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HOY 22 DE MARZO:ASESINADOS POR EL TERRORISMO MARXISTA. ¡ESPAÑOL RECUERDA Y NO OLVIDES!

22 DE MARZO DE 1982. SESTAO (VIZCAYA)  INSPECTORES DE POLICÍA ALFONSO MASIDE BOUZO Y AGUSTÍN MARTÍNEZ PÉREZ Y A LA NOVIA DE ESTE CRISTINA ILLARRAMENDI.


Inspector de Policía Alfonso Maside Bouzo.


Dos Inspectores del Cuerpo Superior de Policía ALFONSO MASIDE BOUZO Y AGUSTÍN MARTÍNEZ PÉREZ, así como la novia de este último, CRISTINA MÓNICA ILLARRAMENDI RICCI, que trabajaba en el local, resultaban muertos en la tarde del lunes día 22 de marzo de 1982  en un atentado terrorista perpetrado en el bar “Rancho Chileno”, situado en un bloque de viviendas construido a unos cien metros a la derecha de la carretera general Bilbao-Santurce, de la localidad vizcaína de Sestao.


Inspector de Policía Agustín Martínez Pérez.


Los dos inspectores de policía y la novia de uno de ellos que resultaron muertos, así como otros dos policías que resultaron gravemente heridos, fueron salvajemente ametrallados por un comando armado de ETA compuesto por seis individuos que irrumpió con la cara descubierta, en el restaurante donde los cinco se encontraban a punto de finalizar el almuerzo.


Cristina Mónica Illarramendi Ricci.


Los hechos se produjeron hacia las tres y cuarto de la tarde cuando el bar se encontraba prácticamente lleno de clientes -más de sesenta personas- que iban diariamente a comer o a jugar a las cartas, mientras tomaban el café. Los agresores, cuatro jóvenes de unos veinte años, irrumpieron en el establecimiento, armados con varias metralletas y al menos, una pistola y, tras decir con voz potente “¡Alto!”, dispararon varias ráfagas de metralleta sobre una mesa en la que comían cuatro Inspectores de policía acompañados de una joven. Un policía y la joven resultaron muertos en el acto alcanzados por numerosos Impactos. Otros tres quedaron tendidos en el suelo, gravemente heridos. Uno de los inspectores heridos repelió la agresión de los atacantes disparando su arma reglamentaria. En el tiroteo, uno de los miembros del comando resultó alcanzado en una pierna y se desplomó sangrando abundantemente. Ayudado por sus compañeros, abandonó el bar sujetándose la pierna con ambas manos.


La acción se produjo con gran rapidez, en menos de un minuto. La fuga de los miembros del comando se realizó en un Ford Granada, robado en Baracaldo a mano armada poco antes del atentado y en un R-12 igualmente robado. Posteriormente los agresores utilizaron un tercer vehículo, otro R-12, robado en Sestao durante la huida.


Los terroristas al tener que huir de forma precipitada, con un miembro del comando herido de consideración, abandonaron en el lugar del atentado dos metralletas, una marca UZI de fabricación israelí y otra MAT francesa. Igualmente abandonaron una pistola Browing. En el techo del comedor del bar, hacia la mitad del local, eran visibles dos impactos de bala, y unos treinta o cuarenta más en la pared y cristalera del fondo La policía recogió un centenar de casquillos de 9 milímetros Parabellum marca GECO.


Tras el atentado fuertes medidas de seguridad y rastreos intensos de la Policía y Guardia Civil se llevaron a cabo en la zona de Sestao y en toda la provincia de Vizcaya. Las fuerzas de seguridad del Estado reforzaron la vigilancia en los pasos internacionales de Guipúzcoa, a fin de impedir un posible intento de fuga de los terroristas hacia Francia.


Una hora después del atentado a la espera de la llegada del juez los cadáveres del inspector Agustín Martínez Pérez y de su novia, Cristina Mónica Illarmendi, aún se encontraban tendidos en el suelo junto a restos de comida y trozos de vasos y botellas rotos, alcanzados por las balas. El cadáver de la joven y del policía muerto, fueron trasladados a la ciudad sanitaria de Cruces de Baracaldo. Otro de los policías gravísimamente herido fue trasladado al Hospital de Sestao, donde ingresó ya cadáver, siendo trasladado directamente al depósito forense del propio hospital.


En cuanto a los dos policías heridos, uno de ellos fue trasladado a la Residencia Sanitaria de Cruces, donde fue sometido a una larga intervención quirúrgica en la que se le extrajeron dos balas del estómago. Su estado era considerado grave. El otro herido era operado en el Hospital Civil de Basurto. Presentaba heridas por arma de fuego en el tórax, codo izquierdo, región lumbar sacra, y ambas extremidades con fractura de la rótula derecha. Su estado era también grave.


