14 DE JULIO DE 1975. MADRID. POLICÍA ARMADO LUCIO RODRÍGUEZ MARTÍN.
Policía Armado Lucio Rodríguez Martín.
El día 14 de Julio de 1975, el agente de la Policía Armado LUCIO RODRÍGUEZ MARTÍN cumplía su turno de vigilancia frente a las oficinas de la compañía Iberia situadas en el número 14 de la calle Alenza de Madrid. Su jornada concluía a las 22.00 del día 14 de julio de 1975, pero habían pasado ya veinte minutos y el compañero que tenía que relevarlo aún no había acudido. Fue entonces cuando un Seat 127 se estacionó en las cercanías de la mencionada calle. De él bajaron dos individuos, que abrieron fuego contra el agente. El policía, que tenía 23 años, había nacido en la localidad toledana de Villaluenga y planeaba casarse con su novia en septiembre de ese mismo año. El joven agente, no llevaba ni un año en el cuerpo.
Los asesinos, todos ellos miembros del FRAP (Frente revolucionario antifascista patriota), habían robado un vehículo en la calle del Pez Volador y después de deambular por diferentes sitios de la capital, decidieron ejecutar al primer Policía Armado que encontrasen en condiciones favorables para llevar a cabo su vituperable acción. El comando estaba formado por los terroristas Pablo Mayoral Rueda, José Humberto Baena Alonso y Fernando Sierra Marco que actuaría como conductor. Todos ellos habían sido reclutados para la siniestra organización a principios del año 1975 por Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar, al cual nombró Chivite, como jefe del comando que se dedicaría a asesinar Policías Armados y Guardias Civiles.
Al anochecer del día 10 de julio, Blanco Chivite entregó a Pablo Mayoral Rueda un revólver “Cádix”, con la numeración borrada, calibre 22 largo con tambor para nueve balas, así como abundante munición, Con la misma acordaron que el día 14 de julio a las cinco y media de la tarde tendría que reunirse el comando en las cercanías del Hospital Gómez Ulla, para robar un vehículo y proceder al asesinato de algún policía.
A la reunión acudieron tan sólo Mayoral Rueda, Baena Alonso y Sierra Marco, puesto que ni Chivite ni Fernández Tovar se presentaron en el lugar, alegando que se hallaban reunidos planeando otras acciones. Ante ello los otros tres terroristas decidieron actuar y al no encontrar un vehículo fácil de sustraer en Carabanchel se dirigieron en bus al barrio de la Estrella, donde vieron, en la calle del Pez Volador, un SEAT 127 con la llaves puestas en el contacto, apoderándose del mismo y emprendiendo veloz huida al comprobar que un individuo les seguía corriendo. Después de diferentes vueltas por numerosas calles de la capital sobre las diez y cuarto de la noche cuando circulaban por la calle Alenza vieron en la puerta de las oficinas de IBERIA a un Policía Armado que resultó ser Lucio Rodríguez Martín.
Al avistar al agente y después de dar varias vueltas con el coche para garantizarse bien la huida, decidieron volver sobre sus pasos y ejecutar al servidor del orden. Estacionaron su vehículo en las cercanías de la oficina de la compañía aérea, quedando al volante Sierra Marco y apeándose de vehículo Baena Alonso que portaba el revólver y Mayoral Rueda que llevaba una navaja automática para proteger la acción de su compañero y si fuera necesario emplearla contra el Policía. Al cruzarse con Lucio Rodríguez y una vez el Policía les dio la espalda, Baena accionó el disparador no llegando a producirse el disparo sin duda por deficiencias de la munición. Al intentar volverse el Policía, Baena descargó sobre él las ocho balas restantes que lo hirieron en la cabeza, cuello, hombro, brazo y abdomen. Con Lucio Rodríguez en el suelo, Baena intentó apoderarse del arma reglamentaria del agente algo que no pudo lograr al tener que huir de forma precipitada del lugar de los hechos.
Los tres miembros del FRAP dejarían abandonado el vehículo robado en la calle Pedro de Valdivia. Unas horas después eran detenidos por efectivos de la Policía. Mientras los terroristas huían, Lucio Rodríguez logró caminar hasta la calle Cristóbal Bordiú, donde finalmente se desplomó herido de muerte. Falleció en el Hospital Central de la Cruz Roja a donde fue trasladado con urgencia.
