14 DE SEPTIEMBRE DE 1975. BARCELONA POLICÍA ARMADO JUAN RUIZ MUÑOZ.
Policía Armado Juan Ruiz Muñoz.
A las 15,30 horas del domingo día 14 de septiembre de 1975 , cuando el policía JUAN RUIZ MUÑOZ se dirigía a su domicilio vestido de paisano, a la altura del número 12 de la Vía Favencia se le acercaron dos individuos jóvenes armados quienes sin mediar palabra y apoyando uno de ellos su pistola en la cabeza del servidor del orden, le efectuaron a la vez dos disparos, rematando su vituperable acción hiriéndole con una navaja y produciéndole una herida en la región occipital, otra el vientre y una tercera en el muslo izquierdo, cayendo fulminado al suelo, mientras los agresores emprendían veloz huida. El Policía Armada fue trasladado con urgencia a un centro sanitario donde nada se pudo hacer por salvarle la vida.
Juan Ruiz Muñoz, que prestaba sus servicios con peluquero en el II Escuadrón de Caballería de la Policía Armada, siguiendo su costumbre dominical y una vez finalizada su labor de arreglo de peluquería en el cuartel, se dirigía vestido de paisano y completamente desarmado hacia su casa situada en la calle Bará.
Entre los efectos personales que cayeron junto al cadáver del servidor del orden público se halló una bolsa que contenía churros y patatas fritas así como los útiles de peluquero. Los asesinos llevaban merodeando por las cercanías de donde se produjo la agresión mortal del policía Armado una media hora antes de perpetrarse y debían de ser conocedores de las costumbres de Juan Ruiz Muñoz.
La capilla ardiente quedó instalada en el acuartelamiento de la Policía Armada de San Martín, sito en la barcelonesa calle Guipúzcoa y donde compañeros del policía asesinado, Policía Gubernativa y Guarda Civil velaron el féretro que se hallaba envuelto en la bandera Nacional. A la capilla ardiente se acercaron, entre otros, el gobernador Civil de Barcelona Rodolfo Martín Villa y el Jefe Superior de Policía señor Apestegui, que fueron recibidos a su llegada por el General Inspector de las Fuerzas de la Policía Armada José María Tomé a quien acompañaba el coronel de la IV Circunscripción señor Coll de Sansimón.
A La mañana siguiente y presidido por el Director General de Seguridad, Francisco Dueñas Gavilan, a quien acompañaban las principales autoridades militares y civiles de la Región, se celebró en la Capilla Castrense del parque de la Ciudadela el funeral de corpore in sepulto por el alma del policía Armada asesinado. El templo se hallaba abarrotado de público, así como los alrededores del mismo. Fuerzas de la Policía Militar custodiaban las entradas del recinto. En la explanada se hallaba formado un Escuadrón de la Policía Armada a caballo con banda de cornetas y tambores y de música que fue revistado a su llegada por el capitán General de accidental de Cataluña, Gobernador Militar de la Plaza, Ángel Vega Franco y el Director General de Seguridad Dueñas Gavilán.
En lugar preferente de la Capilla se situaron la viuda de Policía asesinado, María Luisa Gil Antón, hermanos y otros familiares, así como el Gobernador Civil de Barcelona Martín Villa, presidente de la Diputación Provincial Juan Antonio Saramaranch, General Inspector de la Policía Armada señor Tomé, alcalde accidental Joaquín Travé, presidente de la Audiencia de Barcelona señor Obiols, Jefe superior de Policía y otras personalidades entre las que se encontraban los procuradores en Cortes señores Viola y Calviño, así como los Jefes del sector aéreo General Joaquín Puig de Cárcer, Jefe del sector Naval almirante Martín Allegue y general Jefe de la IV zona de la Guardia Civil Luengo Tejero.
El funeral fue oficiado por el Coronel Castrense Don Gaspar Cardona asistido por otros cuatro sacerdotes, pronunciando la homilía el padre Rey Stolle que recordó como Jesucristo reaccionó violentamente contra quienes vulneraban el orden público.
Al finalizar la Santa Misa compañeros del Policía asesinado trasladaron su féretro hasta el exterior del templo en cuya explana el Director General de Seguridad pronunció unas palabras en las que señaló que “estamos ante un hecho vil y repugnante. Sin embargo estos actos no erosionan la moral de las Fuerzas del Orden. Ante estos restos mortales y ante los españoles bien nacidos que nos acompañan en el dolor, hacemos patente que nuestra moral de combatientes se ve reforzada. Y pedimos a Dios que no nos dé el descanso hasta encontrar a los autores de este vituperable acto”.
Posteriormente y en nombre del ministro de la Gobernación, el Director General de Seguridad le impuso la medalla de Oro del Mérito Policial al humilde servidor del orden público. En ese instante los asistentes prorrumpieron en aplausos y vivas a España, Franco, Policía Armada, Ejército y Guardia Civil. Los compañeros de Juan Ruiz Muñoz entonaron el himno de la Policía Armada y a continuación las miles de personas congregadas entonaron el “Cara al Sol, dando los gritos de ritual el Gobernador Civil Martín Villa.
Inmediatamente después los restos del Policía Armada Ruiz Muñoz salieron en un furgón con destino a Marbella donde recibieron cristiana sepultura, escoltado por siete jeeps de la Policía Armada repletos de coronas de flores.
Al terminar las exequias fúnebres se formó una manifestación espontánea que desde el Parque de la Ciudadela recorrió el paseo de Colón, paralizando una de sus calzadas, arreciando los gritos de “Muera el FRAP”, ¡Ejército al Poder!, continuos Vivas a España, a Franco, y a las Fuerzas del Orden y cuatro pancartas en las que se podía leer: "Militares, salvad a España del comunismo”, “Ejército al poder”, “Los diarios y las librerías burguesas, aliados del comunismo” y “La ETA no indulta, indultar al enemigo es delito de alta traición”, deteniéndose ante el Gobierno Civil y Capitanía General, siguiendo por las Ramblas, calle Fernando, Plaza de San Jaime, donde, ante el ayuntamiento, se les unió un joven con una gran bandera de España, hasta llegar a la Vía layetana donde se hallaba la Jefatura Superior de Policía y ante la cual prorrumpieron en una cerrada ovación, entonándose el “Cara al Sol”. Finalizado el canto del Himno de la Falange los manifestantes se disolvieron pacíficamente.
