14 DE JULIO DE 1986. MADRID. ATENTADO PLAZA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. GUARDIAS CIVILES CARMELO BELLA ÁLAMO, JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ,MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, SANTIAGO IGLESIAS GODINO Y ANTONIO LANCHARRO REYES.
1986. Atentado de ETA contra la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid.
A las 7:45 horas del 14 de julio de 1986, tres semanas después de que el PSOE ganara las elecciones generales por mayoría absoluta, la banda terrorista ETA provocaba una enorme masacre de guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Una furgoneta-bomba, que estalló al paso de un convoy de vehículos de la Guardia Civil procedente de la Escuela de Tráfico de la calle Príncipe de Vergara, mataba en el acto a cinco guardias civiles: CARMELO BELLA ÁLAMO, natural de Badajoz; JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, de Barcelona; MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, de Valencia; JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, de Lérida, y JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, de Teruel.
Guardia Civil Carmelo Bella Álamo.
Otros cuatro guardias civiles morirían en las horas posteriores al atentado: ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, natural de Gijón; JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, de Burgos; SANTIAGO IGLESIAS GODINO, de Alicante, y ANTONIO LANCHARRO REYES, de Badajoz. Tres más lo hicieron en los siguientes días: JAVIER ESTEBAN PLAZA, que falleció cuatro días después, el 18 de julio; MIGUEL ÁNGEL DE LA HIGUERA LÓPEZ, que falleció el 31 de julio; y JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO, que lo hizo el 5 de agosto, convirtiéndose en la víctima número doce del brutal atentado.
Guardia Civil José Calvo Gutiérrez.
Otras setenta y ocho personas, entre agentes de la Benemérita y civiles, sufrieron heridas de diversa consideración. Siete guardias civiles fueron heridos de gravedad: Jesús García Rangel, con secuelas físicas y psíquicas irreversibles e incompatibles con el desempeño de su profesión; Miguel Ángel Martínez Díaz, al que los trastornos neuróticos y postraumáticos provocados por el sufrimiento padecido le obligaron también a abandonar su profesión; Jacinto López Martínez, que también tuvo que pedir la baja laboral permanente por las heridas sufridas; Juan Izquierdo Sánchez, que perdió el ojo derecho y el 60% de la audición del oído izquierdo; Miguel Ángel Dorado Castellanos, obligado asimismo a abandonar su profesión a causa de las secuelas en ambos oídos y en el ojo izquierdo y las alteraciones epilépticas provocadas por el atentado; Gabriel Aranda Sánchez, que también tuvo que abandonar definitivamente la Guardia Civil por las secuelas del atentado, y José Manuel Jiménez Sánchez, que sufrió la pérdida del ojo derecho y otras heridas que le imposibilitaron seguir ejerciendo como guardia civil. Muchos más guardias civiles arrastraron secuelas durante años, viéndose obligados a dejar la Guardia Civil por causa del estrés postraumático, ansiedad, pesadillas y miedos.
Guardia Civil Miguel Ángel Cornejo Ros.
El convoy atacado estaba formado por un autobús, un microbús y un todoterreno, en funciones de coche-escolta, que había salido de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en el número 250 de la calle Príncipe de Vergara y se dirigía hacia la Venta de la Rubia, a las afueras de Madrid, donde los guardias iban a realizar prácticas de conducción en motocicleta. En el convoy viajaban setenta guardias civiles alumnos de la Agrupación de Tráfico. Los mayores de la promoción tenían veinticinco años. Los más jóvenes, diecinueve. El convoy no variaba su horario y recorrido, al menos en los días anteriores al atentado: dejaba Príncipe de Vergara para girar a la derecha en la plaza y dirigirse a la carretera de circunvalación M-30 por la calle de Costa Rica.
Guardia Civil Jesús María Freixes Montes.