A las nueve de la mañana del día siguiente al asesinato se celebró una misa de «córpore insepulto» en la capilla ardiente, oficiada por el teniente vicario castrense de la Primera Región Militar, a la que asistieron el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Gobernación, José García Hernández; el subsecretario de este Departamento, Luis Peralta España; el capitán general de la Primera Reglón Militar, teniente general Ángel Campano López; el director general de Seguridad, Francisco Dueñas Gavilán; el director general adjunto, señor Fanlo: el general inspector de la Policía Armada, señor Tomé: el gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento, Jesús López Cancio; el alcalde de Madrid, Miguel Ángel García Lomas; el director general de Tráfico, Carlos Muñoz Repiso; el presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Victoriano Barquero; el fiscal del alto Tribunal, Antonio García y Rodríguez Acosta; el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Ángel Ruiz Martín: el secretario de las Cortes, señor Puig Maestro-Amado; el vicario general castrense, arzobispo de Grado, fray José López Ortiz, y otras muchas autoridades.
Los padres y hermanos del finado ocupaban lugar preferente. Terminada la misa, el vicepresidente primero del Gobierno colocó sobre el féretro la cruz de oro al Mérito Policial y pronunció unas breves palabras en las que tuvo un recuerdo emocionado a su holocausto.
El féretro cubierto con la Bandera Nacional y sobre esta la gorra del Policía asesinado, fue traslado a hombros por sus compañeros desde la capilla ardiente, instalada en la planta noble de la Inspección General de la Policía Armada, en la calle de Fernando III el Santo. 23, hasta el paseo de la Castellana donde esperaba un furgón mortuorio.
Le precedían miembros de la Policía Armada y de la Guardia Civil portando coronas de flores enviadas por distintos centros y unidades de las fuerzas del orden y de los tres Ejércitos. Detrás del féretro figuraban los padres, hermanos y otros familiares del finado, y a continuación, destacado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Gobernación, José García Hernández v las restantes autoridades y representaciones.
En e! momento de aparecer en la puerta el ataúd, la banda de música de la Policía Armada interpretó el himno del Cuerpo, que fue cantado por la compañía de Infantería que rendía honores y que cerraba la comitiva. Antes de partir el cortejo fúnebre desfiló una compañía de las fuerzas de la Policía Armada, seguida de jefes y oficiales y representaciones de la Marina y del benemérito cuerpo de la Guardia Civil.
Tras el desfile, el vicepresidente primero del Gobierno y las demás autoridades testimoniaron su pésame a los familiares del extinto.
La comitiva se dirigió de seguido hasta el cementerio de Villaluenga (Toledo) donde sería enterrado el infortunado policía. Estaba formada por diecisiete vehículos. Entre las autoridades que acompañaron los restos del infortunado policía, se encontraban el subsecretario de la Gobernación y el director general de Seguridad adjunto.
José Humberto Baena Alonso, Vladimiro Fernández Tovar y Manuel Blanco Chivite serían juzgados en consejo de Guerra sumarísimo celebrado en el acuartelamiento de El Goloso los días 11 y 12 de septiembre de ese año de 1975. Por dicho atentado contra la vida del Policía Lucio Rodríguez Martín, Baena Alonso, Blanco Chivite y Fernández Tovar serían condenados a muerte. Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tovar verían su pena conmutada por la de reclusión mayor. Pablo Mayoral Rueda sería condenado a treinta años de cárcel y Fernando Sierra Marco a veinticinco años. José Humberto Baena Alonso seria fusilado a las 9,50 del sábado día 27 de septiembre en Hoyo de Manzanares por un pelotón compuesto por diez Policías Armados. Junto a él serían también ajusticiados los terroristas del FRAP José Luis Sánchez-Bravo Sollas y Ramón García Sanz por haber asesinado en Madrid en el mes de agosto al Teniente de la Guardia Civil destinado en la Agrupación de Tráfico Antonio Pose Rodríguez.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Lucio Rodríguez Martín la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
14 DE JULIO DE1981. BILBAO. OVIDIO FERREIRA MARTÍN,
Ovidio Ferreira Martín.
El día 14 de julio, dos días después de recibir dos disparos en el tiroteo entablado entre la Policía Nacional y miembros de un comando terrorista de ETA, que acababa de asesinar en Basauri (Vizcaya) al Guardia Civil retirado Joaquín Gorjón González, fallecía en el Hospital OVIDIO FERREIRA MARTÍN.
