2 de Mayo de 1979. Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa). GUARDIAS CIVILES ANTONIO PEÑA SOLÍS y JOSÉ MIGUEL MAESTRE RODRÍGUEZ.
Guardia Civil Antonio Peña Solís.
Guardia Civil José Miguel Maestre Rodríguez
A las once y media de la mañana, como hacían diariamente, Antonio Peña y José Miguel Maestre se dirigieron a la estafeta de Correos para recoger la correspondencia del cuartel. Iban vestidos de paisano en un coche particular. Era miércoles, día de mercado en la localidad, lo que obligaba a los coches a circular muy despacio. Cuando el vehículo se encontraba en la calle Mayor de Villafranca de Ordicia, dos etarras le salieron al paso. Uno de ellos, con una metralleta, se colocó delante del turismo y disparó una primera ráfaga. Después disparó una segunda ráfaga desde el costado derecho. A continuación se montaron en un vehículo donde les esperaba un tercer terrorista y huyeron del lugar.
El coche utilizado por los etarras había sido robado a punta de pistola en Beasain a las ocho de la mañana. Al propietario lo dejaron maniatado con una cadena en el cementerio de la localidad. Un vecino oyó sus gritos pidiendo socorro y avisó a la Guardia Civil, que procedió a liberarle.
Antonio y José Miguel fueron trasladados a la Clínica de San Miguel en Beasain, donde ingresaron cadáveres. Tenían más de una docena de impactos de bala en el cuerpo.
Al día siguiente, jueves 3 de mayo, se celebró en el Hospital Militar de San Sebastián el funeral por sus almas. A la ceremonia religiosa, que fue oficiada por el capellán castrense, asistieron los padres de ambos guardias civiles, así como el gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Oyarzabal y las primeras autoridades civiles y militares.
El mismo día el Ayuntamiento de Ordicia acordó expresar su profundo sentimiento de condena por el atentado perpetrado contra los guardias civiles. En la votación se abstuvieron los concejales de Euskadiko Ezkerra, mientras que los cuatro de Herri Batasuna abandonaron la sala.
Tras el funeral, compañeros de las víctimas llevaron a hombros los féretros, cubiertos por una bandera nacional, hasta el patio del hospital, donde se encontraban los furgones para trasladarlos hasta sus localidades natales.
Antonio Peña Solís era natural de Valor (Granada). Tenía 26 años y estaba soltero.
José Miguel Maestre Rodríguez tenía 27 años. Era de Arroche (Huelva) y estaba casado sin hijos.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
2 de Mayo de 1980. Zaragoza.JESÚS ARGUDO CANO, VIGILANTE JURADO.
Jesús Argudo Cano.
La tarde del 2 de mayo de 1980, el vigilante jurado Jesús Argudo Cano se encontraba a las puertas las oficinas de la General Motors en Zaragoza prestando sus servicios. Pasadas las 19.00 horas, tres personas encapuchadas y armadas entraron en el edificio y una de ellas le disparó mientras estaba sentado en su puesto, causándole la muerte. Reivindicaron el atentado el FRAVA (Frente Revolucionario Antifascista Vasco-Aragonés) y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), grupo que prácticamente estaba desaparecido en esa fecha.
Jesús Argudo Cano era Guardia Civil retirado, tenía tres hijos y llevaba 15 días en su nuevo empleo. El Juzgado número 3 de Zaragoza dio carpetazo al caso un mes después sin haber hallado indicios determinantes sobre la autoría del atentado. En 2018 la Audiencia Nacional lo reabrió, aunque fue archivado un año más tarde. A día de hoy no se ha podido esclarecer la autoría material del atentado.
La familia de Jesús Argudo no consiguió que le fuera reconocida la condición de víctima del terrorismo hasta 1999.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
2 de mayo de 1982. Ondarroa (Vizcaya). GUARDIA CIVIL PABLO FERNÁNDEZ RICO.
Guardia Civil Pablo Fernández Rico.
A las diez menos cuarto de la mañana del domingo 2 de mayo de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad vizcaína de Ondárroa al guardia civil Pablo Fernández Rico cuando custodiaba la casa cuartel de esa localidad vizcaína. Un terrorista se aproximó caminando y, cuando estuvo suficientemente cerca del guardia civil, le disparó tres tiros que le alcanzaron en el hombro, el brazo derecho y la región abdominal. En las inmediaciones del lugar del atentado la Guardia Civil encontró tres casquillos 9 milímetros parabellum marca FN Geco.
Pablo quedó recostado en el suelo, junto a un árbol, mortalmente herido. Trasladado en una ambulancia del cuerpo a la ciudad sanitaria de Cruces en Baracaldo, falleció cuando los médicos se preparaban para intervenirle quirúrgicamente.
