29 DE JULIO DE 1994. MADRID. TENIENTE GENERAL DEL EJÉRCITO Y DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA, FRANCISCO VEGUILLAS ELICES, FRANCISCO JOAQUÍN MARTÍN MOYA, CONDUCTOR CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y CÉSAR GARCÍA CONTONENTE.
Teniente General del Ejército de Tierra Francisco Veguillas Elices.
El 29 de julio de 1994, a las ocho y media de la mañana, en la madrileña plaza de Ramales, a escasos metros del Palacio de Oriente, miembros del “comando Madrid” de la banda terrorista ETA hacía estallar un coche-bomba en Madrid al paso del vehículo en el que viajaba el Teniente General del Ejército y director general de Política de Defensa, FRANCISCO VEGUILLAS ELICES. La explosión provocó la muerte casi en el acto del teniente general y de su chófer, el conductor civil del Ministerio de Defensa, FRANCISCO JOAQUÍN MARTÍN MOYA, además de la de CÉSAR GARCÍA CONTONENTE, operario de una compañía de danza que se encontraba en esos momentos trabajando en la zona.
Francisco Martín Moya
El vehículo utilizado para el atentado, un Ford Sierra, contenía cerca de 40 kilogramos de explosivos y otros tantos de metralla. El 80% de la carga era amosal.
César García Contonente.
La onda expansiva reventó a César García y parte de su cuerpo quedó colgando de uno de los balcones próximos. Los responsables del Instituto Anatómico Forense tardaron casi cuatro horas en identificar los tres cadáveres, ya que los cuerpos quedaron totalmente destrozados y carbonizados.
El atentado dejo también diecinueve personas heridas, dos de ellas graves, debido a la potencia de la onda expansiva. Fueron tres guardias civiles, escoltas del teniente general que viajaban en otro vehículo, dos policías municipales que patrullaban la zona, y tres operarios de Los Ballets de Madrid que trabajaban junto a su compañero fallecido César García.
El vehículo utilizado por los terroristas para el atentado había sido robado días antes en Madrid. Al lugar del atentado se desplazaron inmediatamente los ministros de Defensa, Julián García Vargas, y de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, así como otras autoridades como el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano.
Cuatro ministros Julián García Vargas (Defensa), Juan Alberto Belloch (Justicia e Interior), Javier Solana (Asuntos Exteriores) y Gustavo Suárez Pertierra (Educación)y todos los integrantes de la Junta de Jefes de Estado Mayor asistieron, al día siguiente, al funeral oficiado en el patio de armas del Cuartel General del Ejército en memoria del teniente general Francisco Veguillas Elices, director general de Política de Defensa, y del conductor Joaquín Martín Moya,
La explanada central de la sede del Cuartel General del Ejército de Tierra fue el marco de una ceremonia religiosa caracterizada por el profundo dolor y la indignación contenida de los familiares de las víctimas y de las numerosas autoridades civiles y militares que asistieron al acto.
Una compañía del cuartel general y tres secciones del Ejército de Tierra, al que pertenecía el general asesinado, rindieron honores a las víctimas del atentado, mientras los féretros que contenían sus restos mortales, envueltos en la bandera Nacional fueron conducidos hasta el patio central. A ambos lados del altar se situaron los familiares próximos y el resto de las autoridades.
En la homilía, el vicario general castrense del Ejército, Clemente Martín Muñiz, pidió a los miembros de las Fuerzas Armadas que mantuviesen su «serenidad y fortaleza» para seguir cumpliendo con sus responsabilidades, «en defensa del orden, de la justicia y de la convivencia en paz en España».
Al finalizar la Misa, tras ser entonado el himno de Ingenieros, el ministro de García Vargas impuso sendas condecoraciones concedidas a título póstumo, que entregó a las viudas del general y del funcionario de Defensa. El general Veguillas, fue enterrado posteriormente en el cementerio de Alcalá de Henares, su localidad natal.
Los restos mortales de Francisco Joaquín Martín fueron incinerados en el cementerio de La Almudena de Madrid.
