15 DE ENERO DE 1978. BARCELONA, ATENTADO SALA DE FIESTAS SCALA. RAMÓN EGEA GÓMEZ. BERNABÉ BRAVO BEJARANO. DIEGO MONTORO BARAJAS.
Ramón Egea Gómez, Bernabé Bravo Bejarano, Diego Montoro Barajas y Juan Manuel López Martín.
A las 13.15 horas del domingo 15 de enero de 1978 un grupo de individuos (más tarde se determinaría que eran cinco, cuatro chicos y una chica) rompía los cristales del vestíbulo de la sala de fiestas más grande de Europa, LA SCALA, sita en el céntrico Paseo de San Juan esquina con la calle Consejo de Ciento de Barcelona capital, y arrojaba al interior del vestíbulo del edificio varios “cócteles Molotov” En ese instante se encontraban en el edificio diecisiete trabajadores. De resultas del lanzamiento de líquido inflamable se produjo un gran incendio que se propagó con inusitada rapidez por todo el edificio y prolongó hasta las siete de la tarde provocando la destrucción casi completa del local. El mismo día 15 los bomberos rescataban el cadáver del primero de los cuatro empleados muertos. Se trataba de RAMÓN EGEA GÓMEZ, de 45 años de edad, casado con dos hijos, empleado de limpieza. Ramón, al percatarse de la presencia del fuego entró en la sala donde estaban sus compañeros de trabajo para avisarles del peligro que corrían. Ramón Egea murió por asfixia provocada por el humo. El derrumbamiento del techo del edificio impidió a los bomberos encontrar el mismo día 15 el cadáver de otros dos de los empleados muertos. Se trataba de BERNABÉ BRAVO BEJARANO, de 48 años de edad, casado, con dos hijas, empleado de la limpieza y de DIEGO MONTORO BARAJAS, de 43 años de edad, casado, con dos hijos, también empleado de la limpieza. Estos empleados se encontraban en los sótanos de los camerinos en el momento de producirse el fuego. La labor de los bomberos se vio dificultada por el hecho de tener que desescombrar a mano los restos del edificio siniestrado debido al temor de que el peso de las máquinas excavadoras pudiera destrozar los cuerpos de los empleados desaparecidos. Dos días después los bomberos de la ciudad condal rescatarían un cuarto cuerpo sin vida, el de JUAN MANUEL LÓPEZ MARTÍN, de 26 años de edad, casado, electricista. Dos de los cuatro empleados muertos, estaban afiliados a la CNT y los otros dos lo estaban a la UGT. Las pérdidas materiales fueron muy cuantiosas, calculadas en mil millones de pesetas.
La policía barcelonesa, que en un primer momento atribuyó la autoría del incendio al grupo marxista y asesino FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriótico), debido a una llamada anónima a Radio Nacional de Barcelona, de una voz masculina que reivindicaba el atentado en nombre del FRAP, detendría a nueve personas, tres de las cuales serían puestas de forma inmediata en libertad, al comprobar que nada tenían que ver con la acción, como sospechosas de haber perpetrado el atentado: todas ellas estaban afiliadas a la CNT, a la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). Los detenidos eran entre otros: Francisco Javier Cañadas Gascón, de 19 años de edad. Arturo Palma Segura, de 18 años de edad y José Cuevas Casado, de 26 años de edad, como presuntos autores del atentado a la SCALA y como colaboradores Luis Muñoz García, María Rosa López y María Pilar Álvarez.
El nueve de diciembre de 1980 la Audiencia de Barcelona dictaba sentencia condenando a diecisiete años de prisión, para cada uno, a los tres principales procesados: Arturo Palma Segura, Francisco Javier Cañadas y José Cuevas; se les condenaba por fabricación de “cócteles Molotov”, concurrencia con los mismos a una manifestación y estragos e imprudencia temeraria por el lanzamiento de los citados cócteles en el interior del Scala. Luis Muñoz García era condenado a año y medio de prisión por estragos e imprudencia, con la atenuante de ser menor de edad. María Rosa López era condenada a cinco meses de arresto por encubrimiento del delito de estragos. María Pilar Álvarez era absuelta del delito de complicidad.
Aquel incendio continuó envuelto en un mar de dudas. El atentado no fue calificado como acto terrorista lo que permitió a los dueños los hermanos RIba poder cobrar los doscientos millones del seguro y a los acusados rebajar sus condenas, Se conocerí posteriormente que SCALA tenía problemas económicos, no reconocidos por sus dueños, pues unas semanas antes del incendio no habían podido hacer frente a los pagos de la seguridad social de los empleados, teniendo que pedir una prórroga. Sin embargo a los fallecidos, de acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
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