27 DE SEPTIEMBRE DE 1987. SAN SEBASTIÁN. POLICÍA NACIONAL WENCESLAO MAYA VÁZQUEZ.
Policía Nacional Wenceslao Maya Vázquez.
Un Policía Nacional WENCESLAO MAYA VÁZQUEZ, muerto y otros cuatro agentes heridos leves era e! balance de un atentado terrorista con coche bomba perpetrado a las tres y media de la tarde del día 27 de septiembre de 1987, en pleno centro de San Sebastián por la banda terrorista ETA. Asimismo resultaron heridos de carácter leve varios civiles que circulaban por la zona. El vehículo policial se dirigía hacia e! Gobierno Militar de la ciudad, en cuyas inmediaciones se venían registrando enfrentamientos entre policías y manifestantes desde primeras horas de la tarde.
Al cumplirse el duodécimo aniversario del fusilamiento de los miembros de ETA Juan Paredes Manot, alias “Txiki”, y Ángel Otaegui alias “Cara quemada”, en 1975 (junto a tres miembros del FRAP), la Coordinadora KAS, con el apoyo de Herri Batasuna, había mantenido las concentraciones del “Gudari Eguna” (Día del Soldado Vasco), pese a la prohibición expresa por parte del Gobernador Civil José Ramón Goñi Tirapu. Los hechos se produjeron a las tres y media de la tarde cuando todavía continuaban los incidentes iniciados a la una.
Una dotación de la Policía Nacional, compuesta por seis agentes de una compañía de reserva se dirigía al Bulevar en servicio de patrulla cuando al pasar el vehículo por el paseo de la República Argentina, los terroristas accionaron, desde el otro lado del río Urumea, el mando a distancia que hizo estallar un coche bomba, aparcado a pocos metros del hotel María Cristina y del teatro Victoria Eugenia, donde hacía menos de veinticuatro horas que se había clausurado la 35ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
La explosión del potente artefacto afectó a la parte delantera del vehículo policial, causando la muerte en el acto al agente Wenceslao Maya Vázquez, conductor del mismo, y provocando heridas muy graves a su compañero Miguel Hernández. El estado de este policía se agravó a últimas horas de la tarde. Los otros tres agentes que viajaban en el vehículo resultaron con heridas de menor gravedad, pero que también requirieron su traslado a centros sanitarios. La onda expansiva alcanzó al menos a cuatro personas que caminaban por la zona. La explosión provocó una fuerte humareda y el ruido se escuchó en gran parte de la ciudad. Cuatro vehículos aparcados junto al coche bomba resultaron completamente destruidos y parte de los jardines existentes en el lugar quedaron calcinados.
Los Policías Nacionales heridos eran, Isidro Gallego García-Carpintero, de 28 años, que fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja, y sufrió quemaduras graves de primer y segundo grado en el brazo, cara y pierna izquierda, de las que no se curó hasta pasados 235 días; Manuel Ibáñez Herrera, que fue ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Aránzazu con traumatismo craneal y heridas en todo el cuerpo, tuvo que ser sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas durante los ocho meses siguientes al atentado; Manuel Maruri Niño, de 28 años, que fue trasladado al Hospital de la Cruz Roja con heridas en las piernas y la cara, estuvo de baja durante siete meses, y Miguel Ángel Rodríguez Pozuelo, de 25 años, que fue también trasladado al Hospital de la Cruz Roja, y no se había recuperado de las heridas sufridas tres años después, cuando se celebró el juicio contra los autores del atentado. Otras dieciocho personas resultaron heridas de diversa consideración y dieciséis vehículos resultaron afectados, entre ellos un autobús en el que viajaba un grupo de turistas canadienses que realizaba una gira por Europa, y contra el que se empotró el furgón policial, proyectado por el efecto de la brutal explosión.
El coche-bomba que fue utilizado por los terroristas en el atentado contenía siete kilos de amonal y dieciocho de metralla. El vehículo, que quedó totalmente destrozado, fue identificado como un Peugeot 205, que utilizaba una matrícula falsa, robado trece días antes en el polígono industrial de Martutene. La metralla utilizada en la bomba estaba constituida por tornillos de los que empleaba Renfe para sujetar las traviesas de las vías de ferrocarril. El Gobierno Civil de Guipúzcoa indicó que la explosión fue provocada a distancia, mediante un aparato de radio manipulado probablemente desde el otro lado del río Urumea. Con este atentado se elevaban a dieciséis las acciones terroristas cometidas por ETA en lo que iba de año mediante el empleo de coches-bomba.