En el número 7 de la plaza de la República Dominicana los etarras Idoia López Riaño y Juan Manuel Soares Gamboa habían aparcado una furgoneta-bomba marca Sava cargada con 35 kilos de Goma 2 y cinco ollas a presión con varios kilos de metralla compuesta por tornillos, tuercas, varillas metálicas y eslabones de cadenas de acero. Anton Troitiño Arranz, situado en una parada de autobús cercana, accionó el mando a distancia cuando vio que el convoy se puso a la altura de la furgoneta-bomba. Muy cerca, José Ignacio de Juana Chaos esperaba en un vehículo en el que emprendieron la huida. En las labores de vigilancia y en la preparación del explosivo participaron también Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada. Todos los asesinos formaban parte del grupo Madrid de ETA.
Guardia Civil Jesús Jiménez Jimeno.
La explosión fue brutal. El vehículo más afectado fue el minibús, aunque también fue alcanzado el autobús. El vehículo escolta de la Guardia Civil quedó descolgado del convoy en el momento de la explosión, al detenerse en el semáforo previo al cruce con la plaza. Además, otros muchos vehículos, establecimientos e inmuebles de los alrededores sufrieron cuantiosos daños materiales. Especialmente afectado quedó el inmueble situado en el número 8 de la plaza de la República Dominicana, a cuya altura se encontraba aparcado el coche-bomba. Una agencia de viajes, una tienda de comestibles, una perfumería y un quiosco de prensa, entre otros, se vieron seriamente dañados. La mayoría de los cristales de los inmuebles vecinos, en un radio de cien metros, quedaron hechos añicos, así como los marcos de las ventanas más próximas al lugar del atentado.
Guardia Civil Andrés Fernández Pertierra.
El acceso al metro de la estación de Colombia, situado a unos seis metros de donde se encontraba estacionado el coche-bomba, tuvo que ser cerrado porque "la onda expansiva provocó el desprendimiento de los falsos techos del vestíbulo de la estación y la mayor parte de las instalaciones fijas existentes en el mismo, con desprendimiento de las puertas de acceso y otros desperfectos en dependencias interiores", según señalaba un comunicado de la Compañía Metropolitana hecho público poco después del atentado.
Guardia Civil José Joaquín Gracia Ruiz.
La furgoneta-bomba, que quedó convertida en un amasijo de hierros deformes, se encontraba estacionada en la plaza desde unos días antes, según informaron desde la Delegación del Gobierno. Su matrícula era falsa y el artefacto, oculto en el maletero, estaba cubierto por papel higiénico. Por otra parte, fuentes policiales precisaron que la bomba fue accionada mediante un mando a distancia, por lo que los autores materiales se encontraban a una distancia de 150 o 200 metros.
Guardia Civil Santiago Iglesias Godino.
Tras la explosión se desató una espesa humareda, que alcanzaba hasta el cuarto piso del inmueble más cercano. Chatarra de los vehículos afectados se podía observar en un radio de setenta metros. Los cuerpos de dos de los guardias civiles muertos quedaron tendidos en la calle. Otros dos fueron sacados del interior del vehículo. Uno de ellos tenía las piernas seccionadas y otro presentaba la cabeza prácticamente cortada, según personas que, en un primer momento, colaboraron en las tareas de rescate... Las escenas eran dantescas, muchos agentes estaban completamente desfigurados.
Guardia Civil Antonio Lancharro Reyes.
Fue una auténtica carnicería, justo lo que quería ETA que fuese. Su entonces dirigente, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, había ordenado "emprender una dura campaña de atentados". Algunos objetivos los fijaría la propia cúpula de la banda asesina, y otros los dejarían a elección de los propios ejecutores "siempre que tales objetivos se encarnaran en personas pertenecientes a la Guardia Civil" (sentencia de la Audiencia Nacional, 2003). El asesino Esteban Esteban Nieto dijo en el juicio que "cuando ETA hace sus acciones pretende causar el mayor número de bajas posibles. Estamos en guerra y es lógico que los que hicieron la acción lo supieran". Por su parte, el no menos asesino De Juana Chaos restó importancia a la masacre, considerando que no era ni más ni menos importante que cualquier otro atentado de la banda.
