19 DE JUNIO DE 1979. IRÚN (GUIPÚZCOA) HÉCTOR ABRAHAM MUÑOZ ESPINOZA.
Héctor Abraham Muñoz Espinosa.
A las doce del mediodía del 19 de junio de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Irún (Guipúzcoa) a HÉCTOR ABRAHAM MUÑOZ ESPINOZA, anticuario chileno que vivía en esta localidad guipuzcoana desde hacía ocho años.
Héctor fue abatido a tiros por dos terroristas cuando se encontraba sentado en una butaca en el interior de una de las dos tiendas de antigüedades que había instalado en la localidad. Herido de muerte, la víctima trató de refugiarse detrás de un escritorio, donde fue rematado por los agresores. La Policía encontró más tarde en el lugar del suceso cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. Tres de las balas habían alcanzado a la víctima en la cabeza, el corazón y el cuello. Los asesinos huyeron rápidamente en un vehículo aparcado en las proximidades y en el que esperaba al volante un tercer terrorista.
En un primer momento, pocas personas conocían la filiación política del asesinado, aunque a media tarde empezaron a extenderse los rumores por la localidad. Uno de ellos, no confirmado, señalaba a Héctor Abraham Muñoz Espinoza como el autor de varios artículos cuya tesis de fondo era una defensa a ultranza de la Policía de Pinochet. Sea como fuere, ETA reivindicó el asesinato del anticuario acusándole de estar relacionado con "distintos servicios informativos (sic) internacionales".
Héctor Abraham Muñoz Espinoza había nacido el 2 de mayo de 1940 en la localidad chilena de Concepción, por lo que tenía 39 años cuando fue asesinado. Había contraído matrimonio con una ciudadana francesa con la que llegó a Irún en 1971. Allí abrió dos tiendas de antigüedades. El matrimonio no tenía hijos. Héctor había recibido varias amenazas de muerte y desde hacía algún tiempo estaba considerando la posibilidad de liquidar su negocio y salir fuera del País Vasco. El anticuario mantuvo en su momento una estrecha relación con Julio Martínez Ezquerro, concejal de la localidad asesinado por la banda terrorista en noviembre de 1977. Al día siguiente Héctor fue enterrado en la intimidad en el cementerio de Irún, con la asistencia sólo de familiares y allegados.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo
19 DE JUNIO DE 1980. AMOREBIETA (VIZCAYA). JOSÉ PABLO GARCÍA LORENZO.
José Pablo García Lorenzo.
El 19 de junio de 1980, la banda terrorista ETA acababa a tiros en Amorebieta (Vizcaya) con la vida de JOSÉ PABLO GARCÍA LORENZO, empleado del Ayuntamiento de esta localidad vizcaína. En torno a las 8:00 horas José Pablo salía de su domicilio, situado en las afueras de dicha localidad, para dirigirse a su vehículo. Llevaba las manos ocupadas con una carpeta, un libro y las llaves del coche, cuando dos etarras se le acercaron y le dispararon cuatro tiros a bocajarro. Los autores de los disparos huyeron a bordo de un automóvil R-12 que había sido robado a mano armada en las inmediaciones de Amorebieta una hora antes. El propietario del coche había sido maniatado y abandonado en el monte Bizcargui, cercano a Amorebieta.
La mujer de José Pablo, que estaba de baja por maternidad, se precipitó a la calle al oír los disparos. Allí se encontró el cuerpo sin vida de su marido, que había fallecido en el acto tras recibir tres disparos en la cabeza y uno en el pecho. En el lugar de los hechos se recogieron cuatro casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.
Según el alcalde de Amorebieta, Enrique Recalde, del PNV, José Pablo García era un empleado normal al que no se le conocía vinculación política alguna. No era militante de ningún partido y había sido muy amigo del anterior alcalde. Otras fuentes comentaron que había sido visto con recelo por frecuentar el cuartel de la Guardia Civil para realizar trabajos relacionados con el servicio de aguas.
Los empleados del Ayuntamiento celebraron una asamblea nada más conocer el hecho, y acordaron abandonar el trabajo a partir de las once de la mañana en señal de duelo. Por su parte, el alcalde, que calificó el hecho como "un asesinato brutal", convocó un pleno extraordinario de la corporación. Previamente, los nueve concejales del PNV hicieron público un comunicado en el que se condenaba enérgicamente el atentado y se hacía un llamamiento a todo el pueblo a "condenar todos los actos de violencia de cualquier signo". "Acciones de este tipo", decía también el escrito, "descalifican a sus autores para todo intento de reestructuración democrática de Euskadi".