El alcalde de San Sebastián, Xabier Albistur, de Eusko Alkartasuna, se trasladó al lugar del atentado donde declaró que el atentado era una vergüenza y la demostración clara de que “ETA sólo quieren negociar lo que a ellos les interesa”. “Habíamos previsto algo así”, añadió,”durante el Festival de Cine, pero ha explotado hoy de la forma más vergonzante, apelando a la memoria de los viejos gudaris que en su día lucharon por Euskadi”. Albistur recordó que dado el lugar, el centro de la ciudad, y la hora, un domingo a las tres y media de la tarde, "se podía haber producido una verdadera masacre".
Las informaciones policiales indicaban que el comando Costa de ETA militar, al mando de José Antonio López Ruiz “Kubati”, era sin duda el responsable de los últimos atentados cometidos en Guipúzcoa, ya que su infraestructura se extendía desde San Sebastián hasta Tolosa. La organización terrorista ETA militar asumió, en llamada telefónica a diversos medios de comunicación vascos, la autoría de los atentados perpetrados en Vizcaya y Guipúzcoa. Los atentados asumidos por ETA eran los realizados el 25 de septiembre en Baracaldo, donde un Policía Nacional y su esposa resultaron heridos de gravedad y en Basauri, así como el llevado a cabo en San Sebastián contra el Policía nacional Wenceslao Maya.
Los funerales de cuerpo presente por el Policía Nacional Wenceslao Maya Vázquez, se celebraron en San Sebastián en medio de un clima de gran emoción y dolor.
La comitiva fúnebre, procedente del Gobierno Civil, donde se había establecido la capilla ardiente, se dirigió a pie a la parroquia de la Sagrada Familia de San Sebastián. La familia del policía asesinado estuvo acompañada por autoridades militares y civiles, entre las que se encontraban, además del director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga, el Gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi, el Gobernador Militar de San Sebastián, el presidente del parlamento vasco, Jesús Eguiguren, el vice consejero de Interior, Román Sudupe, y el alcalde de San Sebastián, Xabier Albistu, así como mandos, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, Ejercito y Guardia Civil
El oficiante expresó su repulsa por la muerte violenta y manifestó que “de nuevo la sangre ha sido derramada de forma inútil, absurda y estúpida. Atentados como éste demuestran que el respeto, la libertad y la paz están todavía bastante lejos. El terrorismo es intrínsecamente perverso, dispone arbitrariamente de la vida de las personas, atropella los derechos del pueblo y tiende a imponer violentamente sus ideas y proyectos”. El sacerdote dijo que los cristianos debían denunciar la violencia que afecta a la convivencia: “Estamos hartos de tantos atentados y tantas muertes inútiles. No nos podemos quedar indiferentes ante estas cenizas de aniquilamiento, los cristianos tenemos que gritar con coraje no a tanta violencia que ataca nuestra convivencia. El gran desafío de los cristianos es dar testimonio de que la paz es posible y de que es posible darnos las manos y caminar juntos y de que el coche-bomba no tenga la última palabra”.
Una vez finalizado el oficio religioso y ya en el exterior del templo, el féretro, cubierto por la bandera española y portado a hombros de compañeros, fue recibido con una cerrada ovación por las más de dos mil personas que se congregaron en la Iglesia y sus inmediaciones, mientras la Unidad de Música de la Policía Nacional de Madrid hizo sonar el Himno Nacional y la marcha La Muerte no es el Final y el toque de oración en nuestros Ejércitos. Gritos de Viva España, “etarras asesinos” y una interpelación al alcalde de la ciudad pidiendo justicia fueron las únicas voces que se escucharon en medio de la emoción y la pena contenida de los asistentes.
El presidente del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Guipúzcoa Gerardo Escobedo hizo público a la mañana de ese día, un comunicado en el que se señalaba "que si la policía, ésa a la que llamáis asesina y represiva, se dejara llevar por la sangre en un hecho tan lamentable como el ocurrido ayer, no habría necesidad de juicio para vosotros; y tendríais lo que merecéis". "Pido a Dios –añadía– que sigamos con la cabeza sobre los hombros y que, ante la indignación que nos produce este tipo de hechos, sigamos poniéndoos a disposición del juez, en vez de mataros como a viles ratas, que es lo que a gritos pedís".
