28 DE JUNIO DE 1960. SAN SEBASTIÁN. BEGOÑA URROZ IBARROLA.
Begoña Urroz Ibarrola,
El 28 de junio de 1960 fallecía en la clínica del Perpetuo Socorro la niña BEGOÑA URROZ IBARROLA a consecuencia de las graves quemaduras en las piernas, brazos y cara que le había provocado una bomba incendiaria colocada en uno de los armarios de la consigna en la estación de tren de Amara, en San Sebastián. El artefacto estalló a las 19:10 horas del día anterior, 27 de junio de 1960. Begoña, de apenas veintidós meses, era la primogénita de un matrimonio residente en Lasarte: Juan Urroz y Jesusa Ibarrola. La bomba causó, además, heridas a otras seis personas.
El 29 de junio se celebró en Lasarte el funeral por la niña, en el que estuvieron presentes el gobernador civil, José María del Moral, el general gobernador militar de la provincia, el teniente coronel jefe de la 143 Comandancia de la Guardia Civil, autoridades locales y prácticamente todo el pueblo, en un ambiente de gran emoción. Un día después, el 30 de junio, José María del Moral recibió a Emeterio Ríos Gómez, mozo del servicio exterior de la estación de Amara, para felicitarle por el riesgo que corrió para rescatar a Begoña de las llamas, aunque finalmente su acción no sirvió para salvar la vida de la niña.
La autoría de este atentado fue polémica desde el principio, y sigue siéndolo. Si al principio se atribuyó, sin ninguna prueba fehaciente, al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) desde la década de los noventa se fue afianzando la tesis de que el atentado fue organizado y ejecutado por ETA, siendo este su primer atentado y no el que acabó con la vida del Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, el coruñés de Malpica José Antonio Pardines Arcay, acaecido en Villabona (Guipúzcoa) el 7 de junio de 1968.
El paso a la violencia por parte de la banda terrorista ETA se produjo, aproximadamente un año después de su fundación en las navidades de 1958, como grupo disidente de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), grupo decepcionado por la pasividad de estos ante el franquismo. Este grupo disidente del PNV se organizó en varias ramas. Una de ellas era la "rama de acción", que enseguida pasó a ejercer la violencia. En diciembre de 1959 los terroristas etarras colocaron sus tres primeras bombas contra objetivos simbólicos en Vitoria, Bilbao y Santander.
Unos meses después de esas primeras bombas, se suceden una serie de atentados con explosiones en instalaciones ferroviarias entre los días 27 y 29 de junio de 1960. En San Sebastián, además del artefacto que mató a Begoña Urroz, estalló otro en la estación del Norte.
Todos los atentados de aquellos días, incluido el que acabó con la vida de Begoña, fueron atribuidos al grupo anarquista Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL) por la agencia United Press Internacional. Curiosamente, la Oficina Prensa Euzkadi (OPE) del Gobierno vasco en el exilio, en su nº 3.189 de 1 de julio de 1960, manifestó que era difícil pronunciarse sobre su autenticidad, en relación a la autoría del DRIL, organización, por otra parte, de existencia confusa y difusa. La Policía y el Ministerio de Gobernación, atribuyeron en ese momento el atentado, de forma muy genérica, a elementos extranjeros en cooperación con separatistas y comunistas españoles. Y el PNV lo achacó, directamente, a la propia Policía franquista.
ETA nunca asumió, al menos públicamente, la autoría de la colocación de la bomba en la estación de Amara. Quienes han estudiado a fondo el terrorismo de ETA, han documentado muchos casos de asesinatos y atentados que la banda no ha reivindicado, bien porque habían sido asesinatos tan crueles que ni siquiera una banda asesina sería capaz de asumir, bien porque se habían equivocado en el objetivo, bien porque reconocerlo podría erosionar el "gran prestigio" que, desgraciadamente, ha tenido ETA en amplísimos sectores de Vascongadas, y fuera de ella. En esos casos la banda asesina y sus sectores de colaboradores y cómplices han intentado siempre desviar la atención culpando a grupos de extrema derecha, policiales, parapoliciales, nacionales o internacionales.
En abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó conceder, a petición de su madre, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a título póstumo a Begoña Urroz considerada por la Ley de Víctimas del terrorismo como la primera víctima de la banda terrorista. Dos años antes, en 2010, el Congreso declaró de forma unánime Día de las Víctimas del Terrorismo el 27 de junio, como forma de conmemorar el día en el que tuvo lugar el atentado de la estación de Amara que provocó la muerte de la niña Begoña.
28 DE JUNIO DE 1978. PORTUGALETE (VIZCAYA) JOSÉ MARÍA PORTELL MANSO PERIODISTA.
José María Portell Manso.
A las nueve menos cuarto de la mañana del 28 de junio de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete (Vizcaya) al periodista JOSÉ MARÍA PORTELL MANSO. Dos etarras le dispararon varios tiros de pistola a bocajarro cuando se disponía a arrancar su coche, aparcado frente a su casa de la calle Muelle de Churruca.
José María había salido de su domicilio para dirigirse a la sede del periódico La Gaceta del Norte. Tras cruzar la calle abrió la puerta del coche, que tenía aparcado en la acera de enfrente y, cuando se disponía a arrancar el vehículo, dos individuos se acercaron a paso rápido, situándose uno en la parte trasera y otro junto a la ventanilla del conductor. Sin mediar palabra ambos hicieron fuego de pistola sobre el periodista, corriendo a continuación hacia un coche con el motor en marcha, donde les esperaba una tercera persona. El vehículo, un Seat 127 de color rojo con matrícula de Murcia, huyó en dirección a Santurce, y en su fuga estuvo a punto de estrellarse en una curva muy pronunciada existente al final de la calle Muelle de Churruca. La Guardia Civil encontró en el lugar del atentado siete casquillos de calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco. El coche del periodista presentaba dos impactos en la luneta posterior y un tercero en la puerta del maletero.
Asistido por dos testigos presenciales del atentado y un médico, que lo acompañó en la ambulancia, Portell fue trasladado a la Residencia Sanitaria de Cruces en Baracaldo, donde ingresó cadáver. Presentaba tres heridas de bala, una con entrada por el omóplato izquierdo y salida por el abdomen, que le atravesó el corazón; una segunda, en la axila izquierda, y una tercera en un glúteo. El cadáver del periodista fue trasladado a las doce menos cuarto del mediodía al depósito del Hospital de Bilbao. El forense confirmó las características de las heridas: "El disparo que entró por el omóplato le rompió el corazón. Era una herida mortal".
La capilla ardiente quedó instalada a las 18:30 horas de la tarde en la sede de la Asociación de la Prensa de Bilbao por deseo expreso de la familia. El funeral se celebró al día siguiente, 29 de junio, a las ocho de la noche en la Iglesia de San José, de Baracaldo, de donde era natural el periodista.
Acompañando a la familia asistieron varios miles de personas, en una gran manifestación de duelo, y la totalidad de los periodistas vizcaínos, así como representantes de casi todas las Asociaciones de la Prensa de España y un buen número de directores de periódicos de toda España, entre los que destacaban los de los principales periódicos nacionales. También estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos parlamentarios y de varias fuerzas políticas y sociales más. Por parte de las autoridades, asistieron el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, y el presidente del Consejo General vasco, Ramón Rubial, junto a los consejeros vascos de Interior y de Obras Públicas, José María Benegas y Jesús María Viana. Tras la misa, que se celebró sin que se produjera ningún incidente, los restos mortales de José María Portell fueron conducidos al cementerio de La Arboleda, de Baracaldo, donde recibieron sepultura.
Su conocimiento del mundo etarra hizo que el ministro del Interior, Martín Villa, lo eligiera como intermediario entre el Gobierno y ETA en 1977. Desde ese momento, "trabajaron en paralelo dos intermediarios para poder sentar a la mesa a ETA militar y al Gobierno; uno era José María Portell y el otro el responsable de Interior del Consejo General Vasco, Txiki Benegas. Desde febrero de 1977 Portell había concebido la idea de servir de puente entre ETA y el Gobierno.
