chófer de su automóvil, 4 DE OCTUBRE DE 1976. SAN SEBASTIÁN. JUAN MARÍA ARALUCE VILLAR, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA, LUIS FRANCISCO SANZ FLORES, INSPECTOR DE POLICÏA. ANTONIO PALOMO PÉREZ SUBINSPECTOR DE POLICIA. ALFREDO GARCÍA GONZÁLEZ POLICÍA ARMADO. JOSÉ MARÍA ELÍCEGUI DÍAZ CONDUCTOR DEL COCHE OFICIAL.
Juan María Araluce Villar. Presidente de la Diputación de Guipúzcoa.
A las 14:15 horas del lunes 4 de octubre de 1976, la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, JUAN MARÍA ARALUCE VILLAR, al conductor del coche oficial, JOSÉ MARÍA ELÍCEGUI DÍAZ, y a los tres policías miembros de su escolta, Inspector LUIS FRANCISCO SANZ FLORES, Subinspector ANTONIO PALOMO PÉREZ y Policía Armado ALFREDO GARCÍA GONZÁLEZ.
Inspector Jefe de Policía Luis Francisco Sanz Flores.
La sede de la Diputación estaba a escasos metros del domicilio del presidente, y ese día Juan María Araluce se dirigía, como siempre, a almorzar con su familia tras terminar su jornada habitual de trabajo.
Subinspector de Policía Antonio Palomo Pérez.
Tras finalizar los ochocientos metros del trayecto, los dos vehículos se detuvieron para que Juan María Araluce se apease. En el momento en que abría la puerta del coche, tres o cuatro terroristas que se encontraban bajo la marquesina de la parada de autobús situada al lado del portal abrieron fuego con sendas metralletas contra los dos vehículos. Dispararon casi un centenar de proyectiles matando a los cinco ocupantes de los vehículos e hiriendo a diez transeúntes. A continuación, los asesinos emprendieron la huida en un coche que abandonaron posteriormente.
Policía Armado Alfredo García González.
El presidente de la Diputación quedó mortalmente herido sobre la acera, con siete impactos de bala -uno en la pierna y seis en el abdomen y el tórax-; el chófer de su automóvil, José María Elícegui Díaz recibió dos impactos de bala en la cabeza. En el otro automóvil, el conductor, el policía Armado Alfredo García González, resultó muerto en el acto, mientras que el inspector Luis Francisco Sanz Flores y el subinspector Antonio Palomo Pérez quedaron gravísimamente heridos, falleciendo poco después.
José María Elícegui Díaz, chófer del vehículo oficial,
Uno de los hijos del presidente de la Diputación que presenció el atentado, al comprobar el estado de su padre y el de sus acompañantes, se puso al volante del propio coche oficial ametrallado y condujo a su padre y al chófer a la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu. El presidente llegó con vida y fue introducido de inmediato en un quirófano para ser intervenido, pero falleció a las 15:20 horas durante la operación. El conductor del vehículo, José María Elícegui, aguantaría a base de transfusiones unas horas más con vida, falleciendo a las 11:20 horas de la noche. Los dos policías de la escolta fueron trasladados en ambulancias al Hospital Provincial, donde ingresaron cadáveres.
Tres horas y media después de producirse el atentado, sendas llamadas anónimas a la emisora La Voz de Guipúzcoa y al diario La Voz de España reivindicaban en nombre de ETA-V Asamblea, rama militar, el atentado contra el presidente de la Diputación y sus cuatro acompañantes, a los que se refería, despectivamente, como "sus perros guardianes". A última hora de la noche, ETA-V Asamblea lo reivindicaba oficialmente desde Bayona (Francia) a través de varias llamadas a diversos diarios y emisoras de radio. Dos días después, el 6 de octubre, tres terroristas de ETA, de la rama llamada Organización Militar Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación leyeron un comunicado en rueda de prensa, que llevaba como título "Ejecución".
Poco después de las ocho de la tarde, la Policía efectuó un registro exhaustivo en el Barrio Viejo, desalojando a la gente de sus casas, así como a los espectadores de los cines del citado barrio. Al mismo tiempo se extremaron las medidas de vigilancia y control en las carreteras de la provincia y en la frontera para tratar de localizar a los asesinos. Se montaron puestos de control en todas las salidas de San Sebastián y en la frontera de Irún fueron movilizadas todas las fuerzas, que establecieron severos controles a aquellas personas con intención de cruzar a Francia.
Al día siguiente, 5 de octubre, a las cinco y media de la tarde en la Iglesia-catedral del Buen Pastor se celebró un funeral por las cinco víctimas, concelebrado por el obispo Argaya, el obispo auxiliar Setién, el vicario general y veintisiete sacerdotes. A la misma hora se celebró el entierro de Juan María Araluce en el cementerio de San Sebastián, tras una misa de cuerpo presente en la capilla de San Ignacio.