Media hora antes de asesinar a Gorjón González dos etarras robaban un Seat 124 de color beige en el barrio bilbaíno de Deusto, obligando al conductor a cambiar de asiento y a acompañarles, primero a recoger a otros dos terroristas, y después hasta las inmediaciones de la estación de Basauri. Tras cometer el asesinato, abandonaron al dueño del coche en Basauri y emprendieron la huida.
La Policía Municipal de Basauri dio la alarma a la Guardia Civil, que localizaría abandonado el coche en la entrada de Bilbao. Los terroristas robaron entonces otro vehículo que fue detectado por dos coches patrulla de la Policía Nacional en el centro de Bilbao. Se inició entonces una persecución hasta el casco viejo de la capital, donde los etarras abandonaron el coche y continuaron la fuga a pie por las calles del centro de la ciudad. En esta persecución se produjo un intercambio de disparos en el que resultaron heridos el etarra Sebastián Echaniz que, a pesar de ello, consiguió huir -fue trasladado por sus compañeros a un piso y, al día siguiente, conducido a Francia para ser atendido de las heridas-, y dos transeúntes que, según fuentes policiales, fueron utilizados como escudo por los etarras. Aurora Múgica Múgica resultó herida de carácter leve, y Ovidio Ferreira Martín, de carácter muy grave, al recibir dos impactos, uno en la pierna y otro en la cara. Esta segunda bala quedaría alojada en la parte posterior del cráneo y, a consecuencia de la misma, Ovidio Ferreira Martín fallecería ese día 14 de julio.
Ovidio Ferreira Martín, tenía 29 años y era empleado de una agencia de transportes, De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
14 DE JULIO DE 1987. OÑATE (GUIPÚZCOA). CABO PRIMERO DE LA GUARDIA CIVIL ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ-COLMENERO. GUARDIA CIVIL PEDRO GALNARES BARRERAS.
Cabo Primero de la Guardia Civil Antonio Ángel López Martínez-Colmenero.
En la mañana del 14 de julio de 1987 la banda terrorista ETA atacaba un convoy de cuatro vehículos de los Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil (GAR), en el que viajaban catorce agentes del Cuerpo, en una carretera vecinal de Oñate (Guipúzcoa). La onda expansiva del artefacto explosivo, activado a distancia al paso del convoy, alcanzó de lleno al todoterreno que encabezaba la marcha, provocando la muerte en el acto del Cabo Primero ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ-COLMENERO y del Guardia PEDRO GALNARES BARRERAS.
Guardia Civil Pedro Galnares Barreras.
Otros dos guardias civiles resultaron gravemente heridos: Andrés Castillejo Martín, de 31 años, natural de Villanueva del Rey (Córdoba), casado y padre de un niño de 8 años, y Antonio Grande Lozano, natural de León, de 32 años, soltero, sufrieron choque traumático, fracturas y heridas provocadas por la metralla de pronóstico grave. Otros diez agentes de la Benemérita resultaron heridos de diversa gravedad: José Martínez Rodríguez, Agustín Álvarez Belmonte, Francisco Montes Urbano, Benedicto Martín, Pedro Delicado Navarro, Manuel Tejeiro Méndez, Antonio Martínez Hernández, José Rodríguez Chacopino, José Antonio González García y Juan Barreal Fernández. Los heridos fueron trasladados inicialmente a un centro médico de Beasaín y después al Hospital Santiago de Vitoria.
La bomba, compuesta por veinte kilos de Goma 2 y diez de metralla, estaba camuflada entre las zarzas que recubren el pretil de piedra que bordea la carretera entre Oñate y Legazpia, y empotrada en el suelo. La explosión alcanzó de lleno al primero de los cuatro vehículos del convoy que periódicamente recorre esa carretera. El vehículo, que contaba con protección semi blindada, fue proyectado a más de ocho metros y quedó destrozado en el arcén contrario, envuelto en una densa columna de humo negro.
El artefacto adosado al pretil de la carretera era del tipo conocido como hornillo, confeccionado a partir de una caja de acero laminado en cuyo interior alojaron el explosivo y la metralla, y fue accionado con mando a distancia, sin cable. Este sistema permite explosionar una bomba desde una distancia superior incluso a los quinientos metros, siempre que las ondas de radio que emite el mando no encuentren a su paso ningún obstáculo físico.