José Pablo García Lorenzo, de 25 años, era natural de Bilbao. Estaba casado y tenía un hijo de un mes de edad. Era empleado del Ayuntamiento de Amorebieta desde 1971. Hasta hacía poco tiempo, había trabajado como encargado de medir los contadores de agua en las casas de la localidad y, en el momento del atentado, estaba adscrito al servicio de recogida de basuras.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo
19 DE JUNIO DE 1995. MADRID. POLICÍA MUNICIPAL JESÚS REBOLLO GARCÍA.
Policía Municipal de Madrid Jesús Rebollo García.
A las 7:15 horas del lunes 19 de junio de 1995 la banda terrorista ETA hacía estallar un coche-bomba en Madrid, provocando la muerte al policía municipal JESÚS REBOLLO GARCÍA. La explosión se produjo mientras los policías efectuaban tareas de acordonamiento y desalojo de la zona tras recibir un aviso de los asesinos. Este atentado de ETA se produjo al cumplirse exactamente dos meses desde que la banda terrorista intentara asesinar en Madrid al líder de la oposición, José María Aznar, atentado en el que resultó herida gravemente Margarita González Mansilla, fallecida tres meses más tarde, el 22 de julio. Otros dos policías municipales, Francisco Javier Quintana y Agustín López Jiménez, sufrieron heridas leves, así como un vigilante de seguridad, Mariano Santos Duque, una mujer que transitaba por la zona, Carmen Rodríguez Díaz y un funcionario de la Policía Nacional, Francisco Gil, que, al igual que Jesús Rebollo, se encontraba en el cordón de seguridad.
El vehículo utilizado, al que le habían cambiado la matrícula, era un Opel Omega de color azul oscuro, que había sido robado varios días antes en el madrileño barrio de Moratalaz. Los etarras habían cargado el coche con cerca de 60 kilos de amosal y un bidón de gasolina, según informó el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. A continuación miembros del grupo Madrid de ETA lo estacionaron en la calle del Carmen, que es peatonal, aproximadamente tres cuartos de hora antes de que lo hicieran estallar mediante un temporizador. Aunque no existían barreras físicas que lo impidiesen, en esa calle estaba prohibido aparcar.
A las 6:50 horas de la mañana, una persona que dijo hablar en nombre de la organización terrorista ETA, comunicó por teléfono a la Policía Local, Cruz Roja, Bomberos y la cadena SER, que un coche-bomba iba a estallar media hora después en la calle del Carmen. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional desalojaron en pocos minutos la zona, donde a esa hora transitaban numerosos ciudadanos que se dirigían al trabajo mientras otros esperaban el autobús.
Toda la zona fue cortada en un diámetro de cien metros y rodeada por cintas de seguridad. Poco después, a las 7:15 horas, antes de que los artificieros se acercaran a inspeccionar el coche, se produjo la explosión. Los terroristas habían colocado dos papeleras de hierro fundido a ambos lados del vehículo, para que actuaran como metralla. Además, la calle donde estalló el coche-bomba es muy estrecha, lo que provocó que la onda expansiva tuviera un "efecto cañón".
El agente Jesús Rebollo fue alcanzado en la cabeza por un trozo de metralla, a pesar de que se encontraba a más de ochenta metros de distancia del coche-bomba. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Fue atendido en un primer momento en una ambulancia del SAMUR y, posteriormente, procedieron a trasladarlo al Hospital Clínico, donde intentaron reanimarle. Antes, durante el traslado, el agente estaba consciente y se interesó por el estado del resto de sus compañeros, según fuentes policiales. Falleció una hora después.
La potente explosión afectó a un total de veinticuatro inmuebles de la zona de Callao y de las calles Carmen y Preciados. Especialmente afectados quedaron los edificios de Galerías Preciados y la FNAC. En este último, de donde previamente habían sido desalojados unos veinte trabajadores de la limpieza y de seguridad que se encontraban en el interior, se produjo un pequeño incendio e importantes daños materiales.
Los expertos de la lucha antiterrorista consideraron que, dada la hora en que se produjo el atentado y los confusos avisos que dieron previamente los etarras, algo no habitual, el objetivo de los terroristas era asesinar a los policías. En concreto, según fuentes de Interior, ETA pretendía "cazar" a miembros de los Tedax (Técnicos en Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional) que acudieran a acordonar la zona y desactivar la carga explosiva.