A la salida del funeral, unas tres mil personas, iniciaron una manifestación gritando, "Gobierno dimisión", "Ejército al poder", "Ni amnistía ni perdón, ETA al paredón". Posteriormente se dispersaron en grupos que rompieron escaparates y cruzaron coches. Cuando aparecieron los antidisturbios los recibieron con aplausos y vivas. Hubo numerosísimos incidentes hasta bien entrada la noche.
Por su parte más de mil quinientos funcionarios del Cuerpo General de Policía se congregaban en la madrugada del miércoles día 6 en el kilómetro 28 de la carretera Nacional nº1 Madrid- Irún, junto a las instalaciones deportivas del circuito del Jarama para recibir los féretros de Antonio Palomo y Luis Francisco Sanz, dos de los escoltas de Juan María Araluce asesinados.
Desde las once de la noche fueron llegando a aquel lugar numerosos coches radio patrullas y vehículos particulares hasta un número que se cifraba en cerca de quinientos. Los inspectores, a quienes acompañaban también miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil, se mostraron indignados por los asesinatos de sus compañeros Flores, Palomo y García, esperando a pie firme, fuera de sus coches, la llegada de los restos mortales de sus compañeros para rendirles los últimos honores. Entre los asistentes se encontraban asimismo altos jefes de la Dirección General de Seguridad y varios comisarios.
A las dos de la madrugada se personó en el lugar el Gobernador Civil acompañado del Jefe Superior de Policía. Los funcionarios explicaron al Gobernador Civil su intención de trasladar los restos mortales de sus compañeros al salón de Canalejas de la Dirección General de Seguridad e instalar allí la capilla ardiente, manifestándole su disconformidad ante los propósitos oficiales de instalar la capilla ardiente de Francisco Sainz Flores en los locales funerarios de la calle de Galileo y la de Antonio Palomo Pérez en el domicilio de sus padres en el pueblo de Vallecas. Los funcionarios expresaron al Gobernador que así se había hecho otras veces y que sus compañeros asesinados eran también dignos de los máximos honores.
Tras un largo y tenso diálogo, el Gobernador Civil propuso instalar la capilla ardiente de los dos policías en la sede del Gobierno Civil y desde esos momentos se iniciaron los preparativos en esas dependencias para recibir a los féretros. Pasadas las cuatro de la madrugada llegó al kilómetro 28 de la carretera de Irún la comitiva fúnebre.
Desde este punto se inició una impresionante marcha que ocupaba unos cinco kilómetros de vehículos. Despacio y en silencio emprendieron su entrada a Madrid por la avenida del Generalísimo. Los coches radio patrullas pusieron en funcionamiento los aparatos de destellos luminosos y al pasar ante la sede de Presidencia del Gobierno hicieron funcionar las sirenas y accionaron los claxons de los vehículos en señal de protesta. Al llegar a la Puerta del Sol, en un momento de gran emotividad, los funcionarios detuvieron la comitiva y por iniciativa propia sacaron los féretros y los introdujeron en la Dirección General de Seguridad. Momentos después fueron trasladados desde el Gobierno Civil los candelabros y ornamentos al salón de Canalejas donde quedó instalada la capilla ardiente.
Una impresionante y emotiva manifestación de duelo, constituyó ese miércoles día 6 a la mañana el sepelio de los inspectores Francisco Sáenz Flores y Antonio Palomo Pérez. Una vez más el pueblo de Madrid se lanzó a la calle para testimoniar, junto a miembros del Cuerpo General de Policía, Policía Armada y Guardia Civil, que asistieron al acto, su indignación y repulsa por el atentado terrorista. Varios miles de personas se congregaron a media mañana en la Puerta del Sol para acompañar en su último viaje a los dos agentes del Orden vilmente asesinados en el cumplimiento de su deber. La plaza madrileña y sus calles adyacentes se encontraban abarrotadas de público que mostró su pesar respetuosamente, cuando a hombros de sus compañeros fueron sacados de la Dirección General de Seguridad los féretros con los restos mortales de los policías. No hubo gritos. No hubo palabras entre los asistentes. Tan sólo una interminable, sentida y cariñosa ovación de los millares de asistentes con la que despidieron a los dos policías en el kilómetro cero de todas las Españas.
Horas antes, a las nueve de la mañana, se había celebrado en el salón Canalejas de la Dirección General de Seguridad, un funeral de "corpore in sepulto" por el alma de los dos policías asesinados. Hora y media después, el capellán de la Dirección General de Seguridad, Padre Godoy, ofició otra misa "de "corpore in sepulto" en el mismo salón de Canalejas.
A la ceremonia asistieron, junto con los padres, hermanos, familiares, amigos y compañeros de los difuntos, el Ministro de la Gobernación, el Subsecretario, el Gobernador Civil, el Director General de Seguridad y altos mandos de la Guardia Civil, Policía Armada y Dirección General de Seguridad. El sacerdote destacó en la homilía la necesidad de comprensión y perdón y añadió que así como la semilla de Cristo había sido la salvación del género humano, esperaba que la sangre de estos mártires lo fuera también. En el transcurso del acto religioso, varios familiares de las víctimas tuvieron que ser atendidos por funcionarios de policía al sufrir mareos y síncopes por el dolor que les embargaba.
