30 DE ENERO DE 1990. GALDÁCANO (VIZCAYA) POLICÍA NACIONAL JOSÉ IGNACIO PÉREZ ÁLVAREZ.
Policía Nacional José Ignacio Pérez Álvarez.
El Policía Nacional JOSÉ IGNACIO PÉREZ ÁLVAREZ, resultaba muerto, minutos antes de las tres de la tarde del día 30 de enero, en Galdácano (Vizcaya), a consecuencia de la explosión de una bomba que había sido colocada en una bicicleta estacionada junto al coche de su propiedad. El explosivo fue activado mediante un mando a distancia cuando el agente se disponía a abrir la puerta de su vehículo, un Seat 124 de color rojo, que se encontraba estacionado a la altura del número 95 de la calle Vizcaya de la localidad.
El Policía Nacional que resultó muerto acababa de salir de tomar una consumición del bar Los Claveles, situado junto al lugar donde se produjo el atentado, y se disponía a subir a su automóvil. En ese momento, se produjo la explosión que le ocasionó la muerte de forma casi instantánea. La bomba había sido colocada sobre una bicicleta que, a su vez, había sido aparcada en la acera a la altura de la puerta del coche de Ignacio Pérez. Desde un lugar no determinado, los terroristas provocaron la explosión mediante un mando a distancia. La potencia de la bomba fue tal que derrumbó la pared contra la que estaba apoyada la bicicleta. El cuerpo sin vida del policía quedó tirado en el suelo y presentaba grandes desgarrones, al parecer por efecto de la metralla que contenía la bomba. La juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver una hora después de que se hubiera cometido el atentado.
Era la primera vez que ETA recurría a la bicicleta bomba para asesinar. Los miembros del equipo de desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía (Edex) señalaron que el artefacto contenía abundante carga explosiva, unos diez kilos y una gran cantidad de metralla. La onda expansiva afectó a los inmuebles de los alrededores y sembró la calle de cristales, así como de restos de las fachadas colindantes e hirió levemente a dos transeúntes.
Tras el atentado terrorista, funcionarios de la policía autónoma vasca Ertzaintza, y de la Policía Municipal acordonaron la zona para evitar que los cristales que se desprendían de las casas pudieran alcanzar a alguno de los curiosos que se arremolinaron en el lugar de los hechos.
Nada más conocerse la noticia, el portavoz de turno del Gobierno vasco, el socialista José Ramón Recalde, afirmó que, “tras este asesinato, si se confirma la autoría de ETA, las vías del diálogo están clarísimamente cerradas”.
En el funeral, celebrado al día siguiente en la Parroquia de los Agustinos de Bilbao fue presidido por el delegado del gobierno en el País Vasco Juan Manuel Eguiagaray que ostentaba la representación del ministro del Interior José Luis Corcuera. Igualmente en el templo estuvieron presentes el director general de la Policía Nacional, José María Rodríguez Colorado; el consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Lasa, así como los tres gobernadores civiles del País Vasco, Gobernador Militar de Vizcaya, otras autoridades y comisiones Militares, Policiales y de la Guardia Civil de guarnición en Vizcaya, así como la viuda y familiares de la víctima.
A la llegada a la parroquia del féretro que contenía los restos del malogrado agente José Ignacio Pérez, que iba envuelto en una bandera de España y a hombros de sus compañeros, numerosas personas dieron vivas a España, la Policía Nacional y profirieron gritos en contra de ETA y en favor de la instauración de la pena de muerte.
El funeral se celebró en medio de un fuerte dispositivo policial. A la salida, una vez finalizado el oficio religioso, la Unidad de Música de la Policía Nacional, llegada desde Madrid, interpretó la Marcha La Muerte no es el final, mientras una compañía de la Policía Nacional y dos secciones de la Guardia Civil rendían honores. Las más de dos mil personas que se había congregado en las inmediaciones de los Agustinos prorrumpieron en una cerrada ovación en honor al Policía Nacional asesinado.
Posteriormente, el cuerpo de José Ignacio Pérez fue trasladado al aeropuerto de Sondica desde donde partió en dirección al aeródromo Militar de la Virgen del Camino en León adonde llegó a las primeras horas de la tarde, continuando por carretera hasta Astorga en cuyo cementerio y en el panteón familiar donde estaba enterrado su padre, recibió cristiana sepultura. A la ocho de la tarde de ese día en la Iglesia Astorgana de Santa Marta se celebró un funeral por el alma de José Ignacio y al que asistió su hermano, también Policía Nacional, numerosos compañeros, muchos de ellos llegados desde Bilbao, militares, Guardias Civiles y más de tres mil vecinos de Astorga que quisieron acompañar en el dolor a una familia española rota por el cobarde y sanguinario terror de ETA.
El caso de la investigación del asesinato del Policía Nacional José Ignacio Pérez Álvarez es uno de los casos más indignantes y vergonzosos de la historia de la lucha contra el terrorismo.
En 1993 tres años después de su asesinato, el juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, incapaz de encontrar a los culpables del atentado, dictó el sobreseimiento provisional del caso.
Y la causa siguió sin sentencia hasta que enero de 2013, el periodista Juan Fernando Fernández Calderín autor del libro “Agujeros del Sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. Memoria de Libertad”, descubrió un informe policial que recogía la confesión de dos etarras del grupo Txalaparta detenidos en el año 1991, Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez García. Estos dos terroristas reconocían en dicho informe su participación en el atentado y aseguraban que la bicicleta bomba se la había proporcionado Carmen Guisasola, una de las líderes de los etarras arrepentidos de la vía Nanclares, y Julián Achurra Egurola, alias Pototo.
Calderín trasladó la información al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que a su vez pidió al juez Ismael Moreno que reabriese la causa cuando apenas faltaba un mes para que el crimen prescribiese.
Lo más grave de este caso es que tanto las Fuerzas de Seguridad, como el Ministerio del Interior y el Gobierno Civil de Vizcaya conocían las confesiones de los presuntos culpables desde el año 1991, unas confesiones que quedaron registradas en un informe policial que nunca se trasladó a la Audiencia Nacional, sino que se quedó acumulando polvo en un cajón durante dos décadas. Ya en noviembre de 1991 los diarios madrileños ABC y El País publicaron el contenido del informe policial manejado por Fernández Calderin, en el que se atribuía la responsabilidad del atentado contra el Policía Nacional José Ignacio Pérez Álvarez al grupo Txalaparta. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez aseguró en unas declaraciones a prensa y radio que no sabía cómo calificar semejante "error, despiste o desidia" por parte de la Administración, aunque sospechaba que en algunas ocasiones, si se analizaba el contexto histórico, esos errores se debían a negociaciones ocultas, cobardes e indecentes.
Julián Achurra Egurola, alias Pototo fue entregado temporalmente por Francia, en abril de 2006. Fue juzgado y condenado por varios delitos, entre ellos por dar las órdenes y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. También estaba acusado de confeccionar el explosivo e instruir a los autores materiales del atentado que acabó con la vida de José Ignacio Pérez Álvarez. A Pototo se le atribuía su participación directa en las muertes de dos personas, durante el tiempo en que formó parte del comando Vizcaya, en unión de los "liberados" (a sueldo de la banda) Armando Ribeiro Tormo y Carmen Guisasola Solozabal. Los dos asesinatos cometidos por los tres "liberados" tuvieron lugar en 1986. Se trató del policía Manuel Fuentes Pedreira que fue asesinado en el frontón Santa Isabel del barrio de La Peña, de Bilbao, en mayo de 1986. Cinco meses más tarde, Pototo participó en el asesinato de otro agente de policía, Julio Sánchez Rodríguez, en la calle San Adrián de Bilbao el 28 de octubre de 1986.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó en noviembre de 2014 la puesta en libertad de la etarra Carmen Guisasola Solozabal, que participó en el asesinato de cuatro personas durante su pertenencia a la banda entre 1982 y 1989. A través de providencia, los magistrados Guillermo Ruiz de Polanco, Antonio Díaz y María de los Ángeles Barreiro decretaban la salida de prisión de la interna -que llevaba 24 años en la cárcel– en cumplimiento de la derogación de la doctrina Parot establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2013 y de la reducción de condena tras reconocérsele el periodo que ha pasado entre rejas en Francia.
Armando Ribeiro Tormo desapareció en 1998, sin volver a saber de su paradero, su familia lo da por muerto.
A día de hoy el asesinato del Policía Nacional José Ignacio Pérez Álvarez sigue sin resolverse
José Ignacio Pérez Álvarez era natural de Villagatón (León), aunque residía en Galdácano desde hacía ocho años. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1978, y estaba destinado en la Comisaría de Basauri desde marzo de 1979. En el momento de su asesinato formaba parte de la sección de automoción del cuartel de Basauri, en calidad de funcionario de la Escala Básica. José Ignacio era uno de esos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por antigüedad, podría haber buscado un destino más tranquilo fuera del País Vasco. Sin embargo, estaba perfectamente integrado en la sociedad vasca, ahí formó su familia y ahí vivió durante once años, hasta que unos asesinos marxistas, despiadados y antiespañoles decidieron acabar con su vida. Tenía 39 años, estaba casado y dejaba huérfanos a tres hijos: una niña de 4 años y dos varones de 10 y 14 años.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió a José Ignacio Pérez Álvarez la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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