En previsión de este tipo de atentados la Guardia Civil desarrollaba regularmente un servicio denominado limpieza de itinerarios, que consistía precisamente en la inspección de los arcenes y taludes que bordeaban las carreteras de paso obligado para sus efectivos. El comandante Enrique Rodríguez Galindo, máximo responsable entonces de la Guardia Civil de Guipúzcoa, indicó que el punto en el que se produjo el atentado, en el polígono de Olakue de Oñate, había sido inspeccionado días atrás. A su juicio, los terroristas colocaron la bomba hacía muy pocos días, enterados de que las unidades antiterroristas rurales recorrían ese lugar al menos una vez cada dos días.
Al día siguiente se celebraban los funerales por los guardias civiles asesinados, a los que acudió el ministro del Interior, José Barrionuevo. El titular de Interior mostró la solidaridad gubernamental con todos los que "dedican su trabajo, su esfuerzo y su profesión a la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y a defender los derechos humanos de todas las personas sin ninguna excepción". En declaraciones a los medios de comunicación, hizo un encendido elogio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Yo creo que nos dan una lección. Cuando hay algunos que pretenden darnos lecciones de democracia, de ponerse como ejemplos de demócratas destacando solamente o dedicándose preferentemente, casi con exclusividad, a la defensa de los derechos de los delincuentes y de los terroristas. Yo creo que es oportuno poner de relieve cómo sin declaraciones, sin presumir, sin ponerse como ejemplo, hay hombres que dedican su esfuerzo, de verdad, a luchar por la democracia y por la convivencia y por las libertades".
En 1999, la Audiencia Nacional condenó a los etarras Xabier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren (que fue quien activó la bomba al paso del convoy), Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Xabier Usandizaga Galarraga a un total de 145 años de cárcel cada uno como autores del atentado, doble asesinato consumado, dos asesinatos frustrados y diez delitos de lesiones.
Antonio Ángel López Martínez-Colmenero, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de Cabreiroa (Orense). Estaba casado y era padre de una hija de 9 años. El padre de Antonio también era guardia civil.
Pedro Galnares Barrera, de 26 años, era natural de Potes (Cantabria). Estaba casado y su mujer se encontraba en avanzado estado de gestación. El agente Galnares era el conductor del vehículo que abría la marcha del convoy.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
14 DE JULIO DE 2001. LEIZA (NAVARRA) JOSÉ JAVIER MÚGICA ASTIBIA, CONCEJAL DE UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO EN EL AYUNTAMIENTO DE LEIZA.
José Javier Múgica, concejal de Unión del Pueblo Navarro en Leiza.
A primera hora de la mañana del sábado 14 de julio de 2001, una bomba-lapa colocada por ETA en los bajos de su furgoneta acababa con la vida de José Javier Múgica, concejal de Unión del Pueblo Navarro en Leiza, una localidad gobernada con mayoría absoluta por Euskal Herritarrok.
Su asesinato se produjo horas antes de que Juan José Ibarretxe jurara en Guernica su cargo como presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma vasca. Aquella mañana, Múgica Astibia se había comprometido a realizar un reportaje fotográfico a una pareja de novios, por lo que, tras desayunar junto a su familia, salió del domicilio y se dirigió a la furgoneta, aparcada frente a su vivienda. Cuando encendió el motor del vehículo, la bomba-lapa se activó provocándole la muerte en el acto. La víctima acababa de comprar esa furgoneta porque la anterior se la habían quemado terroristas callejeros. "No siento rabia ni odio. Me amenazan con dianas, me insultan. Ahora nos dejan sin poder ir de vacaciones. Y todo esto, ¿por qué? Voy a seguir trabajando por Leiza, por los vecinos, y defendiendo mis ideas sin hacer mal a nadie", comentó el concejal.
