29 DE OCTUBRE DE 1974. SAN SEBASTIÁN. SARGENTO DE LA GUARDIA CIVIL JERÓNIMO VERA GARCÍA.
Sargento de la Guardia Civil Jerónimo Vera García.
A las siete y media de la tarde del día 29 de octubre de 1974 un miembro de la organización terrorista, marxista y antiespañola ETA, asesinaba en San Sebastián al sargento de la Guardia Civil JERÓNIMO VERA GARCÍA.
Sobre las siete de la tarde de ese día 29, fuerzas de la Guardia Civil del cuartel de San Sebastián, tuvieron conocimiento de la presencia de un activista de ETA, que resultaría ser Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, alias Iporra, en el barrio donostiarra de Trincherpe, colindante con el municipio de Pasajes, barrio de San Pedro. El Benemérito Cuerpo llevaba a cabo una investigación y seguimiento de varios miembros de la banda terrorista ETA, tras haber cometido la masacre en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid.
Para confirmar dicha presencia, se desplazó al citado lugar el sargento de la Guardia Civil, acompañado por el Guardia Civil Tránsito Jubete Rojas, quienes, en la unión de la variante de San Sebastián con la calle que desembocaba en el puerto pesquero de Pasajes, vieron al mencionado miembro de la organización terrorista E.T.A., al que dieron el alto, pidiéndole que se identificase; El terrorista hizo caso omiso a la petición y sacó una pistola disparando contra el sargento, al que hirió en el pecho, pese a lo cual repelió la agresión e hirió al terrorista.
El sargento paró un coche particular que por allí circulaba, se identificó como miembro de la Guardia Civil y rogó al conductor le trasladase al Hospital Militar por encontrarse herido.
El sargento Vera García falleció dos horas y media después de su ingreso en el Hospital Militar, aproximadamente sobre las nueve de la noche.
El terrorista herido fue detenido y trasladado, en otro coche particular, a un centro de urgencia, donde tambi6n ingresó cadáver.
Identificado, resultó ser Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, natural de Idiazábal (Guipúzcoa), que desde diciembre de 1973 se encontraba huido en Francia.
Poco después de producirse la muerte del sargento primero, se personó en el Hospital Militar de San Sebastián el ministro de Planificación del Desarrollo, Joaquín Gutiérrez Cano, quien se encontraba en San Sebastián en visita oficial, acompañado del gobernador civil de la provincia, Eulogio Salmerón Mora, el gobernador Militar y otras autoridades civiles y militares,
Los funerales de «córpore insepulto», por el alma de Sargento primero Vera se celebraron al día siguiente en la iglesia catedral del Buen Pastor, de San Sebastián, presididos por el subdirector de la Guardia Civil General Bujanda González; general jefe de la quinta zona de la Guardia Civil, Juan Atarés Peña y los familiares del sargento asesinado pro cedentes de Madrid y Murcia.
Jerónimo Vera García tenía 45 años. Era natural de Fuente Álamo (Murcia), pero residía en Guipúzcoa desde 1949, es decir, desde que tenía 20 años. Estaba casado y tenía dos hijas de 14 y 10 años. Fue condecorado a título póstumo con las Cruces Rojas del Mérito Policial y del Mérito Militar.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
29 DE OCTUBRE DE 1978. URNIETA (GUIPÚZCOA) IGNACIO OLAIZ MICHELENA.
Ignacio Olaiz Michelena.
Sobre las once y media de la noche del 29 de octubre de 1978, la banda terrorista, marxista ETA asesinaba en Urnieta (Guioúzcoa) a IGNACIO OLAIZ MICHELENA, miembro de la Gestora pro Amnistía de Andoain. El cadáver presentaba varios impactos de bala en la cabeza y el costado y los autores del asesinato habían colocado varios billetes de mil pesetas en una de las manos de la víctima.
Diez impactos de bala (tres en la cabeza, parte posterior, seis en el tórax y uno en la muñeca derecha) presentaba el cuerpo de Ignacio Olaiz Michelena, de 43 años de edad, hallado muerto por la Guardia Civil a las cinco de la madrugada del 30 de octubre, en el interior de su vehículo, un SEAT 1500, en la cantera de San José, término municipal de Urnieta, entre las localidades guipuzcoanas de Andoain y Hernani. El atentado, que en un principio se creyó que era obra de algún grupo de la extrema derecha pues la víctima era miembro de la gestora pro amnistía de Andoain, sería reivindicado a media mañana del día siguiente por ETA, militar, por medio de una llamada telefónica a Radio Popular de San Sebastián, en la que un portavoz de dicha organización manifestó que Ignacio Olaiz era un infiltrado en la propia banda y en sus organizaciones afines.
