16 DE SEPTIEMBRE DE 1983. URNIETA (GUIPÚZCOA) POLICÍA NACIONAL PABLO SÁNCHEZ CÉSAR.
Policía Nacional Pablo Sánchez César.
A las 7:55 horas del viernes 16 de septiembre, el Policía Nacional PABLO SÁNCHEZ CÉSAR, de 24 años de edad y natural de Badajoz, era asesinado en un atentado perpetrado por tres jóvenes, cuando se encontraba en el apeadero de la Renfe, en la localidad guipuzcoana de Urnieta. Los hechos se produjeron hacia las diez de la mañana.
El Policía Nacional, vestido de paisano, se encontraba en el apeadero de la estación esperando el tranvía para dirigirse, como todos los días, a su puesto de trabajo en el acuartelamiento de Aldapeta, de la capital donostiarra. Tres jóvenes, que actuaron a cara descubierta, se acercaron a Pablo Sánchez armados con subfusiles automáticos. El Policía Nacional se dio cuenta de la intención de los jóvenes y, en un acto reflejo, intentó protegerse en el interior del edificio de la estación.
Los terroristas no le dieron tiempo; descargaron sus armas contra él, sin permitirle sacar su arma reglamentaria y repeler la agresión. Varias personas que se encontraban en ese momento en el apeadero esperando al tranvía fueron testigos del hecho y pudieron ver perfectamente a los tres miembros del comando y cómo se daban inmediatamente a la fuga en un taxi de color blanco, Seat 131, matrícula SS-7843-N, en el que les esperaba una cuarta persona. Como consecuencia de los disparos, el Policía Nacional resultó muerto en el acto. Varios impactos le alcanzaron en la cabeza. Sin embargo, un miembro del grupo se acercó a la víctima tendida en el suelo y lo remató de forma fría, sanguinaria y calculada.
El cadáver, tendido en un charco de sangre, presentaba siete impactos en la cabeza y abdomen. En el lugar de los hechos la policía recogió diez casquillos de 9 milímetros parabellum, munición SF 77, utilizada en varias ocasiones por ETA-Militar en sus atentados. A las once menos cuarto se llevó a cabo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al depósito del cementerio municipal de Polloe, en San Sebastián, donde le fue practicada la autopsia. A primeras horas de la tarde quedó instalada la capilla ardiente en el salón del trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa.
Tras el atentado se establecieron numerosos controles en la zona. Fuerzas de la Policía Nacional y Guardia Civil localizaban, poco después del atentado, el taxi utilizado por los agresores, en la carretera que une Urnieta con Lasarte. El propietario, el taxista Manuel Garayar Otegui, se encontraba en el interior del porta maletas, donde permaneció encerrado mientras se desarrollaba el asesinato. Al parecer, el vehículo había sido robado a punta de pistola a primeras horas de la mañana, no lejos del lugar del atentado. El taxista relataría posteriormente a la Policía que, cuando estaba en la parada, se le acercaron dos individuos que le dijeron en euskera: "Somos de ETA, entra en el coche o te liquidamos".
El ministro del Interior, José Barrionuevo junto al lendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaicoechea, y el presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidian en la noche del mismo día del atentado, el funeral por el alma de Pablo, que se celebró en Urnieta. La ceremonia religiosa se inició con un retraso considerable porque se tuvo que esperar a que los padres del policía llegasen desde Badajoz. Terminada la Misa, la unidad de Música del Gobierno Militar de San Sebastián, interpretó La Muerte no es el Final y el toque de oración y dos compañías de la Policía Nacional, formadas al efecto, entonaron el Himno del Cuerpo.
Finalizado el acto Barrionuevo y Garaicoechea se trasladaron al apeadero de Urnieta, el lugar del atentado, donde el Teniente Coronel de la Policía Nacional en San Sebastián les dio explicaciones sobre el brutal asesinato.
El sábado 17 de septiembre más de dos mil personas asistieron en Hoyos (Cáceres), localidad natal de la esposa de Pablo, a un segundo funeral y al entierro del agente asesinado. El cadáver había sido trasladado en avión militar desde San Sebastián hasta la base aérea de Talavera la Real y desde allí, por carretera, hasta Hoyos, donde fue recibido por la corporación municipal en pleno y miembros de la Guardia Civil.