Los inspectores asesinados llevaban cuatro años destinados en la Comisaría de Sestao. Se trataba de Agustín Martínez Pérez, de 27 años de edad, soltero, natural de La Bañeza (León) y de Alfonso Maside Bouzo, de 26 años, soltero y natural de Orense. Los inspectores heridos eran Miguel Ángel Cabeza Fernández y Miguel Ángel Fernández Martínez, ambos pertenecientes también a la Comisaría de Sestao. La mujer asesinada era Cristina Mónica Illarramendi Ricci, de nacionalidad argentina y profesora de inglés. En el momento del atentado se encontraba comiendo en el Rancho Chileno, en compañía de los inspectores policías como hacía con frecuencia, puesto que uno de ellos, era su novio.


El director general de la Policía, José Luis Fernández Dopico, se trasladó a Bilbao, al tener noticia del atentado perpetrado en Sestao, visitando la capilla ardiente instalada en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, donde se colocaron los féretros de los dos policías asesinados.


El presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo y el lendakari del Gobierno vasco Carlos Garaicoechea, presidían al día siguiente las honras fúnebres por los funcionarios de policía asesinados.


Nuevamente, en otro rasgo de infinita cobardía del gobierno de la UCD, el funeral por el alma de los servidores del orden, se celebraba de forma subrepticia. El oficio religioso comenzó a las diez y media de la mañana en una de las salas de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Asistieron también a la honras funebres el ministro de Justicia Pío Cabanillas; Director General para la Seguridad del Estado Francisco Laina; Director General de la Policía Fernández Dopico; delegado del Gobierno en el país Vasco Marcelino Oreja; Gobernador Militar de Vizcaya general de División González Garzón, así como diversos mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejercito y el industrial José Lipperheide, secuestrado por ETA Militar durante un mes y que había sido liberado recientemente.


Los familiares de las víctimas ocupaban un despacho junto al improvisado altar. El sacerdote y celebrante, se preguntó durante la homilía: “No nos estaremos insensibilizando ante tanta sangre vertida? ¿No se queda en palabras de condena e indignación? ¿Hacemos todos lo posible para acabar de una vez con el terrorismo?”


Finalizado el acto, en el exterior de la Jefatura Superior, una sección de la Policía Nacional, otra de la Guardia Civil, y la banda de música del Regimiento de Infantería de Garellano 45, rindieron honores ante los féretros de las víctimas. Posteriormente los ataúdes de la víctimas, envueltos en la bandera Nacional, fueron trasladados a la Iglesia del Carmen, en la plaza de Indauchu, donde después de rezar un responso fueron introducidos en dos furgones mortuorios,


En ese instante un grupo de más de quinientas personas comenzó a increpar a todas las autoridades presentes y a proferir insultos contra los representantes de los partido políticos, Gritos de ¡Garaicoechea cómplice de los asesinos!; ¿a que habéis venido aquí?, ¡cobardes!¡enemigos de España!, y otros múltiples insultos así como gritos de viva a España y a la Policía Nacional y ¡Ejercito al poder! A pesar del fuerte cordón policial, varias personas muy exaltadas, pudieron llegar hasta el lugar donde estaban las autoridades intentando agredir a Calvo Sotelo y Garaicoechea, dando numerosas patadas a los vehículos de escolta de los dos presidentes.


Entre grandes aplausos los restos mortales de Agustín Martínez Pérez fueron conducidos, por carretera, a la localidad leonesa de La Bañeza, donde recibirían en la intimidad cristiana sepultura. Los restos de Alfonso Maside fueron conducidos al aeropuerto de Sondica para ser trasladados por vía aérea a Baños de Molgas (Orense). Con posterioridad al funeral el presidente del Gobierno visitaría a los policías heridos.


Unas tres mil personas asistían en Guamil (Orense) al sepelio del inspector de Policía Alfonso Maside. Ofició la Misa de corpore insepulto el obispo de la diócesis de Orense Monseñor Temiño. En medio de un impresionante silencio, el féretro fue trasladado desde la casa familiar del policía asesinado hasta el cementerio parroquial, donde recibió cristiana sepultura en medio de escenas de sentido dolor y rabia contenida. Al acto asistieron el Gobernador civil de Orense, el general Jefe de la VI zona de la Guardia Civil, Jefe Superior de Policía de Galicia, Gobernador Militar de Orense, jefes, oficiales y suboficiales del Ejército, comisarios, inspectores, jefes, oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional y Guardia civil y gran cantidad de vecinos.


En la parroquia de San Jorge, de la localidad vizcaína de Santurce, tenía el funeral en memoria de Cristiana Mónica Illarramendi Ricci, asesinada también en el mismo atentado. Al oficio acudieron unas 150 personas, entre las que se encontraba su ex marido, del que se hallaba legalmente separada.


Sus Majestades los Reyes enviaron un telegrama de pésame a los familiares de las víctimas a través del Gobierno Civil de Vizcaya.


