28 DE NOVIEMBRE DE 1979. AZPEITIA (GUIPÚZCOA) GUARDIAS CIVILES ANTONIO ALÉS MARTÍNEZ, ÁNGEL GARCÍA PÉREZ Y PEDRO SÁNCHEZ MARFIL.
Guardia Civil Antonio Alés Martínez.
A las 22:30 horas del miércoles 28 de noviembre de 1979 la banda terrorista ETA ametrallaba en el Bar Izaro de Azpeitia (Guipúzcoa) a tres jovencísimos guardias civiles ANTONIO ALÉS MARTÍNEZ, ÁNGEL GARCÍA PÉREZ y PEDRO SÁNCHEZ MARFIL que, en compañía de la mujer de Pedro, habían ido a cenar al establecimiento. Los tres guardias civiles estaban destinados desde hacía poco tiempo en el puesto de la Guardia Civil de Azpeitia.
Guardia Civil Ángel García Pérez.
Los guardias civiles entraban en el bar "Izaro", situado en el barrió Juandegui, ubicado en las afueras de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, con intención de cenar. Este establecimiento era frecuentado por emigrantes y por miembros del instituto Armado.
Guardia Civil Pedro Sánchez Marfíl.
Los tres guardias civiles, que llevaban sólo unos meses destinados en la provincia de Guipúzcoa, salieron juntos a dar un paseo, vestidos de paisano acompañados por la mujer de Pedro Sánchez, único casado del grupo.
Minutos después de que los guardias civiles pidieran una consumición en la barra del “Izaro”, entraron en el local cuatro individuos que, tras pedir la suya, pagaron y salieron a la calle. En breves segundos, entraron de nuevo en el bar empuñando las armas que habían dejado dentro de un vehículo estacionado en la puerta. Tras separar violentamente del grupo a la mujer del agente Sánchez Marfil, los terroristas empezaron a disparar por la espalda y a escasa distancia a los tres guardias civiles, que no tuvieron tiempo de reaccionar. Pese a que los agentes fallecieron casi en el acto, al caer al suelo los fueron rematando con otro disparo en la cabeza.
Una vez cometido el atentado, los cuatro terroristas se dieron a la fuga en un Seat 124 de color azul que había sido robado unas horas antes, a su propietario, J.M.L.A., en la localidad guipuzcoana de Usurbil. El propietario del vehículo fue trasladado al monte Burutxa, cercano a Lasarte, y atado a un árbol. Los etarras le conminaron, antes de llevarse el vehículo, a que no presentara denuncia del hecho hasta pasa das tres horas.
J.M.L.A. consiguió desatarse de sus ligaduras y, desde una de las gasolineras de Lasarte dio aviso a la Policía, presentando poco después, en Comisaria, la correspondiente denuncia.
En el lugar de los hechos se recogieron dieciocho casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum y un cargador de pistola con doce cartuchos. El médico que reconoció a los guardias civiles en el propio bar señaló que cada uno de ellos tenía seis o siete impactos de bala en el cuerpo, además de dos orificios en la cabeza.
La mujer de Pedro Sánchez, presa de un ataque de nervios, salió a la calle a pedir ayuda. Se encontró con dos dotaciones de la Guardia Civil que en ese momento pasaban casualmente por la puerta del bar e inmediatamente se hicieron cargo de la situación. Los asesinos etarras actuaron a cara descubierta, pero ninguno de los clientes del bar, que a la hora de atentado se encontraba lleno de clientes, quisieron colaborar con las fuerzas de la Guardia Civil, aportando datos de los asesinos.
Sin embargo las huellas dejadas por alguno de ellos, pudo determinar, años después, concretamente en 1993, que uno de los asesinos era el terrorista Pedro María Leguina Aurre, alias “Kepatxu”, huido de la justicia hasta que, en 1999, fue detenido por la Policía francesa.
Al tener conocimiento del asesinato, el alcalde de Azpeitia decidió suspender, por precaución, una manifestación pro-amnistía prevista para el jueves 29 de noviembre en la localidad, el mismo día en el que se iban a celebrar los funerales por los guardias civiles, y señaló que lo hacía porque, de lo contrario, "podía ocurrir una masacre".
A las nueve de la mañana del día siguiente quedó Instalada en el Hospital Militar de San Sebastián la capilla ardiente con los restos mortales de los tres guardias civiles asesinados. Una hora antes, el médico forense les había practicado la autopsia.
A la una y media de la tarde tuvo lugar, en la capilla del Hospital Militar, el funeral po el alma de los tres servidores del orden público asesinados.