Prácticamente todo el pueblo desfiló por la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento. En el funeral, oficiado por el cura párroco de la localidad, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el gobernador civil de Cáceres, Gobernador Militar, autoridades locales y militares, además de policías Nacionales y guardias civiles desplazados desde Cáceres, Badajoz, Salamanca y Valladolid.
La esposa, padres y ocho hermanos del policía asesinado se negaron a hacer declaraciones, dejando como portavoz a la alcaldesa de Hoyos, Asunción Merino, que transmitió esta frase de los familiares: "Por favor, que se arregle esta situación. Ya está bien que cada día caiga un hombre por la defensa de la Patria".
Pablo Sánchez César, era natural de Badajoz tenía 24 años, estaba casado con Amalia García Mora y tenía una hija de un año. Se encontraba destinado en el acuartelamiento de Aldapeta desde 1980 y residía en Urnieta con su familia y sus suegros. Amalia y su hija fijaron su residencia en Hoyos tras el asesinato de Pablo.
En 1986 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui, “el carnicero de Mondragón” y a José Antonio Pagola Cortajarena, miembros del grupo Donosti de ETA, a sendas penas de 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte del Policía Nacional Pablo Sánchez César. Pagola Cortajarena sería excarcelado en 2003 tras cumplir 19 años de cárcel y el carnicero de Mondragón anda en la actualidad por la calle pavoneándose con 17 asesinatos a sus miserables espaldas, sin pedir perdón y no arrepentirse de nada. Condenado a 615 años y al no aplicársele la doctrina Parot, salió de prisión en 2015 al cumplir setenta años.
El 16 de marzo de 2001 el Consejo de Ministros concedió a Pablo Sánchez César, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo
16 DE SEPTIEMBRE DE 1991. MUCHAMIEL. ALICANTE. POLICÍAS MUNICIPALES, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VARGAS Y VÍCTOR MANUEL PUERTAS VIERA. CONDUCTOR DE LA GRÚA MUNICIPAL, FRANCISCO CEBRIÁN CABEZAS.
Policía Municipal Víctor Manuel Sánchez Puertas.
El 16 de septiembre de 1991 dos policías municipales, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VARGAS y VÍCTOR MANUEL PUERTAS VIERA, y el conductor de la grúa municipal, FRANCISCO CEBRIÁN CABEZAS, eran asesinados por la banda terrorista ETA al estallar un coche-bomba que trasladaban a un depósito de vehículos en Muchamiel (Alicante).
Francisco Cebrián Cabezas.
En la inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Muchamiel y frente a un colegio público “El Salvador” en el que estudiaban unos 400 niños, la organización asesina, marxista y antiespañola coloco un coche –bomba con la intención de cometer una masacre en la casa cuartel de la Benemérita Institución, donde vivían seis guardias civiles, tres de los cuales estaban casados con sus familias y sus hijos, cinco de los cuales eran niños pequeños.
Policía Municipal José Luis Jiménez Vargas.
El director de una sucursal bancaria, donde se empotraría el coche-bomba, a su llegada a la oficina, sobre las ocho y cuarto de la mañana, vio un turismo, Ford Fiesta, matrícula MU-5132-M, que había chocado contra su entidad, dando aviso a un agente de la Policía Municipal, que regulaba en esos momentos el tráfico para facilitar a los alumnos su entrada al colegio. El municipal avisó al comandante encargado de la casa Cuartel y creyendo que se trataba de un simple accidente, avisaron a una grúa para retirarlo.
A las 9.45 horas, el coche fue subido a una grúa contratada por el ayuntamiento para ser llevado a un depósito municipal, situado a unos doscientos metros del lugar, en la rambla de Carlos Soler. En ese momento, el coche estalló causando la muerte en el acto a los policías locales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Puertas Viera, y al propietario de la grúa, Francisco Cebrián Cabeza. El coche-bomba, que contenía unos 50 kilos de explosivo, provocó numerosos destrozos en los vehículos y edificios situados en un radio de cien metros, así como heridas de diversa consideración a una treintena de personas, entre ellas un bebé de un mes.