Días después la Jefatura Superior de Policía de Barcelona ha facilitó con relación al asesinato de Juan Ruiz Muñoz la siguiente nota: “Por funcionarios especializados afectos a la Jefatura Superior de Policía, tras laboriosas gestiones, han sido Identificados los presuntos autores del asesinato del policía armado don Juan Ruiz Muñoz, hecho sucedido el día 14 del pasado mes de septiembre.
Se ha comprobado la participación material en los hechos de Miguel Sánchez Gómez (a) «José», nacido en Sevilla el día 21-1-48, de 1,70 de estatura, y de los hermanos José María y Lorenzo Jurado Pérez, ambos nacidos en Lérida el día 31-1-55, el primero de 1,64 y el segundo de 1,62 metros de estatura, siendo conocido este último con los alias de «Yunque» y «Luis». Se supone que los tres individuos mencionados vayan acompañados por Antonia López Quero, novia de «el Yunque», nacida en Alcolea, Córdoba, el día 24-6-55, de 1,67 metros de estatura, y de Francisca Molinos Barrios (a) «la Gallega», nacida en Canade, Orense, el día 18-8- 55, novia de José”
Juan Ruiz natural de Marbella, estaba casado, era padre de una niña de seis años y le faltaban dos meses para jubilarse,
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
14 DE SEPTIEMBRE DE 1982. RENTERÍA .GUIPÚZCOA. POLICÍAS NACIONALES JESÚS ORDÓÑEZ PÉREZ, JUAN SERONERO, ANTONIO CEDILLO TOSCANO Y ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ.
Policía Nacional Jesús Ordóñez Pérez.
A las once de la mañana del día 14 de septiembre un vehículo “Z” de la Policía Nacional en patrulla oficial y formado por una dotación de tres agentes se detuvo en la venta Susperregui, en el bar del caserío “Franchilla”. De igual forma ante la puerta del bar se detuvo también un Seat Supermirafiori camuflado de la Policía en el que viajaban dos agentes vestidos de paisano. Los cinco Policías se apearon de los vehículos y se introdujeron en el bar donde tomaron unos bocadillos.
Policía Nacional Juan Seronero Sacristán.
A las once y veinticinco, una vez terminadas las consumiciones, la patrulla emprendía de nuevo su camino con dirección a San Sebastián por la carretera de las de las Ventas de Astigarraga, en la localidad guipuzcoana de Rentería. A la patrulla le siguió, dándole escolta, el coche K camuflado. A 800 metros del bar donde habían parado, en una curva de la citada carretera, muy cerca de las Cuevas de Landarbaso, fueron objeto de una mortal emboscada que le tendió un grupo terrorista formado por seis individuos.
Policía Nacional Alfonso López Fernández.
Los terroristas entre los que se encontraban, como posteriormente se conocería, Manuel Urionabarrenechea, alias Manu, Jesús María Zabarte Arreguí “el carnicero de Mondragón”, estaban apostados en diferentes lugares de la carretera detrás de un terraplén. Aprovechando que los vehículos policiales aminoraron la marcha a consecuencia de una curva muy cerrada, los asesinos comenzaron a disparar profusamente y de forma indiscriminada contra los dos vehículos que quedaron empotrados contra el arcén.
Policía Nacional Antonio Cedillo Toscano.
Los disparos alcanzaron a los Policías Nacionales JESÚS ORDÓÑEZ PÉREZ Y JUAN SERONERO SACRISTÁN. Resultó con heridas muy graves ALFONSO LÓPEZ FERNÁNDEZ, y con heridas graves ANTONIO CEDILLO TOSCANO y Juan José Torrente Terrón, que recibió disparos en el brazo derecho, tórax, muslo derecho y pierna izquierda.
Antonio Cedillo, que iba de paisano en el coche camuflado, consiguió salir del vehículo y enfrentarse a tiros con los terroristas, pero estos ya se habían dado a la fuga en dos turismos. Herido, continuó caminando cerca de 500 metros hacia adelante, en dirección a Rentería, para pedir auxilio hasta que cayó al suelo. A los pocos minutos pasó por la carretera una furgoneta “Ebro”, matrícula SS-5673-F conducida por José Elósegui, que al ver un hombre mal herido tirado en la carretera paró para atenderle. El Policía Nacional le dijo a Elósegui, como después declararía el camionero, “ayúdenme, por favor y lléveme a un hospital”. El camionero le introdujo en su vehículo y dio media vuelta para dirigirse a Rentería.
A un kilómetro de distancia, el camionero, con el policía herido, se encontró con uno de los vehículos en que habían huido los terroristas. Uno de los asesinos se apeó del coche y con una metralleta en mano hizo parar a la furgoneta, registrando su interior. Al ver al policía herido lo sacó del vehículo que le trasladaba a un hospital, como un fardo lo arrojó sobre la cuneta y le remató de forma ignominiosa de un tiro en la nuca.
Los cuerpos de los dos policías asesinados estaban bañados en un charco de sangre. Los dos heridos por su parte, quedaron semiconscientes. En el lugar del atentado quedaron los dos vehículos policiales tiroteados por delante y por detrás, presentando un centenar de orificios. A los pocos minutos un gran efectivo policial, acompañado de una ambulancia, se personó en el lugar de los hechos, formándose importantes controles policiales en la zona. Los Policías heridos, Juan José Torrente y Alfonso López Hernández fueron trasladados en ambulancia al hospital de la Cruz Roja de san Sebastián. En el camino fallecía el policía Alfonso López Hernández, que ingresó en el hospital ya cadáver. Juan José Torrente Terron, quinto policía que formaba la patrulla, ingresó directamente en quirófano donde fue Intervenido. Tras una hora de operación y en estado de coma fue internado en le Unidad de Vigilancia Intensiva con pronóstico muy grave. El Policía Nacional Alfonso López Hernández, estaba casado, tenía una hija de tres años y hacía tres años que había ingresado en el Cuerpo.
