28 DE AGOSTO DE 1978. FUENTERRABÍA (GUIPÚZCOA). INSPECTOR DE POLICÍA ALFONSO ESTEVAS-GILMAIN MUÑOZ. JEFE DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LA COMISARÍA DE IRÚN.
Inspector del Cuerpo General de Policía, Alfonso Estevas Gilmain-Muñoz.
A las nueve y media de la noche del lunes 28 de agosto de 1978, la banda terrorista, separatista, marxista y antiespañola ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Fuenterrabía al jefe del Servicio de Información de la Comisaría de Irún, el inspector del Cuerpo General de Policía, ALFONSO ESTEVAS GILMAIN-MUÑOZ.
Hasta su vehículo, que ese momento realizaba la maniobra de aparcamiento, junto al rio Bidasoa, cerca del edificio Miramar de Fuenterrabía, donde residía el inspector Estevas, se acercaron dos terroristas, que abrieron fuego de metralleta, desde un lateral del vehículo y desde la parte trasera, provocándole al inspector la muerte en el acto. Su esposa y uno de sus tres hijos, que llegaban en ese momento a casa, fueron testigos del asesinato.
Una vez cometido el atentado, los asesinos etarras usaron para huir del lugar, un SEAT de color blanco que había sido robado a punta de pistola a las 19,40 de la tarde, en la calle General Prim, de San Sebastián. Cuando la propietaria del «R-6», color crema, María del Coro Álvarez Zelis, se disponía a entrar en su vehículo, un individuo de unos 25 años, 1,70 de estatura aproximadamente, de cabello más bien rubio y con gafas graduadas de montura metálica, la intimidó y la hizo pasar al asiento de acompañante, ocupando él el del conductor. Inmediatamente llegaron dos individuos que ocuparon la parte trasera del coche, y se dirigieron hacia el monte Igueldo, donde los dos ocupantes se quedaron custodiando a la propietaria, mientras el primer individuo se llevaba el vehículo. Hacia las 22 horas, uno de los que custodiaban a María del Coro Álvarez se marchó andando y regresó quince minutos después con el vehículo y el primer sujeto. Posteriormente, los tres individuos se fueron con el vehículo, abandonando a su propietaria. En el lugar de los hechos, la Guardia Civil recogió diecinueve casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.
Unas trescientas personas asistieron al funeral del inspector Estevas-Gilmain celebrado en la capilla de la Policía Armada en Irún, presidido por la viuda, el padre e hijos del malogrado funcionario de policía y al que asistió el gobernador civil de Guipúzcoa, Antonio Oyarzabal. El lugar del funeral fue elegido por la familia de la víctima, que expresó el deseo de que tuviera carácter privado, por lo que no se permitió la entrada de fotógrafos y redactores de los medios de comunicación. La mayoría de los asistentes eran miembros del Cuerpo General de Policía, Policía Armada y de la Guardia Civil. Así mismo estaban presentes algunas autoridades locales.
En el funeral no se registró ningún grito o protesta, Durante la homilía el oficiante repitió varias veces que la paz era un deber de todos. A las tres de la madrugada, en horario inusual para que no hubiese muchas personas presentes, los restos mortales del inspector Estevas fueron trasladados por carretera a Madrid, su ciudad natal, donde fue enterrado por expreso deseo de sus familiares.
Frente al circuito del Jarama, se fueron concentrando numerosos vehículos particulares pertenecientes a miembros del Cuerpo General de Policía, cuyos ocupantes en un ambiente de dolor y tensión, esperaron la llegada de la caravana automovilística que procedente de Irún, trasladaba el féretro conteniendo los restos mortales del inspector asesinado, llegada que se produjo alrededor de las siete de la mañana.
La caravana se detuvo durante unos momentos en el arcén de la autopista, produciéndose escenas de indignación y dolor entre los muchos comisarios, subcomisarios, inspectores, Policías Armados y Guardias Civiles, la mayoría vestidos de paisano que rodearon el furgón donde venían los restos del inspector Estevas-Gilmain, envueltos en la Bandera Nacional.
