La ley de memoria democrática que el actual gobierno social-comunista (frentepopulista), trata de implantar en España, establece sanciones para aquellas asociaciones e individuos que exalten públicamente la figura y obra del Generalísimo Franco, en detrimento de las víctimas de la represión franquista.
Va mucho más allá de la hasta ahora vigente ley de memoria histórica, que ha supuesto la retirada de placas y monumentos públicos relacionados con Franco, sus combatientes y sus colaboradores.
Me temo que muchos piensan que la ley afectará tan solo a aquellos que defendemos de manera explícita la figura y obra del Caudillo.
Aunque así fuera, no dejaría de ser una injusticia y un ataque a la libertad de expresión que viene recogida como derecho en la Constitución de 1978.
Pero no es necesario ser muy inteligente para adivinar a dónde quieren llegar los autores de esta inicua ley: la criminalización de aquellas creencias religiosas, ideas políticas, principios filosóficos y normas morales que coincidan, en todo o en parte, con cualquiera de las creencias, ideas, principios y normas que fundamentaron el Estado instaurado a partir del 18 de julio de 1936.
Lo que intenta el nuevo Frente Popular gubernamental es evitar que los ideales de quienes iniciaron la Cruzada de 1936 arraiguen en las mentes y los corazones de los españoles de hoy y de mañana.
No olvidemos que por encima de las propuestas sociales y políticas ocasionales, coyunturales, contingentes y opinables de los hombres y organizaciones que aportaron sus idearios al Movimiento Nacional, se alzan principios que son indiscutibles, inmutables, universales y eternos y, por tanto, buenos y necesarios en toda época, lugar y circunstancia. Entre los cuales se encuentran primordialmente los principios morales y religiosos de la doctrina social y política de la Iglesia.
De ahí la obsesión de la tiranía frentepopulista por prohibir el conocimiento y difusión de esos ideales y educar a la juventud en la mentira histórica.
Lo que les molesta de Franco no son las cosas que hizo o que, más bien, le atribuyen. No les importa la represión, ni la censura, ni la falta de libertades de que acusan al “franquismo”. ¿Acaso a la izquierda frentepopulista le ha importado alguna vez el derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad, a la libertad de expresión o a cualquier otra libertad que conlleve la posibilidad de rebatir, rechazar o negar sus perversas ideologías de izquierda?
Lo que les fastidia y asusta de Franco es la vigencia, perennidad y vitalidad de unos principios fundamentales que pueden y deben volver a inspirar el orden social, político y jurídico de nuestra Patria. Un orden justo, acorde con la ley moral, garante del bien común, en el cual no tiene cabida las ideologías revolucionarias entre las cuales se encuentran las que sostienen los partidos del actual gobierno frentepopulista.
Así pues, lo que está en juego no es solamente la buena fama de nuestros antepasados sino la honra y la libertad de los españoles de hoy y de mañana.
Lo que está en juego no es únicamente la memoria del pasado sino la posibilidad de constituir otro modelo de sociedad en la España del presente y del futuro.
Desde luego, las primeras víctimas de este nuevo Frente Popular que nos oprime, seremos los que públicamente confesamos nuestra devoción, gratitud y admiración por Franco y nuestra coincidencia con los principios fundamentales de su Movimiento.
Pero poco tardarán en tildar de franquista y, consecuentemente, merecedor de castigo, a todo aquel que postule cualquier idea o proyecto que en alguna medida coincida con los principios fundamentales del Movimiento Nacional. Es más, a cualquiera que no comulgue con las ideas de las izquierdas. Aun a quienes públicamente se declaren no franquistas y realmente no lo sean, por convicción, por ignorancia o por indiferencia.
Dará igual.
Si alguien critica el aborto, dirán que es un franquista, porque Franco penalizaba el aborto.
Si alguien rechaza las autonomías, dirán que es un franquista porque Franco suprimió las autonomías.
Si alguien defiende la presencia pública de la fe cristiana, dirán que es un franquista porque quiere un Estado confesional como el de Franco.
Si alguien exige que a sus hijos no les enseñen ideología de género en la escuela. dirán que es un homófobo como Franco.
Si alguien propone reformar la ley de violencia de género para evitar acusaciones falsas y la desigualdad del varón ante la ley, dirán que es un machista que quiere a la mujer sin derechos y sometida al hombre, como durante el franquismo (lo cual, por cierto, es falso, como todas las demás calumnias contra Franco).
En definitiva, el fin último de estas leyes de memoria impulsadas por la izquierda (con la complicidad, no lo olvidemos, del llamado centro-derecha reformista) es la exclusión de la vida pública de todas aquellas personas, asociaciones o instituciones que no se sometan plenamente a sus dictados.
Frente a ello, hay que reaccionar. Hay que oponer resistencia al nuevo totalitarismo frentepopulista. Hay que combatirle. Pero combatirle con armas adecuadas. Es ingenuo, injusto y desventajoso luchar respetando unas reglas (respeto, pacifismo, tolerancia, democracia) que el enemigo no está dispuesto a cumplir.
Estamos hablando de una confrontación a vida o muerte en la que las nuevas víctimas del actual Frente Popular tenemos el derecho de ejercer nuestra legítima defensa personal y el deber de ejercer la legítima defensa de España.
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