Mientras los heridos eran trasladados al centro de la Cruz Roja, la Guardia Civil llevó a cabo un intenso rastreo de la zona y recogió una gran cantidad de casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, munición habitualmente empleada por ETA. Los cuerpos sin vida de los policías asesinados en la escena del tiroteo permanecieron en el lugar de los hechos hasta la llegada del juez y los forenses, momento en que serían llevados al depósito de cadáveres del cementerio de Polloe, una vez realizadas las respectivas autopsias. Esa misma noche, ETA militar reivindicaba la autoría del atentado a través de un comunicado enviado al diario Egin. Asimismo, ETA militar se hacía responsable de otros atentados cometidos a lo largo de la semana anterior contra una granja propiedad del Ejército en San Sebastián y contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango.
Al funeral de corpore insepulto por el alma de los cuatro policías asesinados, se realizó en la misma tarde del atentado en el Gobierno Civil de Guipúzcoa, y asistieron el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo; el ministro del interior Juan José Rosón; el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano. También estuvieron presentes el lendakari, Carlos Garaicoechea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; gobernador civil y militar de Guipúzcoa; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcaín y el diputado general Javier Aizarna. Partidos como el PSE-PSOE, UCD, PNV y AP, enviaron representantes para arropar a los familiares y a los compañeros de las víctimas. El oficiante recordó en su homilía “la tragedia que hemos sufrido en propia carne por culpa de los comandos terroristas que han asesinado, sin interés ni beneficio a cuatro honrados Policías Nacionales, servidores de la Patria”.
Los funerales transcurrieron en un clima de gran serenidad, no pudiendo evitarse escenas de profundo dolor entre los familiares y compañeros de los policías asesinados. Pese a la nutrida representación oficial, el funeral, realizado en el salón del trono del gobierno Civil, fue considerado por la inmensa mayoría de los asistentes como muy apresurado, seguido de un rápido y humillante traslado a sus localidades de origen.
Sería el último de los funerales realizado a escondidas y “por la puerta de atrás”, de unos servidores del orden que morían por España y en defensa de las libertades del pueblo español y sin embargo eran enterrados a prisa, en muchos casos sin honores. Constatar y recordar eso a día de hoy, produce un lamentable y sonrojante bochorno e infinita tristeza. La llegada de nuevo ministro del Interior, salido de las elecciones generales de octubre de 1982, en que venció por mayoría absoluta el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González Márquez, José Barrionuevo Peña, cambiaría de forma radical aquellos vergonzantes y cobardes entierros, puesto que Barrionuevo fue el primer ministro del interior, que sin ningún tipo de complejos, acudía con prontitud al lugar donde se había cometido el atentado, realizando ofrendas florales por las víctimas asesinadas por la banda terrorista.
El miércoles 15, un día después de los funerales en San Sebastián, a últimas horas de la tarde, tenía lugar, en la Iglesia del Corazón de María de Gijón, el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de uno de los cuatro fallecidos, el Policía Nacional Juan Seronero Sacristán. Los actos fúnebres tuvieron un considerable retraso, debido a un accidente que sufrió una furgoneta de la Policía Nacional que formaba parte de la comitiva fúnebre al volcar a la entrada de la ciudad de Gijón. Uno de los Policías que viajaba en ella sufrió heridas de diversa consideración.
En los aledaños e interior del templo donde se ofició la Misa, la tensión entre parte de las cinco mil personas asistentes fue muy elevada, oyéndose gritos dirigidos a los terroristas, a los que se les llamó "asesinos", y escuchándose igualmente vivas a España y al teniente coronel de la Guardia civil Antonio Tejero, detenido por el fracasado intento de golpe de estado del 23-F de 1981.
Un grupo de personas trató de agredir al delegado del Gobierno en Asturias y a otras autoridades civiles, mientras que numerosos grupos de personas profirieron gritos de apoyo y vivas a España, al Ejército, a la Policía y a la Guardia Civil, cuando vieron salir de la iglesia al gobernador militar de Asturias y a varios mandos de las Fuerzas de seguridad. El féretro, que contenía los restos mortales de Juan Seronero, llevado a hombros de sus compañeros e iba envuelto en la bandera Nacional, fue despedido a la salida de la Iglesia con una cerrada ovación, en el momento de introducirlo en un furgón funerario, que los trasladaría al cementerio de la ciudad donde recibiría cristiana sepultura.
A la misma hora era enterrado en el cementerio general de Valencia Jesús Ordóñez Pérez, De igual forma, en la parroquia de la Sagrada Familia de Mataró, tenía lugar el funeral por el alma de Alfonso López Fernández, que sería inhumado en el cementerio de la localidad barcelonesa.
Los restos mortales de Antonio Cedillo Toscano, llegaban al aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, donde esperaban al pie de la escalerilla del avión que los trasladó, la ministra de Cultura, Soledad Becerril, el presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, delegado del Gobierno en Andalucía, Capitán General de la Región Militar, gobernadores civil y militar, así como jefes, ofíciales y suboficiales de la Policía Nacional y representaciones del Ejército y Guardia Civil. En el mismo avión en el que viajaba el cuerpo sin vida de Antonio Cedillo, lo hacían su viuda y otros familiares.