De seguido ya en multitudinaria caravana automovilística, a la que, a la altura de la M-30 de la capital de España, se fueron agregando coches K y Z de la Policía con sus correspondientes dotaciones al completo, el cuerpo sin vida de Alfonso Estevas fue trasladado al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, produciéndose un intento por parte de los policías madrileños de trasladarlo a las dependencias de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, lugar en que según los funcionarios, debía de albergar el féretro del inspector asesinado por el terrorismo a fin de que en el salón de Canalejas del histórico edificio, pudiese recibir el último adiós y homenaje de su compañeros y ciudadanos de Madrid. Sin embargo se impondría el criterio de la familia que solicitó ir directo al camposanto madrileño.
A las nueve y media de la mañana y tras celebrarse una Misa de corpore insepulto en la capilla de la sacramental de las Ventas, los restos mortales del inspector Estevas-Gilmain, recibieron cristiana sepultura entre la emoción, afecto y rabia contenidas de centenares de compañeros y familiares en un sencillo acto que fue presidido por el Director General de Seguridad a quien acompañaban el Inspector General de la Policía Armada, subdirector y secretario de la Dirección General de Seguridad, comisarios, subcomisarios, jefes de servicios, inspectores y policías Armados.
El Director General de Seguridad hizo entrega a la viuda del inspector Estevas-Gilmain, de la medalla de oro al mérito policial, así como de la Cruz Roja de la Guardia Civil que le habían sido concedidas a título póstumo.
El día 30 de agosto, ETA-pm reivindicó el asesinato del inspector Alfonso Estevas-Gilmain en un largo comunicado de cuatro folios enviado a los diarios Egin y Deia en el que se vertían diversas acusaciones. La banda terrorista justificó su asesinato acusando a la víctima de estar relacionada con el atentado sufrido en el sur de Francia por el exdirigente de ETA Juan José Echave, dato desmentido por la familia en otro comunicado enviado por su viuda el 6 de septiembre.
La Junta Nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía facilitaba a los medios informativos la siguiente nota: “Ante los recientes asesinatos de los que han sido víctimas miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado, la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, quiere comparecer ante la opinión pública y hacer las siguientes manifestaciones: 1. Estamos dolorosamente hartos de huecas declaraciones públicas de condena por parte de grupos, políticos o sindicales, que no pretenden con ellas otra cosa que hacer política, sin que ninguno de ellos tome la iniciativa para que cese tal estado de cosas, ni exija seriamente al Gobierno la adopción de las medidas oportunas a tal fin. 2. Estamos dolorosamente hartos de que las fuerzas políticas hagan de estos Cuerpos de Seguridad objeto de sus pactos, cuya existencia tal vez impida la adopción de las medidas de autoridad y gobierno necesarias para terminar —o, al menos, intentarlo— con el terrorismo, como ocurre en cualquier país democrático y civilizado. 3. Estamos dolorosamente hartos de ver morir impunemente a nuestros compañeros, servidores de la sociedad, mientras se repite machaconamente que "el Gobierno está dispuesto a ejercer su autoridad", al tiempo que se adoptan indiscriminadas medidas de gracia. 4. Estamos dolorosamente hartos de contemplar la alarmante desprotección que padece la sociedad y cuya defensa nos está encomendada, pues tal defensa no es posible cuando la debilidad de los poderes públicos y el desprecio de la ley alcanzan las cotas actuales en España. 5. Ante tales circunstancias, esta asociación profesional hace un llamamiento a las conciencias de los ciudadanos —pues carece de otros medios de defensa— para que éstos, víctimas últimas de este estado de cosas, expresen públicamente su exigencia de orden, seguridad y justicia”.
Los autores de la nota firmada por la Asociación de Profesionales del Cuerpo General de Policía serían sancionados, según se acordaba tras la reunión mantenida entre el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa; el director general de Seguridad, altos mandos de su Departamento y los jefes superiores de Policía de toda España. Al final de la reunión, la Dirección General de Seguridad facilitaba a los medios informativos el comunicado siguiente: “En relación con la nota elaborada por algunos miembros de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policía, hecha pública en el día de ayer, esta Dirección General manifiesta:
1. Que el Gobierno viene prestando a los cuerpos de seguridad del Estado todo el apoyo necesario en medios materiales, operativos y legales para facilitar sin reserva la más alta eficacia policial.
2. Que los acuerdos políticos en materia de orden público no han propiciado otra cosa que facilidades de toda índole para que los cuerpos policiales puedan desarrollar la alta misión que la sociedad les tiene encomendada y que se han traducido en el respaldo legal, material y moral a la recta actuación de los servidores de la seguridad ciudadana.