Sobre las siete y media de la tarde del día 29 Ignacio Olaiz abandonó su domicilio diciendo a su esposa que se trasladaba al cementerio de Oyarzún con el propósito de visitar el panteón familiar.
A las nueve y media de la noche y tras participar en una manifestación pro-amnistía en Tolosa, donde estuvo con otros dos amigos. Los tres se dirigieron al término de la manifestación, a Andoain en el coche del Ignacio. Allí Ignacio se despediría de ellos yéndose a casa, adonde nunca llegó.
Dos terroristas le secuestrarían en el instante en que aparcaba su vehículo delante de su domicilio, obligándole a dirigirse a la cantera de Urnieta, donde lo asesinaron. En el lugar de los hechos se recogieron diez casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco. El automóvil propiedad de la víctima presentaba también dos impactos de bala, que se habían disparado desde dentro hacia fuera.
Ignacio Olaiz Michelena, natural de Oyarzun (Guipúzcoa) de 48 años de edad, casado, tenía tres hijos (una chica de 13 año y dos chicos de 14 y 9, años, era conductor, aunque en en esos momentos se encontraba en paro. Desde hacía quince días vendía verduras en el mercado de la Brecha, en San Sebastián. Residía en Andoain y era un miembro muy activo de la gestora pro-amnistía de esta localidad, donde había participado en un encierro y en diferentes marchas y mítines de Telesforo Monzón, Iñaki Esnaola, Miguel Castells y otros miembros del entorno separatista y pro etarra. Sin embargo otros sectores del pueblo consideraban a Olaiz una persona oscura que nadie sabía bien a lo que se dedicaba".
En febrero de 1982 la Audiencia Nacional condenó al etarra José Luis Martín Elustondo, a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Ignacio Olaiz. Por la misma sentencia fue condenado a 6 años de prisión menor Joaquín Zubillaga Artola, como cooperador necesario por encubrimiento. El mismo año, en diciembre, fue condenado también a 6 años de prisión menor José Ignacio Goicoechea Arandia como cómplice.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
29 DE OCTUBRE DE 1980. SAN SEBASTIÁN. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ AZPIAZU.
Juan Carlos Fernández Azpiazu.
A las once de la noche del 29 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA, asesinaba en San Sebastián a JUAN CARLOS FERNÁNDEZ AZPIAZU, encargado de la sección de publicidad de las páginas amarillas de la empresa Citesa, una filial de la compañía Telefónica, además de ser copropietario del Bar Kopos en la capital donostiarra.
La banda cumplía así las amenazas que los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían hecho en el comunicado de reivindicación del asesinato, seis días antes, de delegado de Telefónica en Guipúzcoa, Juan Manuel García Cordero.
Juan Carlos se encontraba en el bar de su propiedad hablando con uno de sus socios cuando dos encapuchados de la banda asesina penetraron en el local descerrajándole varios tiros, que le produjeron la muerte en el acto. Seguidamente huyeron a pie hasta el paseo de los Fueros, donde les esperaba otro terrorista. En el momento de producirse el atentado se encontraban en el bar media docena de clientes.
La Policía encontró cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en el lugar de los hechos. El cuerpo de Juan Carlos Fernández fue trasladado directamente al depósito del cementerio municipal.
En un comunicado posterior, ETA militar se responsabilizaba del atentado y acusaba a Juan Carlos Fernández de estar implicado en el tráfico de drogas y en las escuchas telefónicas ilegales.
El funeral por su alma se celebró el 31 de octubre en la parroquia de San Sebastián Mártir del barrio del Antiguo de la capital donostiarra, con la asistencia de su familia, de altos directivos de CITESA llegados desde Madrid y del alcalde de la ciudad, Jesús María Alcaín.
Varios integrantes del comando etarra, Manuel Ostolaza Alcocer, Rufino Echeverría Arbelaiz, Luis María de Marcos Olaizola; José Antonio Ochoa de Alaiza Azpiazu, Martín Zabaleta González, Eusebio Arzalluz Tapia y el religioso capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre, que era el jefe del comando, fueron detenidos en enero de 1981. Los terroristas detenidos confesaron haber participado en tres asesinatos, entre ellos el de Juan Carlos Fernández Azpiazu, cometido por Rufino Echeverría Arbelaiz y Juan Manuel Gaztelumendi Iribarren, que se encontraba huido, Rufino Echevarria fue absuelto por falta de pruebas en noviembre de 1982.