Los restos mortales de Antonio Cedillo, fueron transportados desde el aeropuerto de San Pablo a la localidad de Olivares. Allí tuvo lugar el entierro de Cedillo Toscano, en torno a las ocho de la tarde, ante unas ocho mil personas tanto de Olivares como llegados de otras localidades de la comarca y provincia. Cientos de personas habían estado esperando durante horas la llegada del avión y recibieron la llegada a la Iglesia de la localidad, que se hallaba completamente llena de público, de los familiares de Antonio con grandes aplausos, gritos de Arriba y Viva España a favor de la Policía, mezclados con patéticos e indescriptibles momentos de dolor y sollozos de familiares, amigos y compañeros.
El pueblo de Olivares, que otorgó a Antonio Cedillo el título de hijo predilecto de la villa, amaneció ese día envuelto en banderas de España y pañuelos blancos con crespones negros en las ventanas y balcones de las casas. Los centros oficiales hicieron ondear sus banderas a media asta, colocando también crespones negros en ellas. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando un guardia civil, paralítico a consecuencia de un atentado terrorista, le dedicó su último adiós al policía asesinado. El alcalde de Olivares abonó personalmente el importe del desplazamiento del guardia civil para que éste pudiera despedirse del difunto, poco antes de que fuera enterrado en el cementerio de San Benito de la localidad.
Los familiares de las víctimas recibieron telegramas de pesar por parte de los Reyes de España, quienes también enviaron al General Alcalá-Galiano, Inspector de la Policía Nacional, su condolencia por el criminal atentado del que habían sido objeto los cuatro Policías Nacionales.
Al día siguiente de la masacre, el sargento de la Policía Nacional Julián Carmona Fernández se suicidaba disparándose un tiro en la sien, en presencia de varios de sus compañeros y del general Félix Alcalá-Galiano, en las dependencias del Gobierno Civil de Guipúzcoa. El sargento, de 45 años de edad, casado y padre de tres niños, había pasado la noche acompañando a los familiares de los asesinados, ocupándose de los trámites de las autopsias. Varios de los fallecidos eran amigos suyos y se le había encargado la tarea de acompañar hasta su lugar de origen uno de los cuerpos de éstos, circunstancias que unidas a la gran tensión que soportaban los miembros de la Policía Nacional dieron lugar al triste y dramático desenlace. Fue uno de los primeros casos de suicidio de lo que los expertos psicólogos denominaron con posterioridad, "el síndrome del norte".
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió a los cuatro Policías Nacionales asesinados la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
Con motivo de la tomadura de pelo de Eta, anunciando en abril de 2017 su pretendido desarme en Bayona (Francia), reapareció en escena el carnicero de Mondragón Jesús Zabarte Arregui que sigue sin arrepentirse de sus diecisiete asesinatos cometidos.
Un veterano miembro de los GAR, Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil, que se mantuvo en el anonimato, en un texto del que se hacía eco el diario El País contaba las andanzas “valerosas “ del gudari Zabarte Arregui. "A este hijo de la gran puta” –decía el antiguo Guardia Civil- “lo detuvimos el GAR en Hernani tras un tiroteo de dos horas desde la puerta hasta la última habitación. El conductor del entonces comandante Enrique Rodríguez Galindo, jefe del cuartel guipuzcoano de Inchaurrondo, ascendido más tarde a general y condenado a 71 años de cárcel por el asesinato de los etarras Lasa y Zabala-, quiso ganarse una medalla y entró en el piso recibiendo un tiro en el vientre, y se metió en la primera habitación a la izquierda, desangrándose".
Según el guardia civil, "en tanto el GAR ya estaba enfrascado a tiros, la munición se acababa y había que ayudar a los compañeros tirando cargadores a rastras por el pasillo –dentro de la vivienda-. Al final se decidió terminar con los dos etarras, que tiraban a la libanesa, uno con un Kalashnikov y el otro con un subfusil MAT-53 de fabricación francesa".
“Mientras el conductor del comandante Galindo se desangraba en la primera habitación según se entraba por la puerta a la izquierda, el etarra Zabarte que era el tercero de los terroristas que se hallaban en el piso franco, estaba observando todo, porque en esa habitación había un zulo donde él se escondía tras un espejo chino. Tuvo la oportunidad de rematarlo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque sabía que -si lo hacía- después iba él... Y cuando tras el tiroteo se produjo el registro del inmueble, allí le encontramos, tras el espejo y dentro del zulo, cagao de miedo, sí, sí, cagao físicamente, y con la pistola en la mano, que del acojone que tenía no la tenía ni montada. Así era y son estos carniceros...".
Finalmente, el veterano de los GAR señalaba que "un hombre cuando mata, asume morir, pero este, cuando vio que también podía caer, se cago vivo. Ahora dice que es un gudari…aquel día fue en realidad un cagari". Una vez detenido Zabarte pidió a sus compañeros etarras que se entregasen para que la familia dueña de la vivienda no resultase herida. "¡Y tú, que eres el jefe del talde, nos lo dices... Que vengan a buscarnos si tienen cojones, txakurras. ‘Gora Euskadi Alahil!’", respondieron los dos etarras que caerían muertos en el intercambio de disparos.
La Guardia Civil detuvo a Jesús María Zabarte Arregui, conocido como “el carnicero de Mondragón”, la madrugada del 15 de junio de 1984, mientras dormía en un piso del casco viejo de Hernani (Guipúzcoa). Junto a su cama, había dos fusiles de asalto soviéticos AK-47 y 2.500 cartuchos de munición. A quienes no se pudo detener fueron a sus dos compañeros de grupo etarra, Juan Luis Lecuona y Agustín Arregi, que se hicieron fuertes en el piso y murieron en el tiroteo que provocaron. El domicilio donde se hallaban refugiados los etarras pertenecía a la familia Miner, que en el momento de los hechos tenían un hijo de ocho años que resultó ileso del enfrentamiento entre guardias civiles y terroristas gracias a la pericia y profesionalidad de los miembros del Benemérito Instituto Armado.
