El barco-prisión Alfonso PérezPublicado en El Español Digital el 12 de Mayo de 2023.
Con anterioridad al conflicto bélico, nos hemos de detener, siquiera brevemente, en la violencia previa a la ruptura de hostilidades, pues esa violencia fue en gran medida de origen socialista, merced a la actuación de sus milicias. En los mese previos al estallido de la guerra, se produjeron más de un centenar de ataques y agresiones entre grupos rivales, muriendo 23 personas y resultando heridas 105, correspondiendo el mayor número de bajas a las fuerzas no marxistas(1).
Iniciada la lucha armada, la persecución izquierdista en Cantabria produjo centenares de víctimas mortales, posiblemente miles. Fue una represión calculada y despiadada que duró hasta la entrada misma de las tropas franquistas en la ciudad de Santander, siendo uno de los últimos asesinados un joven mejicano desaparecido la víspera del 24 de agosto de 1937(2).
Con todo, en la memoria del pueblo cántabro han de quedar como acontecimientos indelebles los criminosos centros represivos de Reinosa, Castro Urdiales y los tres que operaron en la capital: la checa municipal, la comisaría de Policía de la calle Sol y el establecido en el convento de los Ángeles Custodios. Todos ellos lugares tétricos de tortura y muerte. Punto y aparte, lo constituye la escabechina perpetrada contra los presos recluidos en el barco-prisión Alfonso Pérez aquel fatídico 27 de diciembre de 1936, que incluso implicó protestas del consulado británico ante el gobernador socialista de la provincia.
Sobre estos aspectos tan relegados por la clase política trataremos a continuación, habida cuenta que los poderes actuantes pretenden que nos olvidemos torticeramente de estas afrentas tristísimas.
Desafortunadamente, esta persecución tan terrible implicó una respuesta punitiva por parte de las tropas vencedoras, así como la huida de los restos del derrotado Frente Popular hacia el mar o las montañas, generándose tras la cesación de las hostilidades bélicas, una artificial y rudimentaria guerrilla que buscaría refugio en los macizos montañosos de la región.
Las checas
La checa de los Ángeles Custodios estaba situada en la avenida santanderina de la Reina Victoria y la dirigía un militante oscuro de la FAI, un marinero de conducta violenta. Explica Arrarás en su monumental Historia de la Cruzada que en los primeros días del dominio rojo los hombres de la checa detuvieron a los padres y educandos del seminario de Comillas, sometiéndolos a escarnios públicos y no dándoles comida durante una semana, arrojándose un fraile enloquecido por la ventana desde un tercer piso, siendo rematado a tiros por los milicianos. También hicieron desaparecer al beneficiario organista de la diócesis, según información del obispado. Testigos presenciales relatan igualmente que cada noche, los miembros de este centro represivo sacaban entre cuatro o seis detenidos y los subían a una barcaza gasolinera, arrojándolos al mar, con las manos atadas y piedras o lingotes pesados, muriendo por atroz sumersión. De hecho, fueron encontrados numerosos cadáveres de adultos a la deriva en el litoral cantábrico, que incluso aparecían decapitados o sin extremidades, sospechando el juez instructor que fueron lanzados al mar más de 200 infelices. Mismamente, la Casa de Salud Valdecilla recogió, desde septiembre del 36 hasta julio del 37, no pocos cuerpos en tales condiciones. Precisamente, dos médicos forenses de dicho hospital, redactaron informe pericial para la Causa General en los siguientes términos:
En total debieron ser seis u ocho las autopsias de cadáveres quemados y las víctimas en estos casos debieron ser quemadas vivas (…) Fueron varias docenas, las de cadáveres que reconocieron, de personas muertas por asfixia por sumersión o extraídas del mar (…) y lo característico de todas ellas era la forma en que estaban atadas, siempre con cuerdas iguales y de manera que denotaban haber sido hechas las ligaduras por una misma mano o por idéntico procedimiento (…) en los últimos meses de dominación roja los cadáveres sustraídos del mar presentaban aplastamiento del cráneo producido por cuerpo contundente y con machacamiento por la reiteración de golpes…
Texto del dibujo aparecido en la revista “Il Mattino Illustrato”: “La ferocidad roja en España – Cadáveres de prisioneros españoles encadenados, lanzados al mar por los bolcheviques y llevados por la corriente hasta las costas francesas: el macabro hallazgo de los despojos abandonados sobre las playas del Atlántico".
La checa socialista de Reinosa, como hemos referido en una colaboración anterior y a la cual nos remitimos(2), causó el fallecimiento de unas 70 personas -sometidas varias a tremendas torturas- así como el maltrato de cientos de ciudadanos por golpizas, improperios y saqueos. De similar modo, la represión en Castro Urdiales produjo, en el término municipal, el exterminio de más de 40 personas de orden; mientras que en los restantes municipios del partido judicial, las víctimas fueron únicamente siete.