El asesinato del periodista fracturaría las relaciones entre las dos ramas de ETA. ETA político-militar hizo pública una declaración condenando el asesinato. Por su parte ETA militar difundió un comunicado de reivindicación del crimen en el que acusaba a Portell de ser un agente del Gobierno español. Según ETA militar Portell había sido ejecutado "porque existen pruebas suficientes para demostrar el papel que, como agente del Gobierno español, jugaba y su misión a cumplir estaba bien definida: dedicar por entero su prestigiosa carrera, así como sus privilegiados resortes, a desprestigiar, calumniar y, en definitiva, a atacar a ETA". El mismo comunicado acusaba a Portell de intoxicar a sus lectores contra la lucha de ETA, tanto a través de sus artículos periodísticos como en los dos libros que el fallecido escribió sobre la banda asesina, al tiempo que señalaban su amistad con el inspector de Policía José Sainz González y le atribuían la autoría del diario de José Miguel Beñarán, Argala, publicado años antes en una revista española.
Igualmente indicaba el comunicado que Portell tuvo una participación relevante en las negociaciones Gobierno-ETA, y finalizaba acusando a la totalidad de la prensa de tratar a la organización de un modo arbitrario e irresponsable, señalando expresamente a Cambio 16, Diario 16, Gaceta del Norte y Pensamiento Navarro, amenazando con posibles nuevas acciones contra los mismos.
José María Portell Manso había nacido en Baracaldo en 1933, por lo que tenía 45 años cuando fue asesinado. Estaba casado con la también periodista Carmen Torres Ripa, que quedó viuda con 33 años. El matrimonio tenía cinco hijos: Gabriel, de 11 años, Míriam de 9, Verónica de 8, Susana, de 7, Jesús, de 4 y estaban esperando al sexto hijo.
Portell inició su carrera en el diario Hierro. En el momento de su asesinato, ejercía como redactor jefe de La Gaceta del Norte, trabajo que compatibilizaba con la dirección de La Hoja del Lunes. Además, llevaba las corresponsalías de La Vanguardia, ABC y la agencia Associated Press. Profesional de reconocido prestigio como informador independiente, era un gran conocedor del mundo de ETA, sobre el que escribió dos libros: Los hombres de ETA y Euskadi: la amnistía arrancada.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
El asesinato de José María Portell ha quedado impune y, a día de hoy, sigue sin saberse quiénes acabaron con su vida.
28 DE JUNIO DE 1980. AZCOITIA (GUIPÚZCOA) MECÁNICO ELIO LÓPEZ CAMARON, FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO JULIO MUÑOZ GRAU Y GUARDIA CIVIL RETIRADO JUSTINO QUINDOS LÓPEZ.
Guardia Civil retirado Justino Quindós López.
A las 20:15 horas del sábado 28 de junio de 1980, cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaban a tiros en Azcoitia (Guipúzcoa) al mecánico ELIO LÓPEZ CAMARON, al funcionario del Ayuntamiento JULIO MUÑOZ GRAU y al guardia civil retirado JUSTINO QUINDOS LÓPEZ, cuando se encontraban charlando en la calle Mayor de la localidad tras tomar unos chatos en el Bar Alejandro.
Julio Muñoz Grau.
En ese momento, un vehículo frenó bruscamente frente a ellos y cuatro terroristas abrieron fuego contra el grupo de amigos. Justino y Elio murieron en el acto, mientras que Julio Muñoz, herido gravemente por cuatro disparos, falleció mientras era trasladado a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. También resultó herido leve en una pierna el policía municipal Manuel Pérez Zarzo, que se encontraba dentro del bar, pues una de las balas entró en el establecimiento. El coche utilizado por los terroristas fue robado en torno a las 17:30 horas, dejando a su propietario atado en el Alto de Elosúa. Allí permaneció hasta que fue liberado por un vecino hacia las 20:30 horas.
