21 DE MAYO DE 1985. PASAJES (GUIPÚZCOA). POLICÍAS NACIONALES MÁXIMO DÍAZ BARDERAS Y FRANCISCO RIVAS LÓPEZ.
Policía Nacional Máximo Díaz Barderas.
Dos Policías Nacionales, MÁXIMO DÍAZ BARDERAS Y FRANCISCO RIVAS LÓPEZ, eran asesinados a última hora de la tarde del martes día 21 de mayo de 1985, por ETA Militar, cuando paseaban, vestidos de paisano y fuera de servicio, por una ladera del monte Ulía, en las proximidades de Pasajes de San Pedro, a unos 10 kilómetros de San Sebastián.
Policía Nacional Francisco Rivas López.
La policía encontró los cuerpos tumbados boca arriba a ambos lados del sendero y a la misma altura, frente al mar. La perrita de uno de los policías gemía recostada sobre el pecho de su dueño, y la mano del otro compañero descansaba, en una postura forzada, cerca de un pequeño ramillete de margaritas, al lado de un casquillo 9 milímetros Parabellum, marca SF..
El comando terrorista abordó a sus víctimas en un paraje aislado y les mató a bocajarro, de un tiro en la sien. Aparentemente, los policías no opusieron resistencia. Sus cuerpos no presentaban más señales de violencia que un boquete negro de sangre coagulada en la sien. Tampoco existían indicios de lucha en el lugar del atentado, un pequeño claro salpicado de zarzas y matorrales, por el que discurría el sendero que las víctimas recorrían frecuentemente en compañía de sus dos perros de caza. Los cadáveres fueron localizados pasadas las 10.00 horas del día 22 tras una noche de intensos rastreos en el monte Ulía.
Los dos amigos y compañeros salieron de casa después de comer, pasadas las dos de la tarde, vestidos con pantalones de pana, camisas de cuadros, chaquetas de chándal, botas, acompañados de sus perros con la intención de dar una vuelta y regresar al anochecer, a la hora de la cena. Pasadas las nueve de la noche del martes, sus familiares comenzaron a inquietarse, y dos horas más tarde avisaron a sus vecinos, alarmados por el regreso a casa de uno de los dos perros. A primera hora de la madrugada los compañeros y vecinos de Francisco Rivas y Máximo Díaz, ayudados por un helicóptero de la Guardia Civil, iniciaron la búsqueda rastreando zonas del monte Ulía, especialmente un paraje al que Máximo y Francisco solían acudir habitualmente con sus perros. El paraje, denominado Monte Redondo, estaba situado cerca de un pinar, a unos dos kilómetros de Pasajes de San Pedro, y desde el cual se dominaba el faro de La Plata y la bocana del puerto de la localidad. Policías y guardias civiles, hasta superar el centenar, fueron sumándose a esta tarea, que no obtuvo resultado alguno.
A las 9.30 horas de la mañana, un comunicante que se identificó como portavoz de ETA-m, telefoneó al diario Egin para indicar dónde se encontraban los cadáveres. Una vez encontrados de los cadáveres, se comprobó que uno de ellos llevaba sujeta una funda de pistola vacía, lo que permitió deducir, que al menos uno de los dos policías iba armado en el momento de ser sorprendidos por el comando terrorista.
El comando conocía la costumbre de los dos policías de aprovechar las tardes de buen tiempo para salir al monte y sacar a pasear a sus perros y, probablemente, sabía también cuál era su recorrido habitual. Un mando de la Policía Nacional indicó que ETA no se arriesgaba nunca en atentados que podían resultarles comprometedores. "Se mantienen siempre a la espera, vigilan mucho, y juegan sobre seguro y a traición". Los dos cadáveres fueron trasladados en helicóptero y llevados al Gobierno Civil donde quedó instalada la capilla ardiente de los dos servidores del orden.
A mediodía del día 23, el ministro del Interior José Barrionuevo y el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, presidieron el funeral celebrado en San Sebastián, por los Policías Nacionales Francisco Rivas y Máximo Díaz, asesinados. Era la primera vez que el lendakari vasco José Antonio Ardanza acudía a los funerales de policías asesinados por ETA. Los féretros, envueltos en la bandera Nacional, fueron sacados de la capilla ardiente, a las 12 de mediodía, y conducidos a hombros de compañeros de las víctimas hasta la iglesia de la Sagrada Familia situada a pocos metros del Gobierno civil.