La semana anterior al atentado decidió irse unos días para "quitarse de en medio" según comentó un vecino. Estuvo tres días en Fitero y regresó el viernes porque debía realizar el reportaje fotográfico a una pareja de novios. Alguien debió avisar a los terroristas de que había vuelto, por lo que aprovecharon la noche para colocar la bomba-lapa en los bajos de su furgoneta, entre el bastidor y la caja de cambios. La bomba estaba compuesta por tres kilos de explosivo Titadine. La fuerte explosión, que calcinó por completo la furgoneta marca Volkswagen, lanzó el cuerpo del edil al asfalto, donde quedó tendido. La explosión provocó numerosos daños materiales en varios vehículos estacionados en la zona e importantes destrozos en la fachada y las ventanas del inmueble vecino.
El concejal asesinado había recibido el 3 de diciembre de 2000 de manos del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, el diploma acreditativo de la concesión de la Medalla de Oro de Navarra, máximo galardón de la Comunidad Foral, concedido a las víctimas del terrorismo. El motivo por el que se le concedió era las numerosas amenazas de muerte recibidas y por el incendio, en agosto de ese año 2000, de su furgoneta de trabajo por parte de los proetarras.
Jaime Ignacio del Burgo, por entonces portavoz de UPN en el Congreso de los Diputados, señaló a los medios de comunicación que el atentado contra su compañero de partido suponía la culminación de las amenazas que habían aparecido en los diarios Gara y Egunkaria. Un mes antes, el 7 de junio, se publicó una larga entrevista a tres etarras en esos diarios en la que dejaron claro que los miembros de UPN eran objetivos potenciales de la banda.
El equipo de Gobierno de Euskal Herritarrok recibió duros insultos de la población en un tenso pleno municipal. El Ayuntamiento optó por "lamentar profundamente lo sucedido" con los votos de EH y la abstención de Eusko Alkartasuna. Algunos de los asistentes calificaron de "cobardes" a los concejales proetarras. El funeral se celebró a las 18:00 horas, en la iglesia parroquial de Leiza, con presencia del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Fernando Sebastián, y con la asistencia del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y todos sus compañeros de partido.
La banda asesina ETA reivindicó el atentado en un comunicado del que se hacía eco el diario Gara el 26 de julio de 2001. Los presuntos autores materiales de la muerte del concejal fueron los integrantes del grupo Argala 2 de ETA Andoni Otegi, jefe del grupo; Oscar Celarain y Juan Carlos Besance Zugasti, alias Fenómeno, cuyo testimonio en octubre de 2010, tras su detención en septiembre, resultó clave tanto para la imputación de sus dos compañeros como para desvelar el grado de implicación del ex jefe militar de la banda en el asesinato, Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Este último compareció ante la Audiencia Nacional el 15 de abril de 2011, a pesar de que la orden de extradición de Francia no incluía la causa del edil de UPN. Txapote alegó en su defensa que ya estaba detenido en Francia cuando se asesinó Múgica Astibia. Sin embargo, en un informe elaborado por los Servicios de Información de la Guardia Civil se certificó la implicación del etarra en el atentado, pues en la agenda que le fue intervenida figuraban varios encuentros con los tres terroristas que finalmente ejecutaron el asesinato.
Por otra parte, el etarra Ibon Urrestarazu, detenido en noviembre de 2004, confesó a la Policía su participación en el asesinato de José Javier Múgica.
José Javier Múgica Astibia, de 49 años, había nacido en un caserío del municipio navarro de Leiza, una localidad de 3.500 habitantes encerrada entre montañas, donde todo el mundo se conoce. De origen humilde, estaba casado con Reyes Zubeldia y tenía tres hijos: Javier, Daniel y Raquel. El segundo hijo del matrimonio, Daniel Múgica Zubeldia, fue elegido concejal por UPN en Leiza en mayo de 2003, aunque renunció en noviembre de 2006 por no poder compatibilizar su ocupación profesional con el trabajo de concejal en la corporación local, siendo sustituido por Juan José Larralde Cerezales.
Múgica Astibia era vascoparlante, euskaldún de raza, pero se sentía español y era contrario a una posible adhesión de Navarra a una virtual Euskalherria independiente. El que se sintiese vasco y español era algo que la banda asesina y su entorno, guardianes de las esencias de lo vasco, nunca han tolerado. La decisión de encabezar las listas de UPN de su pueblo en 1999 le costó padecer el acoso violento de la izquierda proetarra. Leiza, uno de los feudos batasunos en Navarra. José Javier salió elegido junto a María Flora Michelena que, antes de que José Javier fuese asesinado, había dimitido incapaz de soportar las presiones ejercidas por el entorno de la banda terrorista. El testigo de María Flora lo recogió Gerardo Caballero. En esas elecciones de 1999 Euskal Herritarrok ganó por mayoría absoluta en Leiza. Pese al acoso de los proetarras, Múgica Astibia no llevaba escolta, aunque tomaba precauciones.