Elio Lopez Camarón.
Los tres amigos, según vecinos de la localidad, eran considerados políticamente de derechas, motivo suficiente para que la banda terrorista decidiese acabar con sus vidas. Dos días después, el atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas a través de llamadas telefónicas a varios medios de comunicación del País Vasco. Un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas fue detenido el mismo 30 de junio en el barrio de Gros de San Sebastián, cuando iba a entregar un comunicado para un periódico. Además, llevaba en su poder el arma con la que disparó a Elio, Julio y Justino. Se trataba de Jesús María Larzabal Bastarrica, condenado en 1982 por la Audiencia Nacional a 25 años de prisión. Ocho años después, en 1990, fue condenado también a 25 años, como autor material de triple asesinato, Juan Carlos Arruti Azpitarte.
Elio López Camaron, de 60 años, estaba viudo desde unos meses antes de ser asesinado y tenía tres hijos. Trabajaba como mecánico en un taller de Azcoitia. Era conocido en el pueblo como El Zamorano, pues era natural de Castronuevo (Zamora)
Julio Muñoz Grau, de 60 años, era natural de Valladolid. Estaba casado y tenía tres hijos. Contable de formación, trabajaba como funcionario en el Ayuntamiento de Azcoitia.
Justino Quindos López, de 60 años, estaba casado con Arcadia Izquierdo y tenía un hijo y una hija, esta última casada con el conocido pelotari Anduela III. Era natural de Ampudia (Palencia). La víctima había abandonado la Guardia Civil veinticuatro años antes de ser asesinado, y desde entonces trabajaba en la empresa Beltia. Casualmente, vivía en el mismo edificio que Ramón Baglietto Martínez, asesinado por ETA dos meses antes.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se les concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
28 DE JUNIO DE 1986. ZARAUZ (GUIPÚZCOA) GUARDIA CIVIL FRANCISCO MURIEL MUÑOZ.
Guardia Civil Francisco Muriel Muñoz
El 28 de junio de 1986, la banda terrorista ETA asesinaba en Zarauz (Guipúzcoa) al Guardia Civil FRANCISCO MURIEL MUÑOZ, hiriendo a varias personas más, todas ellas miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, salvo un civil. Ese día hubo una oleada de atentados en un período de tiempo de seis horas que se inició poco antes de las tres de la madrugada en Bilbao y finalizó sobre las 8:45 horas en las proximidades de la localidad guipuzcoana de Zarauz. Las bombas iban dirigidas contra los equipos urbanos y rurales de la lucha antiterrorista desplegados por toda la comunidad autónoma vasca.
La oleada de atentados tuvo lugar seis días después de que el PSOE hubiese ganado las elecciones generales, elecciones en las que se produjo un aumento considerable de los votos obtenidos por Herri Batasuna. La formación proetarra advirtió al Gobierno de que los resultados le obligaban a negociar con ETA. Todos los artefactos fueron accionados a distancia por terroristas apostados estratégicamente en puntos que les permitieron controlar el paso de las patrullas de las fuerzas de seguridad.
La primera bomba estallaba a las 2:40 horas en la calle de las Cortes de Bilbao al paso de dos coches de la Policía Nacional. Estaba compuesta por veinticinco kilos de Goma 2 y treinta más de metralla. Escondida en una papelera, la bomba fue detonada antes de que ambos coches estuvieran a su alcance, lo que salvó la vida a los agentes de Policía Nacional. Cuatro agentes y un transeúnte resultaron heridos leves en la cara y los brazos. La explosión fue brutal y desconchó las paredes de los edificios inmediatos y rompió los cristales de manzanas enteras hasta el quinto piso. Los tornillos de grueso tamaño, dispuestos para actuar como metralla, perforaron las persianas metálicas de acero de garajes y establecimientos y ocasionaron desperfectos en vehículos y comercios.