Los féretros, precedidos por familiares de las víctimas, llegaron a la puerta en la iglesia de la Sagrada Familia a hombros de policías y guardias civiles y escoltados por decenas de coronas de flores. El llanto de los familiares se mezclaba con los compases de una marcha fúnebre interpretada por la banda de la Policía Nacional. Los dos féretros, despojados de la Bandera Nacional, tan solo con la gorras de los dos policías asesinados encima, se situaron al pie del altar Mayor, cumpliéndose así una directriz del siniestro e indigno Obispo de San Sebastián José María Setien, que prohibía durante los funerales, mantener dentro de las iglesias la bandera de España sobre los féretros de los Policías Nacionales, Guardias Civiles y miembros del Ejercito asesinados por ETA.
El funeral fue concelebrado por cuatro sacerdotes. El párroco, en la homilía, hizo una dura condena de la violencia, A la salida de la iglesia con los ataúdes envueltos de nuevo en la Bandera Nacional, dos compañías de la Policía Nacional y una de la Guardia Civil rindieron honores a los dos policías caídos, mientras la banda de Música de la Policía Nacional interpretó la marcha “La Muerte no es el Final”, el toque de oración en nuestros ejércitos, el Himno de la Policía Nacional y el himno Nacional, produciéndose gritos de dolor, vivas enfervorizados a España y a la Policía Nacional y aplausos cerrados al paso de los cuerpos de Máximo Díaz Barderas y Francisco Rivas López.
El ministro del Interior se dirigió al público, para dar vivas a España, al pueblo vasco, a la Constitución, al Rey y a la Policía Nacional. Poco después, el cadáver del Policía Francisco Rivas fue trasladado al cementerio de Polloe, en San Sebastián, donde recibió cristiana sepultura. Por su parte el féretro de su compañero, se trasladó al aeropuerto de Fuenterrabía, de donde partió para Pedro Bernardo (Ávila). Una mujer de edad, familiar de uno de los policías muertos, sufrió un desmayo y hubo de ser hospitalizada. El ministro del Interior, que estuvo presente en el cementerio de Polloe, declaró que “la crueldad de estos asesinatos no quedará sin castigo”, y ratificó el compromiso del Gobierno de seguir trabajando esta serie de crímenes y que los responsables de estos asesinatos sean castigados.
El alcalde de Pedro Bernardo, Pedro Sierra, con la corporación municipal al completo y prácticamente la totalidad de los vecinos del pueblo abulense, junto al Presidente de la Junta de Castilla-León, Demetrio Madrid; gobernador Civil de Ávila, José Luis Machuca; Presidente de la Diputación Provincial; General Director de la Academia de Intendencia, Pablo Iranzo; Director General de la Policía Rafael del Río y otros mandos policiales, del Ejecito y Guardia Civil, acompañaron en sus últimas honras fúnebres, antes de recibir cristiana sepultura en el cementerio de la localidad, entre gran dolor y consternación a los familiares del Policía Nacional Máximo Díaz Barderas, una persona muy apreciada en Pedro Bernardo, donde pasaba siempre sus periodos vacacionales.
Máximo Díaz Barderas, natural de Pedro Bernardo (Ávila), tenía 35 años de edad y era padre de tres hijos: de ocho, seis y tres años. Ingresó en la Policía Nacional en 1973 y estaba destinado en San Sebastián desde hacía 11 años. Francisco Rivas López, de 50 años, padre de una hija de 19, había nacido en Torremocha (Guadalajara) en 1935 y llevaba 26 años destinado en San Sebastián. Al igual que su compañero vivía con su familia en Pasajes de San Pedro, en una barriada de casas reservada a la Policía Nacional que se encontraba ubicada en la ladera sur del monte Ulía.
En mayo de 2008, cuando se cumplían 23 años del asesinato, María del Pilar Díaz Ríos, la hija mayor de Máximo Diaz, recordaba en una carta escrita al diario El Mundo el terrible día en que se quedó huérfana. Entre otros párrafos decía: “Hoy es martes, 21 de mayo de 1985. Acabo de salir del cole y estoy esperando a que mi papá venga a buscarme (...) Es el mejor papá del mundo y el mejor policía. En mi familia somos cinco personas: mi papá tiene 35 años, mamá tiene 30 años, yo soy la mayor de tres hermanos y tengo 8 años, y mis dos hermanos tienen 6 y 3 años. Somos una familia feliz (...) Mi papá tarda mucho, los demás niños ya se han ido con sus papás y mi papá no ha venido todavía. (...) Estoy sola en el patio. No lo entiendo. Mi papá no viene. Pero va a venir, porque la palabra de mi papá es ley y si me dijo que venía es que va a venir. Pues verán ustedes, mi padre no vino a buscarme esa tarde al colegio, tuve que irme sola a casa. Pero tampoco vino a casa esa noche... Mi padre no volvió a casa nunca más”.