El titular del juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, y el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, se desplazaron al lugar del atentado alrededor de las diez de la mañana. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Lledó, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que colaborasen en la identificación y búsqueda de los autores del atentado. Minutos después de que se produjera el atentado, efectivos de la Policía Nacional formaron varios controles alrededor del centro de la capital para intentar localizar a los responsables, siguiendo las directrices fijadas unos meses antes por el Ministerio de Justicia e Interior para casos de atentado.
Jesús Rebollo García, de 39 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Considerado un policía ejemplar, tanto por sus compañeros como por sus superiores, había ingresado en el Cuerpo en 1980, con tan solo 24 años. Llevaba quince años de servicio, durante los cuales recibió tres felicitaciones, tres menciones honoríficas, el Galón de Mérito y la Medalla de la Policía Municipal que recibió en 1994 de manos del entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, durante los actos de San Juan, patrón del Cuerpo. El alcalde decretó dos días de duelo y condecoró a título póstumo al agente con el único galardón que le faltaba: la Medalla de Plata de Madrid. El funeral por Jesús Rebollo, oficiado por el vicario general del Arzobispado Castrense, Clemente Martín, y al que asistieron más de 3.000 personas, tuvo lugar al día siguiente en el patio central de la Jefatura de la Policía, en la Casa de Campo. Posteriormente sus restos fueron incinerados en el cementerio de La Almudena, en Madrid y sus cenizas se esparcieron en un acto íntimo en algún lugar de la sierra madrileña.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
19 DE JUNIO DE 2009. ARRIGORRIAGA (VIZCAYA) INSPECTOR DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EDUARDO PUELLES GARCÍA.
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles García,
La banda terrorista ETA asesinaba el día 19 de junio de 2009, mediante una bomba lapa colocada en su coche al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles García, jefe de Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, en el municipio vizcaíno de Arrigorriaga, cercano a Bilbao. Se trataba del primer atentado etarra desde que el socialista Patxi López hubiese sido nombrado lehendakari. La explosión se produjo a las 9.05 en un aparcamiento al aire libre cercano al domicilio del agente, en la calle Santa Isabel, del barrio de La Peña de la localidad.
Según fuentes policiales, la bomba lapa, que contenía entre 1,5 y 2 kilogramos de un explosivo aún sin determinar, fue colocada en la parte trasera del vehículo de Puelles, un Renault Megane, junto al depósito de gasolina, lo que provocó el incendio posterior que, según testigos presenciales, terminó con la vida del policía. Los primeros indicios apuntaban ya a que los responsables del atentado eran miembros no fichados de ETA (legales) que formarían los últimos restos del comando Vizcaya.
Un testigo presencial del atentado, pudo ver el coche en llamas y aseguró que escuchó gritos en el interior del vehículo. Otro vecino del fallecido dijo que la explosión había sido tan fuerte que su cama se movió. Además, el incendio posterior a la explosión afectó al menos a otros cuatro vehículos.
La capilla ardiente con los restos de la última víctima de la banda fue instalada a primera hora de la tarde de ese día, en la subdelegación del Gobierno en Bilbao.
La emoción contenida presidía el funeral por el inspector de policía Eduardo Puelles García, en el que los abrazos de condolencia unieron a la familia, los Príncipes de Asturias y los cientos de presentes en la iglesia de San José, que se hallaba abarrotada.
Desde la capilla ardiente, en la subdelegación del Gobierno en Bilbao, los restos mortales del inspector asesinado fueron trasladados a la iglesia, situada a una veintena de metros de subdelegación, precedido por la viuda, los hijos, la madre y el resto de familiares del inspector.
Los restos mortales llegaron la iglesia entre aplausos de los centenares de personas congregadas en las calles adyacentes, a hombros de ocho agentes, dos de cada cuerpo policial: Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Municipal de Bilbao, envuelto en la bandera Nacional mientras sonaba la marcha fúnebre interpretada por la Unidad de Música del Cuerpo Nacional de Policía. Una agente de la Policía Nacional portaba en una bandeja de plata la gorra del agente asesinado.
Justo antes de entrar a la Iglesia, fue interpretado el Himno Nacional, en medio de un gran silencio.
