23 DE OCTUBRE DE 1980. SAN SEBASTIÁN. JUAN MANUEL GARCÍA CORDERO, DELEGADO DE TELEFÓNICA.
Juan Manuel García Cordero.
El delegado de Telefónica en San Sebastián JUAN MANUEL GARCÍA CORDERO, era secuestrado por un grupo de terroristas pertenecientes Comandos Autónomos Anticapitalistas que posteriormente le asesinarían,
El delgado de la telefónica había salido de su domicilio sobre la siete de la mañana, había tomado su coche y se disponía a acudir a su trabajo, al que llegaba de forma habitual antes de las ocho de la mañana. Sn embargo no llegaría nunca.
Ante su inhabitual tardanza, el subdelegado de la Telefónica llamó personalmente al domicilio de García Cordero. Uno de sus siete hijos le aseguró que su padre había salido a la hora de costumbre. Convinieron en no comunicar nada a la esposa, Concepción Arrizabalaga, mientras desde las oficinas se llamaba a todos los centros hospitalarios de San Sebastián, con resultado negativo sobre el paradero del dirigente de la empresa. En ese momento se presentó denuncia de desaparición en la Comisaría de la Policía Nacional,
Sobre las nueve y cuarto de la mañana, una llamada telefónica anónima había advertido al diario proetarra «Egin» que en el monte Ulia, perteneciente al propio municipio de San Sebastián se hallaba muerto el delegado de la Telefónica en Guipúzcoa, Juan Manuel Garda Cordero.
Inmediatamente fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil comenzaron a batir el monte Ulia. Y otros miembros de las ¡fuerzas del orden rastreaban la ciudad en busca del coche de García Cordero que aparecería estacionado en la Avenida de Navarra, del barrio de Gros, no lejos del domicilio de la víctima.
El cadáver fue hallado poco después de las dos de la tarde, en un pinar. Se hallaba como sentado contra un tronco, inclinado hacia la derecha. Un hilo de sangre se le había secado desde encima de la oreja. Presentaba una herida con entrada y salida de proyectil, que le causó la muerte en el acto, quizá efectuada hacia las ocho de la mañana.
Tres días el diario proetarra Egin publicaba un comunicado de los Comandos Autónomos Anticapitalistas donde se hacían responsables del asesinato del delegado de la Telefónica, “ que tras ser sometido a un minucioso y extenso interrogatorio, y debido a su papel en las escuchas telefónicas, fue ejecutado". García Cordero, según los asesinos terroristas “era el encargado de tener las listas de los teléfonos controlados, así como de mantener contactos con la Guardia Civil para el mejor funcionamiento del control telefónico", advirtiendo también en su comunicado “que esa acción no pretende ser aislada, sino un aviso a todos los que colaboran con la Policía, tanto en controles telefónicos como postales".
Juan Manuel García Cordero, delegado provincial de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), tenía 53 años y era natural de San Sebastián, donde fue enterrado en la más estricta intimidad. Estaba casado con María Concepción Arrizabalaga Arechavaleta y era padre de siete hijos.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
A día de hoy el asesinato de Juan Manuel García no ha sido juzgado.
23 DE OCTUBRE DE 1980. ELGÓIBAR (GUIPÚZCOA) JAIME ARRESE ARIZMENDIARRIETA, MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DE UCD Y EX ALCALDE DE LA LOCALIDAD.
Jaime Arrese Arizmendiarrieta.
Sobre las 14:40 horas del 23 de octubre de 1980, el miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de UCD y exalcalde de la localidad JAIME ARRESE ARIZMENDIARRIETA, tomaba café, como todos los días, en el Bar Iriondo de la localidad guipuzcoana cuando entraron dos individuos que apartaron de un manotazo a uno de los clientes y dispararon siete tiros contra Arrese Arizmendiarrieta, dos de los cuales le dieron en la cabeza y otros dos en el tórax. Arrese quedó tendido sobre la barra del local, sangrando en abundancia.
El atentado se desarrolló con gran rapidez, y sólo los clientes que vieron las armas tuvieron tiempo de arrojarse al suelo cuando escucharon las detonaciones. El resto de los clientes se dieron cuenta de lo que había ocurrido al ver el cuerpo de Jaime Arrese derrumbarse sobre la barra del bar. Los pistoleros salieron del establecimiento y se montaron en un Seat 127 con el que emprendieron la huida hacia la carretera general Bilbao-San Sebastián. El vehículo había sido robado previamente por los terroristas, que obligaron a su propietario a dirigirse al barrio de San Pedro en Elgóibar, dejándolo amordazado y atado a un árbol.
