8 DE MAYO DE 1989. ALCALÁ DE HENARES MADRID. POLICÍAS NACIONALES JOSÉ ANTONIO MONTES GILA Y JUAN ANTONIO GARCÍA ANDRÉS.
Policías Nacionales José Antonio Montes Gila y Juan Antonio García Andrés.
Dos Policías Nacionales JOSÉ ANTONIO MONTES GILA Y JUAN ANTONIO GARCÍA ANDRÉS resultaban muertos y tres Policías más heridos, además de un funcionario de prisiones. a las 10,40 de la noche del día 8 de mayo de 1989, como consecuencia del estallido de un coche bomba a 700 metros de la prisión de alta seguridad de Alcalá Meco cerca de Alcalá de Henares en la provincia de Madrid.
Policía nacional José Antonio Montes Gila.
El coche propiedad del funcionario de la prisión José Luís López-Montenegro Herranz era asaltado cuando acudía a su trabajo, pasada las diez de la noche por dos encapuchados que detuvieron su vehículo y le ametrallaron.
Policía Nacional Juan Antonio García Andrés.
José Luis pudo apearse del coche y huir a pie campo a través para salvar la vida, recibiendo dos tiros en la espalda A continuación, los etarras colocaron una carga explosiva en el vehículo del funcionario de prisiones, compuesta por quince kilos de amonal para emplearlo como “cebo” para atentar contra un autobús policial que regresaba de efectuar el relevo de la guardia en el centro penitenciario. Poco después llegó al lugar el autobús del Cuerpo Nacional de Policía con una docena de agentes y dos vehículos particulares, ocupados también por Policías Nacionales de paisano, que escucharon disparos y vieron que un vehículo estaba parado en medio de la vía con las luces encendidas, una puerta abierta y un hombre herido en las proximidades. Uno de los vehículos en que viajaban policías se hizo cargo del herido y procedió a trasladarlo a un centro sanitario. Del otro coche bajaron los Policías Nacionales José Antonio Montes y Juan Antonio García a inspeccionar el interior del coche abandonado del funcionario.
En ese momento, los terroristas hicieron explotar el artefacto oculto en el interior del coche. La explosión causó la muerte instantánea a los dos agentes e hirió de gravedad al también Policía Nacional Gabriel Sánchez Rico y de carácter leve al agente Pedro Fuentes Fuentes. Ambos, tras la primera inspección ocular, se dirigieron a su propio coche para informar de los hechos y eso les salvó la vida, porque en ese momento se produjo la enorme explosión del automóvil.
Después de haber provocado la explosión, los encapuchados ametrallaron el autobús policial y se dieron a la fuga en un Ford Fiesta rojo. Otra versión apuntaba que fue el propio funcionario herido el que llamó la atención del furgón policial, que se dirigió después adonde estaba el coche con los explosivos. Cuando los policías acudieron a ayudar al funcionario, éste exclamó: “No me rematéis!”, confundiéndolos con los terroristas. Minutos después de producirse la explosión, cuya intensidad provocó la alarma en los funcionarios de la cárcel, que salieron al exterior creyendo que se había producido en el interior del recinto, la Policía y la Guardia Civil cortaron todos los accesos a la prisión y montaron rigurosos controles policiales en las entradas a Madrid y sus alrededores. Asimismo fue cortada la carretera Nacional II con destino a Barcelona, y los coches que circulaban por ella, fueron registrados minuciosamente uno a uno.
Ante la sospecha de que un automóvil “Opel Kadett”, estacionado en la zona próxima al atentado, pudiera contener explosivos, hasta el lugar llegó un camión de desactivación de explosivos, así como una dotación de bomberos, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona, iluminada con potentes reflectores trasladados por fuerzas del Ejército del Aire con la intención de rastrear la zona a fin de encontrar el vehículo utilizado en la fufa por los asesinos terroristas.