Ese niño, Imanol Miner Villanueva, ingresaría posteriormente en ETA y acabaría cumpliendo condena por terrorismo por ser el causante de la detonación de un coche bomba que mató instantáneamente al ertzaina Iñaki Totorika e hirió gravemente a otro agente el 8 de marzo de 2001, en la localidad guipuzcoana de Hernani. Miner, integrante junto a su hermano Pablo Miner y Mikel San Argimiro Isasa, del comando Txirrita de ETA, serían posteriormente condenados, a 253 años de prisión cada uno, por la explosión, el 1 de mayo de 2002, de un coche bomba en la puerta del rascacielos conocido como Torre Europa, justo enfrente del estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, pocas horas antes de la celebración del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de campeones entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona que dejaría un balance de veintidós heridos y grandes destrozos materiales.
Durante años, las Fuerzas de Seguridad trataron de detener a Manuel Urionabarrenechea, alias Manu, como responsable principal de la ejecución del atentado que acabó en Rentería con la vida de los cuatro Policías Nacionales. A este sanguinario asesino se le imputaban igualmente multitud de crímenes. En varias ocasiones las Fuerzas de Seguridad estuvieron a punto de atraparlo. Así, por ejemplo, en octubre de 1988, Urionabarrenechea conseguía huir en un taxi robado, junto con Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, tras haber sido detectado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Amorebieta. Hasta en tres ocasiones logró eludir a la Policía. La última en agosto de 1989, cuando escapó de un cerco policial tendido para detener al grupo Araba de la banda terrorista.
Escasamente un mes más tarde, el dieciocho de septiembre de 1989, Manuel Urionabarrenechea Betanzos, Manu, caía muerto durante un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en una espectacular operación en la que resultaron detenidos veintiséis miembros de la banda terrorista ETA y en la que falleció, al igual que Urionabarrenechea, Juan Oyarbide, Txiribita. A estos dos terroristas se les imputaban dieciséis y veinticinco asesinatos, respectivamente. Manuel Urionabarrenechea había manifestado que jamás se entregaría y que se enfrentaría a tiros, tal y como hizo en varias ocasiones, hasta que tuvo lugar el momento de su muerte, no llegando a ser juzgado por el asesinato de Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Alfonso López Fernández y Antonio Cedillo Toscano, ni por los de las otras víctimas que se le imputaban.
El que sí sería juzgado y condenado por este atentado fue el etarra Jesús María Zabarte Arregui. Zabarte Arregui fue detenido tras un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en Hernani (Guipúzcoa) el 15 de junio de 1984. Era el máximo responsable del grupo Donosti de ETA y durante los interrogatorios reconoció haber planeado asesinar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, al tiempo que se responsabilizaba de la planificación o bien de la ejecución de un gran número de asesinatos, entre ellos los de los policías nacionales Antonio Cedillo Toscano, Juan Seronero Sacristán, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández.
Por el atentado que costó la vida a estos últimos, la Audiencia Nacional dictó sentencia en 1985. Según ésta, Jesús María Zabarte Arregui fue condenado al cumplimiento de cuatro penas de veinte años, por asesinato cualificado con alevosía y premeditación, y a doce años más por un delito de asesinato en grado de tentativa. La Audiencia Nacional lo consideró responsable de las tareas de vigilancia que hicieron posible la ejecución del atentado.
Jesús María Zabarte Arregui, conocido como el carnicero de Mondragón, abandonó el Centro Penitenciario de Jaén a las 17.10 horas del 19 de noviembre de 2013 debido a la anulación de la doctrina Parot. Se le atribuían 17 asesinatos por los que fue condenado a 615 años. Tenía previsto salir en 2015.
El Carnicero de Mondragón se siente a día de hoy muy orgulloso de sus crímenes. José Miguel Cedillo, hijo de Antonio Cedillo se ha querellado contra él.
El asesinato del Policía Nacional Antonio Cedillo Toscano revistió tintes de especial crueldad. Hay que recordarlo para valorar la magnitud de la traición a las víctimas, explícita en la política de generosidad realizada por Zapatero y Rajoy para con los despiadados y sanguinarios terroristas de ETA.
14 DE SEPTIEMBRE DE 1985, VITORIA POLICÍA NACIONAL FÉLIX GALLEGO SALMÓN.
Policía Nacional Félix Gallego Salmón.
El Policía Nacional FÉLIX GALLEGO SALMÓN resultaba muerto en un atentado terrorista ocurrido a media mañana del día 14 de septiembre en el casco viejo de Vitoria. También resultaba gravemente herido un chatarrero amigo de la víctima, llamado Cándido Martín, que ocupaba el asiento contiguo al del conductor.
El atentado tuvo lugar en la vitoriana calle de Eulogio Serdán, próxima al acuartelamiento de la Policía Nacional, en el casco viejo de la ciudad. Félix Gallego, que se encontraba de vacaciones, y Cándido Martín acababan de entrar en el vehículo propiedad del Policía Nacional, cuando se produjo la explosión. Algunos viandantes fueron lanzados al suelo por la onda expansiva. Los vecinos que acudieron al lugar alertados por el estruendo pudieron ver, entre los restos humeantes del coche, el cuerpo destrozado del policía nacional, cuyas extremidades inferiores habían quedado seccionadas de cuajo. Cándido Martín había quedado aprisionado bajo el chasis del coche. Según fuentes policiales el artefacto estaba compuesto de un sofisticado mecanismo conectado al pedal del acelerador y con una carga explosiva compuesta de unos tres kilos de goma-2. La explosión se produjo al ponerse en marcha el vehículo. La gran potencia de la bomba causó una violenta explosión redujo a chatarra al vehículo propiedad del policía muerto un Simca 1.200, de color azul matrícula Vl—452l-C.
La explosión provocó daños en los vehículos aparcados en las cercanías y destruyó la práctica totalidad de los cristales de un edificio colindante. En ese mismo lugar había sido asesinado de un tiro en la nuca, el 29 de julio de ese mismo año, el subcomisario del Cuerpo Superior de Policía Agustín Ruiz de Retana, en un atentado reivindicado por ETA militar.