Juan Carlos Fernández Azpiazu, de 31 años de edad, estaba casado con Mercedes Azofra y tenía dos hijos, de 9 y 7 años.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
A día de hoy el asesinato de Juan Carlos Fernández Azpiazu, sigue sin ser juzgado ni aclarado.
29 DE OCTUBRE DE 1988. BILBAO. POLICÍA NACIONAL CRISTÓBAL DÍAZ GARCÍA.
Policía Nacional Cristóbal Díaz García.
A las diez y veinte minutos de la mañana del 29 de octubre, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al Policía Nacional CRISTÓBAL DÍAZ GARCÍA. El atentado tuvo lugar a las 10.20 horas de la mañana, cuando el agente efectuaba el servicio de guardia en la puerta de la comisaría de Policía del barrio de Santuchu.
El turno del Policía Nacional Díaz García había terminado, pero un compañero que estaba de guardia le pidió que le relevara en su puesto un momento. El asesinato lo cometió un francotirador de la banda, junto a otras cuatro personas que según las primeras indagaciones policiales, se apostaron en un descampado a unos 200 metros de la entrada de la comisaría, situada en la calle de Cocherito de Bilbao, separados de la oficina policial por la autovía de San Sebastián y que disparó un solo tiro realizado con un fusil de asalto “Cetme”, armamento empleado por el Ejército, provisto de mira telescópica. Cristóbal, alcanzado en el lado izquierdo del tórax por un disparo que salió por la espalda, falleció una hora después en la mesa de operaciones del Hospital de Basurto.
Cristóbal Díaz no llevaba puesto en el momento del atentado el chaleco antibalas cuyo uso habían recomendado con insistencia los mandos policiales cuando se estaban prestando servicios de vigilancia estática en las vías públicas. Fuentes oficiales señalaron que el policía asesinado hubiera salvado la vida de haber llevado el chaleco protector. Sin embargo, al día siguiente el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció la inexistencia de chalecos antibala en la comisaría de Santuchu.
Era la primera vez que se cometía un atentado contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado mediante el método de tiro a larga distancia realizado por un franco tirador, con mira telescópica. Una vecina del barrio afirmó haber visto a tres chicos encapuchados correr por un descampado, al otro lado de la autovía donde se encontraba situada la comisaría. Esta mujer observó a los tres hombres entrar en un “Simca-1200” de color rojo, conducido por una joven y robado previamente a punta de pistola. Los autores del asesinato se dirigieron a San Antonio de Echévarri, localidad situada a unos ocho kilómetros del lugar de los hechos, donde abandonaron el coche, que fue encontrado por la Policía veinte minutos después, y, presumiblemente, tomaron otro vehículo.
Dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía instalaron controles en las salidas de Bilbao y cercaron el barrio de Ocharcoaga, iniciándose un rastreo que no dio resultado positivo.
A partir de las 10 de la noche la capilla ardiente del Policía Nacional Cristóbal Díaz quedó instalada en la sede del Gobierno Civil de Vizcaya.
Del atentado no se responsabilizó nadie, pero el Gobierno Civil de Vizcaya en nota de prensa emitida la misma tarde del asesinato de Cristóbal Díaz, se afirmaba que el atentado de Santuchu era un nuevo crimen para el cual no existían calificaciones, perpetrado por ETA y sus discípulos. En la misma nota se invitaba a los ciudadanos a acudir a los funerales por el policía asesinado, que tendrían lugar al día siguiente.
El funeral por el Policía Nacional Cristóbal Díaz García, se celebraba al día siguiente en la parroquia de los Padres Agustinos, próxima al Gobierno Civil de Vizcaya, donde una multitud despidió con dolor al policía asesinado.
Desde primeras horas de la mañana, un fuerte dispositivo policial se situó en las inmediaciones de la parroquia donde a las dos menos cuarto de la tarde tuvieron lugar las honras fúnebres por el policía asesinado. Tres horas antes de que diese comienzo la ceremonia, unidades de la Policía Nacional acordonaron los alrededores de la iglesia de San José, e impidieron el paso de vehículos, a la vez que una grúa municipal retiraba los allí aparcados. Minutos antes de que diese comienzo el funeral, estas medidas de seguridad se reforzaron con la presencia de un helicóptero de la Policía que sobrevoló la zona, a la vez que se desalojaba a periodistas y toda persona no relacionada con las fuerzas de Seguridad de las proximidades de la entrada al templo, por donde debían pasar después las autoridades.