Al parecer, los terroristas no tenían definida a qué víctima querían asesinar. Tan sólo pretendían que fuera un funcionario de prisiones y que viajara solo. El único dato con el que contaban los etarras era la hora de cambio de turno entre los funcionarios, una información que incluso podía haber partido de uno de los presos etarras internados en Alcalá Meco. El funcionario de prisiones contra el que atentó ETA, José Luis López Montenegro, no estaba adscrito a la cárcel de Alcalá-Meco propiamente dicha, sino al recinto de jóvenes donde no había ningún preso etarra.
La versión oficial de los hechos, facilitada por el Ministerio del Interior, señalaba que “sobre las 22:10 horas del lunes 8 de mayo un número indeterminado de terroristas abrieron fuego” contra el funcionario de prisiones José Luis López Montenegro, en el cruce entre la carretera de la cárcel y la que une Alcalá de Henares con la localidad de Meco. El funcionario pudo arrancar su vehículo, un Renault 11, matrícula de Segovia, hasta que se salió de la carretera y emprendió la huida a pie, momento en que recibió dos disparos en la espalda. Los etarras colocaron entonces un artefacto explosivo en el asiento trasero del vehículo que había abandonado López Montenegro. El funcionario fue socorrido diez minuto más tarde por los ocupantes del autobús del Cuerpo Nacional de Policía que abandonaba el centro penitenciario y, cuatro agentes, se dirigieron a inspeccionar el Renault-11, que explotó, mediante un temporizador, cuando dos de ellos—José Antonio Montes Gila y Juan Antonio García Andrés— estaban cerca del vehículo realizado un reconocimiento ocular. José Luis López Montenegro fue trasladado al Hospital de Alcalá de Henares, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle los dos proyectiles que tenía alojados en su cuerpo; uno, en la zona glútea y otro en la lumbar, que interesaba el intestino. Su estado era de “menos grave”.
La capilla ardiente de los dos Policías Nacionales asesinados quedó instalada a la tarde del día siguiente en la antigua academia de Policía del barrio madrileño de Canillas, donde se oficiaría el funeral por el eterno descanso de los dos policías asesinados.
La ceremonia religiosa que presidieron los ministros del Interior y Justicia, José Luis Corcuera y Enrique Múgica respectivamente, se celebró en la mañana del día 10 en la antigua academia de la Policía Nacional en Canillas, sin la presencia de periodistas por expreso deseo de la familia. En el patio del acuartelamiento formaron dos compañías de la Policía Nacional que rindieron honores a los dos policías caídos. La Unidad de Música de la Policía Nacional acompañó la ceremonia con la interpretación del Himno Nacional, la Muerte no es el Final y el toque de Oración, en un ambiente de enorme tristeza, profundo abatimiento y sereno dolor.
Los féretros de José Antonio Monte Gila y Juan Antonio García Andrés, envueltos en la Bandera Nacional, fueron largamente aplaudidos a la salida por centenares de personas que aguardaban el fin de las exequias y que se concentraron a las puertas de la antigua academia donde profirieron gritos contra los asesinos de Eta y dieron vivas a España y a la Policía Nacional.
Aquellos dos asesinatos de Montes Gila y García Andrés sirvieron para los que los presos etarras confinados en Alcalá-Meco celebrasen coma una victoria el asesinato de José Antonio y Juan Antonio. Fue sin dudas un espectáculo lamentable y bochornoso un auténtico escándalo. Los etarras insultaron y amenazaron a los demás funcionarios con frases como "Ya quedáis menos. Van a acabar con vosotros. Dos menos. La próxima te toca a ti". Ante ello, el alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Florencio Campos, declaró tras el atentado que "la actitud respetuosa de los alcalaínos hacia los visitantes y familiares de los presos etarras podía cambiar en el futuro".
En 1992 la Audiencia Nacional condenó al sanguinario terrorista argelino-francés Henri Parot a 105 años de prisión por el atentado que costó la vida a los dos agentes de policía. Parot había sido detenido el día 2 de abril de 1990 en Sevilla, cuando conducía un vehículo cargado de explosivos con el que pretendía volar la Jefatura Superior de Policía de la ciudad hispalense. Un control montado por la Guardia Civil en las inmediaciones de Santiponce, ya en la entrada a la gran ciudad andaluza desde la antigua carretera de la Ruta de la Plata, lograba neutralizar el coche bomba que, cargado con 320 kilos de amonal, ETA pretendía colocar poco después en pleno corazón de Sevilla.