Para cometer el atentado, los asesinos de la banda trasladaron a la localidad alicantina un coche robado meses atrás en Vascongadas Lo llenaron con su carga criminal de odio, sinrazón, maldad de una potente bomba, y lo lanzaron hacia la fachada de la Casa Cuartel con el contacto puesto, una marcha metida y una barra que conectaba el acelerador y el volante. Ese artilugio era uno de los sistemas que utilizaba ETA para dirigir un vehículo con explosivos hacia su objetivo. Sin embargo, el vehículo se desvió de su trayectoria y fue chocar contra la fachada de una entidad bancaria situada frente al acuartelamiento. Allí quedaría parado con daños en la parte delantera. Nadie, a pesar de no aparecer ningún conductor, ni el director de la oficina bancaria, ni la Guardia Civil, ni los policías municipales sospecharon en ningún instante que el vehículo pudiese contener una bomba, creyendo que se trataba de un accidente de tráfico.
Por la tarde se instaló la capilla ardiente en la Iglesia arciprestal de El Salvador en Muchamiel. Unas seiscientas personas acudieron al funeral por los tres fallecidos, que fue oficiado por el obispo de Orihuela-Alicante, Francisco Álvarez Martínez. Al día siguiente se celebró en el mismo lugar un segundo acto religioso, concelebrado por doce sacerdotes, al que asistieron entre otras autoridades el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el presidente de la Generalidad de Valencia, Joan Lerma, y el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Más de diez mil personas asistieron a la misa en un ambiente de consternación y rabia contra la barbarie de la banda terrorista.
En enero de 2007 el Ayuntamiento de Muchamiel aprobó por unanimidad dar a tres calles de esa localidad alicantina los nombres de los asesinados en este atentado.
En 1995 la Audiencia Nacional condenó a Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun a sendas penas de 136 años de prisión como autores de los delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, sustitución de placas de matrícula, tenencia de explosivos y como cooperadores necesarios de un delito de atentado, tres de asesinato, cuatro de lesiones y uno de terrorismo. El tribunal consideró hechos probados que los dos etarras robaron en junio de 1991 en Zarauz (Guipúzcoa) un Ford Fiesta y que, tras cargarlo de explosivos en una lonja preparada al efecto en Oyarzun, le cambiaron la matrícula por otra falsa y lo entregaron a los miembros del grupo Levante de ETA.
En 2013 una vez liquidada la llamada sentencia “Parot” por el Tribunal europeo de Derechos Humanos, con la aquiescencia del gobierno español presidido por Mariano Rajoy, el sanguinario Rodríguez Cordero condenado a penas que superaban los 2.900 años de cárcel por 20 asesinatos, el de los dos policías municipales de Muchamiel y el propietario de la grúa municipal de esa localidad alicantina, seis civiles y once militares, tras pasar 20 años en prisión salía libre de la cárcel de Herrera de la Macha, Baratos le salieron aquellos asesinatos, a un año por cada uno de ellos, Sin comentarios
El otro etarra José Gabriel Zabala Erasun, también condenado a casi 2.900 años de prisión por haber cooperado en varios atentados con coche bomba en los que murieron una veintena de personas, salió en la tarde 27 de noviembre. 2013 de la prisión de Villabona (Asturias)
En 1999, la Audiencia Nacional condenó al etarra Fernando Díez Torres a 38 años de cárcel. Este etarra fue quien facilitó a los miembros de la banda la infraestructura necesaria para cometer diversos atentados en las provincias de Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia entre finales de 1991 y marzo de 1992.
En 2012 Fernando Díez Torre quedaba en libertad tras permanecer veinte años en prisión cumpliendo condena por seis asesinatos. La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le había aplicado la "doctrina Parot" en septiembre de 2011, que reseñaba que los beneficios penitenciarios debían descontarse de cada una de las penas a las que fue condenado y no del límite máximo de cumplimiento fijado en 30 años, fijándose como fecha para su excarcelación el año 2022, pero el recluso presentó recurso ante el Tribunal Supremo que fallaría a su favor, aplicado los beneficios de redención sobre el cumplimiento máximo de 30 años.