Aquel execrable asesinato de tres inocentes se produjo cuando el gobierno presidido por el socialistas Felipe González había puesto en marcha, en mayo de 1994, a través de su ministerio del interior con Juan Alberto Belloch a la cabeza y Margarita Robles, en la secretaria de Estado de Interior, y María Teresa Fernández de la Vega, en la secretaria de Estado de Justicia, una política de reinserción de etarras, incluidos aquellos con delitos de sangre.
Meses después, el portavoz de Herri Batasuna, Floren Aoiz, hizo la siguiente valoración: "El atentado del mes de julio fue uno de los golpes más fuertes contra el Estado desde la muerte de Carrero Blanco”.
Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias “Hankas”, fue detenido en marzo de 1998 en Sevilla. En febrero de 2001 la Audiencia Nacional le condenaba a 208 años de prisión mayor por el atentado de la plaza de Ramales al dejar sentado en la sentencia que Azurmendi Peñagaricano, tras ser avisado por Juan Arri Pascual, de la llegada a la plaza del vehículo oficial blindado donde viajaba el teniente general Veguillas, accionó el mando a distancia en el momento en el que el coche pasaba a la altura del coche-bomba.
En abril de 2003 fue extraditado por Francia Álvaro Juan Arri Pascual, alias Carlos y Munipa. En diciembre de 2005 la Audiencia Nacional lo condenó a 208 años de reclusión por su participación directa en el mismo atentado. El tribunal consideró probada su integración desde 1992 en el grupo Madrid de ETA, junto a Mikel Azurmendi y otros. En noviembre 2003 fue también extraditada por Francia la etarra Idoia Martínez García, alias Francisca y Olga, presuntamente implicada en este atentado según fuentes del Ministerio del Interior.
En 2020 por orden del ministerio del interior del gobierno del socialista Pedro Sánchez Azumendi fue trasladad de la prisión del Dueso en Santoña (Cantabria) a una cárcel de Vascongadas, donde cumple condena por participar además de en el atentado que costó la vida al teniente general Francisco Veguillas Elices, al conductor Francisco Joaquín Martín Moya, y al tramoyista César García Contonente, en los asesinatos de Miguel Peralta Utrera; del general Juan José Hernández Rovira, de Miguel Ángel Ayllón Díaz-González y de Alberto Jiménez-Becerril Barrio y su esposa Ascensión García Ortiz.
En diciembre de 2022, Álvaro Juan Arri Pascual, abandonó la prisión de Basauri (Vizcaya), donde cumplía una condena de 30 años por asesinatos, estragos y atentados, al obtener la libertad condicional por decisión de la Audiencia Nacional.
En agosto de 2021, Idoia Martínez, condenada a 32 años de cárcel por robar sus armas a dos policías municipales de Madrid en agosto de 1994 y por los delitos de depósito de armas y tenencia de explosivos, obtendría la libertad.
El teniente general Francisco Veguillas Elices, del arma de ingenieros, había nacido en Alcalá de Henares (Madrid), hacía 69 años, Estaba casado con Amalia Altenburg y no tenía hijos. Era Director General de Política de Defensa en el Ministerio dirigido entonces por Julián García Varga. Ingresó en el Ejército en 1942. Fue agregado militar en la Embajada de España en Washington. Ascendió al generalato en 1982. Estaba en posesión de numerosas condecoraciones.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior les concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
Francisco Joaquín Martín Moya, estaba casado y tenía tres hijos. Era conductor civil del Parque Móvil del Estado, destinado en el Ministerio de Defensa. Se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
César García Contonente, tenía 24 años de edad. Era tramoyista de la compañía privada de danza Los Ballets de Madrid. En el momento del atentado se encontraba cargando un camión con material para la compañía de ballet que actuaba esa tarde en Hoyo de Manzanares (Madrid). Fue inhumado en el cementerio de Carabanchel de Madrid, y a sus exequias no asistió ningún representante de la Administración, algo que no gustó a familiares, amigos y compañeros de la víctima. Una calle de Leganés y el polideportivo municipal de Cardiel de los Montes (Toledo) llevan su nombre. De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
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