Unas horas después, a las 7:05 horas del 28 de junio, en el Alto de Orio, otro artefacto colocado en el talud de la carretera estallaba al paso de un Land Rover de la Guardia Civil, que quedó destrozado, y causó heridas leves al agente José Luis Jiménez Barba.
Hacia las 8:30 horas, y en respuesta a la explosión en el Alto de Orio, se puso en marcha un dispositivo de rastreo por parte de los Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil (GAR), que se desplazaron por la misma carretera que une Orio con Zaráuz hasta el Alto de Meagas, ya en el término municipal de esta segunda localidad. En ese momento, una tercera bomba de considerable potencia alcanzaba de lleno a la furgoneta Nissan en la que viajaban siete guardias civiles. Francisco Muriel Muñoz falleció prácticamente en el acto y cinco de sus compañeros quedaron gravemente heridos, con los cuerpos doblados y atrapados entre el amasijo de chatarra en que quedó convertida la furgoneta blindada. Otro Guardia Civil salió despedido del vehículo y cayó a varios metros de la furgoneta. La bomba, que arrasó los matorrales y arrancó de cuajo ramas enteras, había sido colocada en un talud pegado a un precipicio, con el objetivo evidente de provocar que la furgoneta se despeñase.
Los guardias civiles heridos fueron José María Baltasar Gil, natural de Algeciras (Cádiz), de 26 años de edad; Manuel Ángel Arenal Linares, natural de Marbella (Málaga), de 21 años de edad; Ramón Perona Sánchez, natural de Montiel (Ciudad Real), de 21 años de edad; Luis Pérez Bao, natural de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), de 24 años de edad; Juan Carlos Carballo Gañan, natural de Olivenza (Badajoz), de 23 años de edad y José Carlos Marrero Sanabria, que sufrió una insuficiencia respiratoria y un shock traumático. Todo ello le provocó una grave lesión cerebral. Tuvo que ser ingresado en un centro psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria a causa de las secuelas que le dejó la misma. Diecinueve meses después, el 10 de enero de 1988, aprovechando la visita que le hacía un compañero guardia civil, le arrebató la pistola reglamentaria y se suicidó de un tiro en la boca.
La serie de atentados de ese día terminó con una cuarta bomba que explotó quince minutos más tarde a unos metros de la anterior, cuando efectivos de la Guardia Civil rastreaban el terreno en las inmediaciones del atentado. A consecuencia de la explosión, varios guardias civiles sufrieron perforación timpánica.
En 1989 la Audiencia Nacional condenó a José María Pérez Díaz y a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a sendas penas de 197 años como autores materiales del atentado. En el mismo fallo fue condenada Begoña Uzcudun Echenagusia, como autora en grado de encubrimiento. En 1993 fue condenado José Ignacio Urdiain Ciriza y en 1999 Miguel Azcue Berasaluce, ambos como autores materiales y a las mismas penas que Pérez Díaz y López Ruiz.
Francisco Muriel Muñoz, de 30 años, estaba soltero. Era natural de Archidona (Málaga). Ingresó en 1979 en la Guardia Civil, y fue el primer miembro de los GAR muerto en acto de servicio desde que se creó esta unidad de élite en 1982.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
28 DE JUNIO DE 1990. SAN SEBASTIÁN. CAPITÁN DEL EJÉRCITO DE TIERRA RETIRADO IGNACIO URRUTIA BILBAO.
Capitán del Ejército de Tierra retirado Ignacio Urrutia Bilbao.
El 28 de junio de 1990 miembros de la banda terrorista ETA asestaron un tiro en la nuca al capitán del Ejército de Tierra retirado IGNACIO URRUTIA BILBAO. El atentado se produjo poco antes de las diez de la mañana en el barrio del Antiguo de San Sebastián y el militar murió en el acto. Urrutia acababa de abandonar su domicilio y fue abordado por dos terroristas en la confluencia de la calle Escolta Real y el paseo de los Mikeletes. Tras dispararle, los asesinos huyeron por el paseo de Pío Baroja. Minutos después acudieron al lugar una hija del capitán, visiblemente emocionada, y el marido de ésta.
El gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga, calificó de "canallada y cobardía" esta acción terrorista, y pidió la colaboración a los ciudadanos para detener a los asesinos. La noticia del asesinato de Ignacio Urrutia fue acogida con estupor por los vecinos del barrio del Antiguo, dado que el militar era muy conocido en el mismo. Su familia regentaba una administración de lotería en la calle de Matía.
En el lugar de los hechos la Policía encontró un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum del año 1974, la misma munición hallada en el atentado que costó la vida al coronel de Infantería retirado José Lasanta Martínez el 13 de junio. Con Urrutia Bilbao y Lasanta Martínez, eran ya tres los militares retirados asesinados en San Sebastián en el primer semestre del año 1990, pues el 1 de marzo fue tiroteado el teniente de navío Aureliano Rodríguez Arenas. Los tres fueron asesinados por el grupo Donosti de ETA.
La capilla ardiente fue instalada en el Gobierno Militar de Guipúzcoa y los funerales se celebraron a las doce de la mañana del día siguiente en la Iglesia de San Sebastián Mártir, en el barrio de El Antiguo.
En 1993 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier Balerdi Ibarguren a 19 años de reclusión menor como cómplice en el atentado que acabó con la vida de Ignacio Urrutia. Balerdi Ibarguren era empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Barlerdi, detenido en 1992, salió de la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), en 2016, tras cumplir 20 años por su participación además del de Ignacio urrutia en cuatro asesinatos más.
Ignacio Urrutia Bilbao, de 74 años, estaba casado y tenía dos hijas. Nació el 31 de julio de 1915 en Bilbao e ingresó en el Ejército en 1938. La mayor parte de su carrera militar estuvo destinado en San Sebastián, en la Compañía de Ingenieros de Armamento y Construcción (CIAC) donde desempeñaba el cargo de especialista en construcción y electricidad. En el momento de su asesinato regentaba con su familia una administración de loterías en el barrio donostiarra de El Antiguo.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
28 DE JUNIO DE 1991: SEVILLA: FUNCIONARIO DE PRISIONES MANUEL PÉREZ ORTEGA; JESÚS SÁNCHEZ LOZANO Y DONATO CALZADO GARCÍA. RAIMUNDO PÉREZ CRESPO.
Donato Calzado García,
A las 11:20 horas del jueves 28 de junio de 1991, un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA causaba la muerte en la cárcel de Sevilla-1 a cuatro personas: el funcionario de prisiones MANUEL PÉREZ ORTEGA; los reclusos JESÚS SÁNCHEZ LOZANO y DONATO CALZADO GARCÍA; y un familiar que había ido a visitar a otro interno en la prisión, RAIMUNDO PÉREZ CRESPO. La explosión, que destrozó varias salas del centro penitenciario, hirió a otras treinta personas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas en estado grave.
Manuel Pérez Ortega,
El artefacto estalló cuando era examinado por el funcionario fallecido y en el momento en que unos cincuenta familiares, en su mayoría mujeres y niños, esperaban en una zona contigua para visitar a los reclusos. La sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración. La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel.
Jesus Sánchez Lozano.
El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que había recibido al transportista, señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva. El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía "sospechoso" y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección. "Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante". El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Manuel Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. Vieron que el paquete era opaco y llamaron a los Tedax, mientras dejaban el artefacto en la sección de paquetería. Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. El paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el día 25 de junio en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros AHA. Éra la primera vez que fallecían reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión.
Raimundo Pérez Crespo.
Un grupo de reclusos del módulo 2 llegó a amotinarse en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Se sucedieron escenas de desesperación, ataques de histeria y lipotimias entre reclusos y familiares que esperaban para verlos en el momento en que se produjo la explosión.
Posteriormente, presos y familiares quisieron linchar a los seis reclusos de ETA que estaban en la prisión, cuatro internos y dos en tránsito para asistir a un juicio. La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2.