“Mi padre antes de ser asesinado había cogido unas flores para mamá y para que yo, su hija María del Pilar, le llevara flores a la Virgen, porque el mes de mayo, el mes de María. Y la ETA les asesinó. ETA nos asesinó a todos ese día (...) Cuando asesinaron a papá, yo ocupé su lugar, dejando de ser una niña de ocho años para ser el cabeza de familia. Mis hermanos y yo no tuvimos más alternativa que ingresar en colegios de huérfanos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. En ellos hemos permanecido internos, hasta hace poco tiempo, cuando, gracias a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo del gobierno presidido por José María Aznar, pude comprar una casa y reunir en ella a mi familia. Después de reconstruir los pedazos que esos repugnantes asesinos cobardes de la ETA dejaron de mi familia y de mí, el amor de una hija a su padre me llevó a reivindicar: Memoria, Dignidad y Justicia y más tras conocer a Francisco José Alcaraz y participar junto a él en la rebelión cívica por él liderada. Gracias a ellos me siento menos sola” “Aquellos años después del asesinato de mi padre fueron muy duros, pues la sociedad vasca miraba para otro lado, haciendo que me sintiera una apestada". "Ya éramos víctimas del terrorismo desde que nacimos por el hecho de ser hijos de nuestros padres, hijos de policías y guardias civiles".
“Mi abogada y amiga, Manuela Rubio Valero y yo, empezamos a buscar respuestas sobre el atentado de papá, ya que desde el asesinato, mi familia y yo nunca hemos recibido información de ningún tipo por parte de las instituciones públicas. Y todo para descubrir que el asesinato de mi padre ha prescrito, lo que implica que los asesinos nunca serán juzgados". "Mi padre juró proteger a España y a los españoles de bien, y ¡vive Dios, que cumplió su palabra! A papá le asesinaron por ser España, porque su uniforme representa el Estado de Derecho español, el Orden y la Ley. Y en agradecimiento a sus servicios prestados a España, ni España, ni el Estado de Derecho español, ni el Orden, ni la Ley han hecho justicia a un hombre bueno, como papá, ni a otros muchos hombres buenos, que además, para mayor indignación, eran sacados en sus féretros por la puerta de atrás de las iglesias, a hurtadillas. Con un gran abatimiento y con un sentimiento de desolación y desconsuelo absolutos. Con un inmenso dolor en mi corazón y en mi alma, me veo en la necesidad de denunciar esta aberración legal que permite la prescripción de los delitos de terrorismo”.
Para poder acceder al sumario del asesinato de su padre, y tras encontrarse una enorme cantidad de trabas por parte de la Audiencia Nacional, María del Pilar amenazó con encadenarse a la puerta de la misma, tras lo cual consiguió que se lo diesen, sumario que tuvo que leer de pie, al lado de una fotocopiadora y una papelera.
Un denominado comando etarra Oker formado por Ramón Zapirain Tellechea, Arturo Cubillas Fontán, Idoia López Riaño y José Angel Aguirre Aguirre, se cree que fueron los asesinos de los dos Policías Nacionales. Zapirain y Aguirre fueron detenidos en noviembre de 1985 y, pese a ser considerados presuntos autores del asesinato de Máximo y Francisco, nunca fueron juzgados por estos alevosos asesinatos aunque sí por otros, como el del industrial Ángel Facal Soto, cometido apenas tres meses antes que el de Máximo y Francisco. El juez que instruyó la causa del asesinato de Díaz Barderas y Francisco Rivas López fue un auténtico desastre. Jamás pidió una inspección ocular del lugar de los hechos, ni un triste informe a la Policía, no encontrándose de esa forma ningún dato fidedigno que permitiera identificar a los autores del atentado. A mayor abundamiento del completo descontrol judicial, a los dos Policías Nacionales no se le hizo la autopsia.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Máximo Díaz Bardera y Francisco Rivas López la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
A día de hoy el asesinato de Máximo Díaz y Francisco Rivas continua impune.
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