En el templo ya estaban los Príncipes de Asturias, quienes a su llegada habían sido recibidos con numerosos aplausos de los cientos de ciudadanos que se congregaban tras el cordón policial. Les recibió en las escalinatas de la iglesia la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el presidente del Senado, Javier Rojo, y el lehendakari, Patxi López. El obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez ofició el funeral, al que no pudieron acceder los medios de comunicación, por expreso deseo de la familia, que deseaban que el acto en la iglesia se desarrollara en la intimidad.
El obispo dijo que "cada víctima mortal del terrorismo es un clamor que exige, con la fuerza de la sangre injustamente vertida, respeto a la vida y libertad para todos. La memoria de las víctimas es un recordatorio permanente para que la sociedad continúe rechazando enérgicamente la violencia y desenmascarando sus propósitos". Por ello, abogó por "deslegitimar en todos los aspectos el terrorismo".
"La unidad clara y perseverante contra la organización terrorista es condición eficaz para vencerla pronto", insistió Blázquez. Por último, expresó a los compañeros de Eduardo y a los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado "nuestro apoyo y gratitud por la protección de nuestra libertad y convivencia, corriendo ellos en ocasiones serios riesgos para su vida".
El último adiós que recibió el inspector fue una rosa y un beso de su mujer que, visiblemente afectada, acarició con su mano la caja mortuoria. Bajo los sones de la Muerte no es el final se entregó a la viuda la Bandera española que había cubierto la caja mortuoria con los restos de Puelles. Antes de que partieran, los Príncipes se despidieron, de forma emocionada, de la viuda del agente, sus dos hijos, Rubén y Asier su madre y demás familiares de la víctima, siendo muy aplaudidos por los cientos de personas que se hallaban situados en el exterior de la iglesia.
Una hora antes del funeral, varios miles de personas se concentraban en los pueblos y capitales vascas en silencio, en repulsa por el asesinato de Eduardo Puelles. Las concentraciones se realizaron también en otras ciudades y pueblos de España.
Dos días después del asesinato, se celebró una multitudinaria manifestación que recorría las calles principales de Bilbao. Al final de la misma, la viuda de Eduardo, Francisca Hernández, tomaba la palabra para decir que la banda terrorista ETA lo único que había conseguido "era dejar dos huérfanos y una viuda”. "Se permiten el lujo de matar a escondidas pero no van a conseguir nada más”, añadió, “porque gracias a Dios hay mucha gente como mi marido y no van a poder con ellos, cada día van a salir más y más". Después llamó "asesinos" a la banda terrorista y exigió a los familiares de los etarras que fueran "pidiendo dinero" para visitarlos en las cárceles porque "no son presos políticos, no, es mentira, son asesinos"."Espero que algún día, y que no tarden mucho, acaben con ellos de raíz".
En la madrugada del 1 de marzo de 2011 la Policía detenía a tres miembros etarras del comando Otazua y que habían participado en el atentado contra Eduardo Puelles: Estos eran Iñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxeberría Caballero y Daniel Pastor Alonso.
En julio de 2013, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional condenaba a 45 años de cárcel a cada uno de los miembros del grupo Otazua de ETA, Íñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor, como autores del asesinato del inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles García en junio de 2009.
La condena, la misma que solicitó el fiscal, incluía el pago de una indemnización conjunta y solidaria a la viuda del funcionario (300.000 euros) y a sus dos hijos (150.000 euros a cada uno).
Los magistrados condenaban a los tres terroristas como coautores de los delitos de asesinato terrorista y de estragos terroristas, con el límite de 40 años de prisión previsto en el Código Penal, y les prohibía residir en Bilbao o acercarse a menos de 300 metros de la viuda e hijos de su víctima o comunicarse con ellos por tiempo superior en 10 años a la pena de prisión impuesta.
El tribunal consideraba probado que los procesados se integraron en la banda terrorista ETA en 2006 para formar el comando Otazua con el fin de atentar contra algún policía de la Comisaría de Policía en el barrio de Indauchu, en Bilbao. Para ello, los tres acusados anotaron las matrículas de los vehículos aparcados en las inmediaciones de la comisaría por si en alguna ocasión los identificaban en otro lugar, como así sucedió con Eduardo Puelles.
El comando Otazua fue desarticulado en febrero de 2011 y en el registro de sus domicilios se hallaron sustancias para la fabricación de artefactos explosivos, dos bombas lapa y documentos manuscritos de Pastor sobre explosivos con alusiones a "matrículas de txakurras, guardaespaldas y cipayos".
El tribunal rechazaba las denuncias de malos tratos que los condenados dijeron sufrir en su detención y destacaba, entre las pruebas de cargo, las declaraciones de dos de ellos en sede policial cuyo contenido se había visto corroborado con el resultado de los registros efectuados y las declaraciones testificales practicadas durante el juicio.