De hecho, en la localidad castreña actuaban como policías del Frente Popular quince individuos, presididos por un tal Mariano Luis, quienes disponían de un tribunal revolucionario ad hoc, cuya única formalidad consistía en que comparecieran los detenidos ante una mesa, siendo sometidos a todo tipo de vejámenes y torturas, como la propinación de palizas con palos, cuerdas ensebadas y armas de fuego; el colgamiento por el cuello de derechistas o el colocarlos boca abajo para luego apalearlos; la simulación de ejecuciones, etc. En las detenciones de sospechosos participaron en ocasiones los policías de la capital, apareciendo los cadáveres los días sucesivos en lugares alejados, como los religiosos del Corazón de María, cuyos cuerpos fueron hallados en los alrededores de Torrelavega, con señales de haber sido quemados en vida. Y entre otras barbaridades, dignas de ser recordadas, hemos de mencionar el primer asesinato: el del jornalero falangista Julio Yanci, a quien los chequistas maltrataron previamente en la casa consistorial, hiriéndole con disparos desde el exterior, sacándole seguidamente a rastras a la calle, donde lo remataron a tiros y culatazos. Igualmente, hemos de reseñar la apropiación indebida del activo patrimonial de un incapacitado adinerado de la localidad, don José Antonio Barquín y Hermoso, merced a la destitución irregular del Consejo de Familia y el apoderamiento subsiguiente de todos sus bienes; a saber: más de mil títulos-valores depositados en entidades bancarias (obligaciones, acciones, pólizas, etc.); docenas de propiedades inmobiliarias, bienes muebles lujosos y objetos preciosos, dinero en metálico…
El buque-prisión
Buque prisión "Alfonso Pérez"
Por su parte, la conocida matanza efectuada en el buque de carga Alfonso Pérez generó una consternación nacional, por cuanto no pocas de las víctimas de aquella jornada tan dantesca eran naturales de otras provincias, al hallarse hacinados en sus bodegas un millar de rehenes de toda clase y condición. Por ende, dejemos que el fiscal de la Audiencia describa la masacre cometida allí contra dichas personas indefensas en aquel aciago atardecer de diciembre:
Desde tiempo atrás se veía anunciando a los allí detenidos, por sus carceleros, que en la primera ocasión que se hiciese algún bombardeo en Santander serían asesinados todos los encerrados en las bodegas de aquel barco de carga, propósito preconcebido y madurado por los dirigentes del Frente Popular de Santander, inspirado sin duda de más arriba, pues aquel suceso debió formar parte de unas instrucciones de carácter general que ya habían sido puestas en ejecución, con técnica idéntica, en Gijón y Bilbao. Llegó la ocasión cuando a las trece horas de aquel día la Aviación nacional bombardeó objetivos militares de las afueras de la ciudad: tan pronto cesó el bombardeo, se presentaron en el muelle donde estaba atracado el barco, grupos de milicianos con armas; con ellos iba el comisario de policía M. Neila y el director de justicia Teodoro Quijano, quienes iniciaron la entrada en el buque y permanecieron unas horas a bordo de él, dirigiendo la matanza, que era ejecutada por unas pocas docenas de aquellos individuos, entre ellos policías de Neila y algún hermano del gobernador Ruíz Olazarán. Todo se hizo con método y sin precipitaciones: comenzaron por recorrer la cubierta, levantando, por su orden, los tablones que tapan las bodegas y (…) en la más alevosa y vil cacería arrojaron bombas de mano e hicieron disparos con pistolas ametralladoras, sobre los presos que corrían a los ángulos más ocultos del fondo de las bodegas. En todas ellas hicieron muertos y heridos y, pasado un rato, ordenaron subir estos a cubierta, donde los remataron a tiros y golpes de barra (el comisario Neila fue visto, pistola en mano, dedicado a este trabajo)…
Seguidamente, un grupo de individuos recorrió las bodegas del mercante, seleccionando rehenes entre los prisioneros, haciéndoles subir a cubierta, donde eran muertos de un tiro en la nunca. En total, fueron asesinadas más de 155 personas en aquella jornada, trasladándose semanas después los presos restantes a cárceles en tierra firme.
Exceptuando la prensa extranjera, nadie refiere la hecatombe ocurrida en el buque santanderino. La prensa republicana comentaría el resultado trágico del bombardeo que produjo sesenta muertos y más de 50 heridos y la franquista, la efectividad del ataque aéreo contra objetivos militares. No obstante, la tragedia fue relatada por un periodista cubano que se hallaba en la capital santanderina: Ramón Ríos y Saiz. El testigo asegura que los izquierdistas mataron trescientos presos de los mil doscientos hacinados en el buque-prisión, siendo obligados los supervivientes a cargar los cadáveres de sus compañeros en camiones(4). En cualquier caso, no solo han de contarse como víctimas mortales, los fallecidos durante aquella jornada infernal sino también las bajas por enfermedad y los ejecutados por inflación poblacional, cuando el buque se llenaba de presos políticos.