El Policía Nacional Félix Gallego fue trasladado al hospital de Santiago con amputación traumática de las extremidades inferiores, con múltiples heridas y shock hipobolémico. Según el parte facilitado por el centro sanitario ingresó en estado agónico y falleció antes de poder ser atendido. Su amigo Cándido Martín fue trasladado al mismo centro sanitario, donde se calificó su estado como muy grave. Tras ser intervenido de sus múltiples heridas en cara tórax, muñeca y extremidad inferior izquierda, su estado fue calificado grave.
La capilla ardiente se instaló poco después del atentado en las dependencias del Gobierno Civil de Álava, por donde pasaron compañeros y amigos del fallecido en un incesante peregrinar. A las cinco de la tarde del día siguiente se celebró en la Iglesia de San Miguel, en Vitoria, el funeral por el alma de Félix Gallego. Pese a lo anunciado previamente, el ministro del Interior, José Barrionuevo, no pudo asistir a la ceremonia religiosa. Sí estuvieron presentes el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano; el director general del mismo cuerpo, Rafael del Río; los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra, Ramón Jáuregui y Luis Roldán; el consejero del Interior del Ejecutivo autónomo vasco, Luis María Retolaza, así como numerosas autoridades civiles y militares. El féretro del Policía Nacional asesinado, cubierto con la Bandera Nacional, llegó al templo a hombros de sus compañeros y a los sones de la marcha La Muerte No es el Final, interpretada por la Unidad de Música de la Policía Nacional, llegada desde Madrid, que formaba a la entrada de la Iglesia junto a dos compañías, una de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil.
El acto tuvo lugar en un clima de emoción y tensa calma, en el que el sacerdote oficiante, Félix Uriarte, señaló que trataba de rendir tributo al policía nacional muerto en atentado y darle el último adiós y manifestó que "esta espiral de violencia ciega, que conduce a nuestra propia destrucción, se repite con demasiada frecuencia (...) el odio criminal ha segado la vida de un esposo y un padre. Los que efectúan acciones tan crueles qué derecho tienen para disponer de la vida de otros hombres", preguntándose asimismo "si es con tiros y con bombas como piensan construir un País Vasco próspero y libre".
Finalizado el acto, los presentes entonaron el Himno de la Policía Nacional y la Música policia el toque de oración entre escenas de dolor gritos y vivas a España, a la Policía Nacional y la Guardia Civil y una cerrada ovación como homenaje postrero a Félix Gallego Salmón. Posteriormente el féretro, cubierto con la bandera nacional, fue introducido en un furgón y trasladado a Santoña, localidad de origen de Félix, donde fue cristianamente sepultado, en una ceremonia a la que asistieron, junto a la familiares del servidor del orden asesinado, la totalidad de los vecinos y las principales autoridades civiles, militares y policiales de Cantabria.
Por dicho atentado que costó la vida al Policía Nacional Félix Salmón e hirió a su amigo Cándido Martín, la Audiencia Nacional condenó en 1990 a cuatro etarras como responsables de la acción terrorista. Estos eran Juan Carlos Arruti Azpitarte, al que se le condenó a 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Félix, a 20 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Cándido y a 11 años de prisión por delito de terrorismo. Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui, serían condenados a 37 años cada uno como cómplices de los delitos anteriormente señalados.
Dos años después, en 1992 los cuatro etarras eran absueltos del delito de terrorismo por el Tribunal Supremo, para no penar dos veces el mismo delito, corrigiendo así el fallo de la Audiencia Nacional. Tras la sentencia del Supremo, las condenas se veían reducidas de 61 a 50 años de cárcel en un caso, y de 37 a 31 en los otros tres restantes, por entender que tres de los condenados fueron castigados al mismo tiempo como cómplices y autores de colaboración con banda armada.
Gracias a la aplicación de la doctrina Parot, Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta vieron como sus excarcelaciones se veían aplazadas hasta 2019 y 2018 respectivamente. Arruti fue juzgado y condenado por más de veinte delitos, sumando más de 400 años de condenas. En noviembre de 2013 Arruti Azpitarte, quedaba en libertad al decretarlo la Audiencia Nacional tras la derogación de la doctrina Parot, y abandonaba la prisión de Alcolea (Córdoba) tras 24 años encarcelado, los últimos cinco en el centro penitenciario cordobés.
Por su parte Gaztañaga Vidaurreta, detenido en 1988 fue condenado a penas que sumaban 161 años. Su excarcelación, prevista para 2006, se pospuso hasta 2018. Sin embargo en marzo de 2016 Gaztañaga abandonó el centro penitenciario de Ocaña en Toledo.
El histórico etarra Carlos Torrecilla Parra, encarcelado en el centro penitenciario de Badajoz quedó en libertad en febrero de 2006 después de acogerse a la redención de penas por el trabajo que aún estaba vigente en el Código Penal. Torrecilla adelantó así en 13 años su salida a la calle, prevista el 12 de septiembre del 2019. Torrecilla Parra fue el último de los condenados por el antiguo Código Penal que salió de prisión sin verse afectado por la doctrina Parot.
Por último el etarra Luis María Azkargorta Belategi abandonó la cárcel en 2003, tras concedérsele la libertad condicional en una decisión judicial no exenta de polémica. Tras haber cumplido catorce años de cárcel, la juez Ruth Alonso presentó el 14 de diciembre de 2003 un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que solicitaba abstenerse al considerar que su imparcialidad había sido "cuestionada a nivel objetivo" durante la polémica suscitada poco antes tras la excarcelación del miembro de ETA Félix Gil Ostoaga, quien posteriormente se suicidó. El TSJPV desestimó esta petición y respaldó la actuación de la juez, que decidió excarcelarlo. Los informes de la juez indicaban que la actitud de Azkargorta ante la violencia había cambiado por completo, y que su rechazo hacia ésta era ahora "claro y tajante”.