En enero de 2001 la Audiencia Nacional condenaba a 128 años de cárcel al etarra Miguel Arrieta Llopis alias “Mikel” por el atentado contra el bar Rancho Chileno de Sestao (Vizcaya), en marzo de 1982, que costó la vida a los inspectores de Policía Alfonso Maside y Agustín Martínez y a la novia de este último Cristina Illarramendi y le absolvía del delito de pertenencia a banda armada por haber prescrito. El fallo condenaba a Arrieta Llopis por un delito de atentado con resultado de muerte, dos de asesinato consumado, otros dos de asesinato frustrado y un delito de uso ilegítimo de vehículo a motor.


La sentencia consideraba probado que en fechas no concretas pero con anterioridad a marzo de 1982, miembros de la dirección de ETA encargaron a Juan Carlos Echandía Zorroza  que obtuviera "información precisa" sobre el bar "Rancho Chileno" de la citada localidad vizcaína, ya que tenían noticias de que era frecuentado por inspectores de policías y policías Nacionales. Echandía visitó el local en diversas ocasiones y, tras comprobar que era frecuentado por agentes, transmitió esa información a la dirección de la banda, que a su vez se la hizo llegar al "comando Vizcaya" que en aquel momento lo componían Miguel Arrieta Llopis, Ángel Luis Hermosa Urra, alias 'Koldo', y Enrique Letona Viteri, alias 'Masilla', para perpetrar un atentado consistente en ametrallar a cuantos policías allí se encontrasen con ánimo de causarles la muerte".


"Este comando de ETA, que estaba formado por seis personas distribuidas en dos "taldes", en uno de los cuales se encontraba integrado Arrieta Llopis, decidió ejecutar la acción el 22 de marzo de 1982. Ese día", continúa la sentencia, "Arrieta Llopis, de mutuo acuerdo con 'Koldo' y 'Masilla', planearon la acción terrorista y se apoderaron de dos turismos, cuyos conductores fueron conminados mediante la utilización de las armas de fuego que portaban a permanecer en el interior de los vehículos hasta que fueron liberados en las proximidades del Rancho Chileno. Arrieta, 'Koldo' y 'Masilla' se trasladaron al restaurante a la hora en la que habían calculado que estarían almorzando los funcionarios de Policía. Entraron en el interior del local público armados con una ametralladora, dos subfusiles, una pistola y se dirigieron hasta la mesa ocupada por los policías «para disparar de forma indiscriminadamente contra ellos".


Como consecuencia de los disparos fallecieron los inspectores Agustín Martínez Pérez, Alfonso Maside Bouzo, además de la persona que les acompañaba, Cristina Mónica Illaramendi, y resultaron con lesiones otros dos inspectores de Policía.


Durante el tiroteo también resultó herido el etarra 'Masilla', al que sus compañeros de comando trasladaron a la vivienda de Juan Ignacio A.C., en Baracaldo, donde recibió asistencia sanitaria por parte de una enfermera que falleció en 1992.


Arrieta Llopis miembro de la banda terrorista, una vez cometido los asesinatos pasó la frontera y huyó con destino a Francia y más tarde a Méjico donde permaneció hasta que en el año 2000,  la autoridades mejicanas decidieron expulsar a Arrieta Llopis para ser juzgado en España por su presunta participación en varios atentados terroristas que había costado la vida a cinco personas.


En 2021, Arrieta fue trasladado en el mes de abril de la cárcel de Soria a la de Martutene en San Sebastián, otorgándole el tercer grado penitenciario,


En 1984, como cómplice por haber facilitado la información necesaria para cometer el atentado, fue condenado Juan Carlos Echeandia Zorroza a una pena de 18 años de reclusión menor y a dos de 17 años, 4 meses y un día, así como el pago de indemnización a los herederos de las víctimas. Echeandia había sido detenido en Bilbao en mayo de 1993.


En 1994, Enrique Letona Viteri y Ángel Luis Hermosa Urra fueron condenados a 28 años de reclusión mayor por cada una de las tres víctimas y a dos penas de 18 años por cada asesinato frustrado y al pago solidario de diversas indemnizaciones.


Juan Carlos Echeandia Zorroza Condenado a 172 años de prisión, ingresando en la cárcel el 26 de mayo 1983, siendo excarcelado el 6 de julio, tras cumplir 18 años de condena, 2001, estando en Interior como ministro Mariano Rajoy.


Por su parte, Enrique Letona Viteri Condenado a 311 años de prisión. Ingresó en la cárcel el 9 de octubre de 1987 y saliendo en libertad  en mayo de 2003, tras cumplir 16 años de condena, siendo ministro del Interior Ángel Acebes.


Ángel Luis Hermosa Urra saldría en libertad en abril de 2011, gracias a la doctrina del Tribunal Constitucional que estableció en 2008 que la prisión provisional debía restarse a cada condena que estuviese cumpliendo por otros delitos.


De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió a Alfonso Maside Bouso y Agustín Martínez Pérez la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.

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