17 DE NOVIEMBRE DE 200. MADRID. POLICÍA NACIONAL FRANCISCO JAVIER SANZ MORALES.
Policía Nacional Francisco Javier Sanz Morales.
A las doce y veinte de la mañana del día 17 de noviembre, dos terroristas pertenecientes a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) asesinaban en Madrid de un tiro en la nuca al agente del Cuerpo Nacional de Policía FRANCISCO JAVIER SANZ MORALES. El agente, adscrito a la Policía de Proximidad del distrito de Carabanchel, fue asesinado en la puerta del colegio Luz Casanova, en la calle de la Alondra, donde acababa de hablar con la directora del centro.
El agente Sanz Morales, llevaba patrullando toda la mañana en solitario por el barrio de Carabanchel, donde estaba destinado desde hacía un año como miembro del llamado Módulo Integral de Proximidad (MIP) II de la comisaría del distrito. Luego estuvo en las cercanas dependencias del Sindicato Unificado de Policía (SUP), del que era afiliado, para hacer una consulta sobre un asunto de Hacienda. Sobre las 11.15 el agente aparcó su scooter policial (matrícula DGP-4677-M) entre dos coches en la acera contraria al colegio privado concertado Luz Casanova. El agente se presentó con la intención de darse a conocer a la dirección del centro educativo y a los más de doscientos alumnos.
El policía y la directora del centro estuvieron charlando una media hora. Muy poco antes de las 12.20, Francisco Javier Sanz, abandonó el colegio, cruzó la estrecha calzada de la calle de la Alondra y se encaminó hacia su motocicleta. El agente llegó a entablar una pequeña conversación con dos jóvenes vestidos de oscuro, quienes, según los testigos, le hicieron una pregunta para distraerle y encañonarle.
Uno de los dos terroristas, que según un testigo ocultaba el arma en un abrigo que llevaba doblado en el brazo derecho, le disparó un tiro en la nuca y posiblemente intentó rematar al agente, aunque todos los indicios apuntan a que la pistola se le encasquilló. La policía halló en el lugar del crimen un casquillo y una bala sin percutir, ambas del calibre nueve milímetros Parabellum de la marca Santa Barbara, que posiblemente escupió la pistola cuando el activista supuestamente forzó el carro del arma. La pistola usada en el crimen, una FBP checa del calibre 9 milímetros, ya había sido utilizada por los GRAPO el 8 de mayo de ese mismo año, en el asalto a un furgón blindado en Vigo en el que murieron dos vigilantes.
Una vez cometido el atentado los activistas robaron la pistola reglamentaria de su víctima y su placa profesional y escaparon a la carrera por la calle de la Alondra, torcieron por la de Matilde Hernández (donde tropezaron con una mujer y su hijo) y continuaron por la calle de la Gaviota, hacia la cercana boca de metro de Oporto, sita en la calle del General Ricardos.
Unas huellas dactilares dejadas por los grapos en una furgoneta aparcada en el lugar del crimen y el testimonio de algunos vecinos permitieron identificar a Marcos Martín Ponce e Israel Torralba como los dos terroristas que perpetraron el asesinato.
El agente fue trasladado de forma urgente al hospital Clínico, donde llegó aún con pulso debido a que pudo ser reanimado durante el traslado en una ambulancia del Samur. El agente presentaba un único disparo, con orificio de entrada en la nuca y salida por la sien derecha. La marca estrellada del orificio de entrada indicaba que el disparo fue efectuado a menos de medio metro de distancia, mientras el agente hacía, al parecer, un movimiento ascendente con la cabeza, según fuentes policiales de la investigación. La familia del agente decidió donar sus órganos.
El funeral por el alma de Francisco Javier Sanz Morales se celebraba al día siguiente en La Cistérniga, un pueblo muy cercano a Valladolid con la presencia del ministro del Interior, Jaime Mayor acompañado por el director General de la Policía Juan Cotino, familiares de la víctima, autoridades civiles, militares y policiales. Más de dos mil personas desafiaron a un gélido día para despedir los restos mortales del policía Nacional Francisco Javier Sanz Morales,
La iglesia parroquial de San Ildefonso y la plaza mayor del pueblo se quedaron pequeñas ante la abrumadora solidaridad de los vecinos, que vieron crecer a Francisco Javier Sanz Morales hasta que viajó a Madrid por motivos de trabajo y al que conocían por uno de sus nombres de pila, Javi. Igual de multitudinaria fue la asistencia durante toda la madrugada a la capilla ardiente donde se velaron sus restos mortales y que fue instalada en Valladolid, en la delegación del Gobierno en Castilla y León. Por allí desfilaron cientos de personas que dieron su pésame a la viuda y a la madre del policía. En la propia delegación del Gobierno en Valladolid, antes del funeral celebrado en La Cistérniga, tuvo lugar el acto de la imposición al agente la Medalla de Oro del Mérito Policial y la Medalla de Oro de la Policía Municipal de Madrid por parte del ministro del Interior Jaime Mayor.