El 1 de julio de 2007 daba comienzo un juicio en el que el sanguinario ex dirigente de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, se enfrentaba a una solicitud por parte de la Fiscalía de 61 años de cárcel por este atentado. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Vicente González-Mota indicaba que Arizcuren, quien en 1985 utilizaba el alias de Navarro, "se dirigió el 14 de septiembre al domicilio en Vitoria del ya condenado por estos hechos Carlos Torrecilla Parra, donde preparó un artefacto explosivo confeccionado con 3 kilos de dinamita Goma 2 en un recipiente metálico de iniciación eléctrica, que colocaron en los bajos del vehículo de su víctima.
Sobre las diez y media de esa mañana, el policía Nacional Félix Salmón se introdujo en el vehículo en compañía de Cándido Martín Franco con intención de trasladarse a otra localidad y, tras iniciar una maniobra, el mecanismo de la bomba se accionó ocasionando la muerte al agente y heridas muy graves a su acompañante, además de cuantiosos daños materiales". El fiscal consideraba estos hechos constitutivos de los siguientes delitos: atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de frustración y terrorismo con resultado de daños, solicitando para él una pena de 61 años de cárcel. Además, la Fiscalía pedía en su escrito que el acusado indemnizara económicamente a los herederos de Félix Gallego y a Cándido Martín.
Además de los ya condenados por este atentado, la Policía considera a día de hoy que hay otros terroristas responsables que aún no han podido ser juzgados por este crimen. Es el caso por ejemplo de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, una histórica de la banda terrorista, acusada de casi una quincena de asesinatos, detenida cerca de Pau (Francia) el 3 de octubre de 2004 junto a su compañero sentimental y cerebro de la banda Mikel Antza. Soledad Iparraguirre estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad como uno de los componentes del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA junto con Iñaki de Rentería, Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, Asier Oyarzabal y José Luis Arrieta, alias Azkoiti. En diciembre de 2010 fue condenada por el Tribunal de lo Criminal de París a veinte años de prisión, de los que deberá cumplir al menos dos tercios. A día de hoy sigue cumpliendo condena en Francia.
Félix Gallego Salmón había nacido el 13 de abril de 1949 en Santoña (Cantabria), por lo que en el momento de su muerte tenía 36 años. Estaba casado y era padre de cuatro hijos, de los que el menor tenía solamente nueve meses y los otros tres tenían, respectivamente 8, 4 y 3 años. Pertenecía a la 66ª bandera de la cuarta compañía de la Policía Nacional, con destino en Vitoria, y llevaba diez años viviendo en esa ciudad y esos días se encontraba de vacaciones. Cándido Martín Franco, natural de Acebo (Cáceres), tenía en el momento del atentado 35 años, estaba domiciliado en el número 21 de la vitoriana calle de La Coronación, próxima al lugar del atentado, y era chatarrero de profesión.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió a Félix y Cándido la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía a Félix Gallego Salmón el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.
14 DE SEPTIEMBRE DE 1992. SAN SEBASTIAN. POLICÍA NACIONAL RICARDO GONZÁLEZ COLINO.
Policía Nacional Ricardo González Colino.
A la una y cuarto de la madrugada del lunes 14 de septiembre de 1992, un miembro de la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián (Guipúzcoa) al Policía Nacional RICARDO GONZÁLEZ COLINO, disparándole a bocajarro un tiro en la cabeza.
Ricardo, que estaba fuera de servicio y vestía de paisano, se encontraba a punto de comenzar una partida de cartas, en el Bar 19 de la calle Eguía de la capital donostiarra, del que era asiduo cliente. Junto a él, sentados a la mesa, estaban el dueño del bar y un amigo, cuando entró un encapuchado vestido con un chubasquero azul y, sin mediar palabra, le descerrajó un tiro en la nuca y escapó a pie, aprovechando la confusión de los compañeros de partida del agente asesinado. Ricardo falleció prácticamente en el acto, quedando la bala alojada en su cabeza. En la escena del crimen se recogió un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum.
El atentado contra Ricardo se produjo a escasos doscientos metros de distancia del Bar El Puente, en el que en octubre de 1991 ETA había asesinado a dos guardias civiles. Pruebas de balística demostraron que el arma empleada para asesinar a Ricardo, se había utilizado anteriormente –el 17 de agosto de 1992- en el asesinato de otros dos guardias civiles, José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez, en el aparcamiento del hipermercado Mamut de Oyarzun. Según informaron fuentes policiales tras el asesinato de Ricardo, en el atentado contra los guardias civiles en agosto de 1992 el modus operandi del asesino había sido ligeramente distinto, puesto que en esa ocasión iba a cara descubierta y el arma utilizada no había sido empleada en otros atentados hasta ese momento.
La Policía barajó la posibilidad de que el grupo responsable de dichos atentados contara con informadores en la zona. Tales informadores habrían sido los responsables de señalar las rutinas y los horarios de Ricardo González, quien solía mantener costumbres casi fijas.
La capilla ardiente por el policía asesinado quedó instalada en el Gobierno Civil de San Sebastián, adonde acudieron los padres del fallecido, que se desplazaron desde Zamora. El funeral se celebró el mismo día 14 en la Iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián. El director general de la Policía, Carlos Conde Duque, y el consejero de Interior, Juan María Atucha, fueron los encargados de presidirlo en un ambiente de tenso dolor. Al acto asistieron también el delegado del Gobierno, José Antonio Aguiriano; los tres gobernadores civiles de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, José María Gurruchaga, Daniel Vega y César Milano; representantes del PSE-PSOE y del PP; el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza; así como otras autoridades civiles y militares, acompañando a los familiares y amigos de Ricardo González.