Un comunicado de ETA militar había declarado "blancos privilegiados" los cuarteles, comisarías y casas cuartel. Los exteriores de esos edificios reforzaron su vigilancia en previsión de que se produjeran ataques con lanzagranadas. El guardia civil asesinado ejercía precisamente estas funciones de vigilancia cuando fue sorprendido y asesinado por la banda terrorista ETA.
El director de la Guardia Civil, teniente general Aramburu Topete, y el general jefe de la V Zona, el general Cereceda, se trasladaron por la tarde de ese mismo domingo 2 de mayo a Bilbao para asistir al funeral que se celebró al día siguiente en el Gobierno Civil de Vizcaya. Al funeral presidido por el ministro del Interior, Juan José Rosón, asistió su viuda, María Ángeles Carretero, que estaba embarazada de su tercer hijo. Posteriormente, el cadáver de Pablo fue trasladado a Badajoz por vía aérea, y de ahí fue llevado por carretera a Santa Marta de los Barros, localidad natal de su viuda donde fue enterrado.
Por este asesinato sólo fue condenado en 1984 José Ramón Larrinaga Celaya, alias Cristo, como encubridor de los autores materiales del asesinato, a 12 años de prisión mayor. De aquellos se sabe que pertenecían al grupo Gorrochategui de ETA, que en esa época lo formaban Larrinaga, Carmen Guisasola Solozábal, alias Lourdes, y José Francisco Rementería Barruetabeña, alias Patxi Rementería.
Pablo Fernández Rico tenía 29 años y estaba casado con María Ángeles Carretero. Natural de Villar del Rey (Badajoz) tenía dos hijos, Pablo y José Ángel, de tres y un año. Su mujer estaba embarazada del tercero. Pertenecía a la 222 Comandancia de la Guardia Civil con sede en Badajoz. Era el séptimo hijo de una familia con ocho hermanos, cuyo padre también era guardia civil. Hacía ya algún tiempo había sido destinado, con carácter temporal, al cuartel de Ondárroa, perteneciente a la Comandancia de Vizcaya, para reforzar su vigilancia. Tanto en Villar del Rey como en Santa Marta de los Barros hay sendas calles con el nombre del guardia civil asesinado. Su viuda tardó diecinueve años en recibir la indemnización como víctima del terrorismo.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
2 de mayo de 1986, San Sebastián. ENRIQUE MORENO ARGUILEA.
Enrique Moreno Arguilea.
En torno a las 16:00 horas de la tarde del 2 de mayo de 1986, dos miembros de ETA asesinaban en la calle Moraza de San Sebastián a Enrique Moreno Arguilea. Se acababa de bajar del autobús en el barrio donostiarra de Amara y le dispararon un tiro en la nuca cuando se dirigía al Bar Esnaola a jugar una partida de cartas con varios amigos. A continuación, los terroristas huyeron a pie.
El cuerpo de Enrique quedó tendido en el paso de cebra en medio de un gran charco de sangre. Pasadas las 15:30 horas, el juez ordenó el levantamiento del cadáver. Una brigada de bomberos de San Sebastián limpió con una manguera los restos de sangre que habían quedado en el asfalto. En el lugar de los hechos, la Policía recogió dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros SS parabellum.
Personas que conocían al fallecido coincidieron en señalar que no se sabía que tuviera vinculación política alguna. Su hermana María indicó que su muerte se había debido a un error:
Unos días después ETA emitió un comunicado en el que admitía que se había equivocado de objetivo. En un comunicado dictado cinco días después a la redacción del diario Egin la banda asesina reconocía "su dramático error". ETA había confundido a un jubilado con un policía.
Por el atentado contra Enrique Moreno fueron condenados en 1987 Francisco Javier Sagarzazu Mendibe y Juan Andrés Urquizu Ormazábal a sendas penas de 29 años de reclusión mayor como autores materiales de un asesinato con premeditación y alevosía. Por la misma sentencia, fue condenado a 6 años de prisión mayor, por complicidad en el asesinato, Juan Francisco Franco Argibay.
Enrique Moreno Arguilea tenía 71 años y estaba jubilado. Estaba afiliado al Partido Comunista de los Pueblos de España y era vocal de la Asociación de Jubilados de Amara. Había trabajado como dependiente de una tienda de zapatos, de cobrador de autobuses en la Compañía del Tranvía de San Sebastián y, antes de jubilarse, había sido viajante de comercio. Era natural de Pamplona, aunque residía en el barrio de Inchaurrondo de San Sebastián. Casado con Carmen Ortúzar, tenía tres hijos.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
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