El coche con los restos mortales del policía fallecido llegó a la Plaza Mayor de La Cistérniga, procedente de la Delegación del Gobierno, en Valladolid, pasadas las doce y media, y fue recibido por centenares de vecinos, algunos de los cuales no pudieron contener las lágrimas.
Seis agentes de la Unidad de Intervención Policial de Valladolid se encargaron de introducir en la iglesia de San Ildefonso el féretro con los restos mortales del fallecido, cubierto con la bandera de España sobre la que se había depositado la gorra reglamentaria del policía.
El arzobispo de Valladolid, José Delicado Baeza, fue el encargado de pronunciar la homilía en el funeral por el alma del policía nacional Francisco Javier Sanz, donde manifestó que los “instigadores” de los actos terroristas “son tan culpables” como los asesinos. El prelado añadió que la lucha contra el terrorismo “es una profesión de riesgo con un fuerte componente de heroísmo que hay que recordar todos los días”.
Una vez concluido el funeral, el féretro fue sacado de nuevo a hombros por agentes de policía hasta el exterior de la iglesia, donde el arzobispo rezó un breve responso. La Unidad de Música del Cuerpo Nacional de Policía interpretó la marcha "La Muerte no es el final” y el toque de Oración, entre vivas a España y a la Policía Nacional, La comitiva, a la que se unieron varios agentes de la Policía de Proximidad de la capital vallisoletana en sus motocicletas, se dirigió andando hasta el cementerio municipal, donde el cuerpo de Francisco Sanz Morales recibió cristiana sepultura.
Por su parte en Madrid, cerca de un millar de personas se concentraron en la calle Alondra de Madrid, frente al colegio Luz Casanova, donde fue asesinado el policía Francisco Javier Sanz Morales, para mostrar su indignación y repulsa por ese nuevo acto de violencia.
Compañeros del agente así como miembros de los sindicatos de policía, vecinos y alumnos del colegio Luz Casanova guardaron cinco minutos de silencio para expresar su indignación por ese crimen. Los concentrados portaban carteles, pegatinas y una pancarta en la que se recogía el mensaje: «Basta ya, todos contra la violencia».
Tras guardar los cinco minutos de silencio, los asistentes prorrumpieron en un emocionado aplauso y la profesora del centro y miembro de la asociación de padres, María Jesús Muñoz, leyó un comunicado en el que se expresaba «la ira y el horror ante la sinrazón de los violentos» y mostraba su «pésame y solidaridad con la familia, los amigos y los compañeros» del policía asesinado.
En julio del año 2000 una operación policial desarrollada por la Guardia Civil, en colaboración con la Policía francesa, suponía la detención de 14 miembros del grupo terrorista GRAPO. Ocho eran detenidos en París, donde se desarticulaba la cúpula del grupo, cayendo en manos de la justicia los terroristas Marcos Martín Ponce, máximo responsable de los comandos en sustitución del “histórico” Silva Sande, que había sido apresado en noviembre de 2000 durante la última desarticulación de la banda, Fernando Hierro Chomón, responsable de la comisión militar, y Gemma Rodríguez Miguel, responsable de la célula de grupos armados. A Martín Ponce se le atribuía además la muerte del Policía Nacional Francisco Javier Sanz Morales.
En febrero de 2006 la Ertzaintza detenía en Bilbao al miembro de los GRAPO Israel Torralba. La Policía acusaba a Israel Torralba de haber participado en el año 2000 Madrid en el asesinato del policía nacional, Francisco Javier Sanz Morales.
Tras el asesinato de Sanz Morales, fuentes de la lucha antiterrorista situaban a Torralba fuera de la banda al ser expulsado de la misma por sus problemas con el alcohol. Anteriormente, Torralba habría participado en un atraco frustrado a un furgón blindado en Leganés, su localidad natal, en el asalto también frustrado a otro furgón en Vigo el 8 de mayo de 2000, en el que fallecieron dos vigilantes de seguridad y en el que los asaltantes efectuaron 90 disparos con pistolas y subfusiles, además de colocar tres cargas explosivas al paso del furgón.
El 25 de julio de 2007 el Tribunal Supremo absolvía al miembro de los GRAPOS Marcos Martín Ponce y lo liberaba de una condena de treinta años que le había impuesto la Audiencia Nacional por el asesinato del agente del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Javier Sanz Morales.