Momentos antes de la una y media, el capitán general de la VI Región Militar, Antonio Pascual Galmes, se trasladó a la capilla ardiente, donde oró breves minutos y dio el pésame a los familiares de las víctimas.
Poco después, el capitán general de la VI Región Militar abandonó el Hospital Militar, ostentado su representación el Gobernador Militar de San Sebastián. Los féretros que contenían los restos mortales de los guardias civiles Ángel García Pérez, Antonio Ales Martínez y Pedro Sánchez, cubiertos con la bandera Nacional, fueron llevados a hombros de compañeros desde la capilla ardiente a un vestíbulo del Hospital militar, donde se celebró la ceremonia religiosa.
Al funeral asistieron el gobernador civil de Guipúzcoa, Joaquín Argote, el diputado general y presidente de la Diputación, Javier Aizarna; el director general de la Guardia Civil, general Fontela, jefes y oficiales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Ejército, así como representantes de diversos partidos políticos.
Entre los familiares asistentes, estaban los padres de Ángel García y los de Antonio Ales, llegados de sus lugares de residencia, así como la esposa de Pedro Sánchez.
En la homilía, el capellán del Hospital Militar condenó la muerte de los tres guardias civiles y afirmó que “han dado su vida por un ideal, por la Patria y por el bienestar y la protección de los ciudadanos españoles”. Más adelante señaló: “Dios está en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y en el Ejército, y en todo aquello que representan”.
Al término de la ceremonia religiosa, se ofició un responso y los féretros fueron bajados al patio del Hospital Militar, desde donde, en furgones fúnebres, fueron trasladados a sus pueblos natales.
Al ser introducidos en los furgones, fue entonado el himno de la Guardia Civil y se dieron numerosos gritos de “Viva España” “Viva la Guardia Civil” y “Viva el Rey”. Algunas mujeres de guardias civiles expresaron de viva voz su opinión de que el Rey no les ayudaba,
En el año 1988 la Audiencia Nacional condenó, en calidad de encubridor, a Juan María Tapia Irujo a 9 años de prisión y, subsidiariamente, al pago de indemnizaciones a los herederos de las víctimas.
En el año 2003 fue condenado Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, a tres penas de 30 años. Tras exiliarse a México, fue detenido en el aeropuerto de Orly (Francia) portando documentación falsa. Francia sólo aceptó conceder su extradición por el asesinato de los tres guardias civiles, considerando que el resto de sus crímenes, Leguina estaba imputado en catorce más, habían prescrito.
En una sentencia de 2003, la Audiencia Nacional consideró probado la que sigue: “que en 1979 Leguina Aurre formaba parte de un comando que operaba en la provincia de Guipúzcoa y que estaba integrado también por Miguel Antonio Goikoetxea, alias “Txapela”, Ignacio María Gabirondo, alias “Donibane”, Carlos Lucio Fernández, alias “Zarra”, y una quinta persona no identificada. Los etarras, que se alojaban desde septiembre de 1979 en el domicilio del ya condenado Juan María Tapia Irujo en la localidad guipuzcoana de Cizúrquil, decidieron atentar contra los guardias civiles que frecuentaban el Bar Izaro de Azpeitia. Para ello, el 28 de noviembre se apoderaron a punta de pistola de un vehículo en Usurbil y dejaron a su dueño atado a un pino en el monte Burunza. Desde Usurbil, los terroristas se trasladaron a Azpeitia y, mientras el etarra cuya identidad se desconoce permanecía al volante del coche, los otros cuatro entraron en el bar. Ahí esperaron a los guardias civiles. Una vez que comprobaron que habían llegado al local dos de los terroristas volvieron al automóvil, donde recogieron una bolsa con armas, regresando al bar.Alli se acercaron a la mesa donde estaban sus dos compañeros, entregándoles de forma disimulada el armamento. Ya con las armas en sus manos, los cuatro etarras dispararon súbitamente por la espalda y desde cerca contra los tres guardias, quienes recibieron al menos 18 disparos en todo el cuerpo que les causaron la muerte de forma inmediata y a las que, no obstante, remataron una vez se encontraban en el suelo”.
Antonio Alés Martínez, de 19 años, era natural de Cuenca, aunque su familia residía en Valencia. Estaba soltero.
Ángel García Pérez, de 20 años, era natural de Vitigudino (Salamanca). Estaba también soltero.
Pedro Sánchez Marfil, de 20 años, era natural de Moreda (Granada). Estaba casado con María Luisa desde cuatro meses antes. Su mujer estaba embarazada del primer hijo de la pareja, Pedro David.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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