Minutos después de las doce del mediodía, el Renault 14 rojo que conducía el terrorista, de 32 años, fue obligado a frenar al entrar en la zona del control de la Benemérita. Con la intención de huir Parot aceleró su coche, Ante tal maniobra los agentes de la Guardia Civil accionaron la barrera de pinchos y reventaron las cuatros ruedas del vehículo del peligroso etarra. Parot sólo pudo avanzar unos metros. A tiros, eso sí, hiriendo a los dos agentes que fueron a por él. Uno de ellos, el cabo primero José Infante Borrero se lanzó en pos del terrorista, al que enganchó y de una patada en los testículos tiró al suelo, cuando aquél agotó el cargador de su arma que tenía 17 balas, dos de las cuales se alojaron en ambos brazos del heroico cabo de la Benemérita y otra en la espalda del Guardia Civil Adolfo López Núñez quien también colaboró en la detención de siniestro y sanguinario etarra. Al ser reducido, el “valiente gudari” se limitó a decir que era de ETA y a suplicar llorando que no le pegaran.
Henri Parot dio su nombre a la aplicación de la doctrina de jurisprudencia que se basaba en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006 por el que la ejecución de la totalidad de la condena comenzaba con las penas más graves y los beneficios se aplicaban individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debía cumplir la siguiente, y así sucesivamente hasta el límite legal de 30 años, lo que alargaba la estancia en la cárcel. Parot fue condenado por 26 asesinatos consumados y 166 frustrados a un total de 4.797 años de prisión.
En 2013 la Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió definitivamente en un recurso presentado por una condenada de ETA Inés del Río que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ante ese veredicto muchos etarras abandonaron las cárceles al beneficiarse de tan injustificable sentencia auspiciada por un magistrado español, el socialista López Guerra, que paradójicamente es hijo del gran poeta militar y falangista Luis López Anglada. Secretario de Estado de Justicia en 2004 como mano derecha del ministro López Aguilar, el auspiciador de la revanchista ley de "Memoria Histórica”, tomo posesión de su cargo como magistrado en Estrasburgo en 2008, a propuesta del entonces ministro de Justicia por el PSOE, Mariano Fernández Bermejo, hijo del Jefe Local del Movimiento de Arenas de San Pedro (Ávila), otro de los famosos "hijos de papá" tan bien retratados en la famosa novela de Fernando Vizcaíno Casas. Otro de tantos progres de ahora, que sus papás gobernaron durante el régimen del Generalísimo Franco, siendo difícil de entender tanto rencor y odio que acumulan hacia la propia estirpe y las ideas de sus padres.
Sin embargo, sobre Parot pesaba otra condena, dictada por la Audiencia Nacional en febrero de 2007 después de que en junio de 2001 enviara una carta a la cúpula etarra en la que señalaba posibles objetivos para la banda y, además, animaba a la dirección de la banda a atentar contra intereses más vitales del Estado Español. Esa nueva sentencia, cuando ya estaba en vigor el Código Penal del 95 que suprimía los beneficios penitenciarios, le condenó a cumplir la pena de manera íntegra.
El Policía Nacional José Antonio Montes Gila, era natural de Pegalajar (Jaén) y tenía 36 años. Ingresó en la Policía en 1976 y cuando fue asesinado prestaba servicio en la Sexta Unidad de Radio patrullas de la comisaría madrileña de Chamartín. Estaba casado y tenía una hija. Sus restos mortales reposan en el cementerio del pueblo de Barajas en Madrid.
Juan Antonio García Andrés, tenía 33 años y estaba casado. Ingresó en la Policía en 1979 y prestaba servicio en la comisaría de Buenavista en Madrid. Natural de Navarredonda (Madrid) fue enterrado en el madrileño cementerio de La Almudena.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a los Policías Nacionales José Antonio Montes Gila y Juan Antonio García Andrés, asesinados por la banda terrorista vasca, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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