Posteriormente el Tribunal Supremo anularía su propia sentencia en la que absolvía al miembro del Grapo Marcos Martín Ponce de los 30 años de prisión a los que le condenó la Audiencia Nacional y ordenaba repetir el juicio por el asesinato del policía nacional Francisco Javier Sanz Morales. Así, el Supremo acordaba anular su propia sentencia absolutoria y ordenaba la retroacción del procedimiento a julio de 2002 para que volviesen a realizarse, con la debida intervención de la acusación particular, todas las actuaciones procesales. Las más de 25.000 firmas recogidas en toda España por la familia de Javier Sanz, el Sindicato Unificado de Policía y la propia Asociación habían surtido el efecto buscado que era la repetición del juicio. La madre del policía asesinado declararía a El Mundo que "Ni la propia Policía Nacional, y yo tenía dos hijos policías, ni el Gobierno, se acordó de nosotros. El Sindicato Unificado de Policía sí nos ha ayudado mucho".
El alto tribunal anuló ese fallo al considerar determinante la ausencia en el juicio -que tuvo lugar en la Audiencia Nacional el 25 de julio de 2007- de una testigo directa de los hechos que en su día identificó fotográficamente "sin ningún género de dudas" al terrorista como autor del disparo que acabó con la vida del policía en Madrid. Esa mujer no fue localizada por la Policía Judicial para que diese su testimonio en la vista pese a tener el estatus de testigo protegido.
Celebrado de nuevo el juicio La Audiencia Nacional volvería a condenar a 30 años de prisión al grapo Marcos Martín Ponce por el asesinato del policía nacional Francisco Javier Sanz.
Como en la anterior, la segunda sentencia de la sección cuarta de la sala de lo penal de este tribunal también imponía al acusado la obligación de indemnizar con 400.000 euros a los familiares de la víctima conjuntamente con el grapo Israel Torralba, que ya había sido condenado por esos hechos.
La sala consideraba probado que el asesinato del agente, que ocurrió el 17 de noviembre de 2000, se hizo "como represalia por la detención en París de la cúpula" de los GRAPO, "siéndoles indiferente la persona concreta que resultara afectada por tan fatales designios".
Con este objetivo, los dos "pasearon por Madrid" para localizar un agente y sobre las 12:30 horas de ese día, observaron cómo salía del colegio público Luz Casanova, en la calle Alondra, un policía nacional -Francisco Javier Sanz-, adscrito a los grupos de seguridad ciudadana.
"El condenado y el procesado decidieron en ese mismo instante que estaban ante la víctima adecuada, por su situación de absoluto desamparo, ya que estaba guardando unos papeles en el portaequipajes de su moto oficial, por lo que se acercaron a él y, por la espalda, Martín Ponce le efectuó un disparo en la cabeza, lo que le causó la muerte de forma inmediata”.
Añadía la sentencia que "una mujer, que se hallaba muy próxima al lugar de ocurrencia de los hechos, los presenció perpleja, mirando fijamente al autor del disparo Marcos Martín Ponce, el cual al sentirse observado la ordenó que bajara la cabeza”.
La incomparecencia de esa mujer, que no pudo ser localizada, en el primer juicio, llevó al Supremo a anular la primera condena de la Audiencia Nacional.
No obstante, la familia del agente presentó entonces ante el Supremo un recurso de nulidad de la sentencia y el alto tribunal lo estimó, anuló la absolución que había fijado y ordenó repetir el juicio al considerar que se "obvió" el derecho a ejercer la acusación particular.
La Audiencia Nacional estimaba que esa testigo, que sí pudo comparecer en la segunda vista "consternada, temerosa, al borde de caer en el llanto", se había erigido como el "alma mater" de la causa porque sus declaraciones, realizadas "con firmeza y rotundidad" y "sin albergar la más mínima duda", señalaron "decididamente" a Martín Ponce como el autor del disparo que acabó con la vida del policía Nacional Sanz Morales.
Su declaración, añadía, también señaló como copartícipe del asesinato a Israel Torralba, quien durante el juicio aseguró que "ya antes de formar parte de GRAPO conocía y era amigo y camarada de Marcos", pero se negó a "delatar a ningún compañero" cuando fue preguntado por la participación de éste en los hechos.
De esa forma, la Audiencia Nacional justificaba su decisión atendiendo "a la crueldad y frialdad de ánimo con la que actuó el procesado, a la alevosía elevada al grado sumo y cobardía inusitada de la que hizo gala" Martín Ponce.
Francisco Javier Sanz Morales tenía en el instante de su asesinato 28 años. Se había casado el año anterior y había nacido en el pueblo vallisoletano de La Cistérniga y estaba destinado desde hacía un año como miembro del llamado Módulo Integral de Proximidad (MIP) II de la comisaría del distrito de Carabanchel del Cuerpo Nacional de Policía.
Su pueblo La Cistérniga le nombró hijo predilecto y le dedicó en su memoria una avenida de la población.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Francisco Javier Sanz Morales la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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