"El espíritu religioso de la zona roja, aquí está" (Fotografía publicada en 1938 en la revista francesa La Nation Espagnole mostrando a afiliados del Frente Popular profanando objetos religiosos robados de una iglesia)
La mayoría de los embarcados forzosos en aquella prisión flotante eran falangistas, militares y personal religioso, habiéndose encargado el director de la prisión provincial de trasladar tales elementos al barco-prisión. Así, cuando los milicianos enfurecidos acudieron al recinto carcelario aquel 27 de diciembre, el director les indicó que fueran al buque, que era allí donde se hallaban los fascistas… No obstante, permitió que se extrajeran clandestinamente de la cárcel provincial al fiscal Fernández Dívar, al capitán de ingenieros, Manuel Rodríguez, y al falangista señor Doñabeitia: el primero desapareció y los dos restantes aparecieron quemados a las puertas del cementerio(5).
El holocausto religioso.
La persecución de los miembros de la Iglesia no fue tan monstruosa como la permitida en el sector meridional de España, pero ello no fue óbice para que una parte sustancial del clero santanderino fuera masacrado por los órganos represivos mientras La Montaña no estuvo completamente liberada, lo que viene a acreditar el desdén y la vesania con que se condujeron no pocos republicanos en relación con la comunidad religiosa, proceder ya observado en los tiempos previos al conflicto bélico. En total, 77 sacerdotes, catorce seminaristas, 69 frailes y una monja oblata pagaron con su vida el odium fidei desatado en dicha persecución, pese al carácter pacífico de los primeros y la probidad y piedad de los segundos; resultando sorprendente que haya sido aniquilado gran número de frailes, cuando aquellos pertenecían a institutos de vida consagrada, dedicados a la oración y al estudio, lo que demuestra el grado de fanatismo con que actuaron los colaboradores de Neila. No en vano, los testimonios que se conservan nos muestran cómo se manejaba el policía socialista: insultaba, injuriaba, blasfemaba y propinaba brutales golpes a los temerosos detenidos. Concretamente, al prior cisterciense P. Pío Heredia, de la abadía Viaceli sita en Cóbreces, le agredió bárbaramente y le amenazó que no llegaría al día siguiente, intentando saber donde se hallaban los recursos financieros de la abadía… Lamentablemente, sería lanzado a las olas del Cantábrico, junto con otros miembros de la congregación.
P. Epifanio Gómez.
Algunos casos individuales fueron también terribles: el padre Epifanio Gómez, misionero en América, fue detenido el 21 de diciembre de 1936 y llevado a la checa de la comisaría, de donde lo sacaron aquella noche, tirándolo vivo al mar, con las manos atadas y una piedra colgando. Su cadáver apareció en las costas francesas… El reverendo Eugenio Cernuda, padre dedicado a la enseñanza, fue detenido por las mismas fechas en la citada comisaría santanderina: sería asesinado en el cementerio, pero antes le cosieron los labios con un imperdible… Don Bonifacio Angulo, párroco de Vega de Pas, fue rematado a machetazos por los policías de Neila, quienes raptaron, violaron y mataron seguidamente a una de sus sobrinas…
Y no fue una represión popular, habida cuenta que el desprecio hacia la religión lo propalaba la conducta de algunos dirigentes de postín. Así, el socialista José Montero Rodelgo toma parte en las más groseras profanaciones y el famoso médico Enrique Madrazo se hace retratar, bebiendo en un cáliz y con una custodia sobre la mesa, en un banquete con oficiales republicanos(6).
La represión judicial de los vencedores.
Liberación de Reinosa.
El castigo infligido por el Ejército franquista a los derrotados se sometió a las reglas militares previstas en los códigos de la época. En consecuencia, bastaría con revisar los procedimientos judiciales sustanciados de entonces para conocer el alcance y dureza de la represión conducida por los triunfadores a partir de 1937. Pues bien, según las fuentes oficiales, durante ese año -que quizás fuese cuando se instruyeran mayor número de causas con trasfondos pasionales- se tramitaron en territorio cántabro más de cuatro mil procesos, siendo encausadas más de doce mil personas. De ellas, 1604 fueron condenadas a la última pena, 1632 fueron absueltas y 4620 fueron sentenciadas a presidio. No obstante, las sentencias dictadas por los tribunales de guerra eran revisadas posteriormente por las autoridades militares, siendo muchas de ellas modificadas o conmutadas.
De hecho, las ejecuciones judiciales anotadas en el Registro Civil solamente fueron 559 hasta el año 1940, correspondiendo el mayor número a 1938, haciendo constar que tales defunciones de naturaleza procesal eran de inscripción obligatoria. Mientras tanto, las ejecuciones en la población civil por los ejércitos beligerantes (según la nomenclatura internacional), es decir sin someterse a las formalidades procesales, fueron solamente 121, las cuales coinciden con los primeros meses de la liberación de la provincia por las tropas vencedoras. En resumen, unas setecientas personas fueron posiblemente las ejecutadas por el bando nacional, como consecuencia de la guerra civil, hasta diciembre de 1940; es decir, mil menos que las atribuidas a las autoridades rojas durante trece meses de guerra. Y ello sin tener en cuenta algunas cifras de represaliados adelantadas por la literatura de la posguerra.
Por ende, las diferencias entre ambas represiones parecen bastante acusadas a la par que evidentes, siquiera guarden prima facie alguna relación.
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