El féretro de Cristóbal Diaz, cubierto por la Bandera Nacional, fue llevado a hombros desde las dependencias del Gobierno Civil de Vizcaya, e introducido en el templo por compañeros de la Policía Nacional y por miembros de la Guardia Civil. La banda de música y tres secciones de la Policía Nacional acompañaron el féretro hasta la entrada de la iglesia, donde el capellán mayor de la Policía Nacional, venido expresamente desde Madrid, ofició los actos religiosos.
Entre la autoridades, se hallaban presentes el ministro del Interior, José Luis Corcuera; delegado del Gobierno en el País Vasco, Julen Elgorriaga; consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan Lasa; gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega; Gobernador Militar; director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado. Acudieron también al funeral mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejercito y Ertzaintza, representantes de todos los partidos vascos entre ellos Ricardo García Damborenea, Nicolás Redondo Terreros, José Alberto Pradera y José Eugenio Azpiroz, así como la antigua esposa del Policía asesinado, Francisca Lombardo, -de la cual Cristóbal estaba separado desde hacía seis años, familiares, amigos y compañeros de la víctima.
Con un templo abarrotado, el oficiante recalcó la injusticia cometida contra el policía asesinado y las muchas veces que se han tenido que “enjuagar las lágrimas de los familiares, condenar la mano que siega la vida de un hombre que ha pasado sus horas sirviendo a la sociedad”. “Una vez más” —añadió— “otro buen hombre ha visto cortada su vida por una bala traidora. Que Dios tenga misericordia de este mundo del que parece haberse olvidado.» Finalmente, se dirigió a los compañeros del policía asesinado afirmando que “no tengáis miedo, sentíos orgullosos de vuestra tarea y sentid el amor del compañerismo. No estáis solos, lo sabéis muy bien, España está con vosotros”.
A la salida del féretro el numeroso público presente en la Iglesia y su aledaños, tributó una cerrada ovación y gritos de ”Eta asesina”, entremezclados con Vivas a España y a la Policía, mientras la Unidad de Música de la Policía Nacional interpretaba La Muerte no es el Final y el toque de oración.
Los restos mortales del Policía Nacional vilmente asesinado, eran cristianamente sepultados en el cementerio sevillano de San Fernando a las siete de la tarde en medio de una semioscuridad y gran aguacero. Una hora antes, un avión militar había llegado al aeropuerto de San Pablo de la capital hispalense con los restos mortales del servidor del orden, que venían acompañados por su padre, su antigua esposa y un hermano. Familiares de la victimas llegados desde Montellano, Barcelona y Málaga, esperaron a pie de pista el ataúd, que fue traslado hasta un furgón fúnebre a hombros de tres parejas de Policías Nacionales, Guardias Civiles y Policías Municipales de Sevilla, La madre de Cristóbal Díaz, Rosario García, de setenta y siete años de edad, en silla de ruedas, y profundamente abatida y emocionada, acudió al aeropuerto con cuatro de su hijos, registrándose escenas de gran dolor y patetismo. Dieron el pésame a la familia el Gobernador Civil Alfonso Garrido; Gobernador Militar, Jefe Superior de Policía Enrique Mora; fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Sevilla, así como mandos de la Policía, Ejercito y Guardia Civil. Momento antes de iniciarse el traslado al cementerio, la madre del policía caído solicitó ver a su hijo para darle el último adiós, viendo su rostro, deseo que fue cumplido.
Cristóbal Díaz fue enterrado en el nicho familiar mientras su padre sostenía la gorra de su hijo y la bandera de España con la que había sido envuelto el ataúd, con la mirada perdida dirigida a un cielo plomizo que en ese momento descargaba con fuerza un aguacero.
El asesinato de Cristóbal, que a día de hoy permanece impune, se produjo un día antes de que la banda terrorista ETA liberase, previo pago de un rescate, a Emiliano Revilla, que había permanecido secuestrado doscientos cuarenta y nueve días.
Cristóbal Díaz García, era natural de Montellano, en la provincia de Sevilla. Había ingresado en la Policía Nacional en 1976 y desde 1983 estaba destinado en Bilbao, adonde llegó desde Barcelona de forma voluntaria. Un hermano suyo también pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía. De 36 años, Cristóbal se había casado con Francisca Lombardo, de 31 años, de la que se había separado legalmente hacía seis años y tenía un hijo de 7 años.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, al Policía Nacional Cristóbal Díaz García se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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