El director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, atribuyó las declaraciones del presidente del SUP de Guipúzcoa a la emoción y tensión propias de un funeral por un compañero, y negó que el desánimo hubiese hecho mella en los cuerpos de seguridad del Estado.
Los restos mortales del policía fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía desde donde partieron en dirección a Badajoz para recibir cristiana sepultura en su ciudad natal, donde fue enterrado. La llegada del féretro a la iglesia donde se celebró el funeral fue recibida con "vivas" a España, a la Policía y a las Fuerzas Armadas, y con "mueras" a ETA y a sus cómplices.
Wenceslao Maya Vázquez, que pertenecía a la compañía de reserva número once de la Policía Nacional, con base en Miranda de Ebro (Burgos), tenía 31 años, estaba casado y tenía dos hijos de 7 y 2 años. Era natural de Badajoz,
El Comando Costa de la organización terrorista Eta caería en manos de la Policía un mes después del asesinato de Wenceslao Maya, siendo detenidos Antonio López Ruiz, Kubati, y José Miguel Latasa Guetaria, Fermin, y fueron acusados entre otros de treinta y dos crímenes y atentados, entre ellos el asesinato de la ex dirigente de ETA, María Dolores González Catarain, Yoyes,
La detención del sanguinario comando pudo ser llevaba a cabo por la abundante documentación sobre la banda terrorista que se le intervino al dirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola alias “Santi Potros”, detenido por la policía francesa en una casa de Miglet, a tres kilómetros de Bayona, tres días después del asesinato del Policía Nacional Wenceslao Maya Vázquez, descubriendo una importante base logística de ETA en Sain-Pee-sur-Nivelle, cerca de San Juan de Luz, asestando un durísimo golpe a la organización terrorista. En la operación policial eran también apresadas dos personas, relacionadas con la organización terrorista Iparretarrak y con ETA. Otras dos personas que estaban en la casa en la que penetraron las fuerzas policiales francesas consiguieron huir en un automóvil, a pesar de que los policías dispararon sus armas. La casa descubierta servía de cobijo a etarras, que se refugiaban en ella tras cometer atentados en suelo español, escapando así al control policial.
En 1990 la Audiencia Nacional condenó a José Miguel Latasa Guetaria, alias Fermín, que fue quien accionó el mando a distancia, y a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a 27 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte; a 21 años de reclusión mayor por cada uno de los nueve delitos de asesinato en grado de frustración; y a 10 años por un delito de estragos. En total, más de 226 años de cárcel a cada uno de ellos.
En el año 2015 el sanguinario terrorista José Antonio López Ruiz, 'Kubati' abandonaba la cárcel de Puerto I, en medio de las protestas, insultos, zarandeos y agresiones de un grupo de familiares de víctimas de la banda terrorista ETA. 'Kubati', detenido en 1987 fue condenado a penas que sumaban 1.210 años de cárcel, cumpliendo tan solo 26 años de prisión por su participación en 13 asesinatos consumados y 16 frustrados.
José Miguel Latasa Getaria fue detenido en 1988 y, tras ser juzgado en la Audiencia Nacional, fue condenado a cientos de años de cárcel por diversos delitos terroristas, incluidos ocho asesinatos, entre ellos el de Wenceslao maya; el de Dolores González Katarain, 'Yoyes', el del gobernador militar de Guipúzcoa, el general Rafael Garrido, su esposa y un hijo de ambos, pasó seis años en prisión antes de repudiar públicamente la violencia, lo que motivó que fuera acusado de traidor por la banda etarra, que incluso planeó asesinarlo y lo expulsó de la misma en 1994.
Más tarde consiguió el tercer grado penitenciario, situación que perdió en 1996 al reabrírsele un sumario pendiente, y posteriormente se le incluyó en la llamada "vía Nanclares", hasta su excarcelación en diciembre de 2013. En octubre de 2014 Latasa intentó suicidarse en el garaje de su casa de Vitoria.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió al Policía Nacional Wenceslao Maya Vázquez asesinado por la banda terrorista vasca, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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