3. En relación con el carácter de discriminadas, con que los autores de la nota califican las medidas de gracia adoptadas por el Parlamento, es obvio que la aprobación de la amnistía, como la de todas las leyes, corresponde al Parlamento, y su interpretación y aplicación a los Tribunales de Justicia. La principal obligación de los Cuerpos de Seguridad del Estado es respetar y obedecer esas leyes y velar por su cumplimiento. En todo caso, y como es sabido, el Ministerio del Interior recurrió en su día contra aquellas aplicaciones de la Ley de la Amnistía que individualmente consideró improcedentes.
4. La D.G.S., en consonancia con la política del Gobierno, y cumpliendo las órdenes e instrucciones del ministro del Interior, viene exigiendo constantemente, por parte de los medios a su alcance, el máximo rigor y eficacia profesional de la policía. Pese al carácter evasivo que se desprende de dicha nota, desplazando las propias y estrictas responsabilidades policiales a otros estamentos e instituciones, que como el Parlamento, los partidos políticos y centrales sindicales, no han hecho sino brindarles su apoyo y los instrumentos legales adecuados para poder cumplir con eficacia su misión.
5. — Ni por esta Dirección General ni por el Ministerio del Interior, ni por ninguna autoridad gubernativa han sido impartidas órdenes o instrucciones que directa o indirectamente pudieran justificar inhibición o disminución alguna de la actuación policial.
6. — Los encargados de velar por la seguridad ciudadana, y de prevenir y reprimir la delincuencia .y el terrorismo son exclusivamente, y con carácter profesional, los' Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos resultados positivos en el campo de la delincuencia y la delincuencia callejera son apreciables. En cuanto al terrorismo, el Gobierno y el Parlamento han dotado a los Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios precisos para una más eficaz lucha frente a este fenómeno de alcance mundial y cuya difícil solución no autoriza a endosar responsabilidades propias del ámbito profesional. En consecuencia, esta Dirección General, al propio tiempo que resalta lo inoportuno de dicha nota en un momento en que la sociedad demanda más autoridad y eficacia policial, confía firmemente en que esa misma sociedad no juzgue al Cuerpo General de Policía, cuyas virtudes y espíritu de servicio tiene suficientemente acreditados, por la actitud de los autores de la nota a que se refiere esta comunicación y por el contenido de. la misma. En la seguridad de que el apoyo social a la misión y cometidos de los Cuerpos de Seguridad del Estado ha de seguir siendo el mejor estímulo al servicio de la comunidad nacional que tenemos encomendada, esta Dirección reafirma su confianza en la abnegación, disciplina, lealtad, y elevada moral de los funcionarios del Cuerpo General de Policía”.
La desafortunada nota del gobierno ponía a las claras de manifiesto la cobardía y el entreguismo del gobierno de la UCD, incapaz de frenar el terrorismo. Los españoles de cierta edad aún recuerdan aquellos funerales y entierros casi clandestinos en los que los familiares de las personas asesinadas eran ignorados, maltratados, despreciados, sin apenas ayudas, teniendo que pasar años antes de que las administraciones públicas mostraran sensibilidad hacia los problemas de las familias de los asesinados por el terrorismo marxista y separatista. En muchas ocasiones, -sobre todo cuando las víctimas eran miembros del Ejército, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional-, sus funerales en Vascongadas y Navarra eran casi clandestinos y una vez acabada la ceremonia religiosa, el féretro era sacado casi por la puerta de atrás, montado con rapidez en el coche fúnebre y enviado a su lugar de origen, fuese este Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia o cualquier otro punto de España.
Alfonso Estevas-Gilmain Muñoz, de 41 años, era natural de Madrid, aunque residía en Fuenterrabía desde que tenía 18 años. Estaba casado y tenía tres hijos varones de 12, 11 y 6 años de edad. Estaba destinado en Irún, donde llevaba doce años, dos de ellos como jefe del Servicio de Información del Cuerpo General de Policía. Además, él y su mujer regentaban el Hostal Álvarez Quintero en Fuenterrabía. Alfonso era una persona muy conocida en la localidad en la que vivía, donde compaginaba su profesión de policía con el estudio de la carrera de Derecho.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
El asesinato del Inspector de Policía Alfonso Estevas-Gilmain Muñoz, continúa, a día de hoy, impune.
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