De todo ello deducía la Sala que existía una "inequívoca demostración" de la pertenencia de los tres enjuiciados al grupo Otazua de ETA y de la "ocultación y plena disponibilidad por los mismos de armas y material explosivo" que almacenaban en sus viviendas "para ser utilizado en la ejecución de actos de terrorismo" al servicio de la organización, como fue el asesinato del inspector Eduardo Puelles.
Según el relato de hechos probados en la sentencia, el inspector de la Brigada de Información fue asesinado con una bomba lapa adosada a su vehículo en el municipio vizcaíno de Arrigorriaga. La Fiscalía mantuvo que "sobre la 1:30 o 2:00 horas de la noche del 18 al 19 de junio de 2009, se dirigieron al lugar donde se encontraba aparcado el automóvil provistos de un artefacto explosivo".
“Dicho artefacto”, continuaba la sentencia, “estaba compuesto por 2 kilos de cloratita y 200 gramos de pentrita y fue fabricado por el procesado Íñigo Zapirain", quien se encargó inicialmente de su colocación, siendo ayudado por Daniel Pastor, al no localizar el punto donde debía ser insertado (...), vigilando la ejecución la procesada Beatriz Etxebarria". "Sobre las 9:05 horas del día 19 de junio de 2009, Eduardo Puelles se dispuso a arrancar el referido automóvil, activándose el artefacto explosivo que estalló, sufriendo un shock por quemaduras que le causó la muerte”.
Además, la banda terrorista ETA se atribuyó la autoría de los hechos en un comunicado publicado el día 9 de agosto de 2009 en el diario Gara. Tras el atentado se practicaron registros en las viviendas de los procesados y se hallaron en ellas sustancias explosivas que resultaron ser idénticas a las que emplearon en la fabricación del explosivo usado para acabar con la vida de Eduardo Puelles.
A día de hoy Iñigo Zapirain cumple condena en la cárcel Jaén, Beatriz Etxebarria en la de Córdoba, y Daniel Pastor en Puerto III.
El Inspector asesinado, había nacido en Baracaldo el 8 de enero de 1960; era hijo de emigrantes castellanos -su padre natural de Valladolid y su madre de Burgos-, siendo el segundo de cinco hermanos. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1982. Estuvo destinado en las comisarías de Alicante, Irún (Guipúzcoa) y Portugalete (Vizcaya), hasta 1991, en que fue asignado a la Jefatura Superior de policía de Bilbao. En 2002 fue ascendido a inspector. Estaba casado con Francisca Hernández y tenía dos hijos, Rubén y Asier. Su hermano era miembro de la Ertzaina.
Eduardo Puelles llevaba 16 años dedicado a la lucha contra ETA y era definido por el secretario nacional de comunicación del Sindicato Profesional de Policía (SPP) al que estaba afiliado Puelles, José Antonio Calleja, como "un buen policía, un vasco noble y un español de corazón.
En Enero de 2016 el hijo de Eduardo Puelles, Asier, se incorporaba como agente de la Escala básica al Cuerpo Nacional de Policía tras haber superado el periodo de prácticas como policía alumno.
En junio de 2018 decenas de personas recordaban, un año más, a Eduardo Puelles en el noveno aniversario de su asesinato por parte de ETA. Familiares, amigos y dirigentes políticos participaban en un acto en la localidad vizcaína de Arrigorriaga, en recuerdo del inspector de Policía Eduardo Puelles, asesinado por ETA en esta localidad vizcaína el 19 de junio de 2009, último atentado mortal que la banda cometió en la Comunidad Autónoma Vasca. El acto, celebrado en el parking de Santa Isabel, donde la banda terrorista colocó una bomba en el coche del policía, que al explotar provocó su muerte en el acto, se inició con una ofrenda floral ante una placa conmemorativa del atentado y foto con la imagen del fallecido. Dos años antes, en el séptimo aniversario del asesinato de Eduardo Puelles, se había colocado la placa con el nombre y apellidos del inspector asesinado, el de la banda terrorista que lo asesinó y una leyenda “La vida de los muertos está en la memoria de los vivos”. Una placa que, según afirmo a los medios de comunicación el hermano del inspector Puelles, “debería tener toda víctima de ETA y haber sido colocada por las instituciones”.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se concedió a Eduardo Pelles García la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedió también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
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