Finalizado el acto religioso, los féretros cubiertos con la bandera nacional, fueron sacados a hombros de sus compañeros. La multitud irrumpió en aplausos unánimemente, con respeto y en silencio. Con los ataúdes» a hombros, se inició el cortejo fúnebre por las calles de Carretas, plaza de Jacinto Benavente y calle de Atocha donde ante la iglesia de Santa Cruz fue rezado un responso para con posterioridad introducir los ataúdes en dos furgones fúnebres.
El padre Godoy, despidió a la comitiva con un sonoro "Viva España" que fue coreado por todos los asistentes.
Durante el recorrido, centenares de funcionarios del Cuerpo General de Policía caminaron en silencio, luciendo en sus solapas la insignia-distintivo del Cuerpo. Varios grupos entonaron el "Cara el Sol" y se escucharon gritos contra los asesinos y pidiendo justicia; vivas a la Policía y al Ejército y otros pidiendo la inmediata dimisión del Gobierno. A su paso por estas calles, el público que se encontraba en las aceras aplaudió calurosamente a los féretros que contenían los restos mortales de los dos asesinados.
Los restos mortales del inspector Luis Francisco Sanz Flores fueron trasladados a la Sacramental de San Justo, donde llegaron pasadas las doce del mediodía, acompañados de una comitiva de más de dos mil personas, entre las que figuraba el Alcalde de Madrid. El féretro fue trasladado hasta el sepulcro a hombros de sus compañeros donde don Luis Francisco Sanz recibió cristiana sepultura y fueron depositadas numerosas coronas de flores. Varios de los asistentes entonaron el "Cara el Sol".
Media hora más tarde, llegó a la iglesia de San Pedro Advínculo en el pueblo de Vallecas, la comitiva que acompañaba los restos mortales del subinspector Antonio Palomo Pérez, integrada por unas dos mil personas, entre las que figuraban el Gobernador Civil, el Presidente de la Diputación y el Subinspector General de la Policía Armada así como un furgón con varias coronas de flores. El féretro fue colocado ante la iglesia donde se rezó un responso. Posteriormente fue trasladado a hombros hasta el cementerio del antiguo pueblo de Vallecas. Varios de los asistentes pronunciaron diversos gritos pidiendo la dimisión del Gobierno y recabando justicia para los asesinos y protección para las Fuerzas del Orden.
Por otra parte de madrugada llegaron a su pueblo natal, Lago de Babia los restos mortales del Policía Armada, Alfredo García González, muerto también en el atentado de San Sebastián.
A pesar de la hora intempestiva, esperaba todo el vecindario de Lago en la calle, así como una sección de la Policía Armada de León.
El funeral y sepelio de la víctima se verificó a las cuatro de la tarde, con asistencia del Gobernador Civil, general de la Guardia Civil y otras autoridades, así como representaciones de la policía armada y la guardia civil de León.
Juan María Araluce Villar, de 59 años, era presidente de la Diputación de Guipúzcoa, consejero del Reino y procurador en Cortes. Había nacido en Santurce (Vizcaya), estaba casado con María Teresa Letamendía, de 56 años, y era padre de nueve hijos. Combatió durante la Guerra de Liberación española (1936-1939) como teniente piloto de aviación de caza. En 1947 obtuvo por oposición la notaría de Tolosa y desde 1968 ocupaba el cargo de presidente de la Diputación guipuzcoana.
José María Elícegui Díaz, conductor del vehículo oficial del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, tenía 25 años. El día que lo asesinaron, era su último día de trabajo como chófer, puesto en el que llevaba un año como interino sustituyendo al anterior conductor cuando éste se jubiló. Sobrevivió unas horas al atentado, falleciendo a las once y veinte de la noche del mismo 4 de octubre tras ser sometido a varias transfusiones de sangre. Tenía pensado casarse en los próximos meses. Su funeral se celebró el 6 de octubre en Pasajes, localidad próxima a San Sebastián.
Luis Francisco Sanz Flores, inspector de Policía y escolta del presidente de la Diputación de Guipúzcoa, cumplía 25 años al día siguiente de ser asesinado. Natural de Madrid, se había casado con una donostiarra quince días antes del atentado que le costó la vida.
Antonio Palomo Pérez, subinspector de Policía, era miembro de la escolta de Juan María Araluce. Natural de Osuna (Sevilla), tenía 24 años y estaba soltero. Fue enterrado en Madrid junto a su compañero, Luis Francisco Sanz Flores.
Alfredo García González, policía Armado, era el conductor del coche de escolta de Juan María Araluce. Natural de Lago de Babia (León), tenía 29 años y estaba soltero. Tras el funeral en León, más de cuatro mil personas se manifestaron en silencio por la ciudad.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
4 OCTUBRE DE 1980. SALVATIERRA (ÁLAVA) CABO PRIMERO DE LA GUARDIA CIVIL JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PLATAS, CABO DE LA GUARDIA CIVIL AVELINO PALMA BRIOA, GUARDIA CIVIL ÁNGEL PRADO MELLA.
