17 DE OCTUBRE DE 1987. PAMPLONA. MARÍA CRUZ YOLDI ORRADRE.
María Cruz Yoldi Orradre.
A las siete y veinte minutos de la mañana del 17 de octubre de 1987 un paquete bomba colocado por un comando de la banda asesina, separatista, marxista y antiespañola ETA en el exterior del edificio de una sucursal de la compañía de seguros La Unión y el Fénix en Pamplona hacia explosión, matando en el acto a la repartidora de periódicos MARÍA CRUZ YOLDI ORRADRE.
La colocación del artefacto explosivo había sido anunciada horas antes mediante confusos avisos a la asociación DYA. Las tres llamadas a DYA, en las que un comunicante anónimo se identificó como miembro de ETA, se produjeron entre las 3.24 y 3.58 horas, según, señalaron a la Policía, miembros de esa asociación de ayuda en carretera.
En la primera sólo se especificó que la bomba estaba colocada en la calle de las Cortes de Navarra, sin decir en qué número. Inmediatamente, la DYA pasó aviso a la Policía, que inspeccionó la zona sin descubrir nada
A las 3.58 horas, en una nueva llamada, también en nombre de ETA, «nos preguntaron
si habíamos pasado el comunicado a la Policía —aseguraron las mismas fuentes —, no fuera que pasase lo que no tenía que pasar. Entonces nos dijeron que estaba enfrente del cine de Carlos III». DYA volvió a avisar a la Policía, que tampoco vio ningún paquete sospechoso. A las 3.58 recibieron una tercera llamada, pero no se llegó a localizar el artefacto, por lo que la Policía se retiró de la zona.
A partir de las seis y media de la mañana, María Cruz Yoldi, repartía como todos los días, por esa zona, los periódicos por los pisos y oficinas. Al parecer, la mujer tocó el artefacto, situado entre la verja y la ventana a ras del suelo de las oficinas de la entidad aseguradora, por lo que le afectó de lleno la onda expansiva y su cuerpo quedó totalmente destrozado y desplazado a más de doce metros de distancia empotrándolo debajo de un vehículo marca Citroën y provocándole múltiples fracturas en todos los huesos del cráneo, amputación de un brazo y graves heridas en tórax y abdomen que, como rezaba el parte médico, resultaban "incompatibles con la vida".
Varias horas después, y cuando su cuerpo estaba en el depósito de cadáveres, los forenses apreciaron que le faltaba un brazo. Bomberos, personal de DYA y de la Cruz Roja inspeccionaron las marquesinas de las tiendas colindantes y tejados sin encontrar el miembro.
En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Bautista Barandalla Iriarte a 27 años de cárcel por el asesinato de María Cruz Yoldi, a 8 por un delito de estragos y a 6 por pertenencia a banda armada. Durante el juicio, Barandalla Iriarte reconoció ser miembro del grupo Amaiur de ETA. El grupo Amaiur de ETA, autor del asesinato de María Cruz Yoldi, lo completaban Mikel Castillo Furtado, Alberto Ilundáin Iriarte y Juan Carlos Pérez Ojuel, secretario de organización de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona, además de terrorista de la banda ETA.
Barandalla fue excarcelado, en junio de 2009, por padecer una enfermedad grave, colitis ulcerosa, lo primero que realizó fue solicitar una pensión vitalicia por «incapacidad permanente para la profesión de albañil» de 276,50 euros mensuales.
Mikel Castillo moriría en la calle Carmen del Casco Viejo de Pamplona en un enfrentamiento con la policía en 1990
Alberto Ilundáin Iriarte, alias Mollejas, fue detenido en septiembre de 2001 cuando circulaba en un vehículo en la región de Loire, cerca de Saboya (Francia), El Tribunal Especial de lo Criminal de París lo condenó a 18 años de cárcel en octubre de 2005 por su participación con otros tres etarras en el robo de 1.650 kilos de dinamita en Grenoble (2001). En noviembre de 2006 fue condenado, también en Francia, a otros 18 años por formar parte de la "columna vertebral" del aparato logístico de ETA. En 2019 fue extraditado a España, ordenando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su puesta en libertad al no poder probar su implicación en el asesinato de Maria Cruz Yoldi.
María Cruz Yoldi, tenía 63 años edad y era natural de la localidad navarra de Najurrieta. Era repartidora del «Diario de Navarra», empresa de la que era trabajadora fija desde 1973. Le faltaba poco más de un año para jubilarse. Madre de seis hijos adultos, era quien llevaba el peso de la familia, ya que su marido, enfermo, estaba en paro desde hacía años. Su hijo mayor, de 40 años de edad, era deficiente físico, y los demás, dos mujeres de 38 y 30 años y un joven de 18, no gozaban de buena salud. No hacía mucho tiempo, otro hijo de 25 años que padecía graves trastornos psíquicos murió al arrojarse por una ventana. La víctima vivía en la calle Mayor de la capital navarra.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
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