La Policía recogió posteriormente en el lugar de los hechos varios casquillos del calibre 9 milímetros parabellum. Una religiosa que trabajaba como enfermera intentó prestarle los primeros auxilios momentos después del atentado, pero sólo pudo constatar su fallecimiento. El cadáver fue trasladado, dos horas después, al domicilio familiar, donde quedó instalada la capilla ardiente.
A las siete de la tarde del día siguiente tuvo lugar en la parroquia de San Bartolomé, el funeral por el alma de Jaime Arrese, concelebrado por varios sacerdotes en vascuence y castellano. al que asistieron, además de familiares y amigos, Marcelino Oreja, ministro gobernador general del País Vasco; Agustín Rodríguez Sahagún, ministro de Defensa; Modesto Fraile, vicepresidente primero del Congreso; Rafael Calvo Ortega, secretario general de UCD; Miguel Herrero de Miñón, presidente del Grupo parlamentario de UCD; Ignacio Camuñas, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, así como José María Benegas, secretario general del PSE-PSOE, y otras autoridades civiles. El féretro, portado por cuatro amigos, fue introducido en el templo, en donde se encontraban unas seis mil personas que abarrotaban la iglesia y los alrededores de la misma.
Los Comandos Autónomos Anticapitalistas reivindicaron la autoría del asesinato de Arrese el 24 de octubre, mediante llamada al diario Egin.
Por el asesinato de Jaime Arrese, la audiencia Nacional condenaría en 1990 por la Audiencia Nacional Juan Carlos Arruti Azpitarte a 29 años de prisión.
Jaime Arrese Arizmendiarrieta, de 43 años, estaba casado y tenía dos hijos, de 18 y 15 años. Había sido alcalde de Elgóibar, donde había nacido, desde abril de 1974 hasta mayo de 1977. Era miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de Unión de Centro Democrático (UCD) en Guipúzcoa, partido con el que había concurrido a las elecciones como número tres en la candidatura de esa provincia. Era miembro de las Juntas Generales de Guipúzcoa en representación de UCD. Trabajaba, además, en la administración de la empresa Arriola y Compañía,
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
23 DE OCTUBRE DE 1980. AMOREBIETA (VIZCAYA), FELIPE ALEJANDRO EXTREMIANA UNANUE. PROFESOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Felipe Extremiana Unanue.
Hacia las nueve y cuarto de la noche del 23 de octubre de 1980 dos terroristas asesinaban al profesor de Formación Profesional FELIPE ALEJANDRO EXTREMIANA UNANUE, en un callejón de la calle General Mola de Amorebieta (Vizcaya), frente a la escuela de la localidad.
El atentado se produjo cuando la víctima aparcaba su coche, un «Chrysler 150», matrícula Bl-7122-P, en la Avenida General Mola de esta localidad, que era donde residía. En ese momento se le acercaron dos individuos encapuchados que efectuaron varios disparos de pistola, a bocajarro.
Tras disparar contra Felipe Extremiana los terroristas se dieron a la fuga en un vehículo conducido por un tercer individuo. El vehículo había sido previamente robado en Lemona, tras obligar a su propietario a introducirse en el maletero. Después lo dejaron atado en un monte cercano. En el lugar del atentado se recogieron diez casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. La víctima había recibido ocho disparos en el pecho que le causaron la muerte en el acto.
A la tarde del día siguiente se celebró el funeral por Felipe Extremiana en la parroquia de Santa María de Amorebieta, abarrotada de amigos y familiares de la víctima. Posteriormente, los restos mortales de la víctima fueron enterrados en el cementerio local.
La banda asesina reivindicaría el asesinato del profesor Extremiana, acusándole de ser de derechas y españolista. La familia enviaría una carta al diario proetarra Egin pidiendo que la banda ETA aportase pruebas sobre las acusaciones que hacían contra Felipe Extremiana, algo que la banda no haría.
En 1983 la Audiencia Nacional condenó a los etarras Juan José Larrinaga Echevarría, Juan Antonio Urrutia Aurteneche y Fernando Iraculis Albizu, a penas de 26 años de reclusión mayorpara cada uno. En la misma sentencia se les condenó también por el asesinato meses antes, el 24 de marzo, de Dámaso Sánchez Soto. Juan Antonio Urrutia Aurteneche, alias “Jon”, se acogió a medidas de reinserción, lo que le permitió ahorrarse 18 años de cárcel. En libertad desde 1992 vive en Amorebieta.