Cabo primero de la Guardia Civil José Luis Vázquez Platas.
A las cuatro de la tarde del sábado 4 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba en el centro de Salvatierra (Álava) al Cabo primero JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PLATAS, al cabo AVELINO PALMA BRIOA y al Guardia Civil ÁNGEL PRADO MELLA, y minutos antes de que se iniciase la prueba ciclista que daba inicio a las
Cabo de la Guardia Civil Avelino Palma Brioa.
En aquel atentado cobarde tuvo una decisiva participación Ismael Arrieta Pérez de Mendiola, el cura de Salvatierra quien facilitó a la banda terrorista todos los datos sobre la participación de los tres motoristas de la Guardia Civil de Tráfico en una carrera ciclista que se celebraba anualmente en la localidad. El cura, cómplice de los asesinos, fue quien facilitó los datos de la carrera con la ubicación de los guardias civiles, horarios y recorrido.
Guardia Civil Ángel Prado Mella.
La prueba ciclista, conocida como la carrera del Rosario, era el primer acto organizado de las fiestas, antes del lanzamiento del chupinazo, y tenía una gran tradición en la localidad alavesa de Salvatierra, población de unos 2.000 habitantes. Ese año se celebraba la XXVIII edición de la misma, en la que participaban medio centenar de corredores entre aficionados, cadetes e infantiles.
Hacia las 16:00 horas los participantes esperaban en la línea de salida a que diese comienzo la carrera. También estaban listos los tres guardias civiles de Tráfico que debían preceder a los ciclistas para abrirles paso y organizar el tráfico durante la celebración de la prueba. Dos de ellos estaban montados en las motos, mientras el cabo primero José Luis Vázquez Platas conversaba con el director de la carrera para ultimar los detalles de la misma. A las 16:06 horas miembros del grupo Araba de ETA, tras recibir las indicaciones del cura, se acercaron a Avelino Palma y Ángel Prado y los tirotearon hasta la muerte, mientras José Luis Vázquez intentó ocultarse bajo un vehículo, aunque fue inútil: los etarras fueron hacia él y lo tirotearon en el suelo. Avelino y Ángel también fueron rematados en el suelo.
Los asesinos huyeron en un vehículo Simca 1200 de color blanco, robado a punta de pistola en Vitoria dos días antes, que poco después fue encontrado en el puerto de Opacua, en la carretera comarcal de Salvatierra a Mesta. Desde primeras horas de la tarde la Guardia Civil estableció varios controles en la carretera nacional Madrid-Irún, en los alrededores de Salvatierra, tanto en dirección a Irún como a Vitoria.
Los cuerpos sin vida de los guardias fueron trasladados al Hospital Militar de Vitoria donde a última hora de la noche del sábado 4 de octubre se les practicó la autopsia. Una vez finalizada, los féretros fueron conducidos al Salón del Trono del Gobierno Civil de Álava, donde se instaló la capilla ardiente.
A la una de la tarde del domingo se celebró en Vitoria el funeral por los tres guardias civiles asesinados. Asistieron al acto religioso, el ministro de Defensa, el gobernador civil de Álava, y otras autoridades civiles y militares. El templo donde se celebró el funeral estuvo repleto de público, y durante el acto no se registraron incidentes.
Unas 3.000 personas asistieron a los actos fúnebres celebrados en Mieres, para dar cristiana sepultura en el cementerio de la parroquia de Rebollada, al cabo primero José Luis Vázquez Plata. Aunque la víctima era natural de Ois-Coirós (La Coruña), por disposición de su joven viuda, natural de Mieres, el cuerpo reposaría en el panteón familiar.
El Guardia Civil Ángel Prados seria enterrado en el cementerio del municipio coruñés de Sobrado de los Monjes, tras celebrarse un funeral por el eterno descanso de su alama en el monasterio. En la presidencia, de los familiares, se encontraban el gobernador civil de la provincia, Pedro Gómez Aguerre; el presidente de la Diputación Provincial, Enrique Marfany Oaries; el diputado de «UCD» por La Coruña, José Luis Meilán; coronel jefe del 64 Tercio de la Guardia Civil, Álvaro Casado Mestre; jefes y oficiales del Tercio y Comandancia, y numerosos compañeros. Asimismo, asistieron una representa ción de la Policía Nacional, diputados provinciales, concejales de Sobrado y otros ayuntamientos próximos, y diversas representaciones de la comarca.