En el año 2002 fueron condenados por la Audiencia Nacional José Luis Urrusulo Sistiaga e Idoia López Riaño que, como integrantes del grupo Ekaitz de ETA, cometieron diversos atentados terroristas durante el mismo período de tiempo que Díez Torres y en las mismas provincias. La sentencia les impuso sendas penas de 38 años de prisión por los delitos genéricos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos y armas, y por falsedad documental.
El histórico miembro de la banda terrorista ETA y del "Comando Madrid", José Luis Urrusolo Sistiaga, salió en libertad definitivamente el 28 de febrero de 2016 abandonado la prisión alavesa de Zaballa, tras cumplir 19 años de cárcel de los casi 500 a los que fue condenado por un total de 16 asesinatos y dos secuestros. Urrusolo se acogió a la Vía Nanclares para etarras arrepentidos.
Por su parte Idoia López Riaño “La Tigresa” una de las terroristas más sanguinarias de la banda terrorista ETA, condenada a 2.111 años por el asesinato de 23 personas entre 1984 y 1986. Entre las masacres en las que participó destaca el asesinato con coche bomba de 12 guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Fue expulsada de ETA en 2011 tras acogerse a la Vía Nanclares y firmar un documento en el que pedía perdón a sus víctimas, salió definitivamente en libertad, abandonado la cárcel alavesa de Zaballa en junio de 2017.
Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal, tenía 40 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Natural de Cedrillas (Teruel) ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado al cuartel de San Juan (Alicante). Licenciado de la Benemérita, Francisco era propietario de la grúa que tenía arrendado el servicio municipal de recogida de vehículos en Muchamiel. Fue enterrado en el cementerio del pueblo.
José Luis Jiménez Vargas, policía municipal de 28 años, no estaba casado pero tenía novia. Sus restos mortales fueron cristianamente enterrados en el cementerio de Muchamiel, donde residía.
Víctor Manuel Puertas Viera, policía municipal de 21 años, ocupaba una plaza como interino desde dos años antes de ser asesinado. Era vecino de Alicante, donde fueron enterrados sus restos mortales.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
16 DE SEPTIEMBRE DE 1993. ANDOAIN (GUIPÚZCOA) SUBTENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL RETIRADO JUVENAL VILLAFAÑE GARCÍA.
Subteniente de la Guardia Civil retirado Juvenal Villafañe García.
A las 17:20 horas del 16 de septiembre de 1993, la banda terrorista ETA asesinaba en Andoain (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil retirado JUVENAL VILLAFAÑE GARCÍA mediante una bomba trampa colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo particular que explotó nada más poner en marcha el coche.
El atentado se produjo en las proximidades de su domicilio en Andoain. La explosión arrojó a la víctima a la calzada, que quedó con la mitad inferior de su cuerpo completamente destrozada y una pierna prácticamente amputada. Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, de San Sebastián, donde ingresó cadáver.
Juvenal Villafañe García, había nacido en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en 1915, estaba casado, era padre de tres hijas y abuelo de un nieto. En 1967 fue destinado al cuartel de Andoain. A principios de la década de los sesenta fue destinado al cuartel de la Guardia Civil de Andoain. Un año después, enseptiembre de 1968, le llegó su retiro del Benemérito Cuerpo se retiró de la Guardia Civil pasando a trabajar en segunda situación en la Diputación Foral de Guipúzcoa, donde, durante diez años, se encargó de tramitar licencias de caza y pesca, pasaportes y todo tipo de documentación para los vecinos de Andoain, por lo que era muy conocido en la localidad. Sus restos mortales recibieron cristiana sepultura en Islares (Cantabria), localidad natal de su viuda, la tarde del 18 de septiembre.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
El asesinato de Juvenal Villafañe, reivindicado por la banda asesina y terrorista ETA en un comunicado publicado en el diario Egin el día 28 de septiembre, sigue a día de hoy impune.
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