En 2003 Juan José Larrinaga Echevarria quedó en libertad tras haber cumplido 20 años de prisión del total de 221 a los que fue condenado como autor de diversos delitos terroristas.
Iraculis Albizu, condenado a 99 años, cumpliría solo 20, quedando en libertad en noviembre de 2002.
Felipe Alejandro Extremiana Unanue estaba casado y tenía cinco hijos. Impartía clases en la Escuela de Formación Profesional de Amorebieta.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
23 DE OCTUBRE DE 1991. SAN SEBASTIÁN. GUARDIA CIVIL EDUARDO SOBRINO GONZÁLEZ. GUARDIA CIVIL JUAN CARLOS TRUJILLO GARCÍA.
Guardia Civil Eduardo Sobrino González.
A las once y media de la noche del 23 de octubre de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en un bar de San Sebastián a los Guardias Civiles EDUARDO SOBRINO GONZÁLEZ y JUAN CARLOS TRUJILLO GARCÍA.
Guardia Civil Juan Carlos Trujillo García.
Los miembros del Benemérito Instituto fallecieron a causa de los disparos efectuados por dos encapuchados, cuando se encontraban en un bar del barrio de Eguía, en San Sebastián tomando un café.
Los dos encapuchados, nada más efectuar los disparos, salieron rápidamente del bar, que era frecuentado habitualmente por miembros de la Guardia Civil.
Los cuerpos de los dos agentes, que fallecieron en el acto permanecieron en el suelo del bar hasta que el juez de guardia ordenó el levantamiento de ambos cadáveres y su traslado al instituto anatómico forense.
Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo estaban destinados en el servicio de vigilancia de edificios públicos como miembros de la Unidad Núcleo de Servicios de la Guardia Civil.
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, presidiría los actos fúnebres oficiados en San Sebastián por los dos guardias civiles asesinados. Durante el oficio religioso, un nutrido grupo de personas protagonizó incidentes al abandonar la iglesia, debido a que el párroco oficiante pronunció parte de la misa en euskera. Los guardias civiles Eduardo Sobrino González y Juan Carlos Trujillo.
A las cuatro de la tarde del día 24 de octubre, los féretros de los dos guardias civiles asesinados por ETA, precedidos por la banda de música de la Guardia Civil, a la que seguían trece coronas de flores portadas por compañeros de las víctimas, salían desde el Gobierno Civil de Guipúzcoa, donde había sido instala da la capilla ardiente hacia la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián.
El sacerdote Bartolomé Auzmendi, que ofició el funeral oficial provocó malestar e indignación al utilizar el vasco, además del español, entre los familiares de Eduardo y Juan Carlos que se habían desplazado desde Vigo y Castro Urdiales respectivamente. Al término de la homilía, el oficiante inició unas oraciones en euskera, momento en que fue increpado por una mujer que gritó: “¡Somos españoles!”, mientras salía indignada de la iglesia. Esta actitud fue seguida por numerosas personas, que abandonaron el templo exclamando “esto es una provocación”. Tras unos breves momentos de tensión, mientras continuaba la misa, la banda de música de la Guardia Civil, formada en el exterior, interpretó el himno Nacional, que fue aplaudido y coreado con vivas a España por el público asistente.
En agosto de 2008 Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Cooperación Policial Internacional de la Comisaría General de Policía Judicial trasladaban desde Francia a los miembros de ETA Aloña Muñoa Ordozgoiti y Juan Antonio Olarra Guridi. Se le consideró el presunto autor material del asesinato de los miembros de la Guardia Civil Eduardo Sobrino y Juan Carlos Trujillo en San Sebastián.
En julio de 2022, Olarra Guridi que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Logroño, fue trasladado a un penal de Vascongadas.
Eduardo Sobrino González, de 34 años y soltero, era natural de Vigo (Pontevedra) donde residía su familia. Su padre había sido también Guardia civil. Sobrino llevaba catorce años destinado en Guipúzcoa. Cuatro mil personas asistieron al entierro y a la misa previa, celebrada en la capilla del cementerio de Pereiró de Vigo. El delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell,, el alcalde de Vigo, Carlos Príncipe, así como numerosas autoridades civiles y militares, acompañaron a la familia del servidor del orden asesinado .
Juan Carlos Trujillo García, de 25 años, era natural de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Estaba soltero y llevaba seis años destinado en Guipúzcoa. Cientos de personas rindieron homenaje a Juan Carlos Trujillo en su entierro en Castro Urdiales donde residía su familia. Su padre había sido también Guardia Civil.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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