En octubre de 2003 tuvo lugar en la Audiencia nacional un juicio contra Ignacio Aracama Mendía, alias Makario, y el que fuera cura de Salvatierra Ismael Arrieta Pérez de Mendiola. En su declaración la viuda del Guardia civil José Luis Vázquez Platas, Gema López Quintanal, acusó por su implicación en el crimen a María Luisa Murguiondo, entonces alcaldesa del pueblo. "La salida de la vuelta estaba prevista para las tres de la tarde y salió a las cuatro menos diez, y ellos les entretuvieron hasta que llegó el coche con los asesinos", manifestó la viuda de Vázquez Platas. Para demostrar la estrecha relación del ex cura con Murguiondo, destacó que cuando Arrieta fue detenido días después del atentado "estaba en la cama con la alcaldesa". Relató, además, que cuando los terroristas dispararon contra los guardias civiles, su marido fue alcanzado sólo en un brazo, por lo que trató de esconderse detrás de un coche, pero en ese momento "la gente del pueblo gritó que quedaba uno vivo" y los etarras volvieron para rematarlo.
El etarra Macario admitió su participación en los asesinatos y trató de exculpar al excura quien, en su declaración, negó haber facilitado a los etarras datos sobre el itinerario de la carrera. El fiscal solicitaba 92 años para Macario y 81 para el excura, recordando que Aracama Mendía siempre había negado su participación en los hechos hasta su declaración en el juicio, y señalando que ahora reconocía su implicación para "exculpar" a Arrieta. El fiscal sostuvo, además, que la participación del cura Arrieta fue "tan determinante" que sin ella "los hechos no podrían haberse desarrollado.
Según constaba en el escrito de acusación del fiscal, “Ignacio Aracama Mendía, Makario, y José Lorenzo Ayestarán Legorburu; Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Mobutu; José Manuel Aristimuño Mendizábal, Pana; Miguel Lopetegui Larrarte y Ascensión María Urrite Riallos, Txiki-Txiki, decidieron dar muerte a los guardias civiles que iban a dar protección y ordenar el tráfico con motivo de una carrera ciclista que iba a tener lugar en Salvatierra. Los días anteriores al 4 de octubre de 1980, día de las fiestas de Salvatierra, el cura Arrieta se entrevistó dos o tres veces con Ayestarán y Aristimuño y les comunicó el día y la hora a la que saldría la carrera. El mismo día de los hechos se encontró en la localidad alavesa con los dos citados y con López de Lacalle, señalándoles con la mano el punto concreto desde el que iba a salir la carrera y en el que se encontraban los guardias civiles, que era distinto al que inicialmente les había indicado. Mientras tanto, Arakama Mendía se encontraba a bordo de un Simca 1200 que habían sustraído a punta de pistola en Vitoria dos días antes. El acusado se quedó en el automóvil esperando con el motor en marcha, mientras que Lopetegui fue el encargado de cubrir el atentado, armado con una metralleta Uzi. Ayestarán, Aristimuño y López de Lacalle se acercaron a los guardias justo en el momento en el que se encontraban conversando con el organizador de la competición y les dispararon con las pistolas que portaban desde una distancia muy próxima. Aristimuño dio muerte al cabo primero José Vázquez Platas; Ayestarán hizo lo propio con el guardia Avelino Palma Brioa y López de Lacalle mató al guardia Ángel Prado Mella”.
Aracama Mendía fue condenado a 61 años de prisión menor por colaborar en el asesinato de los tres guardias civiles, mientras que Arrieta Pérez de Mendiola lo fue a 30 años de prisión mayor como cómplice. En 2005 el Tribunal Supremo le rebajó la pena a Arrieta por dilación indebida en el proceso, dada la tardanza del Fiscal al interponer la denuncia contra el exsacerdote, pues no lo hizo hasta septiembre de 2000, cuando los hechos fueron cometidos en 1980. De esta forma, Arrieta vio reducida su pena en 12 años, siendo condenado a 6 años de cárcel por cada uno de los asesinatos. En octubre de 2015 el ex sacerdote Ismael Arrieta Pérez de Mendiola quedaba en libertad después de cumplir 12 años de cárcel por su implicación en el asesinato de tres guardias civiles en Salvatierra (Álava) el 4 de octubre de 1980.
En febrero de 2021 Aracama Mendía fue trasladado a la prisión alavesa de Zaballa.
José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias Basari y Fanecas, autor material del asesinato de Avelino Palma Brioa, fue detenido en Francia en marzo de 2010. Fue uno de los etarras que, en su momento, se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, lo que no impidió que se reintegrase inmediatamente en la banda asesina. Entre 1978 y 1983 fue responsable de diez asesinatos, un secuestro y una decena de atentados. En 1984 fue detenido en Francia y deportado a Venezuela. En 1996 el Gobierno español pidió su extradición, cosa que Venezuela no sólo no concedió, sino que en 2006 el Gobierno presidido por Hugo Chávez estuvo a punto de concederle la nacionalidad venezolana. En los últimos años habría vuelto a integrarse en las filas de ETA y a ocupar cargos de confianza dentro de la banda. En febrero de 2011 la justicia francesa autorizó la extradición a España de Ayestarán Legorburu para que sea juzgado, entre otros, por el asesinato de los tres guardias civiles en Salvatierra.
