6 DE OCTUBRE DE 1989. SAN SEBASTIÁN. POLICÍA NACIONAL JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ SUÁREZ.
Policía Nacional José Ángel Álvarez Suárez.
A las dos y diez de la tarde del 6 de octubre de 1989, un pistolero de la banda terrorista ETA, que posteriormente sería identificado como Francisco Javier Balerdi Ibarguren, empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento, asesinaba en San Sebastián, de un disparo en la nuca, al Policía Nacional JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ SUÁREZ mientras paseaba por el Casco Viejo de la ciudad, cerca del céntrico mercado de la Brecha.
En el momento de producirse el atentado, Álvarez Suárez procedía a bajar las escalerillas de la pescadería del mercado de La Brecha, en la parte vieja de la ciudad donostiarra. José Ángel disfrutaba de un día de permiso, por lo que paseaba tranquilamente, vestido de paisano y desarmado, cuando el pistolero de ETA se le acercó por la espalda y le pegó un único tiro en la cabeza. El etarra huyó en un coche aparcado cerca del lugar del atentado, donde le esperaban otros miembros de la banda, mientras el policía caía de bruces sobre la acera. La bala, mortal de necesidad, atravesó la cabeza de José Ángel, siguiendo una trayectoria desde el maxilar derecho hasta la boca. El cuerpo de José Ángel Álvarez permaneció cubierto con una sábana hasta que el juez Santiago Pedraz ordenó su levantamiento.
En el lugar de los hechos, se encontró un casquillo de bala, marca SF. El gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, se desplazó hasta el lugar de los hechos y donde confirmó cómo un joven, al parecer vestido con un chanda! azul, se acercó hasta el policía nacional disparándole y huyendo seguidamente por la calle Aldamar.
El asesinato de José Ángel Álvarez se produjo cuatro días antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de octubre de 1989. Por ese motivo, el 7 de octubre los obispos vascos hicieron pública una pastoral que, bajo el título "Una decisión responsable", pedían a sus feligreses que no votaran a Herri Batasuna.
Ese mismo día 7 de octubre tenía lugar el funeral por el alma del Policía Nacional asesinado que se celebró en la Parroquia de la Sagrada Familia. La iglesia llena de fieles contemplo con dolor y con rabia contenida la llegada del féretro del Policía Nacional José Ángel Álvarez que quedó situado delante del Altar Mayor. Al funeral asistieron los ministros del Interior, José Luis Corcuera, y de Justicia, Enrique Múgica, así como representaciones del Ejército, Guardia Civil y compañeros de la Policía Nacional. También estaba presente el concejal del Partido Popular Gregorio Ordoñez.
Al término de la ceremonia religiosa, Corcuera aseguró: "Dentro de poco, algunos de los que cometen estas barbaridades o de su entorno nos pedirán protección, al Cuerpo Nacional de Policía o a la Ertzaintza, porque los ciudadanos de los pueblos de Euskadi les correrán a gorrazos".
A la salida del féretro, que en el atrio fue cubierto con la bandera Nacional, numerosas personas de las más de dos mil que se habían dado cita en el templo y en sus inmediaciones prorrumpieron en gritos contra los asesinos de ETA y dieron Vivas a España y a la Policía Nacional. Una compañía de la Policía Nacional y dos secciones de la Guardia Civil rindieron honores al Policía Nacional asesinado mientras sonaba la marcha la Muerte no es el final y el toque de oración.
A la tarde de ese día unas tres mil personas se manifestaban en San Sebastián en protesta por el asesinato del agente del Cuerpo Nacional de Policía José Ángel Álvarez Suárez. Era la primera ocasión en la que el Ayuntamiento donostiarra convocaba a los ciudadanos a que manifestasen su repulsa por el atentado terrorista contra un Policía Nacional.
En junio de 1992 las Fuerzas de Seguridad detenían a Francisco Javier Balerdi Ibarguren, un individuo que había trabajado durante meses en el grupo municipal de la formación proetarra Herri Batsuna en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana.