La víctima compaginaba su cargo como concejal en el Ayuntamiento con su profesión de fotógrafo y la conducción de autobuses escolares.. En 2009, la sociedad Larrea de Leiza convocó el I Concurso de Fotografía José Javier Múgica en honor del concejal asesinado. Además, era un gran aficionado a la música y formaba parte de la coral Jeiki de Leiza, integrada por cuarenta vecinos de la localidad. Tal y como se recogió en la página web de Unión del Pueblo Navarro, José Javier y su familia estaban muy volcados con la causa saharaui, no sólo promocionando las estancias de niños en la localidad, sino acogiendo ellos mismos a uno de ellos durante las vacaciones de verano.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
14 DE JULIO LEABURU DE 2001. (GUIPÚZCOA) MIKEL MARÍA URIBE AURKIA, JEFE DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE GUIPÚZCOA DE LA ERTZAINTZA.
Mikel María Uribe Aurkia. Jefe de la Inspección General de Guipúzcoa de la Ertzaintza.
Unas diez horas después del asesinato de José Javier Múgica Astibia, el 14 de Julio de 201, la banda terrorista ETA acribillaba en Leaburu (Guipúzcoa) con dos ráfagas de subfusil a MIKEL MARÍA URIBE AURKIA, jefe de la Inspección General de Guipúzcoa de la Ertzaintza. Eran aproximadamente las 20:00 horas y el ertzaina estaba aparcando su todoterreno en una calle de la localidad guipuzcoana. Se disponía a cenar con sus amigos en la sociedad gastronómica Zazpi Bide, algo que hacía casi todos los fines de semana.
El atentado fue cometido por miembros del grupo Erezuma de ETA y ordenado por el dirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Siguiendo las instrucciones de Txapote, los etarras Ibon Etxezarreta, Luis María Carrasco y Santiago Vicente Aragón se trasladaron a Leaburu en un vehículo robado previamente. Aguardaron en una explanada detrás del Ayuntamiento a que Patxi Xavier Makazaga les avisara de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica donde iba a cenar. Etxezarreta condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que Aragón lo ametrallara con un subfusil. A continuación, Carrasco se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al Hospital Donostia, donde falleció poco después.
La localidad de Leaburu en la fecha del asesinato de Uribe Aurkia estaba gobernada por Euskal Herritarrok marca de ETA. Al día siguiente del crimen los vecinos de Leaburu dieron muestras de los efectos del miedo en el Territorio Udalbiltza: ni uno sólo salió a la calle para expresar su rechazo al atentado .
Un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentró a mediodía en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Los policías estuvieron con sus banderas durante quince minutos sin que se les sumara ni un solo vecino. Fueron los propios agentes los que tuvieron que entrar en el ayuntamiento gobernado por Batasuna sin oposición para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro"
En abril de 2004 la Audiencia Nacional condenó a Ibon Etxezarreta Etxaniz, Luis María Carrasco Aseginolaza, Santiago Vicente Aragón y Patxi Xabier Makazaga Azurmendi a sendas penas de 30 años de prisión mayor. En el mismo fallo fue condenada Oskarbi Jauregi Amundarain a 20 años de cárcel en concepto de cómplice del asesinato del ertzaina. La misma sentencia establece que Ainhoa García Montero, entonces presa en Francia, y el fallecido Hodei Galarraga habían colaborado en la grabación de un vídeo del lugar donde tendría lugar el asesinato y de sus alrededores "para facilitar las diversas vías de huida para cometerlo". En 2005 el Tribunal Supremo le rebajó la condena a Oskarbi Jauregi de 20 a 13 años y 6 meses, por no haberse motivado en forma alguna la decisión de imponerle la pena máxima como cómplice "cosa que, de modo evidente, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva".
Mikel María Uribe Aurkia, tenía 44 años y residía con su familia desde cinco años antes de su asesinato en Legorreta, adonde llegaron desde Irún. Estaba casado con Maite y tenía un hijo, Ibai, de 13 años. Era gran aficionado al fútbol y al atletismo.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
Comments