Internos comunes de otras cárceles, como la de Burgos, amenazaron también a los presos etarras: "Si para el Gobierno resulta difícil acabar con vuestros comandos asesinos, para nosotros, los presos, no lo es tanto el terminar con los vuestros que se encuentren en prisión (...) Habéis encendido una mecha que os puede estallar en la cara, ya que medio millar de presos de ETA no son nada para los más de treinta mil comunes. [No vamos] a pedir justicia, sino que nos la vamos a tomar por nuestra cuenta si seguís acabando con nuestras familias". En otro escrito de los presos, bajo el título "Advertencia a Artapalo", los presos comunes se dirigían a los dirigentes de ETA así: "Vas a conseguir que reunifiquen a tus compañeros, pero no en una prisión, sino en un cementerio. Esto no es una amenaza, sino una advertencia".
El mismo día del atentado, el diario Egin publicó una larga carta, fechada el 15 de junio de 1991, firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria). Entre los firmantes se encontraba Iñaki de Juana Chaos, y en ella denunciaban "la actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel". Era parte de una campaña que tanto ETA como Herri Batasuna estaban realizando para denunciar la supuesta represión de los asesinos de la banda en las cárceles españolas por parte de los funcionarios de prisiones. José María Olarra, miembro de HB, había acusado, pocas horas antes del atentado, a los directores y funcionarios de prisiones de estar "tratando de crear una especie de GAL dentro de las cárceles". El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, que viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró que el Gobierno no iba a cambiar en absoluto su política penitenciaria respecto a los presos de ETA.
Al día siguiente, convocadas por Gestoras Pro Amnistía, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema "A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi". El mismo día, Gesto por la Paz convocó manifestaciones silenciosas en el País Vasco como muestra de condena por el atentado. El 2 de julio más de treinta mil personas recorrieron las calles de Sevilla bajo el lema "Por la paz y la libertad", para protestar pacíficamente contra el atentado.
Donato Calzado García, de 27 años y natural de Gilena (Sevilla), estaba interno en la cárcel Sevilla-1 en régimen de tercer grado. Desde 1990 cumplía condena de dos años por un delito de lesiones y estaba a punto de obtener la libertad. Ayudaba en la sección de paquetería de la cárcel. Anteriormente había trabajado como albañil. Donato cumplía condena por una pelea que había mantenido años antes. El pueblo de Gilena se volcó con el fallecido, como ya había sucedido antes al ser condenado a prisión.
Raimundo Pérez Crespo, de 27 años y natural de Santander, esperaba para ver a su hermano preso en la cárcel de Sevilla-1. Estaba en el control de acceso para entrar al centro penitenciario cuando la onda expansiva del paquete-bomba le produjo graves heridas que le causaron la muerte pocas horas después en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En Santander regentaba una papelería junto a otro socio. Fue enterrado en la intimidad en el cementerio de Ciriego de la capital cántabra.
Manuel Pérez Ortega, de 39 años y soltero, era natural de Olivares (Sevilla). Funcionario del Cuerpo de Prisiones desde 1986 y licenciado en Ciencias Económicas, anteriormente había ejercido como maestro. Llevaba tres años destinado en el servicio de paquetería de la prisión. Fue enterrado en su ciudad natal. Tras el funeral, los cuatro hermanos de Manuel portaron el féretro con sus restos mortales hasta el cementerio de Olivares, donde fue enterrado.
Jesús Sánchez Lozano, de 37 años y natural de Sevilla, estaba interno en la prisión de Sevilla-1, clasificado en tercer grado. Igual que Donato Calzado, ayudaba en la sección de paquetería del centro penitenciario. Su cuerpo quedó sepultado bajo los escombros y su cadáver no fue encontrado por los bomberos hasta después de las 15:00 horas. Jesús era taxista, estaba casado y tenía dos hijos de 14 y 5 años. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Fernando (Sevilla). En el acto no hubo ningún representante oficial, algo de lo que se quejaron sus compañeros de prisión, señalando que los presos eran ciudadanos de quinta clase.
De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.
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