El caso de Balerdi Ibarguren, que mostraba a las claras la simbiosis entre ETA y su brazo político, fue un auténtico escándalo, además de ser un caso extraño dentro de la estructura de la banda asesina, puesto que actuaba como un liberado, cometiendo atentados y ayudando a cometer otros, al tiempo que mantenía su vida y su actividad normal como militante y empleado de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián.
La Audiencia Nacional, condenó en sentencia dictada en 1994 a una pena de 30 años de reclusión mayor a Francisco Javier Balerdi Ibarguren. En otra sentencia emitida en 1999 condenaba por el mismo delito a Jesús María López González también a 30 años de reclusión mayor como responsables en concepto de autores de un delito de atentado con resultado de muerte, y con las circunstancias agravantes de premeditación y alevosía. Los dos tribunales consideraron como hechos probados que, siguiendo las directrices de la cúpula de la banda ETA, López González encargó a Balerdi Ibarguren que asesinase a José Ángel Álvarez, para lo que le entregó una pistola y le señaló a la víctima cuando paseaba por San Sebastián. En el asesinato de José Ángel participó también el etarra Ignacio Ormaechea Antepara, que no pudo ser juzgado al morir en un enfrentamiento con la Guardia Civil en agosto de 1991.
Balerdi Ibarguren acumuló condenas que sumaban 120 años de prisión por cinco atentados cometidos hasta 1992. En diciembre de 2016 Francisco Javier Balerdi Ibarguren salía de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde había permanecido los últimos veinte años tras ser detenido en 1992 por su participación en cinco asesinatos.
Por su parte, en agosto de 199,0 Jesús María López González alias Txuma pasó a formar parte del comando de apoyo al Donosti denominado "Ipar Haizea". Su vivienda fue utilizada como piso de seguridad del grupo, así como almacén de armamento y explosivos.
Tras la desarticulación del "comando Donosti" el 17 de agosto de 1991, López González huyó de su domicilio y se refugió primero en una bajera de San Sebastián y posteriormente, en un bar de Pasaje Ancho. En agosto de 1993 la Policía Nacional y la Guardia Civil le situaron en Méjico, a raíz de los documentos intervenidos al también etarra Carlos Almorza Arrieta alias Pedrito de Andoain. El 19 de junio de 1997 fue condenado en rebeldía por el Tribunal de Gran Instancia de París a cinco años de prisión en el denominado "juicio de la cúpula de Bidart". En abril de 1998 fue expulsado de Méjico y entregado a las autoridades españolas, tras lo cual la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión.
El día 25 de julio de 2018, Jesús María López González salía del penal de Ocaña (Toledo) tras cumplir veinte años de cárcel por dar a otro terrorista una pistola e información sobre el policía José Álvarez Suárez, que fue asesinado en octubre de 1989 en San Sebastián.
El viernes 27 de julio de 2018 en la localidad vizcaína de Guernica tuvo lugar un homenaje al etarra, el donostiarra Jesús María López González, alias ‘Txuma’, donde fue recibido con todos los honores tras su salida de prisión donde ha pasado 20 años. El acto de reconocimiento fue remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por el nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza.
José Ángel Álvarez Suárez, de 31 años, natural de la localidad leonesa de Socil, estaba casado y era padre de una niña de 5 años. Pertenecía desde hacía tiempo al servicio de escoltas de personas amenazadas por ETA, aunque últimamente no tenía asignado un servicio específico. Tiempo atrás había escoltado al diputado guipuzcoano del PSE-PSOE Ángel García Ronda.
El entierro del Policía Nacional Álvarez Suárez tuvo lugar en Socil (León), una pequeña localidad de no más de cuarenta vecinos, que asistieron conmocionados al entierro de José Ángel. La pequeña localidad quedó desbordada por la presencia de centenares de Policías, Guardias Civiles y habitantes de los pueblos cercanos y de la capital leonesa que quisieron darle el último adiós al servidor del orden asesinado por el terror marxista separatista.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió a José Ángel Álvarez Suárez la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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