Tras el atentado, especialistas en explosivos de la Policía extrajeron muestras del artefacto para determinar la cantidad y el tipo de explosivo utilizado. Pasadas las 10:00 horas, los restos de la furgoneta utilizada como coche-bomba fueron trasladados a dependencias policiales con la intención de continuar el examen de la misma. Nada más producirse el atentado, la Policía y la Guardia Civil establecieron fuertes controles en las salidas de Madrid.
En el lugar del atentado -donde algunos ciudadanos colocaron enseguida ramos de flores- se congregaron un par de centenares de personas que se arremolinaron en torno a los vehículos siniestrados. Algunas personas gritaron consignas que pedían la libertad del teniente coronel Antonio Tejero, condenado por la intentona golpista del 23-F, y se corearon frases contra el Gobierno y a favor del restablecimiento de la pena de muerte. En el momento en que se extraían los cadáveres de dos de los guardias civiles del interior del vehículo, los gritos y consignas arreciaron, así como los insultos contra los informadores de diversos medios de comunicación.
El alcalde de Madrid, Juan Barranco, hizo un llamamiento a los madrileños para guardar, a las doce de la mañana del día siguiente, martes 15 de julio, tres minutos de silencio en solidaridad con las víctimas del atentado, sus familiares y los cuerpos de seguridad.
La capilla ardiente se instaló el mismo lunes al mediodía en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, junto a los familiares y compañeros -algunos de ellos heridos-, acudieron, entre otros, el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campo; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Ángel Liberal Lucini; el director general de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría, y el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga. El ministro del Interior, José Barrionuevo, aguardó en el lugar la llegada de los féretros con los cuerpos de los fallecidos, que fueron recibidos con honores. Los ataúdes estaban cubiertos por la bandera nacional y con un tricornio encima.
El funeral se celebró en el mismo lugar al día siguiente, presidido por Barrionuevo. Un grupo de personas aguardó en el exterior de la Dirección General de la Guardia Civil e insultó a las autoridades políticas que accedían al recinto, llegando incluso a apedrear los vehículos de sus comitivas y las furgonetas de los medios de comunicación que cubrían la celebración del mismo.
1986. Funeral por el alma de los Guardias Civiles asesinado por ETA en la plaza de la república Dominicana de Madrid.
Con emoción contenida se desarrollaron, a primera hora de la mañana, los oficios fúnebres en el patio de armas de la Dirección General de la Guardia Civil. La ceremonia fue presidida por el ministro del Interior, José Barrionuevo, a quien acompañaban el director general de la Guardia Civil, Sáez de Santamaría; el presidente de la comunidad autónoma madrileña, Joaquín Leguina, y el alcalde de Madrid, Juan Barranco.
Frente a una imagen de la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil, el vicario general castrense, con quien concelebraron seis sacerdotes, dijo en la homilía que los guardias civiles fallecidos eran "un bien precioso para el presente y para el futuro de España". Destacó el espíritu de servicio y de riesgo que regía en la Guardia Civil y rogó por que "ningún grupo de locos de ideologías radicalizadas puedan perturbar la convivencia en paz de todos los españoles".
José Manuel Estepa dijo que "la Guardia Civil debe reaccionar firme y serenamente en la defensa de la libertad que el pueblo le ha confiado" y destacó el "sentido de abnegación a favor de la fraterna convivencia de todos los- españoles2 que presidía este cuerpo.
Llamó a la sociedad española a reaccionar contra el terrorismo porque «ninguna reivindicación por lógica que sea, justifica tanta violencia, tanta sangre y tanta muerte». Citando a Juan Pablo II, se preguntó 2¿qué mañana puede surgir de una plaga de muerte"?
Después de la consagración, sonaron los acordes del himno de España. Al final de la ceremonia, con lágrimas en los ojos, los familiares de los fallecidos entonaron, junto con los miembros del cuerpo y los presentes, el himno de la Guardia Civil. Los acordes de la marcha fúnebre de Chopin acompañaron la salida de los ocho féretros portados por Guardias Civiles y Policías Nacionales.