En julio de 2022 José Lorenzo Ayestarán Legorburu fue trasladado del Centro Penitenciario de Asturias al centro penitenciario que corresponda en Vascongadas. Ingresó en prisión el 14 de marzo de 2014 y cumple una condena acumulada de 30 años por asesinatos y delitos de atentado, depósito de armas, tenencia de explosivos y daños. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en marzo de 2035.
Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Mobutu, autor material del asesinato de Ángel Prado Mella, fue detenido por segunda vez en Francia el 2 de abril de 2004, y juzgado en este país en enero de 2010. Durante su comparecencia ante el Tribunal de lo Criminal de París declaró sentirse orgulloso de pertenecer a ETA. Anteriormente, en 1994, el etarra había sido detenido y condenado por asociación de malhechores, saliendo de la cárcel en julio de 2000. Desde entonces, Mobutu había permanecido bajo vigilancia policial en el departamento de Creuse, en las cercanías de la capital francesa. Sin embargo, Mobutu huyó del hotel donde estaba en residencia vigilada cuando estaba a la espera de ser expulsado a España. En septiembre de 2005 el Tribunal de Apelación de París rechazó la demanda de extradición presentada por España contra el histórico dirigente etarra por el asesinato de los tres guardias civiles en Salvatierra por prescripción del caso según el derecho francés. En 2012 la Audiencia Nacional condenó al etarra Félix Alberto López de Lacalle Gauna, alias 'Mobutu', entregado temporalmente por las autoridades francesas, a 81 años de prisión por el asesinato de los tres guardias civiles en Salvatierra (Álava) en 1980. En 2016 las autoridades francesas ordenaron su extradición a España.
En agosto de 2022 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco acordaron el traslado de López de la Calle del penal de Asturias a una prisión de Vascongadas.
José Manuel Aristimuño Mendizábal, Pana, que asesinó personalmente al cabo primero José Vázquez Platas, resultó muerto en 1981 en un enfrentamiento con la Policía, en una operación en la que fue detenido Miguel Lopetegui Larrarte, también participante en el triple asesinato de Salvatierra. Lopetegui se suicidó en su celda de la cárcel de Herrera de la Mancha en marzo de 1988. Por último, Ascensión María Urrate Riallos, huido en Sudamérica durante muchos años, solicitó en 1994 volver a España, aquejado de un cáncer terminal. Llegó procedente de Méjico en octubre de 1994, acompañado de su mujer y un hermano, falleciendo al mes siguiente.
Avelino Palma Brioa cabo de la Guardia Civil, era natural de Olivenza (Badajoz) y tenía 31 años. Estaba casado con Manuela Orantos y tenía dos hijos de 2 y 3 años. En un acto homenaje del Gobierno vasco a las víctimas del terrorismo en el año 2007, Manuela Orantos contó a los medios informativos de que no tuvo valor para ir a Vitoria al funeral por el alma de su esposo: "Con veintinueve años me quedé sola, con mis pequeños, sin aquel maldito plus de permanencia de Avelino en el país vasco y con un salario de miseria. Nadie me hizo caso, nadie me acompañó, nadie me apoyó. Nunca tuve una voz de ánimo o de apoyo desde el País Vasco y tampoco desde otras partes de España". En 1994 el Ayuntamiento de Olivenza homenajeó a Avelino Palma. En el acto se descubrió una placa.
Ángel Prado Mella, guardia civil de 26 años y soltero, era natural de Sobrado de los Monjes (La Coruña). Se había incorporado a la comandancia de Álava en septiembre de 1980, un mes antes de ser asesinado.
José Luis Vázquez Platas, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de Coirós (La Coruña) y llevaba dos años destinado en Álava. Estaba casado con Gema López Quintanal desde el 10 de mayo de 1980, cinco meses antes de ser asesinado, quien en el momento del asesinato de su marido se encontraba embarazada de su primer hijo, una niña.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
4 DE OCTUBRE DE 1988. MADRID. POLICÍA NACIONAL BERNARDINO ORTEGA RAMSAD.
Policía Nacional Bernardino Ortega Ramsad.
A las 9,25 minutos de la mañana del miércoles 4 de octubre, dos hombres y una mujer, miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), asesinaban a tiros al Policía Nacional BERNARDINO ORTEGA RAMSAD, durante un asalto perpetrado a una oficina del Documento Nacional de Identidad situada en la calle Santa Engracia de Madrid, en la que sustrajeron 520 carnés de identidad en blanco.
Los tres terroristas llegaron a la oficina a las 9.25 de la mañana en un vehículo que aparcó frente a las dependencias del DNI. Los miembros del comando se dirigieron a la puerta y uno de ellos, sin mediar palabra, disparó contra el agente Bernardino Ortega Ramsad, de 47 años, que estaba custodiando la entrada. El Policía Nacional fue rematado en el suelo y los Grapo le robaron su pistola. El agente recibió dos impactos: uno en el costado y otro que le atravesó la cara a la altura del pómulo.