Minutos después de las cinco de la tarde partió del Gobierno Civil de Guipúzcoa el cortejo con el féretro cubierto con la Bandera Nacional que fue portado a hombros por sus compañeros. Precedían al cortejo varias coronas de flores y le seguían sus padres -que se trasladaron desde la localidad zamorana de Cerezal de Sanabria- y las autoridades. El funeral se celebró en la céntrica parroquia de la Sagrada Familia.
En la homilía, el oficiante leyó una nota del obispo donostiarra, monseñor José María Setién, en la que éste rechazaba y condenaba ese asesinato, ampliando el rechazo "a cualquier pretensión de utilizar la vida humana como precio de negociación de una estrategia calculada". Para el obispo, hechos como el asesinato del Policía Nacional no eran precisamente caminos a la paz, "aunque algunos afirmasen lo contrario en una manipulación interesada de la opinión pública. El pueblo tiene derecho a que le dejen buscar libremente los caminos de la paz".
A la salida del funeral, la unidad de música del Regimiento de Infantería Sicilia interpretó la marcha “La Muerte no es el final” como homenaje al servidor del orden asesinado. Centenares de personas despidieron con grandes aplausos y gritos contra los asesinos de Eta, el féretro de Ricardo cuando fue introducido en un furgón fúnebre.
Los restos mortales de la víctima fueron trasladados a su localidad natal, Cerezal de Sanabria, en Zamora. Allí, al día siguiente, tuvo lugar otra misa funeral, teniendo que celebrarse en la plaza de la localidad, dado que las reducidas dimensiones de la iglesia no permitían albergar a la enorme cantidad de vecinos y familiares que fueron a rendirle su último adiós.
El párroco de Cerezal leyó unas palabras del Obispo de Astorga Monseñor Antonio Briva en la que condenó el terrorismo y la falta de respeto por la vida de un ser humano.
El párroco manifestó en su homilía que ese asesinato acrecentaba la degradación de los valores humanos.
A la salida del templo, los asistentes despidieron con una gran ovación y gritos de Viva a España y Viva la Policía Nacional, el féretro de Ricardo González Colino. Tras la despedida se procedió a dar sepultura al cuerpo sin vida de Ricardo González. En el entierro un hermano del policía nacional asesinado trató de agredir a algunas de las autoridades presentes. El incidente se produjo a la salida del cementerio, cuando varios de los familiares y amigos de la víctima tuvieron que sujetar al hermano, que intentó agredir a algunas de las personalidades presentes, entre las que se encontraban el delegado del Gobierno en Castilla León, Arsenio Lope Huerta; el consejero de Presidencia del Gobierno regional, César Huidobro y el Gobernador civil de Zamora, Ángel Gavilán.
El gobernador civil de Zamora manifestó que comprendía la actitud del familiar del policía asesinado, debido a su estado de dolor, mientras el delegado del Gobierno declinó hacer declaraciones a los medios de comunicación tras el entierro en Cerezal de Sanabria.
Los sindicatos policiales emitieron durísimas condenas del atentado cometido contra su compañero. La Unión Federal de Policía (UFP), lamentó que "haya declaraciones de políticos hechas tan a la ligera, sin sopesar los posibles resultados, como presumiblemente, en este caso, en que ETA demuestra su capacidad operativa poniendo cadáveres sobre la mesa". La Unión Federal de Policía pidió la cadena perpetua para los autores de delitos de terrorismo. Ese atentado era el cuarto que ETA cometía desde que ofreciera, el 10 de julio, una supuesta tregua a cambio de negociación con el Gobierno.
Las pruebas de balística realizadas con posterioridad por la Policía confirmaron que la misma arma que asesinó al agente Ricardo Colino sería utilizada, después en varias ocasiones: el 19 de enero de 1993, en el atentado mortal contra el empresario guipuzcoano el ex jugador de la Real Sociedad de San Sebastián, José Antonio Santamaría y el 21 de enero de 1993, en el asesinato del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez.
Los investigadores vincularon los asesinatos de José Antonio Santamaría Vaqueriza y de José Ramón Domínguez, -que tuvieron lugar en San Sebastián en enero de 1993, a los terroristas etarras Juan Antonio Olarra Guridi, Valentín Lasarte y José María Iguerategui Gillisagasti. Juan Antonio Olarra Guridi fue condenado en 2007 a 28 años de prisión como autor material del asesinato de Santamaría, que habría realizado junto con otro etarra, José María Iguerategui Gilisagasti, alias Ijitu (Gitano), que moriría destrozado el 29 de marzo de 1994 en Vitoria al estallarle la bomba que llevaba en una mochila. Otro conocido miembro de ETA, Valentín Lasarte participó en el asesinato señalando a la víctima. Ese mismo año de 2007, Olarra sería también condenado a otros 28 años de cárcel por el asesinato del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez.
Lamentablemente la Justicia no ha sabido vincular esos asesinatos con los del Policía Nacional Ricardo González Colino y los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil. A día de hoy el asesinato del Policía Nacional Ricardo Colino sigue sin esclarecerse.
En marzo de 2015 Valentín Lasarte, condenado a 400 años de cárcel por su participación en diez asesinatos entre ellos los de los políticos Gregorio Ordóñez del Partido Popular y Fernando Múgica del PSOE,—quedaba libre. Lasarte, etarra arrepentido, acogido a la vía Nanclares, y que ya había disfrutado de varios permisos penitenciarios, abandonaba definitivamente la cárcel alavesa de Zaballa tras haber cumplido 19 años de condena.
En la actualidad Olarra Guridi cumple condena en un penal de Vascongadas, tras ser trasladado a él en julio de 2022, desde la cárcel de Logroño.
Ricardo González Colino, de 38 años, estaba soltero y era natural de Cerezal de Sanabria (Zamora). Llevaba destinado en San Sebastián once años y en el momento de su muerte desempeñaba labores de radio patrulla en las unidades de seguridad ciudadana de esa ciudad, en la que estaba muy arraigado.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Ricardo González Colino la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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