averiguando que era un nombre ficticio. En el recibo del envío, que venía a portes pagados, figuraba la inscripción "L.E. y ZARAN" y una dirección de Ciudad Real inexistente. Ante tales sospechas dieron aviso a la Policía, comunicando sus temores acerca del extraño paquete, que pesaba entre tres y cuatro kilos.
Tras el aviso, un equipo de técnicos en desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía (Tedax) fue enviado a la calle de San Toribio. El subinspector Muñoz y el oficial Martín recogieron el paquete y lo introdujeron en la furgoneta que utilizaban habitualmente para estudiar los artefactos sospechosos. En ese momento se produjo una explosión muy violenta que les causó la muerte en el acto.
Otros dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana, y otros dos destinados en la comisaría de Vallecas sufrieron heridas de diversa consideración. Se trataba del policía José Rubio Ríos, que sufrió lesiones en la cara y hundimiento facial; Julián Ramírez Berbel, con traumatismo ocular; José Vicente Capel, con heridas inciso-contusas en las piernas y el abdomen, y Salvador Pinel Morales, que padecía una contusión en el muslo izquierdo.
Dos vecinos de la zona Antonio Manuel Barrajón Buitrago y Juan Mateo Peral Ocaña sufrieron contusiones, al resultar alcanzados por los hierros convertidos en metralla. Trozos de la carrocería de la furgoneta fueron localizados incluso en los tejados de las casas colindantes.
La muerte de los dos artificieros -con lo que ya se elevaban a 13 los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Ertzaina fallecidos en acto de servicio desde 1978- ocurrió cuando unos 4.000 agentes del Cuerpo Nacional de Policía se manifestaban en el paseo de la Castellana de Madrid.
Cuando los manifestantes, convocados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), conocieron la noticia de la muerte de dos compañeros en Vallecas, el ambiente se enrareció. Los gritos de "asesinos" arreciaron, unidos a insultos dirigidos al ministro del Interior, José Luis Corcuera. Algún manifestante aislado dio vivas al GAL. Los dirigentes del SUP pidieron un minuto de silencio por los dos policías asesinados, que fue seguido con gran tensión. Tras algunos minutos de desconcierto, un dirigente sindical pidió a través de un megáfono frialdad y serenidad, lo que fue contestado con un enorme abucheo.
Al funeral por los dos agentes, celebrado por la mañana del día 13 de junio, en las dependencias de los Servicios Centrales de Policía Judicial de Canillas en Madrid, acudieron el ministro del Interior, José Luís Corcuera; el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera; el delegado del Gobierno en Madrid, Segismundo Crespo; los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil -José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, respectivamente, el alcalde electo de Madrid, José María Álvarez del Manzano, tres subdirectores de la Policía Nacional y el ex ministro José Barrionuevo, entre otras autoridades civiles, militares y policiales. La Misa fue oficiada en la intimidad por estricto deseo de los familiares de los dos policías muertos. No se permitió el paso al recinto policial a periodista y fotógrafos. En el acuartelamiento formaron dos compañías de la Policía Nacional, junto a la Unidad de Muisca que rindieron los honores pertinentes, interpretando la marcha La Muerte no es el Final y el Toque de Oración.
La salida de los dos vehículos fúnebres fue despedida con grandes aplausos por los vecinos, que en gran número, se congregaron a las puertas de la antigua Academia de la Policía.
La banda terrorista ETA se atribuyó el atentado en un comunicado publicado por el diario Egin el 28 de junio. En el mismo aseguraban que el paquete-bomba no iba dirigido contra directivos o empleados de Construcciones Atocha, sino contra los artificieros de los Tedax de la Policía Nacional. Sin embargo, el 3 de agosto ETA envió otro paquete-bomba a la misma empresa. Felipe Rey Patiño, ejecutivo de la misma, y el vigilante Antonio Llanes Chacón resultaron heridos a consecuencia de la explosión. Antonio perdió la mano izquierda y sufrió la amputación de varios dedos de la otra.
Construcciones Atocha había presentado suspensión de pagos el 21 de mayo y sus 600 trabadores llevaban un mes y medio sin cobrar. Construcciones Atocha, constituida en 1976 con un capital de 25 millones de pesetas, adquirió la compañía Ramos Hidalgo, que era la adjudicataria del tramo guipuzcoano de la autovía de Leizarán, presupuestado en 7.000 millones.
La presión de la banda terrorista para que se modificase el trazado de la autovía de Leizaran, obtuvo sus frutos después de tres asesinatos y nueve heridos. El 22 de abril de 1992 el Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa, con los votos a favor del PNV y el PSE, y la aquiescencia de Herri Batasuna, llegó a un acuerdo para dar vía libre a su construcción, modificando parte del trazado exigido por los etarras.
En 2005 la Audiencia Nacional la Audiencia Nacional condenaba a 296 años de prisión al etarra José Luis Urrusolo Sistiaga, por el atentado perpetrado en Madrid, que acabó con la vida de los artificieros de la Policía Nacional Andrés Muñoz y Valentín Martín.
La sentencia, de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, consideraba probado que en 1991 José Luis Urrusolo Sistiaga formaba parte de un comando de ETA que decidió atentar contra alguna de las empresas que habían participado en la construcción de la autopista del Valle de Leiza, por el supuesto impacto ambiental de esa obra.
Así, eligieron la empresa Construcciones Atocha y Urrusolo Sistiaga logró obtener la información sobre su presidente y la ubicación de su sede.
Los etarras prepararon un paquete bomba con tres kilos de amonal y le colocaron un mecanismo para explotar en el caso de que los artificieros lo localizasen y tratasen de proceder a su desactivación.
El 11 de junio de 1991, uno de los miembros del comando se desplazó a Toledo con el paquete bomba y lo depositó en la empresa Servitrans para que lo entregasen el día siguiente en Madrid en la dirección que habían averiguado.
El paquete fue transportado a Madrid, pero no pudo ser entregado porque la empresa a la que iba dirigido el sobre había cambiado de dirección.
"Al ser devuelto el paquete a los locales de Servitrans, el personal de la empresa trató, poniéndose en contacto con su sede de Toledo, de localizar al remitente, lo que les permitió darse cuenta de que el remitente era ficticio, ante lo cual decidieron dar aviso a la policía", relataba la sentencia.
“Una vez acordonada la zona, dos miembros del servicio de desactivación de explosivos, Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez, se hicieron cargo del paquete y lo llevaron a la furgoneta policial”.
“En el momento en que se disponían a examinar el artefacto para proceder a su desactivación”, continuaba la sentencio, “la bomba explotó, acabando con la vida de los dos artificieros e hiriendo a otras diez personas más”.
Para los magistrados, los hechos descritos eran constitutivos de doce delitos de asesinato, diez de ellos frustrados, y un delito de estragos, por lo que procedía imponer a Urrusolo Sistiaga un total de 296 años de prisión.
Asimismo, condenaban a Urrusolo Sistiaga a indemnizar con 350.000 euros a cada una de las familias de los dos artificieros asesinados.
En febrero de 2016, el antiguo miembro de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga, salía de la prisión alavesa de Zaballa y quedaba definitivamente en libertad tras cumplir 19 años de cárcel de los más de 900 años a los que había sido condenado. Urrusolo Sistiaga "el hombre de las mil caras" por su habilidad para camuflarse, redimió pena por estudios y trabajo, y el Tribunal Supremo tuvo en cuenta los seis años cumplidos en Francia, donde fue detenido en 1997, para descontarlos de su condena. Urrusolo, expulsado de la banda terrorista, se acogió a la vía Nanclares, a la que se adhirieron otro etarras partidarios del fin del terrorismo.
En diciembre de 2015 la Audiencia Nacional condenaba a 296 años de prisión a los etarras Juan Jesús Narváez Goñi y a su pareja, Itziar Alberdi, por participar en el asesinato con un paquete bomba de los policías Nacionales Andrés Muñoz y Valentín Martín, técnicos en desactivación de explosivos el 11 de junio de 1991.
En la actualidad Narváez Goñi e Itziar Alberdi cumplen condena.
El subinspector Andrés Muñoz Pérez era natural de Navaluenga (Ávila), donde recibió cristiana sepultura, arropada su familia por las primeras autoridades civiles , militares y policiales de la provincia, centenares de vecinos de Navaluenga, pueblos de las cercanías, numerosas personas llegadas desde la capital, entre ellos un nutrido grupo de alumnos de la Academia de Policía. Tenía 51 años, estaba casado y era padre de seis hijos, con edades comprendidas entre los 24 y los 5 años. Llevaba treinta años de servicio, la mitad de ellos en los Tedax. Entró en la Unidad de Desactivación de Explosivos de Madrid para sustituir a Esteban del Amo García, asesinado en Madrid el 12 de junio de 1985, cuando intentaba desactivar una bomba trampa que el grupo terrorista Eta, había dejado en el interior de un vehículo aparcado en la segunda planta del aparcamiento de El Corte Inglés de la avenida de Felipe II. Casualmente, Esteban y Andrés, fueron asesinados el mismo día, pero con seis años de diferencia.
El oficial Valentín Martín Sánchez tenía 38 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Estaba casado y tenía dos hijos de 9 y 6 años. Era natural de Grimaldo (Cáceres), adonde acudía frecuentemente con su mujer y sus hijos. Sus restos mortales fueron enterrados en Móstoles, donde vivía.
En noviembre de 2009, el ayuntamiento de Navaluenga rendía homenaje a todas las víctimas del terrorismo en la figura del artificiero del Cuerpo Nacional de Policía, Sub inspector Andrés Muñoz Pérez, con la inauguración de un monolito y una calle que llevaría, desde ese instante, el nombre del agente asesinado por el terror de ETA.
El 23 de septiembre de 2016 el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, entregaba en Ávila un recuerdo a los familiares de policías abulenses que murieron en atentados terroristas. Hermanos e hijos de los Policías Nacionales abulenses asesinados por el terrorismo estuvieron presentes en el acto de recuerdo de Francisco Martín González, asesinado por ETA el 27 de junio de 1978 en San Sebastián; Ignacio García García, asesinado en Madrid por un comando de los GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) el 4 de mayo de 1981. Máximo Díaz Bardera, asesinado por ETA en San Sebastián, el 21 de mayo de 1985. Andrés Muñoz Pérez, muerto 12 de junio de 1991, en Madrid, mientras intentaba desactivar un paquete bomba que ETA había enviado a una empresa. José Luis Jiménez Barrero que falleció el 3 de julio de 1991, dos días después de resultar herido mientras intentaba desactivar un paquete-bomba enviado por la siniestra organización ETA y Bonifacio Martín Hernández, que el día treinta de mayo de 2003 estaba en Sangüesa, adonde iba cada dos meses a facilitar la renovación del DNI a los vecinos de ese municipio y fue asesinado junto a su compañero Julián Embid por medio de una bomba lapa colocada por ETA en los bajos del vehículo oficial que utilizaron los dos Policías Nacionales.
Fue un acto sencillo y emotivo en el que Cosidó afirmó que la exposición La victoria de la libertad "es un homenaje a nuestros héroes y pretende también ser una celebración, la celebración de la fortaleza, de la determinación, de la voluntad de la sociedad española que unida ha sido capaz de derrotar a los terroristas, algo de lo que todos los españoles debemos sentirnos especialmente orgullosos",
El lunes 17 de octubre de 2016 , la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Victimas del Terrorismo (APAVT), rindió en Vallecas un sentido homenaje a los TEDAX de la Policía Nacional, Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martin Sánchez, asesinados el 12 de junio de 1991, cuando intentaban desactivar un artefacto explosivo enviado a través de la agencia Servitrans.
En la calle San Toribio y a la altura del número seis, lugar donde se produjo la explosión, se congregaron, además de las familias de Andrés y Valentín, numerosas víctimas del terrorismo y trabajadores de la empresa Servitrans que quisieron acompañar a la APAVT en dicho homenaje, también quisieron reconocer el trabajo de los TEDAX asesinados y honrar su memoria, entre otros, Sonia Ramos, Directora General de la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo; José Manuel Pérez, Subdirector de la Dirección General de la Policía; el Comisario General de Información, Enrique Barón; el Jefe del Servicio Operativo del servicio TEDAX de la Policía Nacional, Javier Navalmoral, así como Rubén López Sánchez, de la Confederación Española de Policía; el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez; la Presidenta de Honor de la AVT, Ángeles Pedraza, Concejales del Ayuntamiento de Madrid, miembros de la Asamblea de Madrid, y numerosos miembros del Cuerpo Nacional de Policía y TEDAX y el Presidente de APAVT, Miguel Folguera.
En el acto Folguera señaló que “es importante que sigamos haciendo estos homenajes y recuerdos para rememorar lo que ha pasado en este país. Un terror que no verá el final hasta que los terroristas no entreguen la totalidad de las armas, colaboren con la Justicia y pidan perdón a las víctimas. Queremos un final, sí, pero no uno imperfecto sin impunidad: queremos unos vencedores, las víctimas, y unos vencidos, los terroristas”. Asimismo, el presidente de APAVT, cuestionó ese supuesto final de ETA que “nos intentan vender a pesar de que hace apenas unos días se ha localizado un zulo de ETA con 145 pistolas en perfecto estado y unos radicales han agredido violentamente a dos guardias civiles en Navarra”.
Más tarde, tomó la palabra el Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Alfonso Sánchez, quien señaló que “todas las víctimas del terrorismo merecemos que ese dolor, esa sangre y esas vidas arrebatadas no caigan en el olvido. Que se recuerden, porque si no, el asesino dejará de serlo y la víctima volverá a ser asesinada de nuevo". Tras una emotiva ofrenda floral, de la que fueron protagonistas las familias de Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez, mientras sonaban los acordes de ‘La muerte no es el final’, el Alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, dirigió un Padre Nuestro como colofón al acto. El Himno Nacional puso fin al emotivo homenaje.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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