El otro policía de guardia, José María Herrero Torres, que se encontraba en el interior de la oficina, corrió en ayuda de su compañero, encontrándose de frente a un individuo que empezó a disparar contra él. Herrero, que repelió la agresión con su arma reglamentaria se pudo refugiar en uno de los despachos, hasta donde le persiguió el otro terrorista, quien efectuó dos disparos más. Una de las balas alcanzó al Policía Herrero en el muslo.
Una de las asaltantes, una mujer, morena con media melena y vestida de negro, aprovechó la confusión y se dirigió hacia el último mostrador para sustraer un paquete con los DNI en blanco. Los funcionarios que atendían el mostrador se tiraron al suelo mientras se sucedían los disparos.
El medio centenar de personas que estaba en la oficina, guardado su turno, se echó al suelo mientras actuó el comando, para incorporarse inmediatamente después de que los asaltantes abandonaran el lugar.
Uno de los testigos presenciales describió con todo detalle a uno de los participantes en el atentado: "era un hombre rubio, de 1,70, con bigote, camisa azul a rayas y unos vaqueros claros". “El segundo hombre vestía cazadora negra, era moreno y de baja estatura. Los dos hombres y la mujer, que tenían entre 20 y 30 años, huyeron a través de una puerta en la que figuraba un cartel de "Prohibido el paso" que comunicaba con la calle.
Este hecho indujo a la policía a pensar que los terroristas ya habían visitado con anterioridad las oficinas del Documento Nacional de identidad. En ese pasillo el ordenanza Vicente Sánchez fue encañonado por uno de los hombres, que le dijo: "Quédate quieto o te pego un tiro". Pese a ello, Vicente salió corriendo y llegó a la puerta donde yacía el policía Ortega tirado en el suelo.
Una vez perpetrado el atentado los terroristas huyeron a pie por la calle de Santa Engracia para continuar por la de Zurbarán, pero ninguno de ellos pudo ser detenido. Los terroristas se subieron un vehículo Seat 124, que les recogió en los alrededores.
Bernardino Ortega ingresó cadáver a las diez de la mañana en el hospital de la Cruz Roja a causa de una herida por arma de fuego, con orificio de entrada en zona malar izquierda y con orificio de salida en zona malar derecha. Una hora después su cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense donde le fue practicada la autopsia.
Apenas un cuarto de hora después del atentado, la policía con numerosos vehículos y dotaciones policiales acordonó la zona. Se instalaron controles en numerosas salidas de Madrid en un intento de capturar a los asesinos. Con una ausencia total de humanidad y generosidad ante el dolor, varios ciudadanos que habían acudido a las oficinas del DNI pretendieron formar de nuevo colas para recoger y tramitar sus documentos. Es obvio que se impuso el sentido común y las oficinas se cerraron a cal y canto a fin de que los equipos del gabinete de identificación de la Policía realizasen su trabajo.
Un comunicante anónimo asumió esa misma noche en nombre de los Grapo la autoría del atentado en una llamada a la cadena SER.
La capilla ardiente de Bernardino Ortega quedó instalada en el cuartel de la Policía Nacional en Moratalaz (Madrid). Su viuda solicitó a los mandos de la Policía Nacional que no quería ver "a nadie del Gobierno ni de la Prensa". "Sólo quiero una insignia de la Policía", añadió.
Al día siguiente en el mismo acuartelamiento se celebraba el funeral por el alma de Bernardino. Por expreso deseo de la familia no estuvieron presentes miembros del Gobierno y no se permitió la entrada a los medios informativos. Al funeral que fue oficiado por el capellán del acuartelamiento, Luis María González, asistieron sobre mil personas, entre los que se encontraban la viuda del Policía Nacional asesinado, sus dos hermanos, numerosos compañeros de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ejercito, así como el director General de la Policía José María Rodríguez Colorado y la delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor. A lo largo de la Misa se sucedieron momentos de gran emoción y dolor protagonizados por la viuda, familiares y compañeros. Más de veinticinco coronas de compañeros, rodeaban al féretro, que se situó, envuelto con la bandera Nacional y con la gorra puesta encima, delante del altar.
Al término de la ceremonia, y ya fuera del acuartelamiento, se produjeron varios incidentes entre familiares e informadores gráficos y cámaras de televisión, pidiéndoles que respetase el dolor y que abandonaran el lugar.
Un grupo de personas que se encontraban a las puertas del acuartelamiento de la policía de Moratalaz (Madrid), abucheó al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, cuando salía de las honras fúnebres. El grupo dio vivas a España, a la Policía y prorrumpió en aplausos cuando el coche funerario salió para dirigirse hacia la localidad soriana de Boos, donde sería enterrado Bernardino.
El ministro del Interior, José Luis Corcuera, que no asistió al funeral, confirmó es día, en declaraciones a Antena 3, que los autores del asesinato eran miembros de los Grapo y expresó su confianza en que los asesinos fuesen detenidos.
Los restos mortales fueron enterrados en la localidad de Boos (Soria), pueblo natal del fallecido, de sólo 40 habitantes. El cortejo fúnebre, compuesto por numerosos vehículos, en los que viajaban la viuda, hermanos y otros familiares, llegó a las dos de la tarde. Los padres de Bernardino no pudieron desplazarse desde Barcelona, donde residían, debido a su avanzada edad, temiéndose, al estar muy afectados, por sus vidas. El silencio, la contenida emoción y dolor marcaron el funeral que se ofició en la Iglesia parroquial de Boos que se hallaba repleta de compañeros y amigos del servidor del orden asesinado que, posteriormente, sería enterrado en un nicho familiar del camposanto de la pequeña localidad soriana.
Bernardino estaba casado y era padre de dos hijas, Lidia e Irene, de 8 y 15 años de edad. Había ingresado en el cuerpo en 1965 y llevaba destinado en la oficina del DNI desde 1985.
Tras el asalto, la policía identificó a dos de los autores del atentado y asalto a la oficina madrileña del DNI, que costó la vida al Policía Nacional Bernardino Ortega como Laureano Ortega Ortega y Encarnación León Lara, miembros del comando de los Grapo que ya habían realizado distintas acciones en Gijón y La Coruña, donde habían asesinado, cinco meses antes, el 27 de mayo de 1988, al empresario coruñés, el recordado Claudio San Martín. El otro componente del comando que intervino en la acción madrileña no pudo ser identificado.
Meses antes, el 10 de diciembre de 1987, Encarnación León, acompañada en esta ocasión por otra sanguinaria militante de los GRAPO, María Jesús Romero, habían logrado huir tras herir al empleado de banca, Leopoldo Fernández Jardón, a quien confundieron con el director regional del Banco de Bilbao, al que pretendían secuestrar.
El 15 de agosto de 1988, el Policía Nacional Exticio Blanco Merino resultaba gravemente herido en el Berrón, cerca de Oviedo, cuando procedía a identificar a Laureano Ortega y a otro presunto miembro del comando Coruña. Ambos lograron huir y, según la policía, el acompañante de Ortega era el único miembro del comando que quedaba por identificar.
Laureano Ortega Ortega, responsable, según la policía, del comando Coruña de los Grapo, fue detenido en Madrid por vez primera el 23 de enero de 1981, acusado de participar en el asesinato del guardia civil Ricardo López Castiñeiras en la calle Cuba de La Coruña el 20 de noviembre de 1980, quedando libre por falta de pruebas y reenganchándose de nuevo a las acciones terroristas. En diciembre de 1992 la Guardia Civil desmanteló en Santander al comando central de los, GRAPO, único grupo operativo de esa banda terrorista, dedicado a recomponer sus maltrechas finanzas a base de atracos y extorsiones. La detención de la cúpula de ese grupo se produjo cuando acababa de asaltar un furgón blindado con la recaudación del supermercado Pryca- con un botín, que se recuperó, de 81 millones- en la capital cántabra. Tras un intenso tiroteo, la Guardia Civil detuvo a Laureano Ortega Ortega y a Encarnación León Lara que resultó gravemente herida en la refriega, al recibir un disparo en la axila con salida por el pecho que no afectó al pulmón. La Guardia Civil consiguió detener unos minutos después del tiroteo a otra joven que esperaba a los activistas en un coche, Se trataba de Elvira Diéguez, que portaba documentación falsa. El vehículo que ocupaban, un Renault- 11, matrícula de Santander 8258-L, había sido alquilado a la empresa Automóviles M. Alonso, SA, de Santander. y Elvira Diéguez Silveira.
En 1994 Laureano Ortega fue condenado a 11 años de prisión por haber colocado dos bombas en la vía férrea Madrid-Badajoz, a otros 15 años por pertenencia a banda armada y por el robo en 1991 de las armas de dos vigilantes jurados en Zaragoza y a 36 años más por robar más de 122 millones de pesetas en una entidad bancaria tras secuestrar al apoderado de la misma.
En 1995, la Audiencia Nacional lo condenó a 27 años de prisión por atentar, en 1990, contra unas instalaciones petroleras de Repsol en Tarragona y planear el secuestro de un empresario madrileño, y en 1996 lo condenó a 26 años por el asesinato del empresario coruñés Claudio San Martín, quien se había negado a pagar el "impuesto revolucionario" exigido por la banda en La Coruña en mayo de 1988.
En diciembre de 2013 Laureano Ortega abandonó el Penal de Puerto de Santa María III en Cádiz tras cumplir 21 años de reclusión, al aplicar la fiscalía la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anulaba la aplicación de la doctrina Parot.
Por su parte Encarna León Lara, salía en la tarde del 20 de noviembre de 2013 de la prisión murciana de Campos del Río en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anulaba la retroactividad de la doctrina Parot, tras pasar 21 años encarcelada. León Lara, había sido condenada a 98 años de cárcel por pertenencia a banda armada, y atentado con muerte y asesinato.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió a Bernardino Ortega la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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