Ninguno de los guardias civiles asesinados llevaba más de un año en el cuerpo e incluso cuatro de ellos habían entrado el 1 de marzo de ese mismo año. Sus cuerpos, trasladados por carretera y escoltados por compañeros motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, recibirían sepultura por la tarde en distintas localidades españolas.
José Joaquín García Ruiz fue in h u m a d o en Briviesca (Burgos); Jesús Jiménez Jimeno, en Cascante del Rio (Teruel); Carmelo Bella Alamo, en Granja de Torrehermosa, y Antonio Lencharro Reyes, en Monasterio, ambos en Badajoz; mientras que Miguel Angel Cornejo Ros fue enterrado en Benicalap, provincia de Valencia; Andrés Fernández Pertierra fue inhumado en Málaga; y José Calvo Gutiérrez, en Puertoliano (Ciudad Real). A los entierros acudieron las autoridades locales y autonómicas de los pueblos y ciudades donde los guardias civiles asesinados recibieron el último adiós de miles de sus conciudadanos. Jesús María Freixes Montes sería enterrado en Lérida.
A la salida, de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, los féretros fueron muy ovacionados por más de un millar de personas que, a pesar del cordón policial, establecido en la confluencia de las calles de Guzmán el Bueno con San Francisco de Sales, se concentraron en la zona, profiriendo gritos brazo en alto contra del Gobierno, la democracia, ETA y en favor de la libertad del Teniente coronel Tejero Molina y del Teniente General Milans del Bosch, lanzando piedras, vasos y puñados de monedas contra las autoridades presentes , dando Vivas a España y profiriendo gritos contra el Gobierno y la democracia, en favor de la Guardia Civil, el Ejercito, en el momento en que los féretros abandonaban la Dirección General de La Guardia Civil, camino de las localidades en que habrían de ser cristianamente sepultados.
Un policía nacional arrebató una pancarta de propaganda electoral del PSOE a un grupo que pretendía quemarla. Tras un forcejeo, arreciaron los gritos de «eso a ETA, eso a ETA» y “guardia civil, empuña tu fusil”-
En 2008 se inauguró en la plaza de la República Dominicana un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo sufragado íntegramente por donaciones de ciudadanos anónimos a iniciativa de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES).
En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz, como autores materiales, y Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada, como colaboradores necesarios, a sendas penas de 2.232 años de cárcel, que resultan de sumar: 30 años por un delito de atentado con resultado de muerte; 29 años de reclusión mayor por cada uno de los once delitos consumados de asesinato; 24 años por cada uno de los setenta y ocho delitos de asesinato frustrado y 11 años más por un delito de estragos. El escrito de conclusiones de la Fiscalía fue elaborado por la fiscal Carmen Tagle González, asesinada por la banda terrorista el 12 de septiembre de 1989, un mes antes de la celebración del juicio.
Antonio Troitño autor de veintidós asesinatos fue puesto en libertad tras cumplir veinticuatro años de prisión el 13 de abril de 2011 por orden de la Audiencia Nacional al entender ésta que había cumplido las penas impuestas en aplicación de la conocida como doctrina del doble cómputo penal que estableció el Tribunal Constitucional en 2008. Falleció en Irún en 2021, a consecuencia de un cáncer. Pese a tener pendientes un elevado número de condenas por sus asesinatos, había obtenido la libertad condicional el 5 de febrero de 2021 en la prisión de Estremera, por el cáncer que padecía.
En 1999, la Audiencia Nacional decretaba la libertad del etarra Esteban Esteban Nieto, condenado a más de tres mil años de cárcel por diversos atentados, al padecer una enfermedad grave, irreversible e incurable de la cual falleció.
Por su parte Inés del Río Prada fue detenida en Zaragoza en julio de 1987 y condenada a 3828 años de cárcel. Juzgada con el Código Penal de 1973, su salida de la cárcel estaba prevista para 2008 pero la aplicación retroactiva de la doctrina Parot pospuso su puesta en libertad hasta 2017. Ante esta situación, Inés del Río recurrió la revisión de su condena a los tribunales Supremo y Constitucional, que rechazaron sus recursos. Del Río y sus abogados apelaron en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronunció de manera definitiva el 21 de octubre de 2013 fallando a favor de Inés del Río y ordenando su puesta en libertad de manera inmediata, algo que ocurrió el día siguiente.
El sanguinario Ignacio de Juan Chaos condenado judicialmente por su participación en 25 asesinatos a casi 3.000 años de prisión, de los que cumplió 18 años de acuerdo al Código Penal bajo el que fue juzgado. Se encuentra fugado desde 2008, y en búsqueda y captura por orden de la Audiencia Nacional.
En el año 2000 se condenó a Juan Manuel Soares Gamboa a 1.401 años, que vio atenuada la pena por su arrepentimiento y colaboración con las autoridades. Durante el juicio pidió perdón a todas las víctimas de ETA, y dijo: "He visto una serie de testimonios, han pasado ante nosotros personas con graves secuelas y muchas de ellas agravadas por el paso del tiempo y son horrorosas de verdad (...) Nunca lo había visto tan de cerca y quiero solicitar el perdón de todas las víctimas por mi acción criminal, que hago extensiva a todas las víctimas de ETA, porque yo entiendo que en algún momento fui cómplice".
En 2003, finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Santiago Arrospide Sarasola a 1.920 años de cárcel y a Idoia López Riaño a 1.472 años.
En 2018 Santiago Arrospide Sarasola "Santi Potros" abandonaría la cárcel de Topas en Salamanca, saliendo en libertad.
Por su parte Idoia López Riaño "La Tigresa" asesina de 23 personas entre 1984 y 1986) y responsable de algunos de los atentados más sanguinarios de la banda terrorista, salió definitivamente de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) después de cumplir 23 años de prisión en el año 2017.
El Guardia Civil Carmelo Bella Álamo, de 22 años, era natural de Granja de Torrehermosa (Badajoz), donde fue enterrado. Había ingresado en la Guardia Civil un año antes de su asesinato y estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Arganda.
José Calvo Gutiérrez, de 19 años, era natural de Barcelona y había ingresado en la Guardia Civil en mayo de 1985. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Barajas.
Miguel Ángel Cornejo Ros, de 24 años, era natural de Burjasot (Valencia). Estaba casado y se había incorporado a la Guardia Civil en mayo de 1985.
Jesús María Freixes Montes, de 21 años, había ingresado en la Benemérita el 1 de marzo de 1986, por lo que llevaba sólo cuatro meses y medio. Fue enterrado en el cementerio municipal de Lérida. Su padre, Francisco Freixes, era concejal independiente en el Ayuntamiento de Lérida y corresponsal del diario ABC cuando su hijo fue asesinado. Su hermana Teresa, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, escribió una carta a ETA publicada en varios medios de comunicación en la que les calificaba de asesinos y de cobardes, y se mostraba incapaz de entender que se pudiera defender el nacionalismo a través de la violencia y el asesinato.
Jesús Jiménez Jimeno, de 20 años, y natural de Cascante del Río (Teruel), se había incorporado a la Guardia Civil el 1 de marzo de 1986, igual que Freixes Montes. Estaba destinado en el Destacamento de Tráfico de Teruel.
Andrés José Fernández Pertierra, de 20 años, era natural de Gijón (Asturias). Había ingresado en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado.
José Joaquín García Ruiz, de 21 años, era natural de Merindad de Valdivieso (Burgos). Igual que el agente Fernández Pertierra, llevaba apenas tres meses y medio en el Instituto Armado. Estaba soltero y destinado en el Destacamento de Tráfico de Briviesca-Autopista.
Santiago Iglesias Godino, de 20 años, nació en Hondón de las Nieves (Alicante). Igual que varios de sus compañeros asesinados, ingresó en la Guardia Civil tres meses y medio antes de ser asesinado. Su cuerpo no estuvo presente en el funeral oficial celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil al día siguiente porque su familia decidió donar sus órganos.
Antonio Lancharro Reyes, de 21 años y soltero, había nacido en Monesterio (Badajoz), donde